lunes, 23 de junio de 2025
El führercito de la FAES, Asnar, es como el buitre que se alimenta de carroña, ¡ojo!, con dinero público del Estado que le financia su Chiringuito. Lleva tiempo propiciando lo que ahora se llama "golpe blando". Es una mala persona y muy poco original - siempre ha sido muy mediocre -, pues lo copia de las experiencia de sus amigos ultraderechistas de Latinoamérica, que ya se han cargado unos cuantos presidentes progresistas. Pero, yo me pregunto, ¿Cómo es que no haya nadie en este país que lo denuncie para que lo imputen por hacer proclamas golpistas contra la Democracia? Eso está penalizado en el Codigo Penal español. ¿Siempre se va a salir de rositas?
Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, la capital de España y esposa del que fue presidente José María Aznar, que un 11 M mintió contundentemente afirmando que ETA había matado a 192 personas y herido a 1.400. Esta cultísima señora, repito, exalcaldesa de la capital de España, sacó matrícula de honor en geografía durante toda su carrera y en una de sus continuas apariciones en la televisión bautizó de nuevo a la capital vasca BILBAO citándola como BILBADO. No podía caer en el error de hablar como una simple plebeya.
Quién está detrás de la plataforma "constitucional" que se ofrece para una moción de censura contra Sánchez
Más de un centenar de organizaciones de la derecha civil se une de forma "voluntaria" para proponer una moción de censura
ElPlural
23-6-25
Ante la desesperada búsqueda de una moción de censura por parte de una derecha sin los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados, ha aparecido una “Plataforma por la España Constitucional” (PPLEC), surgida a raíz de la asociación de más de un centenar de organizaciones de la derecha civil. El objetivo de esta plataforma se ha dejado claro desde el primer momento de su reciente constitución: presentarse de forma voluntaria como el elemento canalizador para proponer una moción de censura en la Cámara baja contra el presidente del Gobierno, PedroSánchez.
Según ha informado la propia plataforma, busca crear esta moción de censura “despolitizada” contra el Ejecutivo de Sánchez. El cómo lo hará es sencillo, al menos eso es lo que creen en esta asociación: pedir a las formaciones de la derecha y la ultraderecha encarnadas en el Partido Popular y Vox respectivamente que cedan, de forma voluntaria, a 18 de sus diputados. Con estos diputados, la voluntaria para la moción pretende alcanzar el 10% de los escaños necesarios para presentar este procedimiento. “Dado que el primer partido de la oposición es reacio −por el momento− a utilizar la legítima herramienta democrática de la moción de censura por entender que no dispone de los apoyos suficientes, y dado que el segundo partido de la oposición no dispone del número de escaños necesarios para convocarla”, afirma la PPLEC en un comunicado.
Aunque la agrupación sostiene ser una alternativa “despolitizada” el profundo calado de la ultraderecha se hace evidente cuando se observan algunas de las organizaciones que conforman esta amalgama conservadora. Entre estas decenas de asociaciones destacan algunas como Libertad sin Ira, S´ha Acabat, Unión 78 o el Sindicato Unificado de Policía.
Libertad sin Ira
Esta agrupación fundada por la Nuevas Generaciones del PP ha protagonizado diversos episodios de promoción de discursos de odio en la universidad. Uno de los últimos y que más repercusión ha tenido a nivel nacional ha sido la organización de actos con el ultraderechista y exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, cancelados por las autoridades universitarias y rechazados por el movimiento estudiantil y toda la comunidad universitaria. Por si fuera poco, esta es la organización que se encargó de denunciar a siete estudiantes, en su mayoría de Contracorriente y el Sindicato de Estudiantes, que han sido acusado de coacción, desórdenes públicos y delito de odio.
La agrupación no esconde su completa simpatía por el régimen colonial de Israel que perpetua el genocidio en la Franja de Gaza. Es por ello que Libertad sin Ira ha colaborado en varias ocasiones con ACOM, una organización proisraelí que ha tratado de revertir mediante denuncias la ruptura de relaciones de algunas universidades, como la de Granada, con instituciones sionistas.
S´ha Acabat
Esta organización ultraderechista aboga por acabar con los movimientos independentistas catalanes. Ante esta “moción de censura despolitizada” se debe destacar que la líder de esta formación universitaria, Júlia Calvet, se sumó a las filas de Vox en el Parlamento catalán apareciendo como una de sus diputadas en el organigrama presentado por la formación de Ignacio Garriga el pasado mes de febrero. Según Calvet, se debe “mostrar la catalanidad como una muestra del patriotismo español”.
