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jueves, 3 de julio de 2025

 

Un error del juez Peinado provoca la caída de un caso por presunta prevaricación que afecta a Almeida y Eduardo Inda

El magistrado que investiga a Begoña Gómez dio pasos clave más de dos meses después de lo que debía en un caso que involucra al Ayuntamiento

ElPlural

R.Gutierrez

3-6-25



El juez Juan Carlos Peinado acumula polémicas fuera de la investigación contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. El magistrado ha favorecido a un alto cargo del gobierno de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, presumiblemente por error y una cuestión de tiempos, lo que no impide que el tema haya llamado la atención de la oposición. De hecho, Más Madrid va a recurrir lo que ha sucedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Peinado acordó el pasado 2 de abril una prórroga contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Sánchez Vicente, pero la Audiencia Provincial de Madrid la dejó sin efecto porque el plazo para hacerlo había expirado hacía más de dos meses, según adelanta este jueves el diario El País con el auto de la causa como prueba.

La investigación tiene que ver con un contrato de diciembre de 2022 adjudicado a dedo por la firma señalado al digital Ok Diario, de Eduardo Inda, para que organizara charlas de movilidad sostenible por un valor superior a 72.000 euros. Aquella especie de ponencias ya fueron denunciadas por aquel entonces por Podemos, ya que el partido morado observó un sobrepecio al compararlo con otro contrato que reunía condiciones semejantes y que, sin embargo, el equipo municipal había concedido por un precio cuatro veces menor. Eso fue tan solo un mes antes.

Ejercicio "cortijero" y "caprichoso"

Por el momento no se sabe si el juez va o no a procesar o archivar a esta persona del Gobierno de Cibeles, pero el fallo de Peinado tiene consecuencias para la investigación dado que no se podrán practicar pruebas que habían solicitado las acusaciones populares.

Una de estas acusaciones es precisamente la formación que en el Consistorio lidera Rita Maestre, que no tiene ninguna duda de que se ha cometido una “negligencia” por parte del magistrado que mantiene en paralelo la investigación contra la esposa del responsable de Moncloa que empezó con una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias.

La propia Maestre ha explicado en sus redes sociales la gravedad de lo acontecido, estableciendo un orden cronológico de ello y lamentando que todo sea fruto de un ejercicio “cortijero” y “caprichoso” por parte de la justicia. “Las ‘casualidades’ existen, pero hay ‘errores’, cuando menos, elocuentes: sobre todo cuando vienen del mismo juez que despliega una investigación espectacular contra la mujer del presidente del Gobierno sin que todavía sepamos por qué (…) Esto no puede quedar impune”, ha escrito.

Tres horas de charla por 72.600 euros

En lo que respecta a las charlas, éstas tuvieron una duración de tres horas y medio, un tiempo que a cualquiera podría resultarle insuficiente en relación con el precio que se pagó por ellas. En las mismas, participaron como ponentes el propio alcalde, además del delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante; el director del medio mencionado y Sánchez Vicente.

Inda no perdió la oportunidad de desprenderse en elogios hacia el regidor de la ciudad, al que  deseó cuatro años más de mandato. También se desprendió en desprecios hacia otras formaciones y representantes de la ciudadanía, por ejemplo de Podemos: “Comparar al PP con otras formaciones es abrumador, y ya no digamos con Podemos, que basta con ser un poco sucio, no tener carrera, ir al Congreso con camiseta y ya puedes llegar a ser vicepresidente del Gobierno o ministra de Igualdad o de Asuntos Sociales”.

El PP de Cibeles e Inda se aprovecharon

El Ayuntamiento aprovechó el error del juez Peinado, lo mismo que el digital, ya que ambos recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid. Fue esta instancia superior la que dictó el auto en contra de lo estimado por el magistrado el viernes 20 de junio y las partes lo recibieron el pasado miércoles.

En la práctica, el escenario es muy grave para el devenir de la situación final del juez, dado que implica que todas las negligencias posteriores al 27 de enero son inválidas a excepción de aquellas que hubieran sido aceptadas por el juez antes de esa fecha y se practiquen con posterioridad.

Al mismo tiempo, Más Madrid había pedido informes a la unidad de delincuencia de la Policía, la UDEF, u otros documentos de órganos igualmente trascendentes, como la AIReF; agencia que analiza las cuentas públicas. El partido progresista no podrá presentar ninguna de ellas.

El auto no ha lugar a dudas. “Resulta patente la incorrección del auto de 2 de abril de 2025, pues acuerda la prórroga cuando a todas luces es evidente que han transcurrido los plazos legales, pues incluso la retrotrae al 27 de enero de 2025”, se desprende de las líneas a las que ha tenido acceso el medio mencionado. Asimismo, el documento expresa la “absoluta falta de motivación” del auto del 2 de abril dado que el juez Peinado no esclarece “las causas que motivan la no finalización de la fase instructora y las diligencias que están pendientes de acordarse”.


miércoles, 2 de julio de 2025

 



Carta íntegra de Félix Bolaños a la Conferencia Episcopal

"Su Excelencia Reverendísima:

He escuchado con atención y sorpresa las declaraciones que ha realizado, en su nombre y en el del resto de obispos españoles, el portavoz de la Conferencia Episcopal. En esas declaraciones piden la convocatoria de elecciones anticipadas y afirman que esta petición la realizan "por encima de intereses de partido".

