Nicolás Sartorius

15 de junio de 2025 

I.- Hace veinte años, en un artículo que publiqué en el diario El País bajo el título “¿Qué le pasa a la derecha?”, ya advertí de que el PP no era el heredero de la UCD de la Transición, sino de la Alianza Popular que liderara Fraga Iribarne, la de aquellos “siete magníficos” ministros de Franco. Un partido de cuyo seno surgió más tarde el actual Partido Popular y de éste, con el tiempo, el ultraderechista Vox. Conviene recordar, para no equivocarse, que aquella Alianza no votó la amnistía de 1977 –símbolo de la reconciliación nacional–, ni tampoco el Título VIII de la Constitución, el que se refiere a las autonomías, e incluso no pocos de sus afiliados y diputados le negaron su voto al conjunto de la Carta Magna. Es cierto que una parte de aquella UCD, de su base ideológica y social, acabó integrándose en el actual PP, pero me temo que, por desgracia, son una minoría. No me imagino a los presidentes Suárez y Calvo Sotelo acusando a un gobierno del PSOE de banda de criminales, de mafia y, al presidente de su país, de capo de los hampones. Quizá se comprende mejor, al conocer esos antecedentes de nuestras derechas, el porqué de su resistencia a condenar aquella reciente dictadura de cuarenta años que asoló España, o también esa oposición radical a la Ley de Memoria Democrática. Una norma que en cuanto pueden la “derogan” en las CCAA que gobiernan con Vox, o necesitan sus votos para alcanzar la mayoría. Claro que tampoco hay que sorprenderse cuando el otro día, en una entrevista, la que fuera presidenta “ultraliberal” de la Comunidad de Madrid afirmó que a “la larga” la dictadura de Franco fue mejor que la II República.

II.- Sin embargo, la historia no acaba aquí. Hace unos días, en una conferencia de presidentes autonómicos celebrada en Barcelona, a la que asistieron todos, incluidos el lendakari y el president de la Generalitat, la presidenta de Madrid se ausentó de la reunión porque aquellos hablaron en vasco y catalán, al igual que el de Galicia en gallego, pero claro, este era del PP. Por lo visto, esta irresponsable política no se ha enterado de que esas lenguas, tan españolas como el castellano, las hablan millones de personas que, lógicamente, se sentirían profundamente ofendidas. Pero lo más grave es que con esa actitud negaba la validez del art. 3.2 y 3 de la Constitución cuando habla de “las demás lenguas españolas… un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Como justificación de dicha postura inconsciente, que recuerda el machadiano “desprecia cuanto ignora”, afirmó que utilizar esas lenguas era reconocer que España era plurinacional, confundiendo el plurilingüismo con la plurinacionalidad y desconociendo que el art. 2 de la CE reconoce las nacionalidades, es decir, “condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación”. ¿Quiere ello decir que en España hay varias naciones políticas con Estado propio? Obviamente no. Porque el uso de una lengua no determina la existencia de una nación política, aunque sí una riqueza cultural impagable. El problema de la presidenta de Madrid es que o no conoce la Constitución del 78 o no la respeta. De ahí, entre otras causas, que cuando las derechas gobiernan en España el independentismo sube como la espuma, como ya se vio en el pasado y se verá en el futuro si ganan las elecciones.

III.- Otro contenido esencial de nuestra Constitución en el que nuestras derechas, por lo visto, son ateas, es el del Estado social o de bienestar. Olvidan que el art.1 de la CE define nuestro Estado como “social y democrático”. Es decir, que no sólo reconoce libertades civiles y políticas, sino también derechos sociales –la educación, la sanidad, las pensiones, etc.–. Pues bien, ni la expresidenta ni la actual presidenta de Madrid creen en este Estado, y así lo manifestó claramente la primera en una reciente entrevista en El País y declarándose, la segunda, partidaria de las teorías del argentino Milei.

