miércoles, 24 de diciembre de 2025
La dictadura que prohibió llamarse fascista
El silencio lingüístico que permitió al régimen de Franco sobrevivir tras la Segunda Guerra Mundial
Surren Gasparyan
23-12-25
ElPlural
Para no ser fascista, lo primero es no llamarse fascista. Eso lo aprendió pronto el régimen de Franco. Bastó con borrar la palabra, cambiar el vocabulario y confiar en que el silencio hiciera el resto. El resultado fue una dictadura que prohibía partidos, perseguía disidentes y reprimía libertades mientras insistía en que aquello no tenía nada que ver con el fascismo.
La lección se interiorizó especialmente a partir de 1945. La derrota militar y moral de Hitler y Mussolini convirtió el término “fascismo” en un estigma internacional. España, que había nacido políticamente al calor de esas alianzas, entendió que su supervivencia dependía menos de una transformación real que de una operación cosmética. El franquismo no desmontó sus estructuras de poder, ni renunció a la violencia como herramienta política: se limitó a reescribir su relato. Desde entonces, el problema no fue lo que el régimen hacía, sino cómo lo explicaba.
Durante los primeros años de la dictadura, la impronta fascista era explícita. La Falange hablaba sin complejos de revolución nacional-sindicalista, los desfiles imitaban la estética del Eje y el saludo romano formaba parte de la liturgia oficial. Pero ese lenguaje empezó a resultar incómodo cuando el mundo cambió de dirección. A partir de los años cuarenta, el régimen optó por una retirada estratégica: la palabra fascismo desapareció de discursos, leyes y documentos oficiales, sustituida por términos más aceptables como “orden”, “tradición”, “unidad” o “democracia orgánica”.
El cambio no fue solo semántico, sino profundamente político. Nombrar implica asumir, y asumir significaba quedar aislado. Por eso Franco prefirió presentarse como un baluarte contra el comunismo, un aliado tácito de Occidente en plena Guerra Fría. El fascismo, convertido ya en sinónimo de barbarie, quedó relegado al terreno del insulto subversivo. Y como todo insulto dirigido al poder, pasó a ser perseguido. Llamar fascista al régimen no era una opinión: podía convertirse en delito.
La censura jugó un papel clave en este proceso. No solo prohibía textos, artículos o libros que utilizaran el término, sino que generó una autocensura social duradera. Periodistas, escritores y ciudadanos aprendieron a rodear el concepto sin nombrarlo, a describir la represión sin señalar su raíz ideológica. El lenguaje se convirtió en un campo minado donde cada palabra podía tener consecuencias penales. El franquismo no necesitaba defenderse del fascismo: necesitaba que nadie lo mencionara.
Mientras tanto, las prácticas fascistas seguían operando con normalidad. Partido único, culto al líder, eliminación del adversario político, militarización de la vida pública, subordinación del individuo al Estado, represión sistemática de la disidencia. Todo estaba ahí, salvo el nombre. El régimen había entendido que las palabras importan, y que borrar una no implica borrar la realidad que designa. Basta con dejarla sin nombre.
Uno de los pilares de este camuflaje fue la alianza con la Iglesia católica. El nacionalcatolicismo permitió al franquismo presentarse no como heredero del fascismo europeo, sino como defensor de una supuesta esencia espiritual española. La violencia política se recubrió de moral religiosa, la obediencia se convirtió en virtud cristiana y el autoritarismo pasó a interpretarse como orden natural. El fascismo, pecado laico para el nuevo mundo de posguerra, se transformó en cruzada.
En paralelo, la Falange fue perdiendo peso político sin desaparecer del todo. Sus símbolos se diluyeron, su retórica se moderó y sus dirigentes fueron integrados o desplazados según convenía. El régimen conservó lo útil —el control social, la disciplina, el aparato represivo— y descartó lo que resultaba demasiado reconocible. El fascismo ya no se exhibía: se administraba.
Fuera de España, sin embargo, la palabra seguía viva. En el exilio republicano, en la prensa internacional y en los foros antifascistas europeos, el franquismo era descrito sin rodeos como lo que era. Para miles de exiliados, “fascismo” no era una categoría académica, sino una experiencia vital: cárceles, fusilamientos, campos de concentración, miedo. Esa brecha entre el relato interior y la percepción exterior fue una de las grandes anomalías del régimen, sostenida durante décadas gracias al silencio impuesto dentro de las fronteras.
Con el paso del tiempo, el franquismo perfeccionó su estrategia. Los años del desarrollismo y la tecnocracia terminaron de enterrar cualquier referencia incómoda. El fascismo fue sustituido por el gris administrativo, por el lenguaje económico, por la promesa de estabilidad. Pero la ausencia de la palabra no significó la desaparición del legado. La represión política continuó hasta el final, igual que la negación de derechos fundamentales y la persecución de la oposición.
Tras la muerte de Franco, esa operación de borrado no se revirtió del todo. La Transición heredó parte de esa cautela lingüística. Hablar de fascismo pasó a considerarse excesivo, divisivo o poco útil para el consenso. El régimen fue redefinido como “dictadura autoritaria”, “excepcionalidad histórica” o “régimen no democrático”, fórmulas que suavizaban el diagnóstico sin cuestionar el fondo. El silencio volvió a imponerse, esta vez en nombre de la reconciliación.
Albiol, denunciado por 4 delitos tras el desahucio de Badalona: prevaricación, desobediencia, discriminación y odio
Illa y las ONG se coordinan sin el Ayuntamiento para auxiliar a los desalojados
Roberto Ugena
24-12-25
ElPlural
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha demostrado en la última semana por qué es considerado uno de los políticos más racistas del país. El regidor del Partido Popular (PP) ha acometido el desahucio de casi 400 personas vulnerables, utilizando como argumento su origen y su condición social para atribuirles un carácter de delincuencia, y lo ha hecho sin garantizar los mínimos requeridos por la Justicia, mientras otras administraciones, como la Generalitat de Salvador Illa, y las ONG intentaban auxiliar a los desalojados. Por todo ello, el ultraderechista ha sido denunciando ante la Fiscalía.