Unión 78
Entre los grupúsculos que conforman la PPLEC se encuentra Unión 78, quien en 2021 convocó una masiva movilización en la Plaza de Colón contra los indultos que el jefe del Ejecutivo iba a conceder contra los presos del procés. Esta organización surgió durante 2020, integrada por políticos que habían pasado por distintas formaciones políticas. Sin embargo, en el registro de asociaciones no aparece como tal. El único dato vinculado a esta organización es la compra de un dominio web en enero de 2020 a nombre de la exdirigente de UPyD, Rosa Díez.
En su portal, la organización se presenta como “una plataforma de activismo político no institucional, sin pretensiones electorales ni a corto ni a largo plazo”. Según detallan, su actividad estará centrada en la participación en “demostraciones públicas y puntuales sobre aquellas políticas gubernamentales que lo exijan”. “Y sólo existirá durante la acción pública, no como organización burocrática con cargos, jerarquías”, exponen.
Sindicato Unificado de Policía (SUP)
Este sindicato fuertemente vinculado a los sectores más derechistas dentro de la Policía Nacional materializó su última polémica a lo largo del año pasado, cuando se estableció un acuerdo con la empresa Desokupa. Según comentaron ambas partes, este acuerdo implicaba la posibilidad de que Desokupa contribuyese a la formación de 30.000 agentes en “defensa personal”.
El SUP fue el sindicato líder en la Policía española hasta la irrupción de Jupol, heredero de la asociación Jusapol. La asociación exige desde su creación la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con los mossos d’Esquadra y adquirió una adhesión muy destacada en el seno de las fuerzas de seguridad al calor del proceso soberanista en Catalunya.
domingo, 22 de junio de 2025
Spanish Revolution
Ayuso premia con millones a los Legionarios de Cristo pese a estar sancionados y salpicados por abusos sexuales
El Gobierno de Ayuso ha entregado 3,3 millones de euros en tan solo seis meses a la Fundación Altius, propiedad de los Legionarios de Cristo, una organización ultracatólica marcada por abusos sexuales, segregación educativa por sexo y redes financieras opacas. Lo ha hecho después de sancionarlos por incumplir un contrato público con fondos europeos destinado a personas vulnerables.
Mientras las ayudas a Cáritas Madrid y el Banco de Alimentos no llegan ni a la mitad, Ayuso convierte a los Legionarios en sus grandes socios sociales. Ni el escándalo del fundador Marcial Maciel, ni las denuncias por agresiones sexuales en uno de sus colegios madrileños, ni el hecho de cobrar 953 € al mes por alumno han impedido que el dinero público les siga lloviendo. Ni siquiera el haber sido penalizados hace un año por no cumplir su compromiso de inserción laboral. Da igual: la Consejería de Familia de Ayuso les ha otorgado más de 1,5 millones.
Subvencionados por incumplir, premiados por excluir. Y todo bajo el discurso de que “no se puede vivir de lo público”.
En una comunidad donde los servicios sociales se desangran, Ayuso sigue financiando a quienes ya tienen universidades privadas, colegios elitistas y tarifas al alcance de muy pocos. El resultado es un escándalo de millones, pederastia impune y política clientelar.
El integrismo se financia con tu dinero. El castigo se convierte en premio. Y la justicia, en silencio.
Mártires del terror rojo en una beatificación exprés como hicieron con el Marqués de Peralta y los muertos del genocida Generalísimo, Caudillo, Criminalísimo por la Gracia de Dios.. todos al infierno. Ya lo habéis intentado (hacer santo a Franco) pero parece que la cosa no fue demasiado bien, se os veía mucho el plumero. Esto de los mártires del terror rojo queda de coña. A ver si la gente se olvida de la petición de eleecciones por parte de los obispos, de los cientos de curas pederastas (publicaemos el nombre y el decálogo del cura donde especifica que niños y niños son más vulnerables para cometar conellos todo tipo de aberraciones sexuales sin que ocurra nada y todo siga igual). Tenemos también una larguísima lista de obispos y cardenales con sus repectivas diócesis que camuflaron y escondieron a todos aquellos sa-cerdotes que cometieron esas atrocidades.
Al nuevo Papa le ha faltado teminar su alocución anunciando dicha beatificacion con un ¡Viva Franco! Le hubiese quedado redondo...y mucho más honesto.
Mientras continuaremos abriendo fosas de las cientos que quedan por identificar que los falangistas sacaban a las afueras de los pueblos y alli mismo en zanjas al efecto los enterraban. Esos no puden ser santos.
Una periodista experta en cloacas, sobre Koldo: “Es un topo de la Guardia Civil”
Patricia López destaca las grabaciones realizadas durante años como justificación de su tesis
ElPlural
16-6-25
La publicación del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está dejando mucho análisis unos días después de la dimisión de Santos Cerdán. El que fuera secretario de Organización del PSOE se ha visto involucrado en los presuntos negocios corruptos de su antecesor en el cargo y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de Koldo García principalmente por las grabaciones que este segundo llevaba realizando a su entrono desde hacía muchos años, práctica que ha disparado las hipótesis.