Vaya por delante, estimado presidente, el máximo respeto a sus preferencias políticas personales, así como a las del resto de los obispos españoles. No obstante, sí quiero transmitirle mi extrañeza por la afirmación de que esta petición la realizan al margen de intereses partidistas mientras reproducen de forma exacta las peticiones y argumentos de los dos principales partidos de la oposición.

Entiendo que no es en absoluto ajeno a esta circunstancia, ya que recientemente participó en un acto con el líder político de la ultraderecha española en el que ambos formularon idénticas críticas al Gobierno de España a la vez que coincidieron en promulgar una agenda que promueve la supresión de derechos de las mujeres, de los artistas o del colectivo LGTBI.

Es cierto que no es la primera vez en nuestra historia reciente en la que se produce una comunión espiritual y política entre la organización que preside y los partidos políticos de la derecha y la ultraderecha. Basta recordar el papel preponderante de algunos de sus predecesores, junto a estos partidos, en la organización de manifestaciones contra la aprobación de derechos como el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo.

Esta comunión fue tan intensa que imagino que a la Conferencia Episcopal le resultó imposible pronunciarse de algún modo sobre los casos de corrupción que afectaron al partido junto al que se manifestaron. En todo caso, quiero transmitirle un elemento de tranquilidad: en el caso sobre el que sí se han pronunciado se han asumido responsabilidades políticas desde el principio, se ha apartado a las personas sobre las que recaen graves indicios y estamos trabajando para evitar que se reproduzcan estos hechos en lugar de en intentar ocultarlos a la sociedad o a la Justicia.

Puedo entender también que la Conferencia Episcopal desee un cambio de Gobierno con el fin de que los debates sobre la reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia o la tipificación como delito de las llamadas "terapias de conversión" sean más fáciles de abordar para ustedes o no se aborden en absoluto. Le transmito otro elemento de tranquilidad: aunque hayan decidido apartarse de la neutralidad política y partidista e incluso del más elemental respeto institucional, el Gobierno seguirá abordando la relación entre Iglesia y Estado con pleno respeto, aunque, lógicamente, defendiendo nuestras posiciones y, sobre todo, el interés general y el de las personas más vulnerables, sobre todo en lo referente a las víctimas de abusos dentro de la Iglesia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo, le agradecería que se comprometieran con la neutralidad política y partidista y le reitero nuestra más firme voluntad de diálogo sobre los asuntos que tenemos pendientes y que abordaremos a lo largo de los dos años que quedan de esta legislatura.

Un cordial saludo,

Félix Bolaños".


 


 


 

El Ayuntamiento de Valencia contrata a un grupo ultraderechista para su Gran Feria de Julio: "Vamos a volver al 36"

El grupo ha actuado en diferentes actos de Vox y en sus letras ataca a los derechos de diferentes colectivos

ElPlural

1-7-25



Con motivo de la Gran Feria de Julio que celebra la ciudad de Valencia de forma anual, el Ayuntamiento de María José Catalá ha decidido incluir en la programación de los artistas que actuarán en el evento al grupo musical de extrema derecha Los Meconios, frecuente en algunos actos de Vox y cuyas letras constituyen una ofensa contra derechos de determinados colectivos sociales.

Lo cierto es que entre el repertorio musical de este grupo, formado por el dúo de Sergio C. Martínez y Mario Camps, se pueden encontrar frases que evidencian este claro componente ultraderechista así como mensajes de odio. Algunos de ellos son “vamos a volver al 36”, “somos la resistencia”, “somos fachas”, “Pedro Sánchez te mea y te miente” o también contra el colectivo LGTBI. 

Tras conocerse la noticia, desde la oposición han lamentado que el PP en el Ayuntamiento de Valencia haya contratado a este grupo para que actúe en uno de los principales eventos del verano en la ciudad como es la Feria de Julio. Así, la portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, se ha referido a Los Meconios como “parte de la fachosfera” y ha señalado que Catalá “está en una deriva ultra para competir con Vox”. Asimismo, Robles ha lamentado que el Ayuntamiento haya convertido un modelo de Gran Feria de Valencia diverso en otro que “veta la música y la cultura” en valenciano y la reemplaza por sectarismo.  

Por su parte, el grupo ha compartido la noticia a través de sus redes sociales. “Teníamos muchas ganas de anunciarlo: nos vemos el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, en los Jardines del Palau de la Música. Un lugar emblemático en pleno pulmón de Valencia. Va a ser una velada mágica, una noche reivindicativa con el humor y la música como bandera. Un canto a la libertad donde os esperamos a todos con los brazos abiertos y las gargantas listas para alzar la voz”, han señalado, para terminar su mensaje con un “¡Viva la libertad, vixca Valencia y viva España!”.

