Angel Jimenez Muñoz
miércoles, 24 de junio de 2026
Frasco Luis Pereda de los Rios
Los paseados del franquismo
Los paseados fueron víctimas de asesinatos extrajudiciales cometidos por los sublevados en 1936‑1937, antes de que se implantaran los fusilamientos tras consejo de guerra. Eran detenidos sin orden, sacados de casa o de la cárcel, llevados de noche en coche y ejecutados en cunetas o tapias sin registro ni juicio.
La selección de víctimas era arbitraria: militantes republicanos, maestros, sindicalistas, cargos municipales o simplemente personas denunciadas por enemistades locales.
Los paseos constituyen la fase inicial y más caótica del terror franquista, previa a la represión “legalizada” de los consejos de guerra.
Relación con los fusilamientos posteriores
A partir de 1937, los golpistas empezaron a usar consejos de guerra sumarísimos:
Juicios de minutos sin defensa real condenas por “rebelión militar” aplicadas a quienes habían defendido la legalidad republicana ejecución por Fusilamientos los paseados representan la fase inicial, más caótica y brutal; los fusilados, la fase “legalizada” del mismo proyecto represivo.
EL ESPÍRITU DE FRANCISCO FRANCO Y EL CONGELAMIENTO TIEMPO: EL PRECIO QUE PAGARON LAS MUJERES
Para comprender el impacto real de la larga época gobernada por el general Francisco Franco, no basta con analizar los mapas militares o las cifras macroeconómicas. El verdadero núcleo de su gestión radicó en la implantación de un espíritu profundamente ultraconservador, rígido y obsesionado con el orden moral y familiar tradicionales. Bajo su visión, España debía sanar de lo que él consideraba los "excesos liberales" del pasado, y el pilar fundamental para lograr esa estabilidad social fue el control absoluto sobre el rol de la mujer, congelando sus derechos durante casi cuarenta años.
El espíritu del gobierno de Franco anuló de inmediato todas las leyes progresistas anteriores que permitían el divorcio o la autonomía civil femenina. La mujer fue devuelta por la fuerza al ámbito puramente doméstico, bajo el rígido concepto de "ángel del hogar". La legislación de la época reflejaba esta mentalidad de custodia paternalista: a través del llamado "permiso marital", una mujer casada carecía de capacidad jurídica propia. Para realizar actos tan cotidianos en la actualidad como firmar un contrato de trabajo, abrir una cuenta bancaria personal, comprar bienes o incluso realizar un viaje largo, era obligatoria la firma de autorización de su esposo o de un tutor varón.
Este estricto marco legal y moral, respaldado por la educación institucional de la época, buscaba moldear una sociedad predecible y sumisa a la autoridad del Estado. Aunque en las últimas décadas del régimen este espíritu se flexibilizó levemente debido a las presiones económicas del mercado, la huella de esa rigidez social marcó a generaciones de familias. La historia nos demuestra que, en la mentalidad de los sistemas basados en la autoridad centralizada, el control de la vida cotidiana es el precio exigido a cambio de la estabilidad.
¿Qué reflexión te merece este enfoque del control social sobre los derechos individuales en la historia? Te leo en los comentarios.
Esther Palomera, adjunta al director de elDiario.es
ha resumido en una frase una de las contradicciones que más debate generan en la política española.
La periodista sostiene que el problema ya no es solo el recorrido judicial de Víctor de Aldama, sino la admiración y la credibilidad que ha adquirido en determinados sectores de la derecha política y mediática, donde sus intervenciones ocupan horas de televisión y marcan parte de la agenda pública.
"Se ha convertido en el faro moral de una parte de la derecha española", afirmó.
Una reflexión que pone el foco no solo en Aldama, sino en quiénes han decidido convertirlo en una referencia política.
Beni Lince Cordobés
El futuro judicial de Peinado: la jubilación puede salvarle del expediente, pero no de una querella
El CGPJ ha iniciado el proceso para valorar si expedienta al juez Juan Carlos Peinado por insinuar que los policías que escoltan a Begoña Gómez podrían ayudarla en una hipotética fuga, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”.
Es un señalamiento desde un juzgado, con firma y con efectos reales sobre agentes públicos cuya honorabilidad queda puesta bajo sospecha sin que se haya conocido una base sólida para sostener semejante acusación.