Una de las últimas ha sido la realizada por la periodista Patricia López, experta en las cloacas e implicada en la revelación de las prácticas mafiosas que se desarrollaron en España durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2012-2018). La también escritora ha apuntado a la relación de la Guardia Civil con el propio Koldo García y con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, ambos condecorados por el cuerpo. En el caso de García, además, el conservador Juan Ignacio Zoido todavía era ministro del Interior.
“Pues a mí me da la sensación de que Koldo era un topo dentro del PSOE, patrocinado por la Guardia Civil”, ha compartido la periodista en sus redes sociales. Como principal defensa de su tesis, García señala que, de no ser así, “no se entiende que se haya tirado años grabando a Ábalos y Cerdán” (como mínimo desde 2019). Las reacciones a esta hipótesis han sido diversas, entre quienes la compran y quienes la rechazan, pero la periodista apunta a la relación pasada de García y la Guardia Civil.
“Villarejo era Policía, pero a este la Guardia Civil le sacó de un puticlub y le condecoró”, ha zanjado la periodista su publicación, la cual ha complementado posteriormente con más hechos. “La Guardia Civil que condecoró a Koldo y a Aldama”, ha recordado García, poniendo en duda el “ojo de la benemérita. Esa cercanía con el cuerpo y la grabación de hasta ocho audios a lo largo de los años, el primero de ellos cuando Ábalos apenas llevaba un año al frente del Ministerio de Fomento, resultan extraños a la periodista.
Audio más comprometido
Del conjunto de audios quizá el más comprometido es en el que Cerdán y García hablan directamente de grandes sumas de dinero:
Santos (S): Yo les pedí a estos lo de Sevilla.
Koldo (K): Pero es que primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona.
S: (Ininteligible) …que se la voy a dar, 550.000 euros:
K: Sí, cierto.
S: (Ininteligible) 550.
K: Cierto, es verdad
S: Esto es lo de Logroño, esto es de aquí, esto es de allá.
K: (Interrumpe) No eso no es así, es de, de Murcia.
S: (Interrumpe)(Ininteligible) De, sí, y Logroño me dicen ellos y después lo que nos queda es lo de Sevilla.
K: No, ¿y lo de Barcelona?
S: 550.000 y de ahí descontamos. Entonces lo de Sevilla, le diré que me lo pongan por escrito sino y te lo doy, ¿vale?
K: No, no, dáselo a él, yo no quiero problemas
S: No…
K: (Interrumpe) Yo prefiero que se lo digas a él y ya está, yo no quiero problemas.
S: Lo de Sevilla estamos, es que eran tres (Ininteligible)
K: Dos.
S: No, descontaron, no, los que…
K: (Interrumpe) Es una. Con un cinco por ciento de la de Sevilla y otra de…
S: (Interrumpe) Se han quedado ellos, las otras dos han abandonado y se han quedado ellos con el 100% de la obra.
K: Claro, por la subida de costes, por el material.
S: (Ininteligible)
K: Los 5.
S: No han empezado a hacer nada…
K: No, eso no es así, llevan 2 obras de emergencias de 22 millones de euros.
S: Si, pero esas eran previas, de lo adjudicado de eso, no han empezado nada, porque están en una revisión de costes, que en el momento que se le aprueben la revisión de costes, entonces hablamos. Pero si no me la aprueban yo no voy a hacer la obra (Ininteligible).
K: Y lo de la Rioja y…
S: (Interrumpe) Dice que de los 550, 50 son por eso.
K: Mira (se ríe y suspira
S: (Interrumpe) Queda Sevilla (Ininteligible).
K: No, no, eso es mentira
S: Dime de que son los 550.
K: Los 550 son de Murcia ¿vale?, que se les dieron 2 obras, que son de 90 y 110 ¿vale? Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90 ¿vale? Y queda Sevilla, que era de 100 ¿vale? La de Tarragona, si no lo recuerdo mal, creo que eran ochenta y pico, casi 90 y esas son las 3 que quedan ¿vale? A él se le tenía que dar, ahora mismo 450.000, 450, vosotros le regalasteis 70…
Spanish Revolution
ANTICORRUPCIÓN ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN A VOX POR FINANCIACIÓN IRREGULAR: IMPUNIDAD CON SELLO OFICIAL
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido cerrar la causa contra Vox por financiación irregular. No porque no haya indicios. No porque las cifras no sean escandalosas. Sino porque el Tribunal de Cuentas ya les multó. Y con eso, basta.
El Ministerio Público concluye que no procede abrir una vía penal contra el partido de extrema derecha, ya que sus irregularidades fueron “ya sancionadas” en el ámbito administrativo. Y aunque esa multa de más de 862.000 euros ni siquiera es firme (dos magistrados la rechazan por considerarla excesiva), el caso se archiva. Punto final.