Cabreamos a los comunistas y feministas”

En octubre de 2022, Los Meconios ya fue objeto de crítica después de su actuación en el acto de Vox Viva 22. Junto al youtuber Infovlogger, el grupo ultraderechista cantó canciones con letras que incitan al retorno de épocas pasadas vinculadas a la Guerra Civil y a la dictadura y que, incluso, provocó que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) solicitara a la Fiscalía General del Estado investigar la actuación. “Vamos a volver al 36, cabreamos siempre a los comunistas y feministas. Los lobbies temblaban al ver que las subvenciones de este mes iban a desaparecer", cantaban. 

En líneas similares, el pasado mes de febrero los dos componentes del grupo junto al youtuber fueron condenados a pagar las costas del procedimiento judicial después de que demandaran por intromisión ilegítima en el derecho al honor al periodista y secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, y que el Juzgado de Primera Instancia número 69 de Madrid desestimara la demanda.


martes, 1 de julio de 2025

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Antón Losada responde como sólo él sabe a lo que José María Aznar ha dicho de Pedro Sánchez

"No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco".


Rodrigo Carretero

HuffPost

1-7-25



El politólogo Antón Losada ha respondido muy en su estilo a José María Aznar, expresidente del Gobierno, después de que éste dejase caer en El Mundo que Pedro Sánchez podría haber adulterado las elecciones.

"Si uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido ¿por qué no va a alterar unas generales?", se preguntaba Aznar en esa entrevista.

Ante la pregunta de si eso es objetivamente posible, el expresidente del Gobierno razonaba: "No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen". 

"Lo más interesante es la posibilidad de que se intente salir de esta crisis creando una crisis mayor, que no puede ser la simple confrontación con el PP, con lo que llaman la fachosfera, con los jueces, con los medios... ¿Es posible pensar en una crisis constitucional en España de aquí al fin de la legislatura? Es posible. ¿Son capaces de provocar una crisis constitucional para intentar salvar esta situación? Son capaces".

En una publicación en Instagram, Losada ha señalado: "Éramos pocos y parió Aznar. Hoy en la portada de El Mundo afirma sin despeinarse que si Pedro Sánchez adulteró el resultado de sus primarias puede adulterar el resultado de las elecciones". 

"Lo dice él, José María Aznar, el único presidente de la historia de nuestra democracia que sí intentó alterar el resultados de las elecciones utilizando todos los recursos del Estado para hacernos creer que había sido ETA. Aznar, el hombre que si un día dice una verdad no sabría qué hacer con ella", ha sentenciado. 





 

Este es el documento con el que se pide expedientar a Felipe González por incumplir estos cuatro artículos de los Estatutos

El distanciamiento entre Felipe González y el actual PSOE se ha convertido en una grieta cada vez más visible

ElPlural

1-7-25



El distanciamiento entre Felipe González y el actual PSOE se ha convertido en una grieta cada vez más visible. Este domingo, Amparo Rubiales, histórica dirigente socialista, apoyó una recogida de firmas para pedir formalmente su expulsión del partido, acusándolo de incumplir los Estatutos tras sus duras críticas al Gobierno y a la ley de amnistía.

La iniciativa, impulsada mediante un documento firmado por un militante identificado con las iniciales Y.B.C., solicita la apertura de un expediente disciplinario con propuesta de expulsión para el expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE. El escrito, que se puede consultar a través del siguiente enlace, sostiene que González habría incurrido en faltas muy graves tipificadas en los Estatutos Federales, al haber expresado públicamente opiniones desleales y haber llamado al voto en blanco, en contradicción con los intereses del partido en las próximas elecciones generales. Rubiales, que difundió el documento a través de redes sociales, acabó borrando el mensaje, pero no antes de que generara un intenso debate y se viralizara entre la militancia y los medios.

En el texto, los impulsores de la petición denuncian que las declaraciones recientes de González suponen un “daño grave a la imagen del partido” y una “deslealtad manifiesta”. El expresidente afirmó el pasado jueves que no votará al PSOE en las elecciones generales y que optará por el voto en blanco, al tiempo que calificó la ley de amnistía como una “barrabasada, una “vergüenza” y un acto de “corrupción política”. Además, dirigió ataques personales al secretario general, Pedro Sánchez, asegurando que “no tiene vida política” y sugiriendo que debería abandonar el cargo y convocar elecciones. Según el documento, estos hechos son incompatibles con la militancia socialista y vulneran de forma directa las normas internas.

Los Estatutos que podrían costarle el carné

El escrito invoca hasta cuatro artículos de los Estatutos Federales para fundamentar la solicitud. El artículo 8 de los Estatutos Federales, referido al comportamiento de los afiliados y afiliadas, subraya que la militancia en el PSOE implica un compromiso con el respeto al Código Ético, el cumplimiento de las decisiones de los órganos de dirección y la lealtad al proyecto colectivo. Este precepto establece que la expresión pública de opiniones en términos irresponsables o desleales al partido, así como los actos de indisciplina, son infracciones que pueden ser sancionadas. En el caso de Felipe González, el escrito considera que sus reiteradas manifestaciones públicas, en las que ha desacreditado al partido y a sus dirigentes, especialmente al cuestionar las decisiones adoptadas en materia de política territorial y de convivencia —como la ley de amnistía—, encajan en la tipificación de estas infracciones, pues afectan directamente a la cohesión y a la imagen del PSOE ante la sociedad.

