Spanish Revolution

La demanda que se pegó un tiro en el pie

El Supremo blinda la libertad de expresión frente al honor del novio de Ayuso y deja sin escudo judicial al rey emérito Juan Carlos I

EL SUPREMO DERRIBA LA ESTRATEGIA DEL 'HONOR OFENDIDO'

Cuando un defraudador es pillado, la reacción más clásica del manual del poder patrio es envolverse en la bandera del honor y disparar demandas como si fueran pólvora mojada. Así lo ha hecho Alberto González Amador, la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, que aspiraba a silenciar a media clase política y mediática con querellas por casi 500.000 euros. El Supremo, sin embargo, le ha recordado que quien defrauda, paga. También en reputación.

La resolución judicial es demoledora. Reconoce que llamar “defraudador confeso” al empresario no es una injuria gratuita, sino una afirmación con base fáctica y de interés general, más aún si proviene de representantes públicos. Así lo señaló la sentencia que valida las declaraciones de la ministra María Jesús Montero, y con ello el derecho a nombrar las cosas por su nombre. El fallo, en la práctica, dinamita las pretensiones del novio de Ayuso, que había demandado a Pedro Sánchez, al PSOE, a Más Madrid y hasta a periodistas como Xabier Fortes, Enric Juliana o Alan Barroso, con cifras que van desde los 5.000 hasta los 100.000 euros por cabeza.

La lista de acusados es un retrato de su propio delirio: desde el presidente del Gobierno hasta politólogos, pasando por tertulianas feministas y diputadas autonómicas. A todas estas personas les exigía compensaciones por “linchamiento público”, mientras él mismo reconocía —vía su abogado y vía pago a Hacienda— haber defraudado más de medio millón de euros. El Supremo no solo desmonta esa estrategia, sino que fija doctrina contra la mordaza de los poderosos: si eres un personaje público y te pillan con las manos en la caja, te lo pueden decir. Alto, claro y en directo.

EFECTO CASCADA: GOLPE A LA DEMANDA DEL REY JUAN CARLOS

Pero el impacto no se detiene en la Puerta del Sol. El eco de esta jurisprudencia ya resuena en Zarzuela, porque la demanda que el rey emérito Juan Carlos I interpuso contra Miguel Ángel Revilla por llamarle “corrupto” se tambalea bajo los mismos argumentos. El caso es casi calcado. En ambos, personas con enorme notoriedad pública, acusadas o señaladas por delitos económicos, tratan de frenar la crítica política con escudos judiciales. Y en ambos, el Tribunal Supremo ha dejado claro que la libertad de expresión pesa más que el supuesto “honor” de quienes han saqueado lo común.

Lo explicaba con claridad el magistrado Joaquim Bosch en el programa Malas lenguas: “El Supremo vuelve a dejar claro que el interés general prima cuando se habla de personajes relevantes y que los cargos públicos tienen mayor margen para expresarse”. Esto es, que si una diputada llama corrupto a un Borbón, y tiene razones para pensarlo, el tribunal no será su verdugo. Porque la democracia no se construye en silencio, y menos aún con amenazas jurídicas al que señala lo evidente.

El precedente judicial desmonta también otra línea de defensa del empresario González Amador, quien alegó no haber autorizado el pacto con la Fiscalía que incluía una condena de prisión. El problema es que hay mensajes que demuestran que sí lo sabía, sí lo aceptó y sí dio luz verde a pagar más de 500.000 euros para evitar el juicio. Bosch lo resumió con sorna togada: “Es muy extraño que alguien acepte prisión y medio millón sin hablarlo con su abogado”.

Mientras tanto, el volumen total de sus querellas dibuja un mapa de poder herido: 495.000 euros en demandas repartidas como metralla contra quien ose recordar que defraudó al fisco. Sánchez, Bolaños, Pilar Alegría, Diana Morant, Isabel Rodríguez, Rita Maestre... y hasta Alan Barroso, que por decir lo que era evidente se enfrenta a una petición de 40.000 euros.

Una cifra para recordar: 0 euros. Ese es el valor que le ha dado el Supremo a sus lloros.