Javier
Moure
Dos
parejas, dos justicias: de Oltra a Ayuso
Cuando
el apellido decide si la justicia investiga, archiva o mira hacia
otro lado
Hay
comparaciones que incomodan porque desnudan el sistema. La diferencia
entre cómo actuó la justicia con la pareja de Mónica Oltra y cómo
lo hace con la pareja de Isabel Díaz Ayuso no es un matiz técnico.
Es una grieta democrática. En ambos casos hay hechos,
responsabilidades indirectas y consecuencias políticas posibles.
Solo en uno de ellos hubo imputación, dimisión forzada y seis años
de castigo judicial.
La
pregunta es simple: ¿qué hace la justicia cuando el delito toca el
entorno íntimo del poder? La respuesta depende de quién gobierne.
UNA
PAREJA CONDENADA, UNA POLÍTICA CASTIGADA
El
exmarido de Mónica Oltra, educador social, fue denunciado en 2017
por abusos sexuales a una menor tutelada de 14 años. Fue condenado a
cinco años de prisión, sentencia confirmada por el Tribunal Supremo
en 2023. El delito existió. La responsabilidad penal quedó probada.
El agresor está en prisión.
Hasta
aquí, el funcionamiento normal del Estado de derecho.
El
problema empezó cuando la acusación —impulsada por la
ultraderecha— decidió estirar el caso hasta la conselleria que
dirigía Oltra. No porque existieran pruebas nuevas, sino porque la
acusada era ella. El foco dejó de estar en el delito y pasó a estar
en la política.
El
1 de abril de 2022, Oltra fue imputada por un presunto encubrimiento.
Dos meses después dimitió como vicepresidenta de la Generalitat
Valenciana. No hubo juicio, no hubo condena, no hubo pruebas
concluyentes. Hubo imputación. Y eso bastó.
Durante
tres años, dos jueces de instrucción y la Fiscalía revisaron
correos, documentos y testimonios. Conclusión unánime: no hay
indicios de delito. Las decisiones administrativas fueron
“desacertadas” o “mejorables”, pero no delictivas. Tres
archivos judiciales lo confirman.
Y,
aun así, la causa sigue viva por la insistencia de la Audiencia
Provincial de Valencia. El castigo ya está cumplido: Oltra fuera de
la primera línea política, su carrera truncada y su nombre asociado
durante años a una acusación falsa.
Una
pareja condenada, una política destruida.
UNA
PAREJA INVESTIGADA, UNA PRESIDENTA PROTEGIDA
En
el otro extremo está el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Aquí no hablamos de un delito sexual juzgado y condenado. Hablamos
de fraude fiscal, facturas falsas y uso de empresas pantalla, según
la investigación abierta por la Fiscalía.
La
pareja de Ayuso está imputada. Hay documentación. Hay indicios
económicos. Hay un procedimiento en marcha.
¿Consecuencias
políticas para Ayuso? Ninguna.
¿Dimisión?
No.
¿Imputación
por encubrimiento, colaboración o beneficio indirecto? Tampoco.
La
reacción institucional fue la contraria a la de Oltra. Cierre de
filas, ataque a la jueza, acusaciones de “operación de Estado”,
victimismo desde el poder y una campaña mediática de descrédito
contra la Fiscalía. La justicia avanzó con extrema cautela. Sin
prisas. Sin presión política. Sin exigir responsabilidades.
A
Ayuso no se le aplicó la doctrina Oltra.
No
se consideró que la imputación de su pareja afectara a su cargo.
No
se entendió que existiera responsabilidad política alguna.
No
se activó el mecanismo del desgaste.
Una
pareja investigada, una presidenta blindada.
LA
DIFERENCIA NO ES JURÍDICA, ES POLÍTICA
La
comparación es devastadora porque rompe el relato de neutralidad. En
un caso, la justicia actuó como ariete político. En el otro, como
muro de contención. Y no es casualidad.
Oltra
representaba un proyecto que revirtió privatizaciones, tocó
intereses empresariales y cuestionó redes de poder en la Comunitat
Valenciana. Ayuso encarna esos intereses. Eso cambia el umbral de
tolerancia.
En
el caso de Oltra, la imputación fue suficiente para forzar la
dimisión, pese a que el delito no existía.
En
el caso de Ayuso, la imputación de su pareja no genera ni siquiera
una exigencia de explicaciones, pese a existir una investigación
sólida.
La
justicia fue implacable con una mujer de izquierdas e indulgente con
una dirigente conservadora en ejercicio de poder.
Esto
no va de relaciones personales. Va de cómo se usa la justicia para
ajustar cuentas o para proteger al poder. Va de quién paga un precio
político por hechos ajenos y quién no paga ninguno por hechos
cercanos.
Oltra
probablemente será absuelta de todo. Para entonces ya dará igual.
Ayuso
seguirá gobernando mientras su pareja es investigada. Y nadie le
pedirá responsabilidades.
Dos
parejas. Dos respuestas judiciales.
No
es un fallo del sistema.
Es
el sistema decidiendo a quién sacrificar y a quién preservar.
Apoya
nuestro proyecto: donorbox.org/aliadas
