sábado, 31 de enero de 2026
Este país tomó una decisión histórica.
Francia se convirtió en el primero del mundo en obligar a los supermercados a donar la comida no vendida.
Nada de tirarla a la basura.
Todo debe ir a personas necesitadas o a organizaciones benéficas.
La ley busca frenar el desperdicio de alimentos.
Y ayudar a millones que pasan hambre.
Antes, toneladas de comida terminaban en la basura cada día.
Ahora, ese desperdicio ya no está permitido.
Muchos aplauden la medida.
Otros creen que debería aplicarse en todo el mundo.
SoyFelber
En 1954, en Fuerteventura, el franquismo creó un sitio llamado Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía.
El nombre parecía inocente.
Pero era una prisión para hombres detenidos por una sola razón: ser homosexuales.
No habían robado.
No habían hecho daño a nadie.
Su delito era existir fuera de lo que se consideraba normal.
Los llevaban a un lugar perdido, rodeado de tierra y viento.
Dormían en barracones.
Trabajaban bajo el sol todo el día.
Eran humillados para aprender a obedecer y a callar.
Les decían que aquello era para “corregirlos”.
Para convertirlos en otros hombres.
Cuando salían, no hablaban de lo ocurrido.
Volvían a sus pueblos con una historia falsa.
El silencio era la única manera de seguir vivos.
Durante décadas, Tefía no apareció en libros ni en discursos.
No existió para nadie.
No fue una cárcel por lo que hicieron.
Fue una cárcel por lo que eran.
Y lo más duro no es solo lo que pasó allí.
Es que durante años nadie quiso saberlo.
Aznar y su mujer, presentes entre los más de tres millones de documentos sobre el caso Epstein
El depredador y su esposa enviaron dos paquetes al expresidente del Gobierno en 2003 y 2004
Lirios Arques
30-1-26
ElPlural
Este viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacado a la luz hasta más de tres millones de documentos sobre el pederasta y millonario Jeffrey Epstein, en el marco de la ley que se aprobó el pasado mes de noviembre y que exigía a la Administración de Donald Trump publicar todos los registros vinculados al depredador. Sin embargo, en esta ocasión estos nuevos documentos salpican al expresidente del Gobierno de España José María Aznar, sin que implique esto último una relación directa en calidad de clientes o de conductas relacionadas a las de Epstein.
Según ha podido desvelar El País, el nombre del expresidente del Ejecutivo aparece entre la ingente cantidad de documentos en, al menos, tres ocasiones. De esta forma, se desprende que tanto el depredador como su expareja Ghislane Maxwell le remitieron a Aznar dos paquetes en 2003 y en 2004. Por su parte, el primero de ellos lo enviaron cuando Aznar todavía era presidente del Gobierno y por el envío de este se pagaron 32,62 dólares para que viajara desde sus oficinas en Nueva York hasta el Palacio de la Moncloa. “Presidente y Ana Aznar. Complejo de La Moncloa”, es lo que aparece en el destinatario de ese primer envió. Al margen de ello, también aparece un correo electrónico que se envía al hijo del expresidente con la dirección de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES).
Por su parte, en mayo de 2004 tuvo lugar el segundo envío. En ese momento, Aznar ya no ocupaba la presidencia del Gobierno. Para tal paquete, tanto Epstein como su esposa pagaron 49,87 euros por enviarlo al “Presidente Aznar”, concretamente, a su despacho de la calle Juan Bravo.
Más de tres millones de documentos nuevos
El Departamento de Justicia ha publicado este viernes una nueva serie de documentos relacionados con la investigación sobre Epstein. Entre estos más de tres millones de documentos se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes recopilados de las investigaciones contra el pederasta y su expareja, Ghislaine Maxwell; así como de las pesquisas sobre la muerte del delincuente sexual. Con esta última publicación, la administración de Trump cumple con la ley aprobada en noviembre que exige al departamento publicar todos los registros relacionados con el depredador sexual con el fin de revelar lo que el gobierno sabía sobre el abuso sexual de menores por parte de Epstein y sus interacciones con personas poderosas.