¿De qué se les acusaba?
De haber recibido más de 6,5 millones de euros en préstamos del MBH Bank de Hungría, un banco señalado por el PSOE por sus vínculos con el Gobierno de Viktor Orbán.
De haber ocultado ingresos por venta de merchandising fraccionado en pagos inferiores a 299 euros, evitando así la trazabilidad legal.
De aceptar donaciones privadas millonarias que, en 2019, superaron a las del conjunto de todos los demás partidos, como reveló elDiario.es.
De usar sistemas opacos de financiación interna, con órdenes como “regularizad el dinero que tengáis en huchas”, al margen de los controles legales.
Pero nada de esto llegará a juicio. No habrá comparecencias. No habrá investigación penal. Ni rastro de responsabilidades políticas. Solo una multa y silencio institucional.
EL TRIBUNAL DE CUENTAS COMO MÁQUINA DE BLANQUEO
La doctrina que impone la Fiscalía es clara: si te sancionan administrativamente, ya no hay delito. La sanción sustituye a la justicia. El castigo económico (que puede recurrirse y reducirse) se convierte en escudo frente a cualquier investigación penal. Se paga y se calla.
Y mientras tanto, los vínculos de Vox con gobiernos extranjeros autoritarios se diluyen en tecnicismos. El préstamo del banco húngaro, devuelto en septiembre de 2024, se da por amortizado. No fue una donación, insisten. No importa el contexto, ni los plazos, ni la finalidad política. No importa si el banco está o no controlado por Orbán: como no se ha podido acreditar al 100%, no hay caso.
Lo mismo ocurre con el merchandising. Ingresos divididos en partes pequeñas para burlar la ley. Un sistema que cualquier autónomo o pyme pagaría con embargos o cárcel. Pero Vox no es una pyme: es un engranaje institucional de la nueva derecha europea. Y el Estado lo trata como tal.
LA DEMOCRACIA CONVIERTE EN NORMA LO QUE ANTES ERA DELITO
No es solo que se archive el caso. Es el mensaje que se lanza desde las instituciones: si eres de los nuestros, la ley es flexible. Si representas un proyecto reaccionario, puedes permitirte lo que otros no. Si formas parte de la maquinaria de la ultraderecha, te protege el sistema que simulas atacar.
Esta no es la primera vez. Y no será la última. La justicia ha actuado igual ante las fundaciones de Aznar, las cuentas B del PP, los negocios del emérito o las cloacas mediáticas. Pero ahora la impunidad ha cambiado de bando: se aplica preventivamente a quienes representan el autoritarismo del futuro.
El Estado no combate la amenaza ultraderechista. La gestiona. La regula. La acomoda. Y si hace falta, la subvenciona.
Y mientras, los medios callan. El Congreso no pregunta. El PSOE no insiste. Y la democracia se erosiona a golpe de archivo.
El exministro Rodolfo Martín Villa, citado a declarar como investigado por crímenes contra la humanidad durante la transición
Al igual que Daniel Aroca, miembro de la Policía Armada, tendrá que personarse en el juzgado por el asesinato de Teófilo del Valle
ElPlural
Eva Landín
22-6-25
Teófilo del Valle tenía 20 años y trabajaba en el sector de la piel en Elda, Alicante. El 24 de febrero de 1976 recibió un tiro en la nuca durante una protesta de los obreros del calzado, que reclamaban un nuevo convenio. La policía franquista le disparó hasta seis veces por la espalda. En su pueblo hay una lápida en homenaje y recuerdo a su figura y cada año cientos de personas, coincidiendo con el día de su muerte, reclaman "Verdad, Justicia y Reparación".
Ahora, casi 50 años más tarde, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda ha citado, en calidad de investigados por su asesinato, a Rodolo Martín Villa y Daniel Aroca del Rey en un contexto de crímenes contra la humanidad.
La denuncia la interpuso hace algo más de un año, el 22 de abril de 2024, el hermano de Teófilo, José Antonio, y se admitió a trámite.
Martín Villa era entonces ministro de Relaciones Sincales y Aroca del Rey, miembro de la Policía Armada. Tendrán que asistir al juzgado los días 17 y 19 de noviembre.
Desde la Coordinadora
Estatal de apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) subrayan que se
trata de un hecho "de gran trascendencia y
excepcionalidad en la lucha contra la impunidad de los
crímenes del franquismo". Del mismo modo, instan a los
poderes públicos y a los
partidos políticos a "adoptar
todas las medidas necesarias para que este hecho excepcional se
convierta en algo habitual". "Después de más de 115
querellas presentadas en diferentes territorios del Estado español
por crímenes contra la humanidad ocurridos durante la dictadura y la
Transición, se tomará declaración a los autores de la muerte de
Teófilo", enfatizan desde CEAQUA. "Esto supone un
avance en la lucha contra la impunidad",
que, esperan, sirva para acabar con los impedimentos a "la
investigación en el orden jurisdiccional penal de los crímenes
franquistas".