Sin embargo, lo más preocupante es que hace unos días el candidato a la presidencia del Gobierno declaró que el eslogan del próximo Congreso del PP sería “Más España y menos impuestos”. Reconozco que lo de “más España” se me escapa, a no ser que se refiera a conquistar o adueñarse de Andorra como Trump de Groenlandia. Otro sentido podría ser “más España y menos independentismo”, pero no lo veo muy realista pues en este momento el secesionismo está en sus horas más bajas y si gobernasen las derechas me temo que renacería cual Ave Fénix. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría gobernando el PP/Vox y despreciando el catalán, el vasco y el gallego? Quizá a ciertas gentes pudientes les suene a música celestial eso de “bajar impuestos”. Ahora bien, si se reduce la recaudación del Estado y se aumentan los gastos militares –espero que a nadie se le ocurra aceptar el disparate de llegar al 5% del PIB de Trump–, ¿cómo se pagan y mejoran la sanidad, la educación y otros servicios públicos? El deterioro que se está produciendo en estos servicios en las CCAA gobernadas por las derechas es el problema más grave que tiene España en este momento.

Un informe de la Guardia Civil o cualquier otra policía no puede tumbar a un gobierno, pues no se trata de una sentencia de un tribunal

IV.- Por último, se debería respetar la presunción de inocencia al ser uno de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución en el art.24.2, cuando dice “todos tienen derecho… a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia”. Se trata, igualmente, de un principio general del derecho penal que significa que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y no al revés. Y demostrar quiere decir ante un tribunal de justicia, con todas las garantías, mediante sentencia. Pues bien, en la realidad española este principio ha mutado en su contrario, en la “inocencia de la presunción” y, en consecuencia, a los efectos prácticos, las personas son culpables mientras no se demuestre lo contrario. El mecanismo es perverso pero muy real. Circulan asociaciones y/o partidos con muchos medios que se dedican a acusar o denunciar a enemigos políticos de determinados delitos; luego los jueces con bastante manga ancha los admiten a trámite para “investigar”; invariablemente dicha indagación se filtra a los medios, que, a su vez, tenazmente, lo transforman en “imputación”, figura que no existe en esa fase, pero suena más fuerte que investigar, y de ahí al Parlamento, donde se forma el quilombo o gresca. El procedimiento dura meses o años, y en los medios no se habla de otra cosa, opacando toda mejora o avance en la economía, en derechos sociales o cualquier buena noticia para el país. Tan perversa como lo anterior se ha convertido la filtración de los informes de la UCO (Unidad Central Operativa). Esta Unidad de la Guardia Civil, por encargo de los jueces, investiga posibles delitos y emite informes que se supone entrega de forma reservada al poder judicial. Lo inquietante del caso es que estas pesquisas, muy a menudo, acaban en poder de los medios de comunicación antes de que los conozcan las partes afectadas, como estrellas mediáticas. Y una de dos, o se filtran por parte del que investiga o por parte del juzgado o tribunal que hizo el encargo. No se me ocurre otro posible origen.

Así se ha ido creando el ambiente de que estamos en la fase más corrupta que uno pueda imaginar, cuando en los casos en que se basa tal acusación –hermano y mujer del presidente, caso Koldo/Ábalos, fiscal general o ahora Cerdán– no hay aún ni la celebración de un juicio y mucho menos sentencia condenatoria. Es decir, lo mismo que cuando gobernaba el PP, con un vicepresidente, varios ministros y consejeros autonómicos juzgados, condenados y, algunos, encarcelados. Así pues, siendo como soy respetuoso con el derecho a la presunción de inocencia y viendo cómo se filtra todo, se instruyen los procedimientos, cómo se manipula la realidad y la situación de la justicia, con jueces y magistrados que organizan concentraciones y huelgas en protesta por leyes del Parlamento, considero que ningún investigado ni acusado tiene por qué abandonar la función pública hasta que haya una sentencia condenatoria. A no ser que la misma persona concernida o la organización a la que pertenezca consideren que es mejor hacerse a un lado en beneficio de lo que representa. Como, por ejemplo, es el caso Ábalos/Cerdán, en el que merecería la pena, por lo conocido hasta ahora, tomar medidas contundentes, organizativas y políticas. Dejando claro que un informe de la Guardia Civil o cualquier otra policía no puede tumbar a un gobierno, pues no se trata de una sentencia de un tribunal. A sensu contrario, me parece un escándalo y una vergüenza lo que está sucediendo con el fiscal general del Estado y, en consecuencia, no debería de dimitir, pues quienes está haciendo daño a la justicia y a la democracia, en este caso, son los que quieren acabar con este Gobierno como sea y no a través de unas elecciones cuando toque.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.