Mentiras sobre lo que pasa en Venezuela
Juan Carlos Monedero
Público
31/03/2017
01/04/2017
El 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al
Presidente de la República, Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe de
estado constitucional todos los diputados de la oposición salvo los tres
diputados del partido de Henry Falcón, quienes entendieron la gravedad de esa
decisión. Venezuela es un sistema político presidencialista desde 1811,
influido por el constitucionalismo norteamericano. Al Presidente le vota
directamente el pueblo -a diferencia de un sistema parlamentario como el
español, donde al Presidente le vota el Parlamento- y le corresponde al
Presidente, que es el Jefe del Estado, la dirección del país. Cuando la Asamblea
decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba poniendo al
margen de la Constitución. Se colocaron por voluntad propia en desacato. La
prensa internacional no dijo nada.
La gran discusión entre el Presidente Maduro y la Asamblea tiene que ver
con las actas de tres diputados de Amazonas. Se ha demostrado que compraron
votos entre otras muchas irregularidades, lo que obligaría a repetir la
elección en esos tres casos. La Asamblea se declaró en rebeldía y decidió echar
un pulso a la Presidencia de la República. A imitación del constitucionalismo
europeo, cuando hay un conflicto constitucional entre poderes el Tribunal
Supremo puede asumir competencias del Parlamento en los casos en que fuera
necesario. Hasta un fantoche como Donald Trump ha tenido que asumir las
decisiones recientes del Tribunal Supremo norteamericano. Con su tradicional
irresponsabilidad, la derecha española llama a desobedecer el estado de derecho
en Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo. No me extraña de Esperanza Aguirre
o Pablo Casado: el PP, especialmente en Madrid, ha financiado sus campañas
electorales con dinero negro. Es decir, el PP lleva varías legislaturas usando
maneras propias de golpistas. E históricamente, al menos desde 1936, tienen
oído músical para esa partitura. Quienes digan desde España que los venezolanos
deben desoír las decisiones de su Tribunal Supremo son unos irresponsables que
tiren piedras no solamente sobre el tejado venezolano, sino también sobre el
nuestro. Luego tendrán la caradura de quejarse de los comportamientos al margen
de la Constitución de la asamblea catalana.
Por si fuera poco, esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que el
Presidente había abandonado su cargo (algo absurdo y evidentemente falso) y
propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento
de golpe de estado desde el Parlamento no recibió ni una sola crítica de los
que ahora dicen que hay un golpe de estado en Venezuela. Entre ellos, el máximo
responsable de la OEA que ayer mismo se reunía en la Ciudad de México con ex
presidentes latinoamericanos procesados por lesionar los derechos humanos, y el
Departamento de Estado de los EEUU. Qué curioso que justo después haya salido
la petición de Almagro de enjuiciar a Venezuela desde la OEA. El papel de
Almagro como Secretario General de la OEA está haciendo mucho daño a la
tan necesaria institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya se distanció de
él de manera definitiva y dejó ver a quién se había vendido). Almagro lleva
varios meses mintiendo. Por ejemplo, ha dicho en dos ocasiones recientes que a
Venezuela se la ha aplicado la Carta Democrática de la organización (que, tras
muchos trámites -ni siquiera iniciados-, podría llevar a su expulsión como ya
ocurrió con Cuba pero nunca ha ocurrido con los Estados Unidos, pese a haber
promovido golpes de Estado como el de Pinochet contra Allende). Pero era
mentira, como demuestra que hoy mismo ha pedido a la OEA que aplique la Carta
Democrática. Ergo miente. Todo el rato. Él sabrá por qué, pero en su Uruguay
natal dicen que se ha vendido por un puñado de dólares a los que siempre han
querido que América Latina sea el patio trasero norteamericano. Washington
siempre busca a un criollo para hacer la tarea del traidor. Almagro no vive en
Montevideo.
