José María Quiñones

Seguir la pista del dinero.

El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue el más importante de los intentos que se pergeñaron en la década comprendida entre 1977 y 1987, por parte de los reaccionarios fascistas para hacer que España involucionase de nuevo a un Estado totalitario de corte católico-castrense, acabando con la incipiente democracia que tanto pánico causaba, y causa, a los intransigentes, a los del pensamiento único, a los del rosario y el paso de la oca, a los de siempre, que, como siempre temerosos de perder un ápice de alguno de sus infinitos privilegios, no dudaron en financiar, apoyar y proteger al trastornado “espadón” de turno para que les hiciese el trabajo sucio y, además, les procurase el anonimato si la cosa de “salvar a España”, se torcía, y fallaba esa costumbre tan española del golpe de estado.

Más allá de la implicación de Juan Carlos I en la intentona golpista, que parece que es algo ya fuera de toda duda, y sin esperar que se arroje luz al respecto en la desclasificación que de los documentos secretos sobre el golpe del 23F ha anunciado para mañana el gobierno de España, más allá de la implicación de los militares de todos conocidos en la intentona, y de los políticos implicados en la misma, de los que poco se sabe. Donde puede ser muy interesante la labor de indagación de estos documentos desclasificados va a ser en lo referente a la trama civil que estaba empujando a los golpistas, y de la que nada se ha hablado en estos 45 años, es ahí donde, quizá, esa desclasificación de documentos e informes que 45 años después del intento de arruinar nuestra muy precaria democracia, aún, y hasta mañana, siguen siendo secretos, nos pueda ofrecer un interesante campo de investigación para historiadores y periodistas, y quien sabe si algún titular jugoso.

Tras el proceso a los golpistas, el único civil de la trama que fue condenado, Juan García Carrés, se nos dibujó como un fanático faccioso que hizo labores de enlace entre los golpistas que irrumpieron en el Congreso, y grupos fascistas que los secundaban, sin embargo, García Carrés, aunque habitual del submundo franquista, no tenía la capacidad económica necesaria para hacer frente a la logística que requirió el golpe.

Aunque nadie podría ser ya juzgado por aquella intentona golpista, ya que cualquier delito con ella relacionado estaría prescrito, sí que resulta muy atractivo el ejercicio de seguir la pista del dinero, por si logramos ubicar a algún acérrimo demócrata de los que hoy son agasajados con premios y honores, por su inestimable contribución a las libertades.

Y aunque solo sea por ejercer nuestro derecho al pataleo.