La Comisión Permanente del CGPJ ha remitido el asunto al promotor de la Acción Disciplinaria, que podría proponer una falta grave. El problema para el propio Consejo es el reloj: Peinado se jubila en septiembre, así que una hipotética sanción disciplinaria podría llegar tarde o tener un impacto muy limitado.
Pero esa no es la única vía.
Según explicó Miguel Ángel Campos, la Fiscalía podría plantear una querella por injurias y calumnias contra Peinado ante la Abogacía del Estado, en defensa de la honorabilidad de los agentes señalados. También podrían actuar los propios policías afectados o asociaciones policiales.
Porque decir que unos agentes podrían ayudar a una investigada a fugarse no es una simple hipótesis procesal. Es poner en duda su profesionalidad, su legalidad y su lealtad institucional.
Y aquí está el fondo del asunto: un juez puede investigar. Debe investigar si hay indicios. Lo que no puede hacer es convertir un auto judicial en una fábrica de sospechas que alimenta el clima político y mediático que rodea la causa.
La toga no da permiso para insinuarlo todo.
La independencia judicial no es impunidad retórica.
Y un auto no debería servir para embarrar a policías como si fueran figurantes de una conspiración.
Peinado podrá jubilarse en septiembre. Pero el problema que deja encima de la mesa es mucho más grande: una forma de instruir que parece confundir justicia con incendio institucional.
El juez Peinado trata de silenciar a ElPlural.com con una demanda de 300.000 euros
El magistrado también reclama 50.000 euros a Cadena Ser y 100.000 al activista Fernando Jabonero
ElPlural
24-6-26
J.Pardp/J.M. Garrido
El juez Juan Carlos Peinado ha presentado una demanda contra ElPlural.com, Cadena Ser y el activista Fernando Jabonero. El magistrado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid y encargado de la polémica causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, cimenta su exposición de motivos en que este periódico, al igual que el resto de los demandados, vulneró su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
La demanda, recibida en la sede física de ElPlural un mes más tarde de conocer las voluntades de Peinado a través del diario El Confidencial, consta de 352 páginas y se vertebra principalmente en que las tres partes demandadas difundieron información que permitía localizar y ubicar la vivienda que el juez Juan Carlos Peinado posee en La Adrada, un pequeño municipio de Ávila a menos de 100 kilómetros de Madrid, donde el instructor desempeña su labor profesional.
Concretamente, y tal y como recoge el propio escrito, las quejas del juez Juan Carlos Peinado tienen que ver con una serie de exclusivas que lideró ElPlural.com y que versaban sobre las presuntas irregularidades del chalet que el magistrado ostenta en el municipio abulense. Esta investigación, prolífica, amplia en fuentes y certera, giró en torno a varios descubrimientos: el primero, y más evidente, es que esta vivienda, pese a sus dos plantas, piscina y zonas comunes, estaba registrada en el catastro como “almacén”. Pero no se quedó ahí: la construcción de la piscina, presuntamente ilegal por la ausencia de licencias; la protección del Ayuntamiento de La Adrada a la hora de impedir el acceso a la información; el desbordamiento de aguas fecales; la ausencia de regularización; la “criminalidad urbanística” que apreció la Fiscalía o la condena que el propio juez recibió obligándole a pagar más de 75.000 euros a una constructora fueron otras de las informaciones adelantadas por este periódico.
Toda esta investigación, liderada por ElPlural.com y amparada en el derecho a la información que asiste a los medios de comunicación por la relevancia pública del personaje -instructor de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno amparada en recortes de prensa realizados por Manos Limpias y que ha terminado en la apertura de juicio oral y la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, así como en la petición de expediente al juez por parte del CGPJ-, es la que el juez Juan Carlos Peinado trata de silenciar a través de una demanda en la que, además, y haciendo alusión a toda una serie de hipótesis de lo más variopintas -desde la persecución institucional en su contra hasta la descripción de un presunto operativo para erosionar su maltrecha credibilidad-, critica muy sustancialmente a ElPlural.com.
“Finalmente, no puede obviarse el papel desempeñado por el diario codemandado ElPlural dentro de este contexto de presión mediática, en tanto ha venido publicando una cantidad extraordinariamente elevada de informaciones relativas al demandante, configurando una exposición continuada y sistemática de su persona en el espacio público”, indica el escrito, que prosigue justificando que este volumen de publicaciones “refuerza la idea de que la actuación del referido medio no se ha limitado a una cobertura informativa neutral de los hechos, sino que se ha integrado de facto en el clima de presión pública dirigido contra el Sr. Juan Carlos Peinado”.