Por su parte, el artículo 9.f regula la pérdida de la condición de afiliado para aquellos militantes que, de manera expresa y pública, soliciten el voto para otras formaciones o insten al voto en blanco en procesos electorales donde concurre el PSOE. Según el documento, este sería el caso de González, quien ha declarado que no votará al partido y que depositará un voto en blanco en las próximas elecciones generales, un acto que el escrito interpreta como un llamamiento contrario a los intereses electorales de la organización. A ello se suman los artículos 86 y 87, que califican como faltas muy graves actuar contra los acuerdos adoptados por los órganos del partido o menoscabar la imagen de sus cargos públicos y estructuras, previendo como sanción máxima la expulsión. Los impulsores del expediente entienden que, al cuestionar con dureza la política de alianzas y las decisiones del actual Gobierno socialista, González habría sobrepasado los límites de la discrepancia legítima, incurriendo en los supuestos contemplados para la sanción de expulsión.

La propuesta remitida a la Comisión Federal de Ética y Garantías pide que se abra el correspondiente expediente, que se revisen las entrevistas y declaraciones realizadas por González y que se imponga la sanción de expulsión como “medida adecuada, proporcional y conforme al régimen disciplinario vigente”. Además, insta a que se apliquen los mismos criterios frente a cualquier militante que incurra en comportamientos similares de deslealtad o ataque a la imagen del PSOE.

La figura de Felipe González, cada vez más cuestionada dentro del socialismo

Este episodio ha puesto de nuevo en el foco la figura de Felipe González, un expresidente cuya relación con el PSOE actual es cada vez más compleja y que en los últimos años se ha convertido en uno de los críticos más notorios del Gobierno de Pedro Sánchez. Sus constantes ataques a las políticas del Ejecutivo y a los pactos alcanzados con partidos independentistas han provocado un creciente malestar en sectores del partido y de la militancia, que ven en sus palabras un intento de deslegitimar al actual liderazgo y de socavar la unidad interna en momentos clave.

La difusión del documento por parte de Rubiales, aunque posteriormente eliminada, ha dado visibilidad a un sentimiento que late en parte de las bases y que reclama una respuesta contundente frente a lo que consideran ataques desde dentro del propio partido. La propia Rubiales, tras borrar el mensaje, señaló que no era la autora de la petición, sino que la había compartido a petición de militantes comprometidos con la defensa de los valores y la disciplina interna del PSOE.

Por ahora, la Comisión Federal de Ética y Garantías no ha comunicado si tomará en consideración la solicitud y abrirá el expediente disciplinario. Sin embargo, el gesto ha encendido un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la discrepancia pública y el papel que deben desempeñar quienes, como González, fueron protagonistas de la historia reciente del PSOE pero que hoy cuestionan abiertamente las decisiones del partido.


lunes, 30 de junio de 2025

 


BUENAFUENTE PEGA TREMENDO CORRECTIVO A AZNAR POR SUS MENTIRAS "SE CACHON...

 


JUNQUERAS le da su MERECIDO al MALEDUCADO HERNANDO "De GOLPES de ESTADO,...

ESCÁNDALO en la UCO: Enrique Santiago cuenta los AUDIOS FILTRADOS a los ...

ESCÁNDALOS JUDICIALES

💥¡¡DESTAPAN LA MANIOBRA DE PEINADO!! EL MONTAJE JUDICIAL CONTRA BEGOÑA G...

 


 


 


Ana Botella, la mujer del expresidente Aznar, cuando era alcaldesa de la capital de España, Madrid, citando a la capital vasca dijo: BILBADO.

 



¿Sabías que el juez Peinado no accedió por oposición a su cargo, sino por una vía eliminada por opaca y elitista?

Juan Carlos Peinado entró en la judicatura en 1994 gracias al llamado “tercer turno”, un atajo institucional que permitía a “juristas de reconocida competencia” convertirse en jueces sin pasar por una durísima oposición.

Fue suprimido en 2003 por falta de transparencia, pero dejó colocados a decenas de jueces que hoy ostentan poder sin haber pasado jamás por una oposición.

El poder judicial también tiene sus puertas traseras. Y Peinado entró por una.

Este mecanismo reservaba hasta un 33% de las plazas a personas seleccionadas a dedo por el CGPJ. Bastaba con tener experiencia y buenos contactos.

Una vez dentro, se ascendía a magistrado sin límite, por simple antigüedad.

Hoy, quienes llegaron por ese sistema siguen instruyendo casos de enorme repercusión política. Como el de la esposa del presidente.

¿Te sorprende que la justicia se politice si el acceso ya lo estaba?

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Y si valoras este trabajo incómodo, crítico y sin mordaza, hazte aliada: https://donorbox.org/aliadas

Porque desmontar el poder empieza por entender cómo se construyó.