Esperan que las declaraciones se produzcan sin ningún tipo de
incidencia y que la fase de instrucción e investigación de los
hechos "continúe avanzando para el esclarecimiento de los
mismos y la determinación de una verdad judicial".
El
asesinato de Teófilo del Valle fue la primera muerte
violenta ocasionada por las fuerzas del orden público después
de la toma de posesión de Juan Carlos I como Jefe del Estado.
En la Querella Argentina
Además de la citación como investigado de Martín Villa por el Juzgado de Instrucción de Elda por el asesinato de Teófilo del Valle, el propio Rodolfo Martín Villa, está imputado desde 2014 en la causa penal que tramita el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, a cargo de la Jueza María Servini de Cubría, la conocida como “querella argentina”.
Se le investiga por 12 homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad durante el período en el dirigió los ministerios de Relaciones Sindicales, Gobernación e Interior, entre 1976 y 1978.
A Martín Villa se le imputa la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, que provocó la muerte de Pedro Martínez Ocio, Romualdo Barroso, Francisco Aznar Clemente, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral.
Asimismo, está señalado por el asesinato de Rafael Gómez Jáuregui el 12 de mayo de 1977 en Rentería; José Luis Cano Pérez el 14 de mayo de 1977 en Pamplona; Francisco Javier Núñez el 15 de mayo de 1977 en Bilbao; José María Zabala Erasun el 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia: María Norma Menchaca el 9 de julio de 1976 en Santurce; y Arturo Ruiz García el 23 de enero de 1977 en Madrid.
Por último, al que fuera ministro del Interior se les responsabiliza del fallecimiento de Germán Rodríguez el 8 de julio de 1978 en Pamplona.
En la actualidad las partes que ejercen acusación en la querella argentina han solicitado el procesamiento de Martín Villa por los crímenes que se le imputan, estando pendientes de lo que resuelva el Juzgado al respecto.
ENCUESTA: ¿Debería dimitir Miguel ángel Rodríguez tras llamar putas a las mujeres del PSOE?
El silencio de Ayuso tras el mensaje de su asesor refuerza la idea de que este tipo de ataques no solo se toleran, sino que forman parte del marco político que pretende imponer
ElPlural
22-6-25
La derecha dice que no hay que ser tan susceptibles. Que es libertad de expresión. Que todo son metáforas. Pero cuando el jefe de gabinete de la presidenta madrileña llama “putas” a las mujeres del PSOE, quizá no estamos ante una figura literaria, sino ante un insulto tan viejo como el machismo. Y ahora toca decidir si eso tiene consecuencias.
Miguel Ángel Rodríguez no es un ciudadano cualquiera ni un tertuliano desatado. Es, ni más ni menos, que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y sus palabras pesan. Sobre todo, cuando no se trata de un exabrupto espontáneo, sino de un mensaje publicado en su cuenta de X (antigua Twitter), con plena conciencia y cálculo político. “El Partido Socialista está lleno de puteros. Y las mujeres del Partido Socialista están calladas como… puertas”, escribió. Así, con puntos suspensivos, como si la grosería necesitara ritmo dramático.
La frase ha sido contestada con contundencia por múltiples dirigentes socialistas, que acusan a Rodríguez de machismo y de banalizar la violencia simbólica contra las mujeres. La secretaria de Igualdad del PSOE de Madrid, Lorena Morales, respondió: “Lávate la boca antes de dirigirte a las socialistas. Ha sido su lucha, junto al feminismo, la que ha traído los avances para las mujeres”. En RTVE, la analista Sarah Santaolalla fue más directa: “¿Va a despedir Ayuso a su jefe de gabinete por llamar prostitutas a las mujeres socialistas?”.
No es la primera vez que el entorno de Ayuso recurre al lenguaje agresivo como táctica de comunicación. La presidenta ya popularizó el eufemismo “hijo de fruta” para referirse a Pedro Sánchez, y convirtió la burla en eslogan. Pero esto va un paso más allá. No solo por el contenido del mensaje, sino porque apunta directamente al colectivo de mujeres políticas con un término históricamente usado para deshumanizarlas y desprestigiarlas.
El silencio de Ayuso tras el mensaje de su asesor refuerza la idea de que este tipo de ataques no solo se toleran, sino que forman parte del marco político que pretende imponer. Un marco donde insultar a las mujeres, desacreditar a la oposición o convertir la política en una batalla de barro es rentable. Pero las consecuencias pueden ir más allá del ruido mediático.