La denuncia presentada por los Comuns, a través del eurodiputado y abogado Jaume Asens, acusa a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa. A la par, la Fiscalía ha instado de oficio al juzgado de Badalona que autorizó el desalojo a comprobar si el Ayuntamiento ha atendido a las víctimas del desahucio, algo que no se ha producido, contraviniendo el mandato judicial, dado que el auto hacía constar que debían ser auxiliadas por los Servicios Sociales.
La resolución del juzgado, como consta en la denuncia de los Comuns, condicionaba el desalojo del instituto abandonado B9 a que el Ayuntamiento “garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sintecho”. Es más, establecía claramente que el desahucio estaba “expresamente condicionado” a la atención de los vulnerables. Pero a Albiol le ha dado totalmente igual y ha llegado a presumir abiertamente de que “no iba a ofrecer alojamiento ni recursos habitacionales”, lo cual vulnera a todas luces el mandato judicial.
Por si fuera poco, las arengas racistas de Albiol movilizaron una turba xenófoba de 150 sujetos, muchos menos que los cientos de personas que han defendido a los afectados, que posteriormente el alcalde fue incapaz de controlar y a las que no expulsó ni reprimió, pese a encontrarse en plena calle evitando que una parroquia acogiese voluntariamente a los desalojados y que Cáritas y Cruz Roja les atendiese y proporcionase los mínimos vitales. Un clara tolerancia y permisividad institucional con la chusma racista que ha crecido a su sombra.
Vertiendo bulos que después ha reconocido no poder sostener con datos, arengando a unas masas de las que luego desvincularse cuando crece la violencia y renunciando a la caridad cristiana con la que suele golpearse el pecho, ni que decir de humanidad o salvaguarda de derechos, Albiol ha vuelto a propiciar un enfrentamiento en Badalona, ni de lejos el primero ni el último, basado en el origen de los vecinos. Y una vez generado, se ha lavado las manos y ha atendido a sus víctimas dependiendo si los consideraba delincuentes o no, sin datos, de su trabajo y de su procedencia.
Illa y entdides sociales se coordinan para ayudar a los vulnerables
Albiol ha renunciado a cumplir las funciones a las que mandata la ley y, más allá de las consecuencias judiciales que esto pueda tener, lo inmediato y preocupante es que cientos de personas están subsistiendo en las calles, en plena ola de frío, sin servicios básicos y perseguidos por el alcalde y sus exaltados. Por ello, las entidades sociales, los sindicatos de vivienda y las asociaciones barriales, al lado de los vulnerables desde antes del desalojo, y la Generalitat de Catalunya se están coordinando para abordar la situación por su cuenta.
Muchos de ellos se encuentran acampados bajo el puente de la C-31, mientras que otros se ubicaban en un albergue de Can Bofí Vell. La intervención conjunta liderada por el Govern de Salvador Illa podría alargarse en el tiempo para evitar que vuelvan a triunfar los boicots racistas y garantizar la protección de las personas vulnerables. Por su parte, Cáritas se ha hecho cargo de 52 vecinos, 15 de ellos los que fueron atacados cuando iban a refugiarse en la parroquia, utilizando recursos privados y de la Generalitat. Otras decenas han sido asistidas por Derechos Sociales.
Intrahistoria de una batalla interna: así se libró el choque entre Ortega Smith y Abascal en la cúpula de Vox
El líder de Vox consolida su control interno tras apartar a Ortega Smith de la Ejecutiva y recortar sus cargos en el partido
Alexandra Sanchez
24-12-25
ElPlural
La extrema derecha ha vuelto al foco político este martes después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya incrementado su confrontación con el ex secretario general del partido, Javier Ortega Smith. El cabeza de Vox ha optado por apartar definitivamente de la Ejecutiva nacional de Vox a Ortega Smith, un movimiento que se suma a una serie de jugadas previas que vienen avivando la lucha interna.
La última táctica en el tablero tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando el portavoz de la formación de extrema derecha en el Ayuntamiento de Madrid fuese también expulsado como portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, este tira y afloja se inició hace tiempo atrás, la disputa entre ambos políticos se comenzó a originar hace unos años y se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo.
Ortega Smith es uno de los fundadores de Vox y uno de los pesos pesados históricos del partido. Desde su creación, ha desempeñado cargos clave, incluyendo el de secretario general y portavoz en distintas instituciones, consolidándose como una de las caras más reconocidas de la formación ultraderechista. Sin embargo, su peso dentro de estas filas ha ido debilitándose en su pulso constante con Abascal.
El inicio del fin
El hecho con el que inició todo se sitúa en 2022 cuando Ortega Smith protagonizó un choque interno significativo con Macarena Olona, cuya gestión y liderazgo en ciertos temas orgánicos del partido provocaron tensiones dentro de Vox. A raíz de estas discrepancias, Abascal decidió retirarlo de la secretaría general, como confirmaron fuentes del Comité Ejecutivo Nacional entonces.
El relevo lo encabezó Ignacio Garriga, presidente del grupo de Vox en el Parlament, mientras Ortega Smith asumió la vicepresidencia del departamento económico del partido y fue designado como candidato al Ayuntamiento de Madrid para las elecciones municipales. Este movimiento se contextualizó en pleno seísmo provocado por Olona, quien salió del partido tras las elecciones en Andalucía, donde fue cabeza de lista de la ultraderecha. Su gestión del caso causó estragos a escala orgánica. No obstante, asumió la vicepresidencia del departamento económico del partido.
El edil de Vox acabó aceptando la designación como candidato y, acto seguido, comunicó su renuncia al cargo de secretario general. De este modo, el ultraderechista justificó que así podría centrar toda su acción a postularse como jefe de la alcaldía de Madrid. Ortega Smith, en aquel momento, prometió que daría caza a las políticas “confiscatorias y de izquierdas” que se mantenían en la Corporación municipal.