Una sospecha elevada a categoría que motiva el diferente trato recibido por ElPlural.com respecto a otros medios. En esta propia querella, y fruto de la capacidad viralizadora y de difusión que reconoce el juez a este medio, Peinado hace una ostensible diferencia en la indemnización que solicita a las partes: mientras a ElPlural.com le reclama 300.000 euros, el instructor deja en 50.000 euros su petición a Cadena Ser y en 100.000 euros a Fernando Jabonero.
Lupe Sánchez, importantes conexiones y un festival de demandas
La querella presentada contra ElPlural.com, Cadena Ser y Fernando Jabonero por parte del juez Peinado está firmada por Guadalupe Sánchez Baena. Esta abogada, articulista además del medio The Objective, cuenta entre sus representados con personas poderosas y ampliamente vinculadas como Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, el rey emérito Juan Carlos I u otros perfiles vinculados a la política o los medios de comunicación como Esperanza Aguirre, Isabel Durán o David Alandete, entre otros.
El modus operandi de Lupe Sánchez ha sido similar con cada uno de sus representados. No en vano, las demandas presentadas en nombre del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid provocaron que la oposición madrileña otorgase a González Amador el sobrenombre de “mayor denunciador de la Villa de Madrid”. Y es que, si sumamos todo el dinero que reclaman los clientes de Novalex a políticos de izquierdas o periodistas progresistas, la cifra asciende por encima del millón de euros.
El frente judicial abierto por el novio de Ayuso cuenta entre sus víctimas con Pedro Sánchez (100.000 euros), Félix Bolaños (50.000 euros), Óscar López (50.000 euros) o la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuya demanda —por valor de 40.000 euros— fue rechazada por el Tribunal Supremo. También figuran en la lista representantes de PSOE, Más Madrid y varios portavoces socialistas, con cantidades que oscilan entre los 10.000 y los 30.000 euros.
Por su parte, el juez Juan Carlos Peinado activó su particular ofensiva judicial contra nombres propios del panorama político y mediático. Reclamó 430.000 euros en total a figuras como Pablo Iglesias, RTVE, Antón Losada, Ernesto Ekaizer, Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente y Gabriel Rufián, a quien solicitó 70.000 euros por considerar que insinuó una presunta prevaricación en su actuación durante la instrucción del llamado caso Begoña.
En el caso del monarca, la reclamación se limitó a unos 50.000 euros. Su defensa, según fuentes jurídicas, se centra en declaraciones públicas de figuras como Miguel Ángel Revilla, Corinna Larsen o el exasesor suizo Dante Canonica, a quienes acusó de haber lesionado su honor con afirmaciones relacionadas con sus finanzas personales y su vida privada.
ElPlural.com se suma ahora a esta lista de denunciados. 300.000 euros reclamados, cantidad muy superior a la solicitada en otros frentes, por la publicación de una serie de exclusivas sobre un juez que lleva siendo protagonista de la actualidad desde hace algo más de dos años, momento en el que decidió abrir una causa a Begoña Gómez que le ha valido el reproche de la Audiencia Provincial y del CGPJ en diferentes ocasiones.
Por qué necesitamos tu apoyo
Nos quieren silenciar. No lo vamos a permitir.
El juez Peinado nos reclama 300.000 euros por haber informado, con rigor y con fuentes, sobre las presuntas irregularidades de su chalet en La Adrada. Es la cantidad más alta que ha pedido a ningún medio en toda su ofensiva judicial. No es casualidad: somos el periódico que más y mejor ha documentado lo que ocurre.
ElPlural.com no tiene grandes grupos empresariales detrás. Lo que tenemos son lectores. Y en un momento como este, eso lo es todo. Si crees que este periodismo es necesario, hazte socio o socia hoy.
Chema Garrido y Javier Pardo — Director y subdirector de ElPlural.com
domingo, 21 de junio de 2026
Realeza en las sombras
Don
Juan Carlos I y Doña Sofía: una unión destinada a marcar una nueva
etapa en la Corona de España
La
relación entre Don Juan Carlos de Borbón y Doña Sofía de Grecia
nació en el contexto de las reuniones de las casas reales europeas
durante la década de 1950. Su primer encuentro tuvo lugar en Atenas
en 1954 y, a partir de entonces, el trato frecuente entre ambas
familias favoreció el nacimiento de una relación basada en la
confianza, el respeto y el afecto, que acabaría consolidándose en
un compromiso matrimonial.
