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jueves, 11 de marzo de 2021

 

El PP ha cometido un gran error

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada acompañada por su Jefe de Gabinete de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez

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Después de meses hablando de las tensiones en el Consejo de Ministros, la coalición que ha saltado por los aires ha sido otra: la de Ciudadanos con el Partido Popular. Primero en Murcia, donde la denuncia por corrupción del vicealcalde de la ciudad contra el PP ha desembocado en dos mociones de censura que amenazan con dinamitar un cuarto de siglo de dominio conservador. Más tarde en Madrid, donde la desmesurada reacción de Isabel Díaz Ayuso ha provocado un incendio aún mayor, que le puede costar al PP su futuro y, en el peor de los casos, su principal bastión.

Isabel Díaz Ayuso había intentado convocar elecciones anticipadas en otras dos ocasiones. No se entiende con Ciudadanos. No es de ahora, ni tiene que ver con la moción de Murcia, que es solo la excusa. Nunca se entendió. El aguirrismo, del que Ayuso procede, también es la madre de Vox y Santiago Abascal. 

En los dos intentos anteriores, Pablo Casado había abortado esta operación. El líder del PP se había comprometido con Inés Arrimadas a que no habría adelanto electoral; Arrimadas, a su vez, le prometió que no habría moción de censura en Madrid. Ese pacto, este miércoles, ha saltado por los aires. Y con él, también se ha volatilizado cualquier futuro de la derecha española que no pase, en los próximos años, por los ultras de Vox. 

Aún no está claro si Pablo Casado avaló la ruptura con Ciudadanos en Madrid. Si siquiera lo sabía. Si Isabel Díaz Ayuso se atrevería a tomar esta decisión sin consultar. Pero fuese cual fuera el método deliberativo, es probable que a estas horas, en Génova, ya se estén arrepintiendo de lo que sin duda es un error. Ayuso ha arrastrado a Casado de nuevo a los brazos de Vox.

Todas las posibilidades que se abren ahora, tras la ruptura del PP de Madrid con Ciudadanos, son malas para Pablo Casado y el PP. Incluso si Ayuso se mantiene en el poder, que es lo que ya tenía antes de la crisis de este miércoles. Incluso si gana las elecciones, el Estatuto de Autonomía obligará a que se vuelva a votar en 2023. A lo máximo que aspira Ayuso es a mantenerse durante lo que queda de legislatura, dos años más en la presidencia. Igual que antes, pero casada con Vox. 

Por ahora, no está claro siquiera si las elecciones anticipadas se van a celebrar, o si habrá antes una moción de censura que encumbre a Ángel Gabilondo. De momento, la Asamblea de Madrid sigue adelante, pese a la disolución que pretende el PP. ¿Cuándo se convocan las elecciones anticipadas y se disuelve el parlamento madrileño? ¿Cuando Ayuso firma el decreto y da la rueda de prensa o cuando se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, como dice la ley electoral? ¿Las mociones de censura presentadas por PSOE y Más Madrid y aceptadas a trámite por la mesa de la Asamblea anulan las elecciones? El debate jurídico es interesante, aunque me temo cómo se zanjará: con una sentencia del Tribunal Constitucional; un tribunal con el mandato caducado, por el bloqueo del PP, donde la derecha conserva la mayoría absoluta que hoy ya no tiene ni en el Congreso de los Diputados ni en la Asamblea de Madrid.

Pero que las elecciones se vayan a celebrar, si es que finalmente ocurre porque así lo ordena la Justicia, tampoco es una buena noticia para el Partido Popular. Incluso si Ayuso las logra ganar. 

Con su abrupta ruptura con Ciudadanos, el PP ha ligado su futuro al de Vox. La ultraderecha es el único apoyo parlamentario con el que, después de esto, Ayuso va a poder contar. Y, por ahora, no hay muchas encuestas que le den una mayoría absoluta al PP con Vox. 

No descarten que eso finalmente ocurra. Que las elecciones se puedan celebrar un martes ayudará a la derecha frente a la izquierda; los barrios trabajadores tienen más difícil votar en un día laborable. Pero incluso si Ayuso lograse sumar con Vox –el mejor escenario que le queda a Ayuso– tampoco sería una gran noticia para el Partido Popular. 

Puede que Madrid vaya a ser la primera comunidad autónoma donde la ultraderecha alcance el Gobierno, si es que se cumplen todos los condicionantes anteriores (que se vote, que Ayuso gane, que el PP y Vox sumen la mayoría absoluta). Pero incluso ese resultado es malo para el Partido Popular. Porque Madrid no es España, algo que en el PP suelen olvidar. Que Ayuso se case con Vox y arrincone a su partido aún más a la derecha es casi una garantía de que Pablo Casado jamás podrá gobernar.