Un año más tarde, a finales de 2023, comenzaron a circular filtraciones un Ortega Smith que podría disputar el liderazgo de Vox frente a Santiago Abascal. La noticia generó tensiones internas, aunque finalmente Ortega Smith no formalizó ninguna candidatura y Abascal continuó al frente del partido. Estas filtraciones se interpretaron como un intento de presionar o desgastar la figura de Abascal dentro de la formación, aunque no llegaron a materializarse. Tras este episodio, la dirección de Vox procedió a recortarle cargos dentro del partido.
Acercamientos con Espinosa
Uno de los hechos que incrementaron la tensión entre ambos dirigentes fue el acercamiento de Ortega Smith con Iván Espinosa de los Monteros, ex figura clave del partido, este pasado octubre. Espinosa de los Monteros creó su propio 'think tank' llamado Atenea. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid defendió al exportavoz nacional de Vox a la hora de lanzar su centro de pensamiento para abrir debates que puedan tener eco en los medios de comunicación y en los que la ciudadanía participe activamente.
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, aseguró sobre este contexto que Ortega Smith, acudió a la presentación de la fundación del exportavoz en el Congreso de Vox en calidad de amigo, y no como cargo o representación del partido. "No creo que a nadie le siente mal que venga a dar un abrazo a un amigo", dijo a su llegada Ortega Smith.
Posteriormente, el madrileño aseguró que “cada uno tiene que defender sus ideas allá donde crea que las puede defender mejor”. Sin embargo, instó a su formación a “escuchar a la sociedad”, para dar “ejemplo de ser el partido más abierto”. Sobre la presentación de Atenea, el ultraderechista aseguró estar “orgulloso y muy contento de que nazcan iniciativas” y más cuando ha sido “fundador de Vox”. A las críticas, pidió no cerrar “la mente” a las personas que vienen “a aportar soluciones”. “Dejar libertad para que el que quiera venga a la política o se vaya de la política”, expresó.
Adiós a la portavocía del Congreso
A pesar de que el acercamiento con Espinosa de los Monteros pareciera no significar un gran dilema para Vox, sumado a las discrepancias que tuvo Ortega Smith con la cúpula, el partido decidió apartarlo como portavoz adjunto del partido en el Congreso; puesto que a partir de ese momento ocupó Carlos Hernández Quero, el pasado mes de noviembre.
Este movimiento de los de Abascal no fue baladí, debido a que Ortega Smith, en sus funciones parlamentarias, llevaba sin hacer intervenciones en plenos desde el pasado mes de mayo, pese a su cargo de relevancia dentro de las filas del partido.
Según manifestó Vox en defensa de dicha decisión, Ortega Smith, proseguiría “con su labor de portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso y portavoz en el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", último cargo donde concentraba su peso más reconocido dentro del partido. En cuanto al desempeño de Hernández Quero en su nuevo cargo, Vox explicó que sería "altavoz" de los problemas de la vivienda y que su nombramiento impulsaría "su esfuerzo por dar a conocer las propuestas del partido" en este ámbito.
Tras este giro, la ruptura dentro de ambos cargos de Vox se consolidó este martes al ser Ortega Smith apartado definitivamente de la Ejecutiva nacional de Vox, consolidando su exclusión de los órganos de decisión del partido tras la pérdida de la portavocía adjunta en el Congreso y los cargos internos recortados tras las filtraciones sobre su posible disputa del liderazgo.
A pesar de su pérdida de cargos nacionales y el recorte de funciones en el Congreso, Ortega Smith mantiene su relevancia como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, donde concentra su actividad política y su exposición mediática en el tablero político de Cibeles. No obstante, denota la subida de decibelios en los últimos tiempos entre Abascal y Ortega Smith dentro de las filas del partido ultraderechista.
La justicia desmonta pieza a pieza la instrucción de Peinado contra Begoña Gómez
La Audiencia y el Supremo han corregido en más de una docena de ocasiones las decisiones del juez instructor por falta de indicios y motivación
Suren Gasparyan
24-12-25
ElPlural
La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a poner freno a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez. Esta vez, anulando su intento de investigar siete años de correos electrónicos de la esposa del presidente del Gobierno por considerarlo una medida carente de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. No es una corrección aislada, sino la última de una larga cadena de reveses judiciales.
La resolución, dictada por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, deja sin efecto la orden con la que Peinado reclamó a la Presidencia del Gobierno todos los correos enviados y recibidos desde la cuenta oficial de Begoña Gómez en Moncloa desde julio de 2018 hasta la actualidad, así como la instrucción posterior a la UCO para analizarlos. Los magistrados subrayan que una diligencia de ese alcance no podía acordarse mediante una simple providencia, una resolución que no exige motivación, sino a través de un auto debidamente fundamentado. Al no hacerlo, concluyen, el instructor incumplió los principios básicos que rigen cualquier medida de investigación que afecte a derechos fundamentales.
La Audiencia no cierra por completo la puerta a esa línea de actuación, pero sí fija con claridad los límites: solo podría retomarse si el juez la motiva de forma expresa, concreta y proporcionada, algo que hasta ahora no ha ocurrido. El mensaje es claro y se repite como un hilo conductor a lo largo de toda la instrucción: no basta con la sospecha o la amplitud de la investigación; es imprescindible justificar cada paso con indicios objetivos y razones jurídicas sólidas.
Dos años de correcciones a la instrucción
Desde que la causa se abrió en abril de 2024 tras admitirse a trámite una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, la actuación del juez Juan Carlos Peinado ha sido objeto de un escrutinio constante por parte de instancias superiores. A lo largo de 2024 y 2025, la Audiencia Provincial de Madrid ha corregido en numerosas ocasiones sus decisiones, anulando imputaciones, registros y diligencias que consideró insuficientemente motivadas o directamente vulneradoras de derechos fundamentales.