Don Juan Carlos, educado en España bajo una exigente formación militar y académica, destacaba por su sentido del deber, su cercanía y su vocación de servicio. Doña Sofía, por su parte, había recibido una sólida educación internacional y humanística, sobresaliendo por su equilibrio, discreción y sensibilidad cultural. Desde el principio, ambos proyectaron la imagen de una generación preparada para asumir importantes responsabilidades institucionales.
Su enlace matrimonial, celebrado en Atenas en 1962, representó la unión de dos relevantes dinastías europeas y despertó un notable interés dentro y fuera de España. Tras fijar su residencia en territorio español, formaron una familia con el nacimiento de la infanta Elena, la infanta Cristina y el entonces príncipe Felipe, ofreciendo una imagen de estabilidad y compromiso con la institución.
El 22 de julio de 1969, las Cortes aprobaron la designación de Don Juan Carlos como sucesor a la Jefatura del Estado con el título de Rey. Años más tarde, en 1977, Don Juan de Borbón formalizó la renuncia a sus derechos dinásticos en favor de su hijo, reforzando así la continuidad histórica de la Corona.
Finalmente, el 22 de noviembre de 1975, Don Juan Carlos fue proclamado Rey de España y Doña Sofía pasó a ser Reina consorte. En aquellos primeros años de reinado, ambos simbolizaron una monarquía renovada, caracterizada por la juventud, el sentido del deber y la voluntad de afrontar con responsabilidad los retos del futuro
Por mucho que intenten disfrazar la realidad nunca podrán cambiar la Historia.
El 29 de marzo de 1.956 Juan Carlos de Borbón de 18 años mató de un disparo en la cabeza a su hermano de 14 años Alfonsito. Su padre le preguntó si lo había hecho adrede y no le contestó. Desde muy jovencito sufre un trastorno hipersexual, también conocido como trastorno compulsivo sexual que Paca la Culona desde que lo “adoptó” estuvo alimentando. Dejó preñada a una bella actriz de 18 años llamada Sandra Mozarowsky que murió en extrañas circunstancias y nunca se supo el resultado de la autopsia. Lo casaron con la única princesa que había disponible en aquel momento y que no le gustaba lo más mínimo.
El día que la Reina le pilló follando con la Bárbara Rey le empezaron a crecer los cuernos hasta el día de hoy mientras el d-émerito daba rienda suelta a su “trastorno compulsivo sexual” follando con cientos de amantes. Corina, una de las mas duraderas, hace unos días subastó las joyas que le había regalado incluido un anillo de compromiso. Parece ser que fue una subasta muy pero que muy generosa. Mientras la Reina con unas tragaderas como la catedral de Burgos sin querer enterarse que en este país el divorcio hace muchos años que es legal. Aunque como ella es una fiel devota de dos religiones tal vez en ninguna de las dos se acepta el divorcio.
Sin pegar un palo al agua se hizo multimillonario y se compró una maquinita para contar los billetes de banco tal como aparecen en las películas de mafiosos. El entonces Rey de España hizo una apuesta con un lejano pariente el llamado Conde Lequio para ver quien tenía la POLLA mas grande. Parece ser que salió muy satisfecho.
Hipócrita, mentiroso, avaricioso, con muchísimo dinero haciéndose la víctima de que no le permiten regresar a España cuando nadie se lo impide salvo Hacienda hasta que liquide lo que debe. Pero lo peor además de alabar constantemente al Criminalísimo por la Gracia de Dios confiesa que NO SE ARREPIENTE DE NADA.
Si Paca la Culona alias Miss Islas Canarias, Criminalísimo por la Gracia de Dios, el mayor asesino de Europa después de Hitler, del que estaba enamorado, levantase la cabeza fusilaría ipso facto a todos sus feligreses por apoyar a los judíos que durante toda su vida persiguió, encarceló, torturó y mató. Rojos-JUDEO-masónicos. Y por racistas, ya que su Guardia Personal eran MOROS que violaban robaban y mataban a su antojo con total impunidad.