La felonía y la traición personificadas


 


¿Quién nos iba a decir que acabarían pareciéndose tanto?

martes, 9 de marzo de 2021

Foto: Luis Viadel
 

 Foto: Luis Viadel

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 Luis Viadel                      Mis cuadros


 

Arte urbano

 

 CRÓNICA

El juicio de la caja B del PP demuestra que no hay honor entre ladrones

Luis Bárcenas en la sesión del lunes del juicio de la caja B en la Audiencia Nacional.

José María Aznar dijo hace unos días delante de Pablo Casado que él no pone la mano en el fuego por nadie en el partido, excepto por sí mismo. Se quedó corto. Debería haber desconfiado también de sí mismo. El inicio del interrogatorio de Luis Bárcenas en el juicio de la caja B del PP confirmó una sospecha tan extendida como fácil de entender. La práctica de pagar un sobresueldo a los principales dirigentes del partido recurriendo a dinero negro no empezó con Mariano Rajoy, sino que vino de antes. Fue en la época de José María Aznar como presidente y de Francisco Álvarez Cascos como secretario general, cuando el tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, recibió la orden de repartir esa paga extra, según Bárcenas. Es lo que pasa con la corrupción. Puede que el objetivo sea financiarse ilegalmente para las campañas electorales, pero al final todos se preguntan: ¿y por qué no nos quedamos con algo de ese dinero?

Suspendido por la hospitalización del acusado Cristóbal Páez, el juicio se reanudó este lunes donde había quedado interrumpido. Puede que ya sepamos mucho sobre la corrupción en el PP, pero siempre cabe la posibilidad de que Bárcenas nos sorprenda una vez más. Y además las cosas que se dicen en la sala de vistas tienen más peso que en la instrucción judicial. Lo primero puede aparecer en el texto de las sentencias, que quedarán para siempre.

Bárcenas ya ha denunciado antes que mandos policiales a las órdenes del ministro Jorge Fernández Díaz se llevaron de su casa documentos que prueban lo que sabe. Eso es lo que se está investigando en el caso Kitchen. La dirección nacional del PP está temblando ante la posibilidad de que salgan nuevos papeles, como si pudiera respirar aliviada en caso contrario. Sin embargo, el testimonio de Bárcenas no sólo alimentará titulares, sino que completará la foto de la corrupción del PP. Se juzga algo muy concreto, el uso de dinero negro, en torno a millón y medio de euros, con el fin de pagar las obras de renovación de la sede de la calle Génova. Nadie acumula tanto dinero de origen ilegal si no cuenta con una maquinaria en funcionamiento a lo largo de años con la que en realidad se está financiando.

En la época de Aznar y Cascos, Lapuerta era el tesorero y Bárcenas, el gerente y su número dos. A partir del momento en que el PP llega al poder en 1996, se plantea un problema legal. La ley de incompatibilidades exige que el presidente y los ministros reciban sólo el sueldo que les corresponde por su cargo. Era un drama que se medía en miles de euros perdidos al año. Te acostumbras a un nivel de vida y luego resulta que sales perdiendo si ganas las elecciones. Eso no se puede permitir.

Ya se sabe que en España los miembros del Gobierno tampoco cobran tanto. Se dan situaciones como que el alcalde de Badajoz tenga un sueldo más alto que el presidente del Gobierno, cuyo salario es también inferior al de varios presidentes autonómicos.

En Génova tenían la solución. "Creo que es una instrucción que recibe Lapuerta del secretario general, Álvarez Cascos, y luego se mantuvo", explicó Bárcenas a preguntas del fiscal sobre los sobresueldos. "La instrucción que recibe el tesorero es que no tengan una merma neta de ingresos".

El dinero extra venía de la caja B. Los receptores de los sobres en distintas épocas citados por él: Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo, Ángel Acebes y Rodrigo Rato. No dio el nombre de Aznar, lo que explicaría la frase del expresidente de hace unos días. Por otro lado, es imposible creer que Cascos tomara esa decisión sin que lo supiera el líder del partido.

Bárcenas no puede saber si esos dirigentes declaraban a Hacienda los ingresos adicionales. Lo que sí confirmó es que no aparecían en sus nóminas ni firmaban otro documento legal, sino un simple recibí para control interno. De momento, queda a la imaginación de cada uno saber si alguien declara ingresos de los que no hay una constancia legal de su existencia.

A diferencia de sus declaraciones en la fase de instrucción, Bárcenas fue menos inocente a la hora de hablar sobre las intenciones de los empresarios que donaban dinero en efectivo en grandes cantidades al partido. "El altruismo en estas cifras no existe", dijo para sorpresa de nadie. "Son siempre a cambio de algo". Puede que algunos donantes derramaran lágrimas de felicidad al leer el programa electoral del PP, pero sus necesidades inmediatas no eran ideológicas.