El departamento declaró a finales de año que aún tenía más de cinco millones de páginas por revisar y que necesitaba reasignar a cientos de abogados para ello. "Hoy estamos produciendo más de tres millones de páginas, incluyendo más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes en total; eso significa que el Departamento produjo aproximadamente tres millones y medio de páginas en cumplimiento con la ley", ha señalado el fiscal general adjunto Todd Blanche en una rueda de prensa.
"Los empleados del Departamento de Justicia han estado trabajando duro para conseguir que se publiquen los archivos, dijo, con más de 500 abogados y profesionales dedicando largos días y noches para completar esta producción", ha añadido.
Donald Trump, que fue amigo de Epstein en la década de 1990 y principios de la de 2000 antes de su primera condena, se había resistido durante meses a cualquier divulgación de la investigación hasta que tanto demócratas como republicanos en el Congreso aprobaron la ley a pesar de sus objeciones.
El abogado de la demanda a Óscar Puente insulta a ElPlural.com tras informar sobre sus comentarios fascistas
Pedro Muñoz Lorite ataca a este medio por informar de su condena por comentarios racistas y sus contratos con el PP madrileño
F.G.
31-1-26
ElPlural
El abogado y 'youtuber' Pedro Muñoz Lorite se ha dado a conocer en los últimos días por haber denunciado al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su responsabilidad en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Sin embargo, el letrado de la asociación Libertad y Justicia y LaBE Abogados, el despacho que dirige, no son nombres nuevos para la derecha. Ahora, Lorite ha enfocado el odio que vierte desde su infame canal de YouTube en ElPlural.com, que esta semana ha informado de los vínculos del abogado con el PP y de la condena que recibió por enviar comentarios islamófobos a una empleada de su despacho.
Este medio ha contado en los últimos días que LaBE Abogados tiene adjudicados los servicios de orientación jurídica en los Servicios Sociales de Madrid por el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida por más de 1.300.000 euros. También que otros consistorios dirigidos por el PP madrileño han regado con cientos de miles de dinero público al despacho del que Lorite es CEO. Y también que una de sus empleadas le denunció por decirle, entre otras cosas, que el Islam es "la religión creada por Satán".
Además de todas estas actividades, el abogado que ahora ha abierto la vía judicial de la derecha contra Puente dedica parte de su tiempo a su canal de YouTube. Lorite no esconde sus inclinaciones políticas, y en sus vídeos vierte su bilis sobre la izquierda con insultos a periodistas y políticos y teorías de la conspiración. El letrado la ha tomado ahora con ElPlural.com, acusando a este medio de ser "siervo de Pedro Sánchez" y vejando a su fundador, Enric Sopena.
La ofensiva de Lorite contra ElPlural.com
Lorite asegura que la condena judicial por sus insultos islamófobos a una empleada es falsa. Se escuda en que sus mensajes, que incluyen términos como "moro de mierda, cabrón, perro, ladrón" están sacados de contexto. Lo hace en su vídeo 'Público, El Plural, El Diario = Mierda informativa!!!', en el que señala a estos medios por cumplir con su trabajo periodístico y tratar de ponerse en contacto con él.
El mismo día publicó otro vídeo titulado 'Periodistas siervos de Pedro Sánchez!!!', en el que ataca al fundador de este periódico, Enric Sopena. Lorite acusa al periodista de haber sentado las bases de "un negocio basado en el ataque personal". Lo hizo justo el mismo día en que se publicó la noticia que desgrana sus contratos con ayuntamientos del PP, que se apoya en datos que son públicos en los portales de transparencia de la administración.
Los vínculos del PP con Lorite
Que los contratos que LaBE tiene adjudicados por administraciones del PP se hayan firmado de forma legal, como defiende Lorite en su vídeo, responde a una acusación que no se vierte en ninguna de las líneas publicadas por este medio. Lo que es un hecho es que el despacho ha recibido desde 2019 millones de euros de dinero público por prestar sus servicios jurídicos a estos ayuntamientos.
