El Supremo abre una sexta causa contra Alvise, ahora por presunta incitación a desórdenes públicos

El Tribunal Supremo ha abierto una nueva causa penal contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, y ya van seis. Esta vez será investigado por un presunto delito de desórdenes públicos relacionado con publicaciones difundidas en el canal de Telegram que lleva su nombre durante las protestas agrícolas de febrero de 2024. La Sala de lo Penal ha designado como instructora a la magistrada Carmen Lamela. No hablamos de un comentario suelto ni de una crítica airada al Gobierno. Según el Supremo, aquellas publicaciones incluían llamamientos reiterados a ocupar, bloquear y colapsar vías de comunicación, accesos urbanos, centros logísticos, puertos, refinerías y nodos de distribución. También planteaban usar vehículos propios para apoyar cortes de tráfico, aprovechar la falta de efectivos policiales y coordinar acciones con capacidad para afectar gravemente al orden público. Luego vendrán los lloros sobre la libertad. Pero la libertad de expresión no es una barra libre para empujar al caos y después esconder la mano.

El tribunal lo deja bastante claro: la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho de participación política protegen el discurso crítico, la protesta social y la denuncia de actuaciones policiales. Claro que sí. Eso es democracia. Lo que no protegen sin más, señala la Sala, son llamamientos públicos y directos a conductas que, por su número, organización, finalidad y riesgo generado, pueden encajar en desórdenes públicos agravados. El auto también precisa que la imputación provisional no se basa en comentarios violentos escritos por terceros en Telegram, sino en las publicaciones atribuidas al canal controlado por el propio aforado. Esta causa ya había pasado por el Supremo: el juzgado de instrucción 29 de Madrid envió una exposición razonada el 17 de marzo de 2025, pero la Sala la devolvió inicialmente porque faltaba comprobar si Alvise estaba realmente al frente del canal. Tras pedir un informe a la Comisaría General de Información, el Supremo considera ahora que hay indicios suficientes de que el canal se identificaba públicamente con él, que él mismo había reconocido su vinculación en varias ocasiones y que operaba como instrumento de difusión directa ante una audiencia muy numerosa.

Y esta es solo una pieza más del álbum judicial. Alvise acumula seis causas abiertas en el Supremo. En dos de ellas, el Parlamento Europeo ya ha concedido el suplicatorio para que España pueda seguir adelante: una por presunta financiación ilegal, donde se investiga la recepción de 100.000 euros en efectivo del empresario Álvaro Romillo, vinculado a Madeira Invest Club; y otra por un presunto delito de amenazas y acoso contra Susana Gisbert, fiscal coordinadora de delitos de odio en Valencia. Otra causa, por revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados de su propia agrupación, Diego Solier y Nora Junco, sigue pendiente de la decisión de la Eurocámara sobre su inmunidad. A eso se suman la investigación por falsedad documental por difundir una PCR falsa de Salvador Illa durante la campaña catalana de 2021 y la querella del alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por presuntas amenazas condicionales. Mucha fiesta, mucho canal, mucho espectáculo. Pero cuando el ruido baja, lo que queda es un eurodiputado con seis frentes penales abiertos y una maquinaria de victimismo intentando vender como persecución lo que ya empieza a parecer costumbre.