Uno de los frentes más persistentes ha sido el intento de introducir en la causa el rescate público de Air Europa, aprobado en plena pandemia para evitar la quiebra de la aerolínea. Peinado ha tratado reiteradamente de vincular esa operación —un préstamo de 475 millones de euros, similar al concedido a otras empresas estratégicas— con un supuesto trato de favor inspirado por Begoña Gómez. Sin embargo, tal y como cifra 'Público', la Audiencia ha descartado esa línea hasta en cinco ocasiones, al considerar que la conexión se basaba en “meras conjeturas” y en coincidencias temporales y personales que no alcanzan la categoría de indicio penal.
En una de sus resoluciones más explícitas, los magistrados señalaron que, con los datos disponibles, no existía una base objetiva para investigar ese rescate, más allá de hipótesis que no podían sostener una instrucción penal. Pese a ello, el juez ha insistido en reabrir esa vía, ordenando incluso a la UCO analizar escritos aportados por abogados no personados en la causa para tratar de hallar nuevos elementos que justificaran la investigación.
Otro de los varapalos más relevantes llegó en enero de 2025, cuando la Audiencia anuló los registros ordenados por Peinado al empresario Juan Carlos Barrabés, así como el clonado de sus dispositivos electrónicos. El tribunal consideró que la medida había vulnerado de forma injustificada el derecho a la intimidad del investigado, al basarse únicamente en su relación personal con Gómez y no en indicios objetivos de delito. La resolución fue especialmente contundente: ordenó destruir el material incautado y reprochó al juez la amplitud y duración de una operación policial que se prolongó durante dos días completos.
La lista de correcciones incluye también la anulación de imputaciones. En mayo de 2025, la Audiencia dejó sin efecto la condición de investigados del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y del exconsejero madrileño del PP Juan José Güemes. En ambos casos, los magistrados concluyeron que las decisiones de Peinado no estaban respaldadas por hechos concretos que justificaran una imputación penal, sino por interpretaciones forzadas de declaraciones y actuaciones administrativas.
El método Peinado, en cuestión
Las críticas no se han limitado a diligencias concretas, sino que han alcanzado a la forma general de instruir. En abril de 2025, la Audiencia afeó al juez haber desestimado de un plumazo 16 recursos presentados por la Fiscalía y las defensas mediante una resolución genérica de apenas cinco folios. “No es propio de un Estado de Derecho”, le recordaron los magistrados, “pretender la asunción acrítica de cualesquiera diligencias acordadas por el instructor basadas en el principio de autoridad”, instándole a ofrecer respuestas individualizadas y motivadas a cada recurso.
Incluso el Tribunal Supremo ha tenido que intervenir en la causa. En julio de 2025, la Sala de lo Penal rechazó la petición de Peinado para imputar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al considerar que no existían indicios probatorios suficientes y que la solicitud se sustentaba en meras hipótesis. El Alto Tribunal fue especialmente claro al recordar que el delito de falso testimonio exige una falsedad objetiva y contrastada, algo que, en ese momento, no se había acreditado.
La Audiencia también ha puesto límites en relación con la declaración de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez. En junio de 2025 anuló su declaración como testigo al entender que se había vulnerado su derecho a no autoincriminarse, aunque validó posteriormente su imputación como investigada, eso sí, reprochando al juez la falta de motivación detallada en el cambio de criterio.
Más recientemente, en diciembre de 2025, la Audiencia instó a Peinado a archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, al concluir que su imputación se había basado en simples suposiciones y no en indicios objetivos. Poco después, el propio juez acató esa indicación y dictó el archivo.
La justicia pone límites a Peinado
La acumulación de estas resoluciones ha ido estrechando progresivamente el margen de maniobra del instructor, que se ha visto obligado a rehacer una y otra vez su estrategia de investigación tras los sucesivos correctivos de instancias superiores. Lejos de tratarse de una injerencia excepcional, la actuación de la Audiencia Provincial de Madrid responde al ejercicio ordinario de su función de control sobre la instrucción penal, un contrapeso imprescindible para evitar desviaciones, excesos o vulneraciones de derechos fundamentales. En este caso, ese control se ha manifestado de forma reiterada y explícita, subrayando que la notoriedad pública de una causa o la relevancia política de las personas afectadas no rebaja en modo alguno las exigencias legales que deben regir cualquier investigación judicial.
En sus resoluciones, la Audiencia ha insistido en una idea central: el proceso penal no puede convertirse en una investigación prospectiva ni apoyarse en hipótesis abiertas a la espera de que aparezcan indicios que las confirmen. Cada diligencia debe responder a una finalidad concreta, estar debidamente motivada y guardar una relación directa con los hechos investigados. De lo contrario, advierten los magistrados, se corre el riesgo de desnaturalizar la instrucción y de convertirla en una herramienta invasiva que afecta a derechos fundamentales sin la cobertura jurídica necesaria. Este recordatorio, repetido en distintos autos a lo largo de casi dos años, dibuja un marco cada vez más delimitado para la actuación del juez instructor.
La anulación de la investigación masiva de correos electrónicos de Begoña Gómez resume con claridad ese pulso institucional. Reclamar siete años de comunicaciones oficiales sin concretar qué se busca, por qué se busca y qué indicios lo justifican supone, a juicio de la Audiencia, una medida desproporcionada que no supera el mínimo test de legalidad exigible en un Estado de Derecho. No se trata de blindar a una persona concreta frente a la acción de la justicia, sino de evitar que la investigación penal se convierta en una suerte de rastreo generalizado a la espera de encontrar algo que pueda sostener la acusación.
Ese es, en el fondo, el mensaje que subyace en el conjunto de resoluciones dictadas a lo largo de la causa: investigar es legítimo y necesario cuando existen indicios, pero hacerlo sin límites claros, sin motivación suficiente o mediante atajos procesales erosiona las garantías básicas del sistema. Tras casi dos años de instrucción y una larga lista de diligencias anuladas, imputaciones revertidas y líneas de investigación descartadas, los tribunales superiores han marcado con firmeza el perímetro dentro del cual puede desarrollarse la causa.
El exministro Jordi Sevilla se moviliza con un manifiesto para crear una alternativa en el PSOE a la “podemización” de Sánchez.