El contrato más jugoso es el que mantiene con el Ayuntamiento de Madrid, por el que LaBE ofrece el Servicio de Orientación Jurídica a los usuarios de los centros de Servicios Sociales de la capital. El consistorio, que dirige el PP de José Luis Martínez Almeida, renovó la licitación en 2024 por un valor estimado de 1.367.349, 66 euros.
De hecho, fue en este servicio donde una trabajadora denunció comentarios racistas y denigrantes hacia la religión musulmana por parte de Lorite. Un juez condenó a LaBE a indemnizar con 20.000 euros a la abogada, de origen marroquí. Además, declaró nula la decisión de despedirla después de que esta fuera trasladada a Valdemoro, otra de las localidades en la que el despacho tiene una adjudicación.
viernes, 30 de enero de 2026
#ArtículoCompleto | Pensiones como rehén, escudo social como moneda
- Cuando la política convierte derechos básicos en piezas de negociación, el daño no es abstracto: tiene nombre, fecha y cuantía.
La votación que tumbó el decreto del llamado escudo social dejó una imagen nítida del momento parlamentario. PP, Vox y Junts votaron juntos para bloquearlo, mientras el Gobierno de PSOE y Sumar trató de sostener que los derechos sociales no se trocean a conveniencia. No solo por la urgencia (las nóminas de enero ya incorporaron la subida), sino por la lógica distributiva: si la economía crece, el reparto debe llegar antes a quienes sostienen el sistema. La revalorización prevista era del 2,7% para la mayoría de pensiones y de entre el 7% y el 11% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Cifras, no consignas.
La respuesta de Junts añadió una capa política distinta. Su portavoz justificó el voto negativo en nombre de la “ocupación” y del “colapso” de servicios en Catalunya, reclamando una ley específica contra las ocupaciones. El dato clave quedó relegado: la prohibición de desahucios del decreto solo afectaba a grandes tenedores (a partir de 11 viviendas). No a pequeños propietarios. El desplazamiento del foco no es inocente; traduce un conflicto de intereses en un relato de inseguridad.
La escena dejó además una advertencia desde PNV, que sin votar en contra marcó distancias. Su crítica no fue al contenido social, sino al método: decretos sin negociación previa y una dinámica de “ruleta rusa” parlamentaria. Es una observación relevante. La política social no puede vivir permanentemente del alambre, pero tampoco puede ser paralizada por una exigencia procedimental que sabe que el tiempo juega contra las personas más vulnerables.
Mientras tanto, el segundo decreto, el de ayudas al transporte público, sí fue convalidado (179 votos a favor), aunque contaminado por el clima de los recientes accidentes ferroviarios y la abstención crítica del PP. El contraste es elocuente: cuando la medida no toca el nervio ideológico de la vivienda, el consenso aparece. Cuando lo toca, se invoca la técnica legislativa.
El debate reveló, además, una asimetría discursiva. Desde la derecha se denunció el “abuso” del decreto ley mientras se exigía separar piezas para votar lo “popular” y bloquear lo “incómodo”. Ese selectivismo vacía de contenido la crítica institucional. Si el problema fuera el instrumento, no habría ofertas de apoyo parcial condicionadas a amputar el corazón social del paquete.
Hubo también ruido, como la intervención de Vox, retirada del acta por insultos. El ruido no es accesorio: cumple la función de desplazar la conversación desde derechos concretos hacia una guerra cultural que convierte la política social en un campo de batalla moral. En ese terreno, perder tiempo es ganar ventaja.
El Gobierno baraja ahora aprobar un nuevo decreto para garantizar el cobro de las pensiones con la subida ya aplicada y ganar un mes para renegociar. Es una salida técnica a un bloqueo político. Pero no resuelve el fondo: la normalización de una práctica en la que derechos consolidados se convierten en fichas de intercambio y el calendario de millones de personas depende de tácticas de desgaste.