Artículo completo:

Peinado y el atajo judicial que el sistema enterró: anatomía del “tercer turno”

https://spanishrevolution.net/peinado-y-el-atajo-judicial...


 

Mazón pagó en efectivo, dos veces y con dinero público una comida de más de 800 euros en un restaurante Michelín

El president de la Generalitat abonó en dos pagos el ágape "por error", según la Generalitat

ElPlural

R.G.

30-6-25



El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, gastó 853 euros de dinero público en una comida que abonó en metálico dos veces. El inicio de la cronología en lo que a los pagos se refiere comienza el 1 de noviembre de 2023, fecha en la que el jefe del Consell acudió con otras tres personas a l’Escaleta de Cocentaina (Alicante), un restaurante con dos estrellas Michelín.

Los comensales tomaron cuatro de los menús especiales de degustación que ofrecía el restaurante, según ha informado elDiario.es. Lo más llamativo es que la comida fue pagada en dos ocasiones y en metálico. Primero, meses después de que se produjera -en ese caso lo amortizó “la secretaria del jefe del Consell” y, más tarde, el 12 de junio por transferencia de la Generalitat.

La Comunidad Valenciana asocia a un “error” lo ocurrido a la vez que Compromís registró esta semana una solicitud de documentación para que Presidencia de la Autonomía detallara un ingreso de Servicios Gastronomía Reymo SL, compañía que gestiona el sitio de hostelería. En concreto, se trataba de un pago de 858, 78 euros a fecha de 22 de octubre de 2024.

Tras terminar la comida, que incluía la bebida que se incorporó al final de la cuenta, Mazón pidió al propietario del restaurante que pasara la factura a la Generalitat. El lugar, regentado por el famoso chef Kiko Moya, consideró complicado el procedimiento administrativo, aunque el personal lo inició. Después, el propio equipo valenciano respondió que no validaba la factura y que había que iniciar otra tramitación. Así operó el local, que volvió a mandar la factura para su cobro.

La deuda se dio por solventada cuando meses más tarde, siempre según la versión del propietario, la secretaria del presidente regional abonó la comida en dinero en efectivo. Sin embargo, cuál fue la sorpresa del empresario cuando, el 12 de junio de 2025, la Generalitat abonó por transferencia 853,78 euros de aquella comida.

El sitio constató que la secretaria de Mazón ya había pagado en metálico la comida hacía cosa de un año, por lo que le firma reintegró a Presidencia el importe, ya que, de lo contrario, habría pagado dos veces.

El Consell no reveló con quién estaba comiendo el president valenciano y ni cómo es posible que se abonara en efectivo una cantidad que casi alcanza los mil euros, lo máximo que permite Hacienda. No revelan, así las cosas, ni si el pago fue abonado por Mazón o por el partido; ni si la comida fue de trabajo o privada.

36.000 euros en comidas

Mazón y su equipo de gabinete se gastaron cerca de 36.000 euros en comidas solamente durante los primeros 18 meses de mandato entre diferentes sitios de Valencia y Alicante.

Entre los establecimientos más conocidos a los que ha acudido el responsable valenciano se encuentran la marisquería Nou Manolín, Taberna Gourmet, Restaurante La Costera o la Taska Sidrería -todos ellos de Alicante-; o Gastro Trinquet, La Sastería, Abadía d´Espí, la Taberna de Marisa, Rausell o el restaurante del Ateneo Mercantil, entre otros.

De manera más detallada, en lo que tiene que ver con los gastos, en la caja figuran un almuerzo en el Nou Manolín (1.184,80 euros) a fecha del pasado 13 de noviembre de 2023. También destaca aquí un pago de cerca de 3.000 euros en el restaurante Rausell, el 21 de octubre del mismo año.

Por otro lado, en La Taberna de Marisa se efectuaron varios almuerzos, entre ellos con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la alcaldesa valenciana, María José Catalá, tras la celebración de un mitin electoral. En total, se contabilizaron más de 4.700 euros gastados en este local a lo largo de diferentes fechas: 11 de septiembre (550,80 euros y 231,75), 15 de octubre (531,45 euros) o el 13 de diciembre (249,40 euros).

Otro de los espacios más frecuentados por Mazón ha sido el restaurante Ateneo Mercantil de València -gestionado por el Grupo El Alto y con vistas privilegiadas a la plaza del Ayuntamiento-. El gabinete ha abonado cerca de 5.000 euros en comidas institucionales.

En el mismo orden de cosas, el 2023 se registraron facturas el 26 de octubre por valor de 262,80 euros264,60 euros243,60 euros y 332,10 euros. El 9 de noviembre se efectuó otro pago de 584 euros y, al día siguiente, otro de 935,30 euros. Ya en 2024 constan al menos 14 facturas más, entre ella una de un valor de 827,20 euros.


 

La Audiencia ratifica a la jueza de la DANA y confirma la imputación del ex número dos de Emergencias de Mazón

La justicia avala la actuación de la magistrada al considerar que “no es irrazonable ni arbitrario" imputar a Argüeso

ElPlural

30-6-25



La jueza de la DANA ha sido nuevamente avalada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, que también ha desestimado el recurso de Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias del Gobierno de Mazón durante la catástrofe, contra su imputación. El auto dictado este lunes avala la actuación de la magistrada instructora y subraya que “no es irrazonable ni arbitraria” la decisión adoptada en el marco de la investigación.