El CGPJ se reunirá de urgencia para abrir un expediente disciplinario al juez Peinado por sus acusaciones a la Policía
Esa apertura se basará en el Artículo 418.5 de la LOPJ, el que regula las faltas graves
Loreto Ochando
21-6-26
ElPlural
El Consejo General del Poder Judicial no ha tardado ni 24 horas en mover ficha con el polémico juez Juan Carlos Peinado, tras el auto en el que como justificación para retirar el pasaporte a Begoña Gómez, el magistrado ha afirmado que la policía la podría ayudar a fugarse de España. Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes cercanas al CGPJ, se ha pactado una convocatoria urgente para una reunión de la Comisión Permanente del Consejo para la apertura expediente juez Peinado.
Esa apertura se basará en el Artículo 418.5 de la LOPJ, el que regula las faltas graves. El punto quinto dice que se considerará falta grave "el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial".
En el caso de Peinado se abrirá el expediente por las afirmaciones vertidas contra la Policía Nacional para justificar la retirada del pasaporte de la mujer de Pedro Sánchez. Peinado señaló a los polícías que custodian como escoltas a Begoña Gómez como posibles facilitadores de una posible fuga “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”.
Pero esta apertura del expediente se podría ver incrementada, pues el artículo tiene dos puntos que podrían afectar a Peinado, pero la Permanente solo entrará en uno, el quinto, porque el otro, el sexto, que es el que hace referencia a "la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico" especifica que, "el Consejo General del Poder Judicial solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución, y que conozca de la misma en vía de recurso".
Reclamación de Interior
A última hora del sábado, el Ministerio del Interior emitía un comunicado en la misma línea que los principales sindicatos policiales del país. Fernando Grande-Marlaska alzó la voz contra las insinuaciones que desprende el auto de Peinado contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El departamento entiende tales afirmaciones de “máxima gravedad”, por lo que elevó la “más enérgica queja” a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, para que el órgano de gobierno de los jueces adopte, en tal caso, las medidas que estimen oportunas contra el togado.
Interior precisa que las afirmaciones de Peinado proyectan una sospecha injustificada sobre servidores públicos cuya vocación es cumplir y hacer cumplir la ley. Por tanto, la tesis del magistrado no es sino un cuestionamiento tácito y directo de la profesionalidad policial. Marlaska subrayó en el comunicado que la actuación del os agentes se desarrolla dentro de la legalidad y acotó que su función forma parte de las garantías esenciales del Estado de Derecho. Por ello, rechaza rotundamente que se publicite una sospecha infundada sobre quienes tienen encomendada la protección de autoridades o su entorno familiar.
No obstante, Interior no sólo circunscribe su defensa a la escolta de Gómez, sino que entiende que el razonamiento de Peinado afecta también a sus mandos, al plantear que dichos agentes podrían actuar siguiendo instrucciones de superiores jerárquicos. A su juicio, dicha hipótesis implica insinuar que responsables policiales serían capaces de dictar órdenes ilegales. Un extremo que el departamento asume como especialmente grave.
Del mismo modo se pronunciaron previamente los principales sindicatos de Policía del país. Jupol fue el primero en verbalizar su malestar tras la publicación del polémico auto, calificando la teoría conspirativa como una “barbaridad” que siembra una duda infundada sobre servidores públicos “ejemplares”. De ahí, que reclamaran una rectificación inmediata para reparar el daño causado a la imagen del Cuerpo. Una tesis que también blandieron desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), quienes acotaron que ningún agente está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales y subrayaron que el ordenamiento jurídico exige a todo funcionario actuar en los márgenes legales.
Las réplicas más duras llegaron desde la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policías (UFP). Los primeros elevaron más el tono que sus compañeros, calificando el planteamiento del instructor como un “ataque intolerable, injustificado y profundamente ofensivo”. La UFP, por su parte, acusaba directamente a Peinado de deslizar una imputación de conducta delictiva contra agentes cuya función es precisamente la de prevenir delitos. Una acusación, entiendes todos los citados, que no sólo carece de base jurídica, sino que además deteriora la imagen del colectivo policial de cara a la opinión pública.
Nota: Resulta inconcebible que un juez retire un pasaporte basándose en la posibilidad de que la víctima se fugase con la ayuda de los guardias escoltas. ¿Y si no tuviese escoltas no sería mas factible esa posibilidad?. Había que retirárselo fuese como fuese, de cualquier manera.
sábado, 20 de junio de 2026
Suscribirse a:
Entradas (Atom)