Albiol, denunciado por 4 delitos tras el desahucio de Badalona: prevaricación, desobediencia, discriminación y odio

Illa y las ONG se coordinan sin el Ayuntamiento para auxiliar a los desalojados

Roberto Ugena

24-12-25

ElPlural

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha demostrado en la última semana por qué es considerado uno de los políticos más racistas del país. El regidor del Partido Popular (PP) ha acometido el desahucio de casi 400 personas vulnerables, utilizando como argumento su origen y su condición social para atribuirles un carácter de delincuencia, y lo ha hecho sin garantizar los mínimos requeridos por la Justicia, mientras otras administraciones, como la Generalitat de Salvador Illa, y las ONG intentaban auxiliar a los desalojados. Por todo ello, el ultraderechista ha sido denunciando ante la Fiscalía.

La denuncia presentada por los Comuns, a través del eurodiputado y abogado Jaume Asens, acusa a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa. A la par, la Fiscalía ha instado de oficio al juzgado de Badalona que autorizó el desalojo a comprobar si el Ayuntamiento ha atendido a las víctimas del desahucio, algo que no se ha producido, contraviniendo el mandato judicial, dado que el auto hacía constar que debían ser auxiliadas por los Servicios Sociales.

La resolución del juzgado, como consta en la denuncia de los Comuns, condicionaba el desalojo del instituto abandonado B9 a que el Ayuntamiento “garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sintecho”. Es más, establecía claramente que el desahucio estaba “expresamente condicionado” a la atención de los vulnerables. Pero a Albiol le ha dado totalmente igual y ha llegado a presumir abiertamente de que “no iba a ofrecer alojamiento ni recursos habitacionales”, lo cual vulnera a todas luces el mandato judicial.

Por si fuera poco, las arengas racistas de Albiol movilizaron una turba xenófoba de 150 sujetos, muchos menos que los cientos de personas que han defendido a los afectados, que posteriormente el alcalde fue incapaz de controlar y a las que no expulsó ni reprimió, pese a encontrarse en plena calle evitando que una parroquia acogiese voluntariamente a los desalojados y que Cáritas y Cruz Roja les atendiese y proporcionase los mínimos vitales. Un clara tolerancia y permisividad institucional con la chusma racista que ha crecido a su sombra.

Vertiendo bulos que después ha reconocido no poder sostener con datos, arengando a unas masas de las que luego desvincularse cuando crece la violencia y renunciando a la caridad cristiana con la que suele golpearse el pecho, ni que decir de humanidad o salvaguarda de derechos, Albiol ha vuelto a propiciar un enfrentamiento en Badalona, ni de lejos el primero ni el último, basado en el origen de los vecinos. Y una vez generado, se ha lavado las manos y ha atendido a sus víctimas dependiendo si los consideraba delincuentes o no, sin datos, de su trabajo y de su procedencia.

Illa y entdides sociales se coordinan para ayudar a los vulnerables

Albiol ha renunciado a cumplir las funciones a las que mandata la ley y, más allá de las consecuencias judiciales que esto pueda tener, lo inmediato y preocupante es que cientos de personas están subsistiendo en las calles, en plena ola de frío, sin servicios básicos y perseguidos por el alcalde y sus exaltados. Por ello, las entidades sociales, los sindicatos de vivienda y las asociaciones barriales, al lado de los vulnerables desde antes del desalojo, y la Generalitat de Catalunya se están coordinando para abordar la situación por su cuenta.

Muchos de ellos se encuentran acampados bajo el puente de la C-31, mientras que otros se ubicaban en un albergue de Can Bofí Vell. La intervención conjunta liderada por el Govern de Salvador Illa podría alargarse en el tiempo para evitar que vuelvan a triunfar los boicots racistas y garantizar la protección de las personas vulnerables. Por su parte, Cáritas se ha hecho cargo de 52 vecinos, 15 de ellos los que fueron atacados cuando iban a refugiarse en la parroquia, utilizando recursos privados y de la Generalitat. Otras decenas han sido asistidas por Derechos Sociales.