La resolución incide en que la imputación del ex alto cargo “debe encuadrarse en el marco del proceso decisional objeto de investigación y, por tanto, se deberá estar a su resultado”, situando así la medida dentro de la lógica del procedimiento y dejando claro que su evolución dependerá de lo que se determine en el transcurso de las diligencias. Con este pronunciamiento, el tribunal respalda que la decisión de la jueza responde a un criterio jurídico fundamentado y no a una actuación caprichosa o desproporcionada, en un contexto en el que la investigación sigue abierta y las responsabilidades se están delimitando.

La Audiencia Provincial de Valencia, encargada de resolver los recursos de apelación en el marco de la causa de la DANA, subraya que, de acuerdo con la normativa del Consell, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias durante la DANA actuaba “bajo la supervisión” del entonces secretario autonómico, quien figura como investigado en la causa junto a la exconsellera Salomé Pradas.

En el procedimiento, el fiscal decidió apoyar el recurso presentado por Argüeso, al considerar que su imputación no era “compatible con el principio de culpabilidad”. No obstante, el auto de la Audiencia rechaza ese planteamiento, al entender que no concurren los supuestos alegados por el Ministerio Público y advierte, “sin perjuicio” de ello, que la posición de garantía atribuida al ex alto cargo “no es una foto fija”, es decir, que podría variar en función de lo que avance la instrucción.

El magistrado Salvador Camarena Grau, ponente del auto, aclara que el nivel de suficiencia de los elementos incriminatorios que debe exigirse en cada resolución judicial “varía según las distintas fases del proceso”. Así, apunta que “cuanto más cerca se está del momento inicial del proceso, más bajo es el nivel de suficiencia exigido”, mientras que conforme la instrucción avanza ese nivel “se va elevando progresivamente”.

El segundo aval

Ambos fueron citados para el día 11 del pasado marzo y, a pesar de que la defensa de Argüeso sostenía que el ex alto cargo actuó con “encomiable diligencia” durante la jornada del 29 de octubre, tras prestar declaración y aportar un informe pericial sobre sus comunicaciones de aquel día, la jueza de la DANA concluyó en un auto dictado el 24 de abril que aseguraba que Argüeso disponía de un “conocimiento claro” de la situación.

La Audiencia Provincial de Valencia ya respaldó por unanimidad la imputación de Salomé Pradas. En aquella resolución, dictada el 19 de mayo, los seis magistrados de la sección segunda subrayaban que la Generalitat Valenciana tenía el “mando único” en la gestión de la respuesta a la emergencia.


 

El juez envía a la cárcel a Santos Cerdán por el caso Koldo

El juez asume los argumentos del fiscal Anticorrupción

ElPlural

Loreto Ochando

30-6-25



El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha aceptado la petición del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares y ha decretado para el exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, prisión comunicada y sin fianza por riesgo de destrucción de pruebas. Luzón había solicitado esta medida por riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas y posible reiteración delictiva. El juez acusa a Cerdán de cohecho, tráfico de influencias y integración en organización criminal.

La decisisón se ha tomado después de que Santos Cerdán haya declarado solo a su abogado en una declaración en la que, como era de prever, ha negado cualquier relación con la trama del caso Koldo, que investiga el presunto amaño de contratos públicos dependientes del Ministerio de Transportes, donde José Luis Ábalos era ministro.

Según consta en el auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com: "Sí se advierte, (...) en este caso, y no en el de los demás investigados en esta causa especial, un riesgo cierto de que, si aquel se mantuviera en situación de libertad, se produciría un peligro fundado de que el mismo pudiera proceder a la ocultación, destrucción o alteración de fuentes de prueba relevantes para un futuro enjuiciamiento. Riesgo que debe ser conjurado con la adopción en este momento de la medida cautelar de naturaleza personal solicitada por las acusaciones, no existiendo otra, menos gravosa para su libertad personal, que pudiera resultar igualmente eficaz para la consecución de dicha finalidad.

En cuanto a las otras posibilidades de ingreso en prisión previstas en la ley, explica el auto, que "parece razonable descartar que, tal y como destaca su defensa, en las presentes circunstancias exista en el caso del investigado riesgo alguno de que pudiera cometer nuevos hechos delictivos de naturaleza equivalente a los investigados, habida cuenta de que el mismo ha renunciado a su condición de Diputado y ha dimitido también del cargo de Secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Tampoco se advierte con la indispensable nitidez que sea preciso garantizar su presencia, eludiendo un riesgo intenso de que pudiera sustraerse a la acción de la justicia. Cierto, no obstante que este riesgo, nunca resulta enteramente descartable, y menos en el caso presente en el que, habida cuenta del incipiente estado de la investigación respecto de don Santos Cerdán León, se desconoce todavía su verdadera situación económica y los posibles contactos y/o recursos de los que pudiera disponer en el extranjero".