La fotografía final no es solo la de una votación fallida. Es la de un Parlamento donde la protección social se discute como si fuera un favor y no una obligación, donde el procedimiento se usa para erosionar el contenido y donde la vivienda, convertida en dogma de propiedad, sirve para vetar un escudo que no distingue entre pensionistas, familias vulnerables y trabajadoras pobres porque la realidad tampoco distingue. Cuando se decide retrasar derechos para “negociar mejor”, alguien siempre paga el interés de la demora.
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Pensiones como rehén, escudo social como moneda
https://spanishrevolution.net/pensiones-como-rehen-escudo...
La familia de Carmen tuvo que llevarla a una residencia porque ya no podía caminar sola. Se caía, necesitaba ayuda constante y no fue una decisión fácil, pero no había otra opción.
En marzo llegó el COVID.
Carmen empezó a encontrarse mal, le faltaba el aire, respirar se le hacía cada vez más difícil. Desde la residencia llamaron para ingresarla en un hospital, pero no todas las personas podían ir. Alguien decidió quién sí y quién no, quién tenía derecho a una cama y quién se quedaba donde estaba. Carmen no entró en la lista.
La dejaron en su habitación, tumbada en la cama, y desde allí lo único que podía ver era una pared blanca. No había médicos, no había familia, no había nadie que le cogiera la mano ni que le explicara qué estaba pasando.
Mientras tanto, su familia llamaba una y otra vez, preguntando cómo estaba Carmen, si podían hablar con ella, si estaba bien. Nunca pudieron.
Carmen miraba la pared y se preguntaba dónde estaban los suyos, por qué no venían, si la habían olvidado, si ya no importaba. Nadie le dijo que la querían, nadie le dio una palabra de ánimo, nadie estuvo con ella cuando más miedo tenía.
Murió sola, mirando una pared blanca, sin una mano que la acompañara.
Carmen es un personaje ficticio, pero lo que le pasó no lo es. En la Comunidad de Madrid, 7.291 personas mayores murieron en residencias sin ser trasladadas a un hospital. Murieron así, solas, sin despedidas, sin dignidad.
He escrito esta historia porque quería ponerle rostro al sufrimiento de las familias, porque detrás de cada número hay hijos, hijas, nietos, personas que hoy viven sabiendo cómo murió alguien a quien querían. Familias que no piden privilegios ni un trato especial, solo respeto, el mismo respeto que merecen todas las víctimas.
El mismo que se ha tenido con otras tragedias, como con las víctimas de la Dana, en Valencia, a las que se les hizo un funeral un año después. Porque el tiempo no borra el dolor y porque una víctima no vale más que otra.
Y sin embargo, mientras estas familias pedían memoria y dignidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insultó a la plataforma de víctimas llamándola “plataforma de frustrados de izquierda”, como si el dolor tuviera ideología, como si querer saber por qué murió tu madre fuera una pelea política.
Ese mismo día acudía a una misa por otras víctimas, con cámaras, solemnidad y protagonismo.
El mensaje es devastador, hay víctimas que importan y víctimas que molestan, tragedias que se acompañan y otras que se intentan silenciar, todo depende de quién gestione la tragedia y de a quién incomode.
La política está en todo, es verdad, pero usar el dolor como arma solo añade más sufrimiento a quienes ya lo han perdido todo.
Y al final queda lo más duro. Las familias saben hoy que su madre, su padre o su abuela murió sola, saben que nadie le cogió la mano, saben que lo último que vio fue una pared blanca, y con eso viven.
Viven con una culpa que no les pertenece y con una herida que nunca debió existir.
Carmen no tuvo misa, no tuvo homenajes, no tuvo palabras. Solo tuvo una pared blanca y el silencio
Lia
Ceci—
me
siento molesto(a).