El Tribunal Supremo de Venezuela ha usado un artículo de la Ley de
Hidrocarburos -la principal riqueza del país- que establece que los convenios
internacionales y las asociaciones con grupos extranjeros deben ser aprobados
por la Asamblea. Como la Asamblea está en situación jurídica de desacato, de
manera que no puede -ni quiere- firmar ningún acuerdo, lo que pone en riesgo
financiero a Venezuela. Es por eso que el Tribunal Supremo ha asumido las
competencias estrictas de la Asamblea para la aprobación de esos contratos, de
manera que el país pueda asumir los compromisos necesarios en un momento
económicamente complicado por el hundimiento de los precios del petróleo
(preguntémonos en España qué pasaría si se hundiera un 80 % el turismo).
El Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han convocado nuevas
elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario de lo que están diciendo
los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el tribunal supremo es
asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice
mientras dure el desacato. Si los diputados de la oposición quisieran, el
desacato desaparecería de inmediato -bastaría con que cesaran en su
desconocimiento del Presidente de la República y que reconocieran que los tres
diputados elegidos en la Amazonía no pueden hacer uso de su acta debido a las
muchas irregularidades probadas-, pero les resulta mucho más rentable seguir
regalando falsas portadas a la prensa internacional. La derecha internacional,
esa que se regala entre sí viviendas oficiales y que tiene una trama global de
fondos buitres -donde están los Aznar, Botella, sus hijos, De Guindos, Rato,
Aguirre y toda esa tropa de malos españoles donde también se ha colado algún
“socialista” como Felipe González- quiere tumbar a Venezuela, igual que han
hecho con Dilma Roussef en Brasil. ¿Quién que no esté vendido a esos intereses
puede decir que asumir de manera temporal unas competencias esenciales para
firmar unos contratos sin los cuales un país se quedaría entregado a los capitales
internacionales es un golpe de Estado? ¿No son acaso los mismos que ven
“normal” desconocer al Presidente del Gobierno y llamar a nuevas elecciones?
Demasiados hipócritas.
Venezuela necesita mucho diálogo. El choque entre instituciones es malo
para el país. Esa debiera ser la tarea de España: ayudar al diálogo. En todo el
continente latinoamericano. En México -desde donde escribo- han asesinado este
último mes a tres periodistas (¿Nos imaginamos lo que pasaría si hubieran
asesinado a tres periodistas en Caracas?) y hay al menos 30.000 desaparecidos.
El día a día de México es la aparición de fosas con cadáveres, la trata, el
asesinato de mujeres, la desaparición de líderes sociales, la creciente pobreza
y desigualdad junto a una impunidad del Estado estremecedora. Aún lloran en
México a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el Presidente Peña Nieto se ríe de
las víctimas no reconociendo las lagunas que apuntan al ejército, a la policía
y a políticos vinculados al narco en la desaparición de las muchachas y muchachos.
Parece que el PP y sectores del PSOE quieren ver a Venezuela convertida en
México. Para seguir la trama de los negocios.
Hay mercenarios que desearían abocar a Venezuela a una guerra civil. Creen
que así podrían volver a recuperar el paraíso que tenían cuando controlaban el
petróleo contra los venezolanos y venezolanas. Se equivocan, porque el pueblo
venezolano no va a permitir que eso ocurra. Apuntar en esa dirección es querer
llevar a Venezuela a un escenario terrible como los que ha creado la OTAN y las
potencias occidentales en Oriente Medio. Ojalá el Estado de derecho que forma
parte de los logros civilizatorios de Europa pueda funcionar también en
Venezuela. Esa es la principal tarea en la que podríamos colaborar los
españoles en ese país: ayudar a reforzar el Estado de derecho. Aunque el PP de
la Gürtel y la Púnica ¿qué va a enseñar?
Fue el diario El país el que celebró el golpe de estado contra Chávez en
2002 y fue el Presidente Aznar el que ordenó a nuestro Embajador a reunirse con
el Presidente golpista. Ayudemos a que no vuelva a ocurrir nada de esto. Para
ello, es esencial que los que no tienen otros intereses que los del dinero,
dejen a la justicia funcionar. Y que nadie sea tan hipócrita para pedir en
otros países lo que no pedimos para el nuestro
