Los expertos señalan al juez Calama como responsable de la filtración de la vida privada de Zapatero

ElPlural ha contactado con diversas fuentes de la judicatura para entender quién debe preservar el derecho a la intimidad en causas como las que afectan al expresidente

Javier Pardo/ Ruben Rozas

ElPlural

26-6-26

El derecho a la información y el derecho a la intimidad han provocado choques recurrentes y opiniones discordantes entre la prensa y los investigados. Un debate eterno, que no es nuevo, en blanco y negro, pero que vuelve a ponerse encima de la mesa con más fuerza que nunca por la virulencia de las filtraciones, la sospecha del lawfare, las asociaciones profesionales de las demandas y el interés espurio de subvertir el orden por lo civil o lo criminal. El que pueda hacer, que haga, rememoran fuentes del Gobierno.

La publicación íntegra de las agendas de José Luis Rodríguez Zapatero, otrora presidente del Gobierno, en el marco de la investigación que instruye el juez Calama y por la que se le imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública, ha provocado toda una serie de reacciones. 

Una de las más rápidas fue la emanada directamente por el Palacio de La Moncloa. Fuentes autorizadas del Gobierno no tardaron en criticar las continuas filtraciones que acaban provocando un daño civil y moral irreparable: “Desde el Gobierno expresamos nuestra preocupación por la creciente frecuencia con que se producen filtraciones de información en el seno de causas judiciales en curso. Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas”. 

Estas voces, muy cercanas al propio Sánchez, incidían en la línea que el propio líder del Ejecutivo había apuntado ese mismo miércoles, durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por los casos de corrupción que le acechan. Durante su discurso, el presidente hizo una cronología de cómo funciona el ciclo del lawfare: bulos publicados por medios regados con dinero público de la derecha, demandas de pseudoasociaciones como Manos Limpias, instrucciones eternas y una mediatización con la que inferir en el estado de ánimo de la ciudadanía y muerte civil de personas que ven pisoteado mediáticamente su derecho a la presunción de inocencia. 

Respuestas políticas que radiografiaban la gravedad de la información filtrada, sin la previa labor de expurgo judicial (retirar de la documentación que se remite a las partes todo aquello que no afecte directamente a la causa), que se multiplicaban al mismo tiempo que el eco de los tribunales empezaba a dar forma a una próxima batalla. El primero en avisar era el propio Zapatero, a través de su defensa, anunciando que ya estudiaban emprender acciones legales por una filtración que, a su juicio, incide aún más en la desprotección de su presunción de inocencia. Minutos más tarde, el propio juez Calama, instructor de la causa, era quien emitía un auto anunciando que abriría una investigación para conocer los pormenores de la filtración de agendas, conversaciones y hasta citas médicas del expresidente.

¿Quién debe preservar el derecho a la intimidad? 

Después de que se haya filtrado toda la vida privada del expresidente Zapatero, y no solo las que tengan algún tipo de interés para la causa por la que se le investiga en la Audiencia Nacional, la pregunta es clara: ¿quién debe preservar el derecho a la intimidad? ¿A quién correspondía realizar el expurgo judicial? ¿De quién es responsabilidad que se hayan filtrado cuestiones de carácter íntimo como citas médicas, direcciones, números de teléfono, conversaciones familiares o fotografías del expresidente del Gobierno?. 

Baltasar Garzón, en una reciente entrevista concedida a ElPlural.com, teorizaba sobre el peligro del lawfare de filtraciones y la necesidad de proteger la custodia de las pruebas y evitar el descrédito civil y profesional. La pregunta era sencilla: ¿ha muerto la presunción de inocencia?. La respuesta, igual de directa: “Sí, porque aunque dentro de muchos años llegue una absolución, la persona ya está amortizada y noqueada socialmente (…) Si esto se consiente, se está prostituyendo la aplicación de la justicia”. 

Sobre la responsabilidad de evitar esta exposición pública de las interioridades de una investigación, el exjuez Garzón apuntaba a la responsabilidad de los instructores: “Los jueces tienen una responsabilidad y no pueden echarse la manta a la cabeza. Por ejemplo, es de su responsabilidad cuidar que las filtraciones no se produzcan, investigar esas filtraciones si se producen. Si ese control no se produce se acaba desacreditando a la Justicia y creándose el caldo de cultivo necesario para el lawfare”.

Los expertos coinciden

Los expertos coinciden en que los últimos acontecimientos en torno al que fuera responsable del Ejecutivo suponen una vulneración flagrante de la intimidad de la persona investigada. Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional y uno de los rostros más mediáticos del mundo de la judicatura, reaccionaba al instante en su red social: “Esto es una barbaridad. En los últimos años cada vez que un juez autoriza intervenir las comunicaciones de alguien, se expone a que el mundo entero conozca todos los detalles de su intimidad. Así funciona la justicia española”, escribía en el momento mismo en que salía publicada la noticia en su perfil de X.

Este periódico ha podido hablar con otros dos especialistas en la materia para que aporten su visión, y ambos coinciden en algunas cuestiones. De un lado, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, quien señala directamente que “la responsabilidad corresponde al juez, independientemente del que sea”.

Pallín lo compara con el caso del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: “Si ha habido filtraciones, igual que se investigó la llamada falsamente filtración del fiscal general, debería investigarse esta. Es una cláusula de estilo en estas materias, de manera que cualquier juez o jueza que conozca su oficio sabe debe eliminar cualquier cosa o referencia que no tenga nada que ver con el objeto de la instrucción o la investigación”.

Con ello, concluye que es una “vulneración flagrante de derechos fundamentales”. “No solamente socaba el derecho a la intimidad, sino que si hubiese todavía un poco de dignidad democrática en el sistema judicial y posteriormente en el Tribunal Constitucional, se anularía el juicio”, llega a decir.

En un tono similar se pronuncia el magistrado también jubilado Ramiro García de Dios, actualmente miembro de Juezas y Jueces para la Democracia. En su caso, indica que “es posible que la filtración se haya producido directamente por la UDEF sin que el juez tuviera conocimiento”, pero es algo que “no sabemos”, aunque “habría que investigar”. “También es posible que se haya producido con su consentimiento”, dicta del otro lado.

Sea como fuere, lo que sí deja claro es que “el control depende íntegramente del juez”. “Los jueces de instrucción tienen el deber de depurar de la causa todo lo que carece de relevancia penal y afecta a datos personalísimos del investigado o de terceros que nada tiene que ver con la causa”.

García de Dios va un paso más allá para resumir el escenario jurídico actual, mención mediante al caso también de García Ortiz. “Hay una ruptura de las reglas del juicio justo (…) En mi opinión y la de varios miembros de la asociación hay un auténtico lawfare”, pone de manifiesto, refiriéndose a las causas que se abrieron en los últimos años contra Podemos. las investigaciones actuales sobre el entorno de Pedro Sánchez o la “cuasi absolución de (Víctor de) Aldama”.

“A Podemos se le machacó (…) Ahora es clarísimo contra este Gobierno y el PSOE, que dará o no resultado total”, afianza.

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