No se trata de una cuestión de susceptibilidad. Se trata de la dignidad del debate público. De los límites —si es que existen— del discurso de odio. Y, sobre todo, de la responsabilidad institucional. ¿Puede alguien que insulta así a mujeres con cargo público seguir ejerciendo funciones en el primer círculo del poder autonómico?
Esta pregunta, que atraviesa el escándalo, es también una cuestión ética. Porque no estamos ante un desliz, sino ante una elección comunicativa y política. Por eso, lanzamos esta encuesta: ¿Debería dimitir Miguel Ángel Rodríguez tras llamar “putas” a las mujeres del PSOE?
Encuesta
ENCUESTA: ¿Debería dimitir Miguel ángel Rodríguez tras llamar putas a las mujeres del PSOE?
Sí, es intolerable que un alto cargo use ese lenguaje
76%
No, fue una opinión personal en su cuenta privada
6%
No dimitirá: en su mundo, esto es un mérito
18%
Han votado 775
Los antecedentes del novio de Ayuso utilizados por el fiscal frente al juez Hurtado
La defensa del fiscal despliega varios argumentos centrados en que la información supuestamente confidencial ya había sido difundida con anterioridad
ElPlural
21-6-25
La Abogacía del Estado ha presentado ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo un recurso en el que solicita el archivo del procedimiento abierto contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos relacionados con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En el escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, la defensa del fiscal despliega varios argumentos centrados en que la información supuestamente confidencial ya había sido difundida con anterioridad y en que los actos previos de Amador y su entorno invalidan la imputación.
Para ser más precisos, el recurso repasa cronológicamente los hechos y objeta punto por punto la tesis del juez Ángel Hurtado, señalando que “los hechos atribuidos resultan atípicos” y que “no hay indicios reales” de que el fiscal fuera el origen de la filtración.
Según la Abogacía, la información contenida en el correo del 2 de febrero de 2024 –en el que el abogado de González Amador confesó a la Fiscalía la comisión de dos delitos fiscales a cambio de un pacto– había circulado ya entre periodistas cuando García Ortiz lo recibió esa noche. En tal sentido, el escrito enfatiza que, cuando el fiscal obtuvo el mensaje (21:59 h), su contenido “ya había sido difundido, total o parcialmente, por varios medios de comunicación”. Por ello, sostiene que en realidad “no hay delito” porque la información “no tenía carácter reservado” desde la “actuación previa del querellante y su entorno”. La defensa subraya que las propias maniobras de Alberto González Amador durante los días previos habían “despojado de su carácter reservado o confidencial” el contenido del correo. En otras palabras, el recurso alega que fue el propio querellante quien adelantó a periodistas detalles del acuerdo con la Fiscalía y de los fraudes tributarios: “En realidad, fue el querellante quien reveló a los profesionales de la información las negociaciones en curso para cerrar un acuerdo de conformidad… [y] el expreso reconocimiento de irregularidades fiscales”.
La Abogacía apunta a Miguel Ángel Rodríguez como coordinador de la estrategia informativa
En este sentido, cabe recordar que esos datos filtrados aparecieron primero en exclusiva en el diario El Mundo el 13 de marzo de 2024, a las 21:29 horas, mostrando informaciones que luego se comprobaron falsas o incompletas. El recurso apunta que El Mundo publicó una noticia con datos que no figuraban en el correo original, y destaca que dicho medio había conseguido fuentes internas. De hecho, el escrito menciona que tanto González Amador como Miguel Ángel Rodríguez –jefe de gabinete de la presidenta Ayuso– “han admitido haber hablado” con los periodistas de El Mundo antes de su exclusiva. De esta manera, el documento alude a una posible “coordinación informativa” entre Amador y el entorno de la Comunidad de Madrid. Así, según la defensa, resulta “altamente verosímil” que la filtración proviniera del propio González Amador, de Miguel Ángel Rodríguez o de su círculo cercano, en lugar del fiscal Ortiz.
Asimismo, el papel de Miguel Ángel Rodríguez es destacado en el recurso. Se recuerda que este alto cargo conversó con periodistas y envió correos de Amador tras la publicación inicial de El Mundo, aunque después de que el diario difundiera la versión errónea de los hechos. La Abogacía subraya que Rodríguez actuó como coordinador de la información con el entorno de Ayuso, alertando de una supuesta oferta fiscal que nunca existió. Por ello, argumenta que una vez que el titular de los datos (en este caso González Amador) comparte sus secretos con terceros –“en especial cuando se trata de periodistas”– las informaciones “pierden su carácter reservado” y el interesado “pierde, por consiguiente, el derecho a que no se difundan”. En definitiva, los antecedentes y la actuación previa del círculo de Ayuso convierten para el escrito la supuesta filtración en una información ya pública y desactivan cualquier reserva jurídica sobre ella.
