La
Ley de Memoria Democrática, un conjuro tardío pero honesto contra
la injusticia
El
Congreso ha aprobado el texto, sin los apoyos de la derecha, con una
base sólida para que haya verdad, justicia y reparación del
franquismo y la Transición.
Por
Carmen
Rengel
15/07/2022
ElHuffPost
Mirar
hacia el pasado es lo normal en una sociedad sana. Cuando la
democracia está asentada y las libertades garantizadas, toca revisar
los tiempos en los que nada de eso existía o se había robado o
mutilado. Hay que hacerlo porque -ya se sabe- quien no conoce su
historia está condenado a repetir sus errores, pero también por una
cuestión de verdad y reparación con quienes sufrieron los tiempos
crudísimos.
España
ha tardado demasiados años en mirar a la Guerra
Civil y
la dictadura
franquista,
incluso a la Transición
posterior,
tan humana que también tuvo sus sombras, pero que devolvió, sin
violencia, lo que nunca debió haberse perdido. En 2007 se aprobó la
primera Ley
de Memoria Histórica,
y este jueves el Congreso ha dado el visto bueno a su sucesora y
complementaria, la Ley
de Memoria Democrática.
La
vieja norma abrió la puerta al debate público y a la conciencia
social y cívica, en un momento de apogeo de la lucha memorialista
que se supo escuchar, tras años de eco en el desierto, pero la nueva
afronta la deuda pendiente de la justicia y la dignidad y de los
deshonrosos flecos pendientes. Era obligada.
Al
final, el proyecto de ley ha salido adelante con 173 votos a favor
(los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, además del PNV,
EH Bildu, PDeCat y Más País), 159 en contra (PP y Vox) y 14
abstenciones (ERC y BNG). El consenso parcial ha sido suficiente,
pero ha estado alejado del todos a una que se pretendía
inicialmente, en una materia tan sensible. El debate en el Congreso
ha sido como poco tempestuoso.
El
PP promete derogar el articulado porque le produce “profunda
repugnancia” que salga adelante con el apoyo de los “herederos
del terrorismo etarra”, pero tampoco ha hecho una gran batalla
contra el contenido. En Vox directamente no argumentan, desde su caos
histórico habitual. Los nacionalistas catalanes y gallegos, en
cambio, pedían más; por ejemplo, que se derogase la Ley
de Amnistía.
No
es perfecta, pero avanza (mucho)
La
nueva norma es uno de los proyectos legislativos estrella de la
coalición PSOE-UE, impulsada inicialmente por la exvicepresidenta
Carmen
Calvo y
negociada y defendida luego por el ministro de Presidencia, Félix
Bolaños.
El texto tuvo la luz verde del Consejo de Ministros en julio del año
pasado pasado y en septiembre ya se presentaron alegaciones en la
Cámara Baja, hasta que al fin ha habido suma para llevarlo a pleno.
Tras el aval logrado ayer, en septiembre irá al Senado y entrará de
seguido en vigor, en cuanto se publique en el BOE.
Finalmente,
se revisan los déficits de la ley de José
Luis Rodríguez Zapatero.
No es perfecta, pero sí honesta con las necesidades presentes.
Consigue avances de calado. Contempla los grandes pilares dados a
conocer ya desde el primer borrador, como son la condena y repudia el
golpe de Estado del 36 y la dictadura -86 años después del
alzamiento, 47 años después de la muerte de Francisco
Franco-,
la declaración como injustas de las las violaciones de los derechos
humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y los 40 años
posteriores sin democracia y la consideración de ilegítimos de los
tribunales de excepción que dictaron sentencias, que ahora se
declaran nulas. Se profundiza en los reconocimientos a las víctimas,
poniéndolas “en el centro” de la acción pública, como defiende
el Ejecutivo.
También
se reconoce expresamente el papel activo de las mujeres en estos años
y se denuncian las represiones por razón de orientación sexual y
por el uso de lenguas y la cultura propia de cada territorio,
especialmente en importantes en el País Vasco, Cataluña o Galicia.
Todo ello, a través de una definición de víctima ampliada, que va
desde las personas LGTBI represaliadas a los niños adoptados sin
consentimiento de sus progenitores.
El
Estado tendrá la responsabilidad de buscar a las personas
desaparecidas con un plan cuatrienal, alrededor de 114.000 españoles,
aunque es cierto que eso no implica que tenga la obligación de abrir
fosas.
Se elaborará un mapa de localización de las personas desaparecidas
y se creará un Banco Nacional de ADN, cuando hasta ahora era
imposible tener ordenadas las muestras y cruzar datos.
También
se facilita el derecho de acceso a archivos y fondos de consulta y se
crea una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, para que también
desde la justicia se aborde lo pasado. La Justicia garantizará la
investigación de las violaciones de derechos humanos y la
interpretación de todo el marco legislativo de conformidad a los
tratados internacionales, los que llevaban años recomendando a
España que volviera sus ojos a su pasado reciente.
Se
hará, además, una auditoría y un inventario de la incautación de
bienes de represaliados por parte del régimen franquista. Una
comisión técnica estudiará las medidas de reparación de carácter
económico derivadas de las incautaciones realizadas por el
franquismo.
Hay
varias medidas destinadas a la desmemoria, a instalar en la sociedad
el conocimiento de una época vedado en otro tiempo, por aquellos que
defendían que es mejor pasar página, que para qué remover: se
establece el 31 de octubre como Día de las Víctimas del golpe de
Estado, la guerra civil y la dictadura, y el 8 de mayo como Día de
las personas exiliadas, y además se añade la memoria democrática
en el contenido curricular en la educación en bachillerato, la ESO y
la formación profesional, para mostrar la “represión que se
produjo durante la guerra y la dictadura”. Hoy
es un auténtico tabú, por más que algo se haya ganado con la Ley
Celaá.
En la misma línea, se creará un Centro Documental de Memoria
Democrática en Salamanca. La documentación de estas etapas de la
historia de España queda, al fin, protegida.
El
muy simbólico el paso de resignificar el Valle de los Caídos, que
pasa a llamarse Valle de Cuelgamuros: ya no podrá haber cuerpos de
ninguno de los protagonistas en ningún lugar preponderante. Tras
la exhumación de Franco en
octubre de 2019, ahora mismo quedan dentro los restos de José
Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, con cuya
familia hará contactos para sacarlo de allí. Se extingue también
.la
fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos
El Valle-Cuelgamuros entrará a formar parte del nuevo inventario
estatal de lugares de memoria democrática y se dará a conocer las
circunstancias de su construcción y su significado, “con el fin de
fortalecer los valores constitucionales y democráticos”. Saber,
comprender, prevenir.
Se
van a presionar más para la retirada de los símbolos franquistas
-algo pionero de la ley de Zapatero-, y se quitarán distinciones y
títulos nobiliarios otorgados por las autoridades fascistas -33
títulos concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de
Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola- y se
extinguirán aquellas fundaciones que hagan apología del franquismo
o inciten al odio. Por supuesto, eso incluye a la Fundación
Francisco Franco.
No podrá ser de utilidad pública ninguna asociación que haga
apