Público
Luis Gonzalo Segura
31-10-16
Carta
abierta al Abogado del Estado:
Estimado señor, no solo no tiene
suficiente con oponerse a la pretensión de un denunciante de corrupción (como
es mi caso) de recuperar su puesto de trabajo, algo legislado en toda la OCDE
salvo en cuatro países (uno de ellos España), sino que se permite el lujo de
afirmar que “…si tamaña es su insatisfacción personal y tal su grado de
animadversión para con la Institución Militar y para con los militares (esos
mafiosos y matones de discoteca que eran o compañeros suyos o sus superiores)
no alcanzamos a comprender por qué no aplaude enfervorizado una resolución que
le libera de tan desagradable compromiso”.
Afirma que he llamado “matones de
discoteca” a los militares, pero no ha querido leer el expediente al completo o
algo mucho peor que prefiero obviar. Efectivamente, he llamado “matones de
discoteca” a los militares que participaron en la paliza a dos prisioneros
iraquíes, imágenes que fueron publicadas en un medio de comunicación. Ahora, lo
que son las cosas, llegaría todavía más lejos ya que diría que son mucho más
que eso, son torturadores que no merecen salir de la cárcel en los próximos
treinta años y, sinceramente, me preocupa que usted no les considere “matones
de discoteca” y me inquieta todavía más que esos seis matones de discoteca
continúen en sus puestos de trabajo.
Dado que percibo que tenemos
visiones diferentes del mundo castrense, quisiera que supiera que en mi visión
de este mundo, considero que un fraude como el de las facturas falsas del
Ejército del Aire (500 facturas falsas al año durante 5-6 años, entre 60 y 150
oficiales y suboficiales imputados y 10 millones y medio de euros) no debería
cerrarse con multas y prescripciones; y, permítame que sea tan atrevido,
semejantes “mafiosos” me parece que deberían ser expulsados lo antes posible. Da
la casualidad que estos oficiales y suboficiales seguirán en las Fuerzas
Armadas, lo que no le produce gran incomodidad, como tampoco que vayan a
continuar en la disciplina castrense aquellos que cometieron las malversaciones
en el ACART de Getafe (por valor de varios millones de euros, con miles de
kilos de embutidos y botellas de alcohol de por medio), los dos tenientes
coroneles que han sido imputados junto a trece empresas por la adjudicación de
contratos de diversa índole (también con varios millones de euros de por medio)
o aquellos involucrados en el escándalo del Hospital Militar Gómez Ulla.
Aun a fuerza de resultar exhaustivo,
le diré que en la unidad en la que yo trabajaba (y en la cual realicé diversas
denuncias) estaba bajo la supervisión de uno de estos dos tenientes coroneles
detenidos y, por si fuera poco, también detuvieron a un teniente por vender
portátiles antes de mi llegada, el cuál ha sido condenado y continúa o
continuará, como todos los demás rufianes hasta aquí mencionados, en el mundo
militar. ¿No le llama la atención que tal cantidad de “matones” y
“mafiosos” puedan continuar en las Fuerzas Armadas y quién siente
“animadversión” por su presencia haya sido expulsado?
