Spanish Revolution

YO ACUSO.

EL ESTADO SECUESTRADO POR MONTORO

Yo acuso a Cristóbal Montoro de utilizar el Ministerio de Hacienda no como una institución al servicio del interés general, sino como una maquinaria de guerra ideológica al servicio del poder económico y del partido que lo sostuvo. Lo que presentó como reformas estructurales fue, en realidad, una purga burocrática ejecutada con precisión quirúrgica para desmantelar toda resistencia técnica a la corrupción sistémica.

Yo acuso a Montoro de haber cometido una traición silenciosa al principio de neutralidad del Estado. Al declarar sin rubor que “Hacienda estaba llena de socialistas”, convirtió el cuerpo funcionarial en un campo de sospecha política. No limpió las instituciones: las infectó de partidismo. La fidelidad partidaria sustituyó al conocimiento técnico, y la sospecha ideológica se convirtió en criterio de evaluación.

Yo acuso a Montoro de haber diseñado, desde dentro del aparato estatal, una arquitectura de impunidad para las élites económicas. No solo desactivó los mecanismos de control sobre grandes empresas, sino que permitió —y según el juez, facilitó— que estas mismas escribieran leyes a su medida. El BOE fue secuestrado por el capital, y Hacienda se transformó en una oficina de lobby encubierto.

Yo acuso a Montoro de pervertir el concepto mismo de justicia fiscal, dotando de legalidad a lo que solo puede definirse como corrupción estructural. La amnistía fiscal no fue una medida excepcional, sino un indulto masivo a una clase delincuente que ya no necesitaba esconderse en paraísos fiscales porque tenía el perdón institucional en casa. Fue un golpe de Estado fiscal con firma ministerial.

Yo acuso a Montoro de haber convertido el Estado en un instrumento de clase, en el sentido más marxista y descarnado del término. Con cada cese, con cada nombramiento de confianza, con cada informe manipulado, se reforzó la tesis de que la legalidad es una variable dependiente del poder económico. No hay Estado social si Hacienda responde a intereses privados.

Yo acuso a Montoro de haber degradado el servicio público a una extensión de su despacho privado. Equipo Económico no fue un paréntesis entre cargos institucionales: fue el eslabón perdido entre la acción de gobierno y los dividendos empresariales. Las puertas giratorias no giraban: estaban permanentemente abiertas.

Yo acuso a Montoro de haber instaurado un modelo de gobernanza que combina el castigo al disidente, la recompensa al cómplice y la cooptación del aparato técnico. No dejó huella de gestión, sino de ocupación. Allí donde se requería independencia, impuso subordinación. Donde debía haber neutralidad, sembró miedo.

Yo acuso a Montoro de haber ridiculizado la inteligencia colectiva del país, haciéndonos creer que los errores en el DNI de la infanta, las cifras mágicas de las amnistías, o las sustituciones masivas de altos funcionarios eran simples disfunciones del sistema. No eran errores: eran parte del diseño. Un diseño construido con precisión para favorecer a los de siempre.

Yo acuso a Montoro de socavar el principio republicano de responsabilidad. No ha pedido cuentas. No ha dado explicaciones. No ha mostrado un atisbo de vergüenza ante la imputación judicial más grave de su carrera. Como tantos otros arquitectos del expolio legal, confía en la desmemoria, la lentitud de la justicia y la complicidad mediática.

Yo acuso no solo a Montoro, sino al régimen que lo permitió, lo encumbró y lo protegió. A quienes redujeron su comportamiento a una mera “estrategia de comunicación”. A quienes defendieron su figura como la de un tecnócrata eficaz mientras saqueaba el alma fiscal del Estado. A quienes hoy, desde el cinismo o la cobardía, insisten en llamar “error” a lo que fue, y sigue siendo, crimen de clase.