La intención al entregar ese dinero era "abonar el terreno para que, cuando alguien pida algo, se sea receptivo". Era el tesorero, por entonces Lapuerta, que falleció en 2018, el que se ocupaba de que todas esas buenas acciones no se quedaran sin recompensa: "El tesorero era el que descolgaba el teléfono. Tenía relevancia suficiente para que (los dirigentes del PP) le pudieran atender". El dinero fluía hacia arriba, así como la identidad de los generosos empresarios que algún día o muy pronto estarían interesados en recibir contratos de obra pública.

El PP se convirtió en una tubería de dinero negro, casi un oleoducto, que lógicamente también terminó utilizándose para intentar ocultar la existencia del dinero negro. Cuando aparecieron en El País los documentos que probaban la existencia de los sobresueldos, filtración en cuyo origen estaba el exdiputado del PP Jorge Trias, el partido intentó que Bárcenas hiciera una nueva contabilidad B para desmontar las acusaciones sobre la contabilidad B. El extesorero declaró que Javier Iglesias, abogado del PP, le ofreció 500.000 euros para que confeccionara "nuevos documentos". ¿De dónde iba a salir tal cantidad? Del mismo sitio que siempre. Buscarían a empresarios amigos para que les suministraran esos fondos.

La respuesta de Bárcenas fue exigir al abogado 975.000 euros, porque es lo que él creía que le debían para cerrar el litigio laboral con el partido. "Oficialmente, no en dinero B", precisó sobre la forma de pago. No es fácil engañar a alguien que ha estado burlando a Hacienda para ocultar la financiación paralela.

Sobre la aparición del nombre de Rajoy en un documento, la explicación de Bárcenas fue una confirmación del hecho de que en una organización delictiva no te puedes fiar de nadie, bien conocido por todos aquellos que han visto 'El padrino' y otras películas sobre la mafia de EEUU. Él mismo escribió el nombre de Rajoy en esa anotación, porque Lapuerta quería que Rajoy comprobara por sí mismo que él también aparecía en la contabilidad ilegal.

Así es más fácil de entender el susto del expresidente cuando Bárcenas le enseñó en 2009 los documentos incriminadores de la caja B. Le dijo al tesorero que cómo se le ocurría conservar esos papeles y procedió a destruirlos en una máquina trituradora de papel. Evidentemente, ya sabemos que Bárcenas había hecho copia de ellos.

Como se suele decir en estos casos, no hay honor entre ladrones.

lunes, 8 de marzo de 2021


 

 POLÍTICA

08/03/2021 

El año para olvidar del rey emérito: sin asignación, exiliado y en el radar de la Justicia

Se cumple un año del histórico comunicado de Felipe VI durante el estado de alarma, rompiendo con su progenitor.

CARLOS ALVAREZ / GETTY IMAGES
El rey emérito, en una recepción de embajadores, en el Palacio Real.

El 15 de marzo de 2020, un día después de que los españoles quedasen confinados tras la declaración del estado de alarma por la pandemia, Felipe VI hizo público un histórico comunicado en que el rompía con su padre el rey emérito, anunciando que le retiraba la asignación y renunciando a toda herencia que pudiera dejarle cuyo origen estuviera alejado de la legalidad. Para Juan Carlos I daba así comienzo un dramático y escandaloso año en el que incluso tuvo que abandonar España y exiliarse en Emiratos Árabes Unidos.

En realidad, los problemas para don Juan Carlos venían de mucho antes y comenzaron a salir a la luz sobre todo tras su abdicación de junio de 2014 y en especial después de que en junio de 2019 decidiera retirarse de la vida pública. Y lejos de estar relacionados con su labor como jefe del Estado desde 1975, tenían más que ver con su vida privada, en especial por su relación íntima con Corinna Larsen.

Don Felipe dio el paso de retirar la asignación a su padre acosado por las informaciones publicadas en la prensa en torno a éste. La gota que colmó el vaso fue la publicación por el Sunday Telegraphel 14 de marzo desvelando un generoso regalo millonario a don Juan Carlos por parte de Arabia Saudí, país con cuya familia real el rey emérito mantiene una estrecha relación.

Lucum y Zagatka

Sin embargo, en marzo de 2019 se habían recibido ya en Zarzuela dos cartas del bufete británico en el que trabaja el abogado de Corinna informando de que don Felipe y la princesa de Asturias figuraban como segundo y tercer beneficiarios de la Fundación Lucum, creada en 2008 por el entonces monarca para ocultar la donación de 100 millones de dólares que le habría hecho Arabia Saudí. Esos fondos permanecieron en una cuenta en Suiza hasta que en 2012 don Juan Carlos transfirió los 65 millones que quedaban a Corina Larssen.