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Las ratas cuando ven una vía de agua son las primeras en abandonar el barco… Un traidor más a escena. Entonces tú lo que quieres es la derechización del PSOE.
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Ibarra, el ex del PSOE en Extremadura, propone un acercamiento al PP. Eso estaría muy bien si este PP estuviese muy alejado de VOX; entonces se podría pensar que era factible echar a VOX del tablero político, como se está haciendo —o al menos se pretende— en muchos gobiernos de Europa. Pero, si uno profundiza, no se encuentra ninguna diferencia entre uno y otro.
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Que alguien me explique la diferencia que hay entre Ayuso y Abascal. Incluso, y debido a la presión a la que está sometido precisamente por Ayuso, Feijóo pretende ser la balanza entre ambos, ya que, en su intento de ser presidente de todos los españoles, lo haría a cualquier precio… y el precio de Feijóo para cambiar de postura es de calderilla.
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Aquí lo que hay que hacer es ponerse a trabajar muy duro en lo que escribo a continuación: hacer políticas valientes que nos despeguen totalmente de la derecha en los temas que preocupan a todos aquellos que están situados en la parte baja del tablero político, es decir, personas vulnerables, jubilados y trabajadores; una política que luche por la igualdad entre hombres y mujeres y fulmine a todo aquel que tenga cualquier causa que dañe a la izquierda.
Ahí entran los traidores, los golfos, los machistas y toda esa fauna que lo único que crea es malestar entre los simpatizantes y afiliados de la izquierda. Llamar puerta a puerta de cada partido y preguntar cuál es su propuesta para poder ir todos juntos.
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En la España de hoy, el ruido, la mentira y la manipulación han vencido por goleada a la verdad, la razón y el sentido común. Desde esta perspectiva, es necesario sentarse y analizar qué se puede hacer para romper este círculo vicioso.
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En la prensa no se puede confiar: está del lado del ruido. El ruido vende más que la información veraz. De la justicia estamos comprobando, en algunos casos, que no es igual para todos, y los poderes nunca se han apartado de sus verdaderas intenciones: situarse del lado de quien puede proporcionarles toda clase de privilegios y pingües beneficios. Por lo tanto, invierten en sus propios intereses, que no son, ni de lejos, los de un ciudadano de a pie.
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Llegados a este punto, toca reflexionar y actuar, y hacerlo ¡YA!. Es imprescindible movilizar a la izquierda. Tras el resultado de Extremadura, la izquierda corre el riesgo de desunirse aún más. ¿Por qué digo esto? Porque Podemos e IU irán por un lado, y Sumar y Más Madrid por otro, por nombrar a los más significativos. Esto lo arregla una figura que sea capaz de conjugar no solo estas dos tendencias —la blanda y la dura—, sino todas las que puedan darse. Para ello se necesita una persona idónea, y nos debería dar igual que fuese Pepito o Antoñita. Yo pienso en Rufián: hay que bajarlo del pedestal de los tuits y hacerle coger el toro por los cuernos. Esto no se arregla solo con tuits acertados y contundentes.
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El resultado de Extremadura no es tan malo como aparenta. Me explico: el candidato del PSOE, por muchas circunstancias —que casi todos veíamos venir—, ha sido un lastre en lugar de alguien que sumara. Me duele decirlo, pero es así. El problema está, sobre todo, en la abstención. Ahí es donde hay que trabajar para ser capaces de movilizar a toda esa izquierda que se queda en casa. ¿Por qué se queda?
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No sabemos vender todo aquello que hacemos bien. En parte, porque los medios no le dan publicidad debido a intereses que todos conocemos; en parte, también hay que decirlo, porque no sabemos dar con la tecla que conecte con el gran público. Por eso, la izquierda tiene que aplicar políticas más agresivas para llegar a ese público. Si eso va a significar un paso atrás en nuestra economía, ese paso atrás debe servir para coger más impulso, ya que muchos intentarán desestabilizar el auge que ha experimentado la economía.
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Además, estamos jugando contra un equipo de derechas al que, haga lo que haga su árbitro —en este caso, sus seguidores—, nunca le castigan. Mientras tanto, a nosotros cualquier error, por pequeño que sea, nos penaliza en exceso, debido a nuestra propia idiosincrasia izquierdista. El árbitro que tenemos nosotros —nuestra propia gente— nos pita penalti a la mínima.
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Es necesaria una reflexión profunda e hilar muy fino en cada hecho, en cada decisión, en cada discurso y en cada propuesta. Porque, si no espabilamos, corremos el riesgo de tener derecha otros cuarenta años, con consecuencias catastróficas para quienes estamos en la parte baja del tablero político-social.
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El Bellotero
La sentencia que desnuda la maquinaria corrupta de la Púnica: sobornos, comisiones y caja B
El fallo judicial documenta un sistema organizado de sobornos, comisiones y favores políticos
Suren Gasparyan
ElPlural
24-12-25
Más de diez años después de que estallara la Operación Púnica, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que permite reconstruir con precisión cómo se articuló una de las mayores tramas de corrupción municipal de la democracia, la cual estuvo basada en contratos amañados, pagos en negro y una densa red de poder político-empresarial que funcionó durante años con una sensación de impunidad casi absoluta.
El fallo, correspondiente a la pieza sexta del macroproceso —centrada en las adjudicaciones de eficiencia energética a la empresa Cofely— condena a 29 personas, entre ellas seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid, por delitos de prevaricación, cohecho, fraude a la administración, organización criminal y blanqueo de capitales. Cinco de esos exregidores pertenecían al Partido Popular y uno al PSOE, un dato que la sentencia subraya para dejar claro que la lógica de la trama trascendía las siglas y se asentaba en el control del poder local como palanca de negocio.
La resolución judicial, de 611 páginas, describe con detalle el funcionamiento de una organización criminal “perfectamente estructurada”, en la que empresarios y cargos públicos cooperaban de forma estable para manipular concursos públicos, inflar contratos y repartirse comisiones que oscilaban entre el 2% y el 3% del importe adjudicado. Los contratos, en su mayoría vinculados a servicios de eficiencia energética, eran diseñados a medida para favorecer a la empresa adjudicataria, eliminando de facto la competencia y convirtiendo la contratación pública en un mercado cautivo.
