La sentencia que desnuda la maquinaria corrupta de la Púnica: sobornos, comisiones y caja B

El fallo judicial documenta un sistema organizado de sobornos, comisiones y favores políticos

Suren Gasparyan

ElPlural

24-12-25

Más de diez años después de que estallara la Operación Púnica, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que permite reconstruir con precisión cómo se articuló una de las mayores tramas de corrupción municipal de la democracia, la cual estuvo basada en contratos amañados, pagos en negro y una densa red de poder político-empresarial que funcionó durante años con una sensación de impunidad casi absoluta.

El fallo, correspondiente a la pieza sexta del macroproceso —centrada en las adjudicaciones de eficiencia energética a la empresa Cofely— condena a 29 personas, entre ellas seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid, por delitos de prevaricación, cohecho, fraude a la administración, organización criminal y blanqueo de capitales. Cinco de esos exregidores pertenecían al Partido Popular y uno al PSOE, un dato que la sentencia subraya para dejar claro que la lógica de la trama trascendía las siglas y se asentaba en el control del poder local como palanca de negocio.

La resolución judicial, de 611 páginas, describe con detalle el funcionamiento de una organización criminal “perfectamente estructurada”, en la que empresarios y cargos públicos cooperaban de forma estable para manipular concursos públicos, inflar contratos y repartirse comisiones que oscilaban entre el 2% y el 3% del importe adjudicado. Los contratos, en su mayoría vinculados a servicios de eficiencia energética, eran diseñados a medida para favorecer a la empresa adjudicataria, eliminando de facto la competencia y convirtiendo la contratación pública en un mercado cautivo.

El engranaje empresarial y político de la corrupción

En el centro de esta red aparece la figura de David Marjaliza, considerado por los jueces como el principal “conseguidor” de la trama. Marjaliza ha sido condenado a ocho años y dos meses de prisión por organización criminal, cohecho y blanqueo, tras reconocer parcialmente los hechos y colaborar con la justicia. Su papel consistía en actuar como intermediario entre las empresas interesadas en los contratos y los responsables políticos que podían garantizar las adjudicaciones, a cambio de comisiones que posteriormente eran repartidas y ocultadas a través de un entramado societario.

Junto a él, la Audiencia Nacional ha impuesto penas de hasta seis años y once meses de cárcel a varios directivos de Cofely, a quienes atribuye una participación activa y consciente en un sistema de corrupción “sistemático y planificado”. La sentencia descarta que se tratara de hechos aislados o decisiones individuales y sostiene que la empresa asumió la corrupción como un coste más del negocio, integrado en su estrategia de expansión en numerosos municipios madrileños.

Las condenas a cargos públicos dibujan un mapa preciso y preocupante de la corrupción local en la Comunidad de Madrid durante más de una década, en la que determinados ayuntamientos funcionaron como nodos clave de una red de intereses políticos y empresariales. Exalcaldes de municipios como Móstoles, Collado Villalba, Moraleja de Enmedio, Serranillos del Valle o Parla aprovecharon su posición institucional y su capacidad de decisión para orientar de manera sistemática la contratación pública hacia empresas previamente seleccionadas, vulnerando los principios de concurrencia, transparencia e igualdad que deben regir el uso de fondos públicos. A cambio, recibieron dinero en efectivo, regalos de alto valor, pagos encubiertos y otros beneficios personales que, según la sentencia, formaban parte de un sistema de recompensas estable y asumido como normal.

El tribunal considera probado que en varios de estos municipios los procedimientos administrativos eran una mera formalidad, diseñada para dar cobertura legal a decisiones ya tomadas de antemano. En algunos casos, los contratos se adjudicaban de facto incluso antes de que se publicaran los pliegos de condiciones, que eran redactados a medida para encajar con la empresa beneficiaria y excluir a posibles competidores. Esta manipulación previa vaciaba de contenido cualquier apariencia de legalidad y convertía los concursos públicos en un trámite ficticio, subordinado a acuerdos cerrados en despachos, restaurantes o reuniones privadas. La sentencia subraya que no se trató de actuaciones aisladas ni de errores administrativos, sino de una práctica reiterada que transformó el poder municipal en una herramienta al servicio del enriquecimiento privado y del mantenimiento de una red de lealtades basada en la corrupción.

De Valdemoro a la macrocausa: una década de impunidad

Pero la sentencia va más allá de la mera enumeración de delitos y responsables. El fallo reconstruye el origen de la trama a finales de los años noventa, cuando Francisco Granados, entonces alcalde de Valdemoro y posteriormente número dos del PP madrileño, comenzó a tejer una red de relaciones con empresarios del sector inmobiliario y de servicios. A partir de ahí, la práctica del “pelotazo” urbanístico y de la adjudicación amañada se extendió como un modelo de gestión, primero en el ámbito del suelo y después en contratos de servicios municipales.

La Operación Púnica estalló en octubre de 2014 con 51 detenciones y registros simultáneos, sacudiendo los cimientos del poder político en Madrid y revelando la existencia de una presunta “caja B” destinada a financiar ilegalmente campañas electorales del PP regional. La investigación, dirigida inicialmente por el juez Eloy Velasco y continuada después por Manuel García-Castellón, se fragmentó en 16 piezas separadas para poder abordar la enorme complejidad del caso, que acumuló más de 60 tomos de sumario y cientos de horas de escuchas telefónicas.

La pieza de Cofely, ahora sentenciada, es una de las que mejor ilustra el carácter sistémico de la corrupción. Según los magistrados, no se trataba solo de enriquecimiento personal, sino de un modelo de relación entre política y empresa que convertía las instituciones públicas en herramientas al servicio de intereses privados. Los ayuntamientos no eran víctimas pasivas, sino actores fundamentales en una dinámica en la que el poder político se utilizaba para generar negocio y lealtades.

La sentencia también pone de relieve las carencias estructurales del sistema de control de la contratación pública y la lentitud de la respuesta judicial. Más de una década después de los primeros hechos, muchas condenas se han visto atenuadas por dilaciones indebidas, una circunstancia que, aunque legalmente justificada, vuelve a abrir el debate sobre la eficacia del sistema penal frente a la gran corrupción.

Aun así, el fallo supone un hito. No solo por el número y la relevancia de los condenados, sino porque fija un relato judicial sólido sobre cómo operó una de las redes de corrupción más extensas de la democracia. La Audiencia Nacional deja claro que la Púnica no fue una suma de excesos individuales, sino una organización criminal con planificación, reparto de funciones y vocación de permanencia.