En su auto, el magistrado Puente es extremadamente duro con Cerdán. Así, dice el juez en su escrito: "La posible comisión de los hechos delictivos que se le atribuyen, resulta, al parecer de este instructor, verdaderamente extraordinarios. No es a menudo que se dispone de conversaciones protagonizadas, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de la fase procesal en la que nos encontramos, por los propios partícipes en los hechos aparentemente delictivos que son objeto de investigación. Ni esas conversaciones, cuando existen, resultan regularmente tan explícitas".

Y prosigue diciendo: "No es preciso, desde luego, reproducir aquí su contenido, bastando recordar que en el curso de las conversaciones grabadas, y por lo que respecta a la posible intervención en los hechos del afectado por la presente resolución, resultan elementos bastantes para considerar indiciariamente justificada no únicamente su participación, con eficacia ejecutiva, en los hechos investigados, sino su particular posición en ellos, de tal manera que don Koldo García, particularmente, reclama a don Santos Cerdán las cantidades que aquél considera le son debidas, al propio don Koldo y a don José Luis Ábalos, como consecuencia de las indiciariamente ilícitas adjudicaciones de obras públicas, a cuyo emplazamiento se refieren explícitamente".

Las grabaciones son reales y sin editar

Es especialme llamativo como da verosimilitud a las grabaciones realizadas por Koldo. Explica sobre este extremo el jues que, "más allá del contenido de las conversaciones grabadas, son también, muy significativas las circunstancias que determinaron su hallazgo. Nos encontramos aquí frente a unas grabaciones que fueron encontradas en sendos dispositivos electrónicos en la entrada y registro de su domicilio que se practicó al investigado Koldo García. No son consecuencia, por tanto, de una intervención judicial en las comunicaciones de los investigados, sino que fueron halladas en poder de uno de ellos, quien habría resuelto, por algún motivo no difícil de imaginar, grabarlas primero y conservarlas después en su poder".

"Además, dichas grabaciones, como resulta más que evidente, no se habrían producido con el propósito inmediato de denunciar los hechos a los que aquéllas se referían. Ya se ha dicho que su aportación a las actuaciones se produjo como consecuencia (indeseada y desconocida) de una intervención policial y no por la particular y libérrima decisión de la persona que, indiciariamente, las grabó. En estas circunstancias, parece difícilmente concebible, atendiendo además a la relativamente mala calidad del sonido, que las mismas no se hubieran producido en realidad y que resultaran consecuencia de una artificiosa manipulación de don Koldo García Izaguirre, a medio de procedimientos vinculados al uso de la inteligencia artificial u otros equivalentes, haciendo aparecer como intervinientes en la conversación a personas que, en realidad, no hubieran participado en ella. Tampoco existe consideración o razonamiento alguno que permita entender en este momento, en términos de razonabilidad, que las grabaciones tantas veces aludidas pudieran haber sido editadas (omitiendo, alterando o manipulando el curso natural de la conversación), extremo éste que además resultará fácilmente acreditable por los correspondientes expertos", apostilla. 

Noticia en ampliación

 

La Iglesia Católica en España, sostén ideológico de las Derechas

José Antonio Naz Valverde 

Colectivo Prometeo 

Presidente de Europa Laica


Según el Vaticano II la Iglesia no debe entrar en política partidista.




Muchos obispos en España contradicen a diario dicha instrucción. Recientemente el presidente de la Conferencia episcopal, Luis Argüello, ha hecho un llamamiento público a la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Aunque no esté claro que estas manifestaciones expresen la opinión de toda el órgano de gobierno de la Iglesia Católica, ha habido muy pocas voces dentro de ella que lo denuncien. No nos detenemos a analizar la ilegitimidad moral para hablar de elecciones de una organización antidemocrática , machista y protectora de pederastas.


Es un acto de injerencia política con una clara orientación ideológica de derechas, como ya han señalado algunas personas cristianas comprometidas con la democracia. Se trata de una intervención impropia de una institución religiosa que, lejos de limitarse a sus fines espirituales, utiliza su posición de poder para condicionar el sistema democrático desde postulados confesionales y conservadores.


Esta actitud no es nueva, la jerarquía católica en nuestro país se ha alineado siempre a lo largo de la Historia con la Monarquía y los poderes autoritarios. Ha sido fiel aliada de las monarquías absolutistas y los regímenes dictatoriales, de los que ha recibido innumerables privilegios y el poder sobre la vida y las almas de los súbditos.

Era el sostén del antiguo régimen, con el mayor poder social y económico de toda Europa. En 1931, al día siguiente de proclamarse la II República, el obispo Isidro Gomá decía “hemos ya entrado en el vórtice de la tormenta” y la Iglesia comenzó la guerra contra el gobierno elegido en las urnas. En marzo de 1933 Fundaron la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas)para “defender la civilización cristiana” y “combatir la legislación sectaria de la República”. 