El engranaje empresarial y político de la corrupción
En el centro de esta red aparece la figura de David Marjaliza, considerado por los jueces como el principal “conseguidor” de la trama. Marjaliza ha sido condenado a ocho años y dos meses de prisión por organización criminal, cohecho y blanqueo, tras reconocer parcialmente los hechos y colaborar con la justicia. Su papel consistía en actuar como intermediario entre las empresas interesadas en los contratos y los responsables políticos que podían garantizar las adjudicaciones, a cambio de comisiones que posteriormente eran repartidas y ocultadas a través de un entramado societario.
Junto a él, la Audiencia Nacional ha impuesto penas de hasta seis años y once meses de cárcel a varios directivos de Cofely, a quienes atribuye una participación activa y consciente en un sistema de corrupción “sistemático y planificado”. La sentencia descarta que se tratara de hechos aislados o decisiones individuales y sostiene que la empresa asumió la corrupción como un coste más del negocio, integrado en su estrategia de expansión en numerosos municipios madrileños.
Las condenas a cargos públicos dibujan un mapa preciso y preocupante de la corrupción local en la Comunidad de Madrid durante más de una década, en la que determinados ayuntamientos funcionaron como nodos clave de una red de intereses políticos y empresariales. Exalcaldes de municipios como Móstoles, Collado Villalba, Moraleja de Enmedio, Serranillos del Valle o Parla aprovecharon su posición institucional y su capacidad de decisión para orientar de manera sistemática la contratación pública hacia empresas previamente seleccionadas, vulnerando los principios de concurrencia, transparencia e igualdad que deben regir el uso de fondos públicos. A cambio, recibieron dinero en efectivo, regalos de alto valor, pagos encubiertos y otros beneficios personales que, según la sentencia, formaban parte de un sistema de recompensas estable y asumido como normal.
El tribunal considera probado que en varios de estos municipios los procedimientos administrativos eran una mera formalidad, diseñada para dar cobertura legal a decisiones ya tomadas de antemano. En algunos casos, los contratos se adjudicaban de facto incluso antes de que se publicaran los pliegos de condiciones, que eran redactados a medida para encajar con la empresa beneficiaria y excluir a posibles competidores. Esta manipulación previa vaciaba de contenido cualquier apariencia de legalidad y convertía los concursos públicos en un trámite ficticio, subordinado a acuerdos cerrados en despachos, restaurantes o reuniones privadas. La sentencia subraya que no se trató de actuaciones aisladas ni de errores administrativos, sino de una práctica reiterada que transformó el poder municipal en una herramienta al servicio del enriquecimiento privado y del mantenimiento de una red de lealtades basada en la corrupción.
De Valdemoro a la macrocausa: una década de impunidad
Pero la sentencia va más allá de la mera enumeración de delitos y responsables. El fallo reconstruye el origen de la trama a finales de los años noventa, cuando Francisco Granados, entonces alcalde de Valdemoro y posteriormente número dos del PP madrileño, comenzó a tejer una red de relaciones con empresarios del sector inmobiliario y de servicios. A partir de ahí, la práctica del “pelotazo” urbanístico y de la adjudicación amañada se extendió como un modelo de gestión, primero en el ámbito del suelo y después en contratos de servicios municipales.
La Operación Púnica estalló en octubre de 2014 con 51 detenciones y registros simultáneos, sacudiendo los cimientos del poder político en Madrid y revelando la existencia de una presunta “caja B” destinada a financiar ilegalmente campañas electorales del PP regional. La investigación, dirigida inicialmente por el juez Eloy Velasco y continuada después por Manuel García-Castellón, se fragmentó en 16 piezas separadas para poder abordar la enorme complejidad del caso, que acumuló más de 60 tomos de sumario y cientos de horas de escuchas telefónicas.
La pieza de Cofely, ahora sentenciada, es una de las que mejor ilustra el carácter sistémico de la corrupción. Según los magistrados, no se trataba solo de enriquecimiento personal, sino de un modelo de relación entre política y empresa que convertía las instituciones públicas en herramientas al servicio de intereses privados. Los ayuntamientos no eran víctimas pasivas, sino actores fundamentales en una dinámica en la que el poder político se utilizaba para generar negocio y lealtades.
La sentencia también pone de relieve las carencias estructurales del sistema de control de la contratación pública y la lentitud de la respuesta judicial. Más de una década después de los primeros hechos, muchas condenas se han visto atenuadas por dilaciones indebidas, una circunstancia que, aunque legalmente justificada, vuelve a abrir el debate sobre la eficacia del sistema penal frente a la gran corrupción.
Aun así, el fallo supone un hito. No solo por el número y la relevancia de los condenados, sino porque fija un relato judicial sólido sobre cómo operó una de las redes de corrupción más extensas de la democracia. La Audiencia Nacional deja claro que la Púnica no fue una suma de excesos individuales, sino una organización criminal con planificación, reparto de funciones y vocación de permanencia.
Fonsi Loaiza
Hoy llega el final político del falangista Ortega Smith, expulsado de la ejecutiva de VOX por desavenencias internas con el ultraderechista Santi Abascal. Smith militó en Falange. Escribió en la revista Así de Falange Española de las JONS: "Ser falangista es vivir como falangista, es pensar como falangista, es morir como falangista".
Este tipo ha sido uno de los máximos representantes de la derecha salvaje en España. Llamó "violadoras, asesinas y torturadoras" a 'las 13 Rosas' asesinadas por el fascismo. Su causa fue archivada porque "la acción penal se extingue con la muerte de las ofendidas".
Ortega Smith llamó "portadores de grandes enfermedades" a los migrantes, y fue emplazado por la Embajada de China por racismo. Atacó a la mujeres diciendo que "la violencia machista es una gran mentira y que tienen derecho a pintarse las uñas pero no al aborto".