Ante estos hechos, el rey y la princesa de Asturias procedieron a una declaración ante notario el 12 de abril de 2019 en la que renunciaban a cualquier herencia que pudiera legarles don Juan Carlos, si bien no fue hasta marzo de 2020 cuando se hizo pública esa decisión.

Por otra parte, el 2 de marzo de 2019 Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de don Juan Carlos, negaba en una entrevista en El Paísser el “testaferro” del Rey emérito y aseguraba que los fondos de la Fundación Zagatka, creada en 2003 en Ginebra, eran suyos y que su objetivo era poder ayudar a las familias reales que lo necesitaran.

En el comunicado del 15 de marzo de 2020, Zarzuela aclaraba que don Felipe desconocía “por completo” que fuera beneficiario de la Fundación Zagatka e informaba de que ante notario él y la Princesa Leonor se habían desmarcado por completo de cualquier vínculo que pudiera haber con la Fundación Lucum, de los que en todo caso no tenía conocimiento ni había prestado consentimiento.

Además, se incluyó un mensaje de don Juan Carlos, aclarando que en ningún momento “facilitó información” sobre las dos fundaciones a su hijo y remitiendo al abogado Javier Sánchez-Junco en lo sucesivo para cualquier información relativa a su persona.

Investigación y exilio

A partir de ese momento, la situación se iría complicando cada vez más para don Juan Carlos. El 5 de junio, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, encargaba al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, las diligencias respecto al supuesto cobro de comisiones por el Rey emérito por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas.

Según explicó la Fiscalía General del Estado, la investigación asumida por Campos se derivaba de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen se habrían repartido entre otros don Juan Carlos por la citada adjudicación en 2011.

Entretanto, entre bambalinas la Casa del Rey y Moncloa comenzaron a trabajar en una salida para el antiguo monarca. Descartada la posibilidad de que se trasladase a vivir fuera de Zarzuela, por la dificultad de encontrar un emplazamiento adecuado y que no dependiera de Patrimonio Nacional, finalmente la idea del exilio fue cobrando fuerza.

El anuncio de que don Juan Carlos abandonaba España llegó el 3 de agosto. Zarzuela publicó la carta que el rey emérito había dirigido a su hijo informándole de su decisión de salir del país “para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad”.

Sin embargo, no sería hasta dos semanas después cuando se conocería su destino: Emiratos Árabes Unidos. Aquí, al amparo del príncipe heredero de este rico país del Golfo, Mohamed bin Zayed, sigue residiendo desde entonces y es donde le han visitado sus hijas, las infantas Elena y Cristina, así como algún que otro amigo.

Suma y sigue

Su situación volvió a torcerse en el mes de noviembre, ya que en el lapso de solo tres días, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciaba dos nuevas investigaciones al rey emérito.

La primera de ellas relativa al uso por parte de don Juan Carlos y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares los años 2016, 2017 y 2018. Según la Fiscalía, dado que los gastos, al superar incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, podrían constituir delito fiscal.

La segunda está relacionada con la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del Rey emérito en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Regularizaciones fiscales

En un intento por resolver su particular viacrucis, don Juan Carlos procedió el 9 de diciembre a una regularización fiscal por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados en su contra.

Y a una segunda regularización el 25 de febrero. En esta ocasión, casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros de pagos en especie y que tienen que ver “determinados gastos por viajes y servicios realizados” por el Rey emérito a costa de la Fundación Zagatka.

Según especificó su abogado, la regularización se ha hecho sin requerimiento previo lo que, a priori, entraría dentro de las denominadas excusas absolutorias y le permitiría quedar exento de incurrir en delitos fiscales por este asunto. Para poder subsanar esta cantidad, don Juan Carlos ha recurrido a préstamos de amigos.

Los pagos se habrían realizado hasta 2018, con posterioridad a la abdicación, y el Rey emérito aparecería como beneficiario de Zagatka hasta el pasado mes de junio, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a Don Juan Carlos y a sus tres hijos como beneficiarios. En este sentido, Álvaro de Orleans-Borbón ha vuelto a reivindicar que la fundación es suya y que no ejerce de “testaferro”.

La segunda regularización fiscal, que según se ha apuntado sería la definitiva, ha generado un terremoto de reacciones y críticas por la conducta del antiguo monarca y también de especulaciones sobre la posibilidad de que el rey emérito se disponga a regresar a España.

Así, algunos medios han asegurado que su vuelta sería inminente, aunque con carácter temporal, mientras que otros apuntan a que Don Juan Carlos no prevé regresar hasta que no esté más despejado su panorama judicial.

Desde el Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, no ha ocultado su malestar por las “conductas incívicas” del rey emérito pero ha insistido, como se ha venido haciendo todos estos meses desde Moncloa, en que la decisión de regresar es “personal”, como también lo fue la salida. Mientras, en Zarzuela, guardan silencio.