En la prensa católica se anunciaba el 20 de Febrero de 1936 que “no sería en el Parlamento donde se libraría la última batalla, sino en el terreno de la lucha armada” y declaraba al gobierno del frente Popular “ilegítimo, tiránico, traidor a la Patria y enemigo de Dios y de la Iglesia”. Y en Julio del mismo año se suman con fervor a la Santa Cruzada de los militares golpistas defensores de la civilización cristiana frente al comunismo y el ateísmo.





El catolicismo fue el fundamento y la médula ideológica del franquismo, cuyo jefe era “caudillo de España y de la Cruzada”, y proporcionaba la identidad como Nación.


En 2025, 47 años después de la Constitución que declara un estado aconfesional y democrático, la Conferencia Episcopal actúa como si siguiéramos en el nacionalcatolicismo, con poder para intervenir y controlar la vida política y social de nuestro país. Sin haber pedido perdón por su sangrante papel histórico. Manteniendo en sus templos signos prohibidos por las tímidas leyes de Memoria Democrática. Apoyando siempre, directa o indirectamente a los partidos de derechas. Se puede decir que “los obispos escriben el guión y la derecha lo interpreta” .


Esto es también resultado de décadas de complicidad entre los poderes públicos y la Iglesia católica, que sigue disfrutando de privilegios económicos, simbólicos, educativos y patrimoniales en todos los ámbitos de la vida institucional. La falta de una política laicista clara y el mantenimiento de los Acuerdos con la Santa Sede (1979), herederos del Concordato franquista de 1953, han convertido a la Iglesia en un actor político con poder y sin control democrático.


Desde Europa Laica venimos exigiendo desde hace años, por pura coherencia democrática y constitucional, la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede y del Concordato franquista. Esta actitud de la Conferencia Episcopal muestra con claridad la necesidad y la urgencia de llevarla a cabo. Hay que acabar de una vez con esos acuerdos anacrónicos y leoninos para el Estado, que son la base legal de sus privilegios institucionales, y poner fin a la excepcionalidad jurídica de la Iglesia católica en España, eliminando los privilegios económicos y aprobando un decreto que retrotraiga todas las apropiaciones de bienes inmuebles.No basta con las tímidas manifestaciones de representantes políticos o con preguntas parlamentarias de algún partido. Es un problema estructural y como tal debe abordarse, si queremos mantener un Estado Democrático.


Europa Laica sigue haciendo un llamamiento a la ciudadanía, a organizarse y movilizarse en defensa de un Estado laico, sin injerencias clericales ni privilegios confesionales. A los partidos políticos, a comprometerse con una agenda democrática laicista que incluya la derogación de los Acuerdos, el fin de todo trato privilegiado a ninguna confesión religiosa, que apliquen en su practica diaria y velen por el cumplimiento del mandato constitucional de la aconfesionalidad del Estado, trabajando por hacer realidad la separación del Estado y las religiones.


A las instituciones del Estado, a rechazar cualquier presión eclesiástica en asuntos civiles y a adoptar una política de memoria democrática que repare décadas de connivencia con la jerarquía religiosa. A todas las confesiones religiosas, a respetar el marco civil, plural y laico que garantiza la libertad de conciencia de toda la ciudadanía.


La defensa de la laicidad es hoy una exigencia democrática. No se puede hablar de igualdad ni de soberanía popular mientras una institución religiosa pretenda dictar el rumbo político del país desde una posición de poder, impunidad y privilegios.








 


DANA VALENCIA | Octava manifestación en Valencia para pedir la dimisión ...

💥¡BOMBAZO! RUFIAN APLASTA A FEIJOO Y LO HACE ESTALLAR POR LOS SOBRES DE ...

 


 



LA HISTORIA QUE QUISIERON BORRAR

Orgullo, represión y resistencia en el Estado español

El franquismo encarceló, torturó y humilló a miles de personas por ser homosexuales, trans o simplemente salirse de la norma.

Pero lo que no se cuenta es que la democracia siguió usando sus mismas leyes hasta 1995.

En 1970, el régimen aprobó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que sustituyó a la de Vagos y Maleantes. En su artículo 2.3, equiparaba la homosexualidad con la drogadicción o la prostitución y permitía internar a quienes “pusieran en peligro la moral pública”.

La Constitución llegó en 1978. Pero esa ley no se derogó por completo. Solo se hicieron retoques, se maquilló. Y hasta 1995 siguieron vigentes artículos usados por la Policía, jueces y psiquiatras para detener, fichar y castigar a personas LGTBI+.

De hecho, durante los años 80 y principios de los 90, se siguió aplicando internamientos forzosos, tratamientos médicos obligatorios y vigilancia policial.

Hoy, esas víctimas no tienen una ley de reparación integral. No hay una comisión de la verdad. No hay una memoria oficial. Solo silencio.

Por eso el Orgullo no es solo desfile: es denuncia histórica, exigencia política y memoria viva.

¿Cómo se puede llamar democracia plena a un país que no ha reparado a sus perseguidxs?

Celebrar el Orgullo es recordar que fuimos peligrosxs sociales. Y lo seguimos siendo para quienes quieren callarnos.

Que no te lo cuenten como una anécdota. Difúndelo.

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