Este matón fascista faltó el respeto a Nadia Otmani, víctima de violencia machista en silla de ruedas; y tiró en un pleno una botella en la cara al diputado Eduardo Rubiño de Más Madrid.
La familia de este "patriota" atesora un gigantesco patrimonio inmobiliario en España y en Argentina con 29 inmuebles gracias al franquismo y a la empresa de constructores adinerados fuera de nuestro país con sangre italiana, inglesa y argentina.
Ortega Smith ha ocupado cargos simultáneos en instituciones públicas, ha ocultado sobresueldos de VOX en sus declaraciones y bloqueó la comisión de investigación sobre el atropello a una niña de 10 años en el que iba de copiloto el director de la Policía Municipal de Madrid.
Hasta nunca, @javierortegasmith Tu única patria es tu bolsillo.
La Asamblea de Madrid bloqueó una pregunta parlamentaria sobre los abusos sexuales en el colegio Alborada
Más Madrid preguntó cuántas peticiones de cambio de matrícula se habían producido con motivo de esta situación, pero la región no contestó por tratarse de un centro "privado"
Rubén Rozas/Javier Pardo
24-12-25
ElPlural
La Mesa de la Asamblea de Madrid, controlada por el PP de Ayuso, bloqueó este mismo año una pregunta sobre el Caso Alborada, colegio concertado y católico que protegió durante un curso casi completo a un cuidador que presuntamente abusó de decenas de niños de entre tres y seis años, tal y como ha destapado en exclusiva ElPlural.com. Este centro, adscrito a la Red Educativa Arenales, tiene vínculos históricos con el Opus Dei -desde su momento fundacional a través de la Fundación Tajamar- y, todavía hoy, sacerdotes de la prelatura realizan la atención pastoral del colegio tanto para los niños como para las familias.
Pese a que el escándalo se conoce, al menos, desde el pasado mes de mayo -mes en el que el presunto abusador fue detenido tras una denuncia de una profesora que acabó con la inoperancia del centro-, el órgano rector de la cámara autonómica se negó a contestar a una pregunta parlamentaria sobre este suceso hace aproximadamente un mes. Concretamente, fue Más Madrid quien registró una cuestión relativa a este escándalo en la Asamblea de Madrid.
La pregunta, a la que ha tenido acceso este periódico, la formuló la diputada Alicia Torija, y se centra en el número de solicitudes de traslado de expediente académico que se habían producido desde que el conocimiento de los casos que afectaban a menores de entre 3 y 6 años, muchos de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y problemas de comunicación. La Mesa acordó la no admisión “por no referirse su objeto a un asunto del ámbito de la Comunidad de Madrid, al hacer referencia a un centro privado”.
Este medio se ha puesto en contacto con todas las partes para entender por qué se negaron a contestar a este interrogante parlamentario, así como para conocer el grado de seguimiento de un caso de abusos sexuales que puede alcanzar, según la documentación en poder de ElPlural.com, a cerca de una veintena de niños que aún no han alcanzado la primaria.
En primer lugar, este periódico se ha dirigido a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, con quien las víctimas y sus familias ya han tenido interacción a través de Barnahus (Casa de los niños), “servicio especializado que proporciona valoración y atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y a sus familias, así como actuaciones de prevención y sensibilización”. Además, “facilita información y asesoramiento a profesionales del ámbito infantojuvenil”. No obstante, y ante la ausencia de respuesta de esta Consejería, ElPlural.com también ha ofrecido la oportunidad de dar testimonio a la Consejería de Educación.
Por el momento, ambos departamentos han rehusado contestar a las preguntas de esta investigación. La ausencia de explicaciones no es actual. De hecho, algunas de las familias de las que acudieron a Barnahus lamentan no haber recibido los servicios solicitados, a menos en su totalidad y afean el abandono de las administraciones y la Justicia, así como la desprotección del colegio que, sumado a la desesperación derivada de la burocracia administrativa ha provocado que rompan el silencio, también mediático.
Las competencias corresponden a la Comunidad de Madrid
En conversación con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, fuentes del consistorio de la localidad defienden que ninguna familia se ha dirigido a ellos, ni “pedido ninguna reunión” ni “remitido ninguna información oficial”. “Por eso no hemos podido hacer nada”, explican a este periódico. Asimismo, mantienen que las competencias corresponden a la administración de la Puerta del Sol, por lo que ellos “no pueden abrir investigación, ni sancionar al colegio”, ni siquiera llamar al centro, por si existe “información reservada”.
Quien sí ha llamado a El Alborada, como al resto de partes, ha sido ElPlural.com, con el mismo objetivo de poner negro sobre blanco. Mientras en las decenas de testificales leídas por este periódico, así como en la voz de las fuentes consultadas durante la preparación de estas exclusivas, queda patente que el centro protegió al presunto abusador al menos desde septiembre de 2024, cuando internamente se lanzan los primeros avisos del profesorado a la dirección del colegio, El Alborada insiste en su inocencia y en su rápida actuación: “No tuvimos constancia previa (...) Cuando salió la noticia, en el momento en que una persona nos comunica lo que ha visto y lo que puede haber ocurrido, lo que ella considera, se acude a la Policía”, indica en conversación telefónica con este medio Pilar Bada, directora de infantil en el centro.
Una versión exculpatoria que queda fuertemente sacudida con las pruebas en poder de esta investigación. Este periódico ha podido contraponer esta versión, la de la dirección de El Alborada, con decenas de denuncias, testificales y mails internos del colegio. En ellos, queda constancia que el grueso del profesorado, así como de las familias víctimas de los abusos sexuales del cuidador, han podido comprobar que el centro tenía conocimiento de los tocamientos y las actitudes de carácter sexual de su cuidador al menos desde septiembre de 2024 -ocho meses antes de actuar después de que una de las profesoras grabase escenas que evidenciaban el delito-.
Entretanto, y a la espera de juicio, sobre el extrabajador únicamente pesa una orden de alejamiento de 100 metros del lugar y, en el mejor de los casos, de algunos niños. Esto implica que puede seguir yendo, por ejemplo, a parques u otros sitios frecuentados por menores.
