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ANTICORRUPCIÓN ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN A VOX POR FINANCIACIÓN IRREGULAR: IMPUNIDAD CON SELLO OFICIAL

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido cerrar la causa contra Vox por financiación irregular. No porque no haya indicios. No porque las cifras no sean escandalosas. Sino porque el Tribunal de Cuentas ya les multó. Y con eso, basta.

El Ministerio Público concluye que no procede abrir una vía penal contra el partido de extrema derecha, ya que sus irregularidades fueron “ya sancionadas” en el ámbito administrativo. Y aunque esa multa de más de 862.000 euros ni siquiera es firme (dos magistrados la rechazan por considerarla excesiva), el caso se archiva. Punto final.

¿De qué se les acusaba?

De haber recibido más de 6,5 millones de euros en préstamos del MBH Bank de Hungría, un banco señalado por el PSOE por sus vínculos con el Gobierno de Viktor Orbán.

De haber ocultado ingresos por venta de merchandising fraccionado en pagos inferiores a 299 euros, evitando así la trazabilidad legal.

De aceptar donaciones privadas millonarias que, en 2019, superaron a las del conjunto de todos los demás partidos, como reveló elDiario.es.

De usar sistemas opacos de financiación interna, con órdenes como “regularizad el dinero que tengáis en huchas”, al margen de los controles legales.

Pero nada de esto llegará a juicio. No habrá comparecencias. No habrá investigación penal. Ni rastro de responsabilidades políticas. Solo una multa y silencio institucional.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS COMO MÁQUINA DE BLANQUEO

La doctrina que impone la Fiscalía es clara: si te sancionan administrativamente, ya no hay delito. La sanción sustituye a la justicia. El castigo económico (que puede recurrirse y reducirse) se convierte en escudo frente a cualquier investigación penal. Se paga y se calla.

Y mientras tanto, los vínculos de Vox con gobiernos extranjeros autoritarios se diluyen en tecnicismos. El préstamo del banco húngaro, devuelto en septiembre de 2024, se da por amortizado. No fue una donación, insisten. No importa el contexto, ni los plazos, ni la finalidad política. No importa si el banco está o no controlado por Orbán: como no se ha podido acreditar al 100%, no hay caso.

Lo mismo ocurre con el merchandising. Ingresos divididos en partes pequeñas para burlar la ley. Un sistema que cualquier autónomo o pyme pagaría con embargos o cárcel. Pero Vox no es una pyme: es un engranaje institucional de la nueva derecha europea. Y el Estado lo trata como tal.

LA DEMOCRACIA CONVIERTE EN NORMA LO QUE ANTES ERA DELITO

No es solo que se archive el caso. Es el mensaje que se lanza desde las instituciones: si eres de los nuestros, la ley es flexible. Si representas un proyecto reaccionario, puedes permitirte lo que otros no. Si formas parte de la maquinaria de la ultraderecha, te protege el sistema que simulas atacar.

Esta no es la primera vez. Y no será la última. La justicia ha actuado igual ante las fundaciones de Aznar, las cuentas B del PP, los negocios del emérito o las cloacas mediáticas. Pero ahora la impunidad ha cambiado de bando: se aplica preventivamente a quienes representan el autoritarismo del futuro.

El Estado no combate la amenaza ultraderechista. La gestiona. La regula. La acomoda. Y si hace falta, la subvenciona.

Y mientras, los medios callan. El Congreso no pregunta. El PSOE no insiste. Y la democracia se erosiona a golpe de archivo.