En paralelo, el recurso niega rotundamente que García Ortiz actuara por “indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”, como sostiene el instructor. Se critica que el auto del juez Hurtado incurre en “conclusiones patentemente erróneas” e “infundadas”, sin pruebas objetivas que vinculen al fiscal con la divulgación. Así, la Abogacía recalca que no se ha hallado “ni un solo mensaje de correo electrónico, SMS, WhatsApp o de cualquier otro tipo” en el que el fiscal reenviase el correo a terceros o informase de su contenido. Tampoco consta que mantuviera comunicación alguna con periodistas la noche del 13 de marzo, ni con ningún miembro del Ejecutivo. En resumen, concluye que la imputación del fiscal responde a meras “inferencias temporales” y carece de “base jurídica, fáctica o procesal”.
Con estos argumentos, la Abogacía del Estado reclama que se revoque el auto de procesamiento dictado el pasado 9 de junio y se archive por completo la causa contra el fiscal general. El recurso destaca la “notoria ausencia de verdaderos indicios de cargo” y señala que el procedimiento se basa en una hipótesis de filtración “sin prueba objetiva alguna”. Ahora corresponde a la Sala de Apelaciones del Supremo resolver si acepta estas alegaciones y da por concluida la investigación, o bien permite que el proceso siga su curso hacia el juicio oral.
Guerra de fiscales por García Ortiz: conservadores y progresistas chocan por el procesamiento del juez Hurtado
Los progresistas se asombran ante la delirante petición de los conservadores
ElPlural
Roberto Ugena
22-6-25
El delirante auto con el que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sin aportar ninguna prueba ni presentar indicios sólidos, más allá de “presumibles” e infundios, ha revelado las anexiones de las diferentes partes de la judicatura. El juez ha comprado por completo el marco acusatorio del novio de Isabel Díaz Ayuso y defraudador confeso, Alberto González Amador, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha ido un paso más allá.
Los juristas conservadores no han titubeado y han pedido seis años de cárcel y doce de inhabilitación para el fiscal general por haber desmentido el bulo emitido por el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en connivencia con El Mundo. Información falsa que, además, había transcendido y estaba en manos de los medios de comunicación, tal y como evidencian los testimonios periodísticos y las pruebas notariales, antes de que la Fiscalía solicitase siquiera el intercambio de correos para combatir el movimiento del bando ayusista.
Del otro lado de la verja, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) no ha tenido otra que mostrar si estupefacción ante el movimiento de APIF. “Estupor, asombro e indignación por el hecho de que una asociación de fiscales, cuya personación en la causa ya resultaba difícilmente entendible hasta por sus propios asociados, solicite para dos compañeros penas que exceden notablemente de las pedidas por la representación del propio afectado por la supuesta filtración, máxime tratándose de hechos que saben que no van a poder demostrar en el juicio”, recoge el comunicado publicado por los fiscales progresistas en la noche de este jueves.
APIF, el brazo duro del novio de Ayuso
La asociación conservadora, personada como acusación popular, no se ha detenido en García Ortiz. Pide también cuatro años de cárcel y doce de inhabilitación para la otra encausada por Hurtado, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Los conservadores acusan a ambos de una revelación de secretos contra González Amador por la presunta filtración porque consideran que “se prevalieron de su condición de fiscales de máxima autoridad para perseguir objetivos puramente privados y políticos”.
“Utilizaron los mecanismos que tenían a su disposición para conseguir irregularmente y revelar ilícitamente datos confidenciales de un particular anónimo con la única meta de ganar un relato. Es evidente que un actuar semejante ha degradado de forma absoluta la percepción social de la Fiscalía como organismo constitucional”, añaden con dureza. No obstante, más allá de estas grandilocuencias, lo más sorprendente es que solicitan más años de prisión para el fiscal general que incluso la propia acusación particular, la del novio de Ayuso, que reclama cuatro años de prisión.
“Su actuación pone de manifiesto una motivación muy alejada de la propia justicia, lindando, si no adentrándose decididamente, en terrenos de las motivaciones subjetivas e interesadas”, exponen la evidencia los fiscales progresistas. No obstante, estos aseguran confiar en la Sala de Apelación del Tribunal Supremo, de la que esperan que “acoja los recursos interpuestos contra el auto de procedimiento abreviado y acuerde el archivo de la causa”, lo que consideran “única resolución acorde con el resultado de instrucciones practicadas”.
Pero a los conservadores no parece importarles y salen descaradamente en defensa del novio de Ayuso, pese a que se enfrenta a cargos por delitos de fraude fiscal, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal. En APIF están preocupados porque la supuesta filtración de los correos, que no la comisión de los delitos que confiesa en estos correos, "afectó notablemente a la reputación González Amador, ya que, a raíz de la divulgación de dicha información, en determinados medios y ámbitos se le llamó defraudador o delincuente confeso, cuando todavía no había recaído ninguna sentencia condenatoria que así lo estableciera".