*Si alguien está afectado por el 'Caso Alborada' y no sabe dónde acudir, por favor, escriba a afectadosalborada@gmail.com
Diego Buuren
Por su interés reproducimos la carta de Enrique de Diego al líder de Vox, Santiago Abascal, que ha sido publicada en el digital de extrema derecha que dirige este periodista:
"Para que nos vamos a andar con rodeos, eres un patente chorizo, que no vales para nada y por eso precisas que te jaleen tus hooligans, como el 8 de marzo, que en la cruz llevas la penitencia, Santiago Abascal. Estoy seguro que has podido meter la mano en la caja, 13 millones de euros son una tentación demasiado fuerte para ti, que has estado siempre, hasta hace dos días con dificultades económicas. Ya me lo dijo Juan Jara, tu vicepresidente, que no soportó tu corrupción y se fue, “Santi pronto se hará con una mansión”. Y dicho y hecho, una mansión de un millón de euros, que nadie sabe explicar de dónde lo has sacado, pero yo sí te lo puedo explicar: los has presuntamente robado, has metido presuntamente la mano en la caja del dinero de las subvenciones, porque no tienes un partido, tienes una escombrera con los deshechos de cada casa, delincuentes habituales, estafadores compulsivos, pasantes que no tenían dónde caerse muertos, periodistas fracasados sin oficio ni beneficio, escritores que no han escrito nunca una novela, echadoras de cartas del tarot, timadores de subvenciones al tiempo que denuncian las subvenciones y los chiringuitos, abogados sin clientes, tarugos de toda especie, administradores desleales, expertos en alzamientos de bienes, arquitectas que se saltan las normas colegiales, yunques que mienten, esposos que pegan a su esposas, picaros enfundados en la sagrada bandera y en la cumbre tú, el más deleznable de todos, Santiago Abascal, que tienes una escombrera de partido, un asco vomitivo, todos a colocarse y a medrar.
Pero tú, de chiringuito en chiringuito y tiro porque me toca, que nunca has dado un palo al agua, que nunca has cotizado, alma de cántaro, que te casaste cuando llevabas tiempo amancebado con la influencer de pacotilla, porque te lo aconsejaron, que no estaba bien que un dirigente de la derecha, traidorzuelo desde los primeros compases a Aleix Vidal Quadras, aunque ese se lo tiene merecido, por sinvergüenza, que llegaste hasta el altar con una mano delante y otra detrás, que lo primero que hiciste fue pasarle todos sus numerosos gastos a tu partido, comer a dos carrillos en el Hotel Palace y en el Rits, vividor de tres al cuarto. A ti quién te va a pedir explicaciones en el partido. Si sois cuatro…Javier Ortega, que todo lo que tiene de alto lo tiene de tonto, un abogado sin clientes, un niño de papá, Iván Espinosa de los Monteros, que nunca ha hecho nada, y Rociito Monasterio, que está encantado de haberse conocido y de haber medrado con las autonomías, con esas que vais a acabar pasado mañana por la mañana. Si lo único que haces bien, para lo que sirves, sociólogo, o sea nada, es para ir a los toros y para entrenarte en el gimnasio. Si tenías dificultades económicas hace menos de un año y con la presión fiscal que padecemos para financiar a una cigarra como tú, no has tenido tiempo para ahorrar para la mansión, así que has metido las dos manos en la caja.
Vas a prestar el último servicio a la casta, payaso, tú que siempre has sido un chico obediente, vas a presentar moción de censura para hacer el ridículo, para acabar con Pablito Casado, que de tanto regalarle masters y títulos, no sabe de nada, más que con Pedro Sánchez, porque acabar no acabas, no te dan los números, y además te falta autoridad moral porque te empeñaste el 8 M en tener tu baño de masas y gritar ¡viva el rey!, para dejar claro que sirves a la casta. Y lo que vas a dar el pistoletazo de salida a la frustración nacional que te llevará por delante, como a todos los falsarios. Tú el más falsario de todos, patriota de opereta. Has engañado a mucha gente, durante demasiado tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. El que nace lechón, muere cochino".
Santaolalla
dice basta: el machismo ultra se verá en el juzgado
Cuando el acoso se disfraza de periodismo y el insulto se convierte en método, la respuesta ya no es debatir, es denunciar.
La analista política Sarah Santaolalla ha anunciado acciones legales contra el agitador de extrema derecha Bertrand Ndongo tras recibir nuevos insultos machistas públicos. La frase con la que zanjó el episodio es clara y poco habitual en un ecosistema acostumbrado a la impunidad: “Nos vemos en el juzgado, agresor”.
Ndongo no pregunta, hostiga. No informa, intimida. Su forma de operar vuelve a quedar en evidencia tras otro episodio de acoso, esta vez durante la campaña en Extremadura, donde increpó físicamente al candidato socialista Miguel Ángel Gallardo, invadiendo su espacio personal, elevando el tono y forzando una escena de tensión mientras se grababa. No hubo entrevista. Hubo presión, forcejeos y un intento de entrar por la fuerza en un espacio privado.
Cuando Santaolalla denunció públicamente estas prácticas, la respuesta fue el insulto sexual directo. Machismo explícito, violencia verbal clásica y desprecio absoluto, el manual de siempre. Lo relevante esta vez no es solo el ataque, sino la reacción. Santaolalla no optó por el silencio ni por la réplica televisiva. Optó por el camino judicial.
La extrema derecha mediática ha convertido el acoso en contenido y el insulto en estrategia política. Durante demasiado tiempo, estas conductas han sido toleradas en nombre de una supuesta libertad de expresión que nada tiene que ver con la intimidación ni con la violencia machista.
Que una mujer decida plantar cara en los tribunales no es un gesto individual. Es un aviso colectivo. Porque el problema ya no es solo quién grita delante de una cámara, sino quién le sigue dejando hacerlo sin consecuencias.
Cuando el odio se normaliza, denunciar deja de ser una opción y se convierte en una obligación.
martes, 23 de diciembre de 2025
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