QUIÉN HA CONDENADO AL FISCAL GENERAL Y POR QUÉ IMPORTA MÁS DE LO QUE TE CUENTAN
La condena al fiscal general no es un episodio aislado. Es el síntoma de algo más profundo: una Sala Penal del Supremo con mayoría conservadora dictando el futuro institucional del país mientras los mismos de siempre celebran que otra pieza del tablero cae donde querían.
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El tribunal estaba compuesto por siete magistrados. Cinco votaron condena. Dos se jugaron el pellejo intelectual defendiendo la absolución. Ese desequilibrio no es casualidad. Es el reflejo de décadas de captación ideológica del poder judicial por un mismo bloque.
Contigo podemos salir adelante.
Las dos discrepantes —Susana Polo y Ana Ferrer— representan la parte del Supremo que intenta mantener una interpretación garantista del derecho. No es que estén defendiendo a García Ortiz. Están defendiendo un principio básico: que la justicia no puede ser usada como un arma política.
Susana Polo, la ponente original, terminó apartada de su propia sentencia por quedar en minoría. Es la misma magistrada que criticó condenas como la de Alberto Rodríguez o los ERE cuando vio excesos punitivos. La misma que instruyó el caso Blesa resistiendo presiones.
Ese es el perfil que perdió la votación.
Ana Ferrer, primera mujer en entrar en la Sala Penal, fue vetada para presidir tanto la Sala como el CGPJ. Vetada por el sector conservador. El mismo sector que hoy da por buena la idea de que filtrar un correo es más grave que defraudar impuestos.
El poder judicial también tiene puertas que no se ven.
Ahora miremos a los cinco que han impuesto la condena.
Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala desde septiembre, fundador de la Asociación Francisco de Vitoria. Será quien redacte la sentencia. Un magistrado ascendido y consolidado gracias a la arquitectura conservadora del CGPJ.
Marchena, quizá el más conocido, preside con su sombra todo lo que pasa en la Sala Segunda. Fue el candidato de consenso entre PP y PSOE para dirigir el CGPJ hasta que el PP habló demasiado y dijo lo que todos sabían: que serviría para “controlar desde atrás”.
La palabra control nunca fue tan literal.
Berdugo, de la APM, ascendió bajo la mayoría absoluta de Aznar. Su firma está detrás de decisiones que reforzaron el muro conservador del Supremo. Entre ellas, la ratificación de que el PP se lucró con Gürtel.
Ese es el magistrado que hoy considera más grave lo del fiscal que lo de Gürtel.
Del Moral, magistrado de convicciones religiosas explícitas, autor de votos particulares que parecían escritos para justificar indulgencias con figuras conservadoras. Defendió a Serrano, hoy referente de Vox, cuando cambió el régimen de visitas de un menor por una procesión.
La neutralidad es un mito cuando los valores pesan más que el Código Penal.
Lamela, instructora del procés, del caso Altsasua, del encarcelamiento abusivo de Sandro Rosell durante casi dos años. Su trayectoria revela un patrón: dureza ejemplarizante según quién esté delante.
Ese patrón vuelve a funcionar aquí.
Sumemos.
Cinco sensibilidades muy similares. Dos contrapesos progresistas. Un caso que afecta directamente al entorno de Ayuso y que se convierte en la mejor munición para quienes ya estaban construyendo un relato de persecución política.
La ecuación está completa.
Esta sentencia no solo inhabilita a García Ortiz. Inhabilita la idea de que la Fiscalía pueda funcionar sin presiones, sin miedo y sin la mirada vigilante de los mismos que llevan 25 años controlando el CGPJ.
La justicia no es ciega. Tiene memoria y tiene dueño.
Por eso es importante entender quiénes firman qué.
Porque el relato oficial dirá que esto es “justicia independiente”.
Pero los patrones, las trayectorias y los bloques ideológicos cuentan otra historia.
Una historia donde la derecha gana por inercia y por estructura.
Seguiremos investigando cada pieza de este engranaje.
Seguiremos señalando las grietas y los silencios.
Seguiremos desmontando los relatos de quienes se benefician de una justicia convertida en campo de batalla.
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Artículo completo:
Los siete jueces que han decidido el futuro del fiscal general
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