El papel de la Guardia Civil en la prevaricación prescrita del chalet del juez Peinado
El SEPRONA, perteneciente a la Benemérita, elaboró un exhaustivo informe sobre las posibles irregularidades de la vivienda del magistrado que investiga a Begoña Gómez
ElPlural
Rubén Rozas
22-6-25
La Guardia Civil entró en juego para valorar las posibles irregularidades que se desprenden del chalet que el juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, tiene en La Adrada (Ávila).
El denunciante de esas presuntas ilegalidades, con el que en la última semana pudo hablar ElPlural.com, remitía hace meses al órgano competente sus quejas -dirigidas especialmente por la inactividad del Ayuntamiento respecto del inmueble- y éste dejaba patente que el levantamiento del chalet “no parece ser acorde a la legalidad urbanística” y que el Consistorio no hizo lo suficiente ante las quejas.
En el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso ElPlural.com, el organismo jurídico cuenta que remitió el escrito al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) -perteneciente a la Benemérita- la cuestión “a fin de investigar los hechos denunciados a través de las diligencias que se encomendaron en el referido oficio de 20 de enero de 2025”.
En mayo de este año, entra en la Fiscalía el informe elaborado por el equipo, al que se añade “documentación por oficio remitido al correo electrónico de esta Fiscal el 15 de mayo de 2025”, según se desprende de las líneas consultadas, que destacan que, además del mencionado informe “se adjunta un informe del actual arquitecto Municipal de La Adrada”.
Actuación "con retraso"
El asunto de la persona que llevó a cabo la inspección también trae cola, y es que quien elevó la denuncia subraya que pudo existir un conflicto de intereses en la misma y que el trabajo lo realizó alguien que no era funcionario del Consistorio. Al margen de esta cuestión, la Fiscalía Provincial indica que el arquitecto “ha revisado toda la documentación obrante en los archivos físicos y digitales referidos a la vivienda, acompañando su uniforme de los documentos referidos en el informe”.
Con los documentos sobre la mesa, el organismo, en su respuesta al denunciante, elabora un orden cronológico de los hechos para, a continuación, referirse a una cuestión que no es menor.
“Llama la atención, así como refleja el Equipo de SEPRONA en su informe que, por un lado en el sello de visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León, que consta en el Proyecto Básico que se adjunta a la solicitud de licencia, el cual es de 23 de noviembre de 1994 se consigue ‘Visado Urbanístico condicionado a ser tramitado el proyecto previamente a la licencia, como propuesta ante la Comisión Provincial de Urbanismo, debiéndose comunicar al Colegio su resolución’, trámite que no consta realizado (…) Por otro lado, el informe favorable a la construcción de la vivienda suscrito por la arquitecto municipal se limita a decir que el informe es favorable a la licencia solicitada, a falta de presentación del Proyecto de Ejecución visado, porque la construcción se ubica en un sector que permite la construcción de la vivienda, al tratarse de una zona consolidada con viviendas ya existentes”.
Es al final del texto que vuelve a aparecer el SEPRONA. Así las cosas, la Fiscalía concluye: “No contamos con indicios de que las sucesivas operaciones municipales hayan tenido conocimiento de las irregularidades descritas, al no constar nuevas comunicaciones del promotor al ayuntamiento hasta 2021 y años sucesivos en los que se realizan distintas declaraciones responsables (acometida eléctrica, piscina, conexión a colector) (…) No olvidemos que consta en el expediente que se concedió licencia urbanística; es con los escritos del denunciante y con las actuaciones del SEPRONA cuando la actual corporación, con cierto retraso eso sí, comienza a estudiar el asunto, contestando al denunciante y estando acordada inspección urbanística”.
“Criminalidad urbanística, pero delitos prescritos”
La Fiscalía de Ávila percibe indicios de “criminalidad urbanística” en el chalet de La Adrada que tiene el juez que instruye la causa contra Gómez. El Ministerio Público considera que el Consistorio pudo haber incurrido en la prevaricación por permitir la construcción del inmueble de manera irregular; pero el caso ha terminado archivándose por la prescripción de los hechos. Igualmente, señala el “uso no permitido”.
En lo que se refiere a las actuaciones del equipo municipal con dicha urbanización, la responsable de estudiar el caso señala que no puso en marcha actuación alguna para cumplir la normativa urbanística pese al informe del arquitecto municipal que ya vino advirtiendo de las irregularidades, más allá de las polémicas que indica el denunciante en estos términos.
Pese a estos indicios que probarían el mencionado delito de prevaricación urbanística, debido a que los mismos habrían prescrito, el Ministerio Público ha terminado por archivar la causa. El firmante de la denuncia explica a este periódico que responderá a la Fiscalía Provincial.
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