Óscar Puente, el ministro incómodo: inteligencia, verdad y el azote de la derecha
Hay ministros que pasan. Y hay ministros que quedan. Óscar Puente pertenece, sin complejos, a la segunda categoría. En un tiempo político dominado por el ruido, el titular hueco y la bronca permanente, aparece alguien que hace algo casi revolucionario: pensar, decir la verdad y hacerlo a tiempo.
No es casualidad que moleste tanto.
Puente no grita. Argumenta. No se esconde. Da la cara. No improvisa consignas. Lee, estudia y responde. Y eso, en un ecosistema donde la derecha vive de la exageración, el bulo y la nostalgia de un pasado que nunca fue tan glorioso, resulta letal.
Porque el verdadero problema para la derecha no es que Óscar Puente sea de izquierdas.
El problema es que tiene razón demasiadas veces.
Cuando habla, no necesita adjetivos gruesos ni enemigos imaginarios. Le basta con los datos. Y los datos —qué mala suerte— suelen desmontar los relatos prefabricados que tanto éxito tienen en tertulias indignadas y editoriales escritos con espuma en la boca.
Óscar Puente representa algo que la política española necesita con urgencia: credibilidad. Y la credibilidad no se compra ni se fabrica en un gabinete de marketing. Se construye con coherencia, con trabajo y con una idea clara de para qué se gobierna: para mejorar la vida de la gente, no para ganar aplausos fáciles.
Por eso es el azote de la derecha.
No porque insulte.
No porque provoque.
Sino porque expone.
Expone contradicciones.
Expone silencios interesados.
Expone esa extraña costumbre de exigir responsabilidad cuando se está en la oposición y olvidarla cuando se gobernó.
Y lo hace con algo aún más peligroso que la ideología: inteligencia política.
En tiempos de cinismo, Óscar Puente resulta incómodo porque parece creer —de verdad— en lo que hace. Porque no habla como si la ciudadanía fuera tonta. Porque no se disculpa por defender políticas públicas, ni por llamar a las cosas por su nombre.
¿Es perfecto? No.
¿Comete errores? Seguro.
¿Es humano? Evidentemente.
Pero hay algo que lo distingue: no subestima a quien le escucha.
Y al final, como siempre, ocurre lo inevitable:
cuando no pueden rebatir las ideas, atacan a la persona.
Cuando no pueden desmontar los datos, gritan.
Cuando no pueden gobernar, bloquean.
Óscar Puente no es el problema.
El problema es que demuestra, cada día, que sí se puede gobernar con inteligencia, honestidad y sin pedir perdón por ser de izquierdas.
Y eso —aunque les duela—
no se combate con ruido. Se combate con votos.
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Pilar
González
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Intxaurrondo lee el decreto y el bulo se cae: así se desmonta la excusa de PP, Vox y Junts
- Cuando los datos entran en pantalla, el populismo sobre la okupación sale por la puerta
La escena fue sencilla y devastadora. En TVE, Silvia Intxaurrondo entrevistaba a Miriam Nogueras tras el voto conjunto de PP, Vox y Junts del 27 de enero que tumbó el decreto ómnibus. Un decreto que incluía la subida de las pensiones y el escudo social. La excusa elegida fue la de siempre: la okupación. Hasta que alguien decidió leer el texto legal en voz alta.
Lo que recoge el decreto es claro y está lleno de límites. Solo permite suspender desahucios en casos muy concretos, cuando la propiedad pertenece a grandes tenedores (personas jurídicas o con más de diez viviendas) y la persona ocupante es vulnerable (dependencia, violencia de género, menores a cargo). Nunca afecta a la primera vivienda del propietario, ni a segundas residencias ni a viviendas cedidas como residencia habitual. No hay barra libre ni ataque a la pequeña propiedad. Hay protección mínima y excepcional.
Y precisamente por eso incomoda tanto.
El problema no era el contenido del decreto, sino que leerlo dejaba sin coartada haber votado contra millones de pensionistas en 2026. El miedo a la okupación funciona mientras nadie revise la letra pequeña. Cuando se hace, queda claro quién prefirió el ruido al derecho y el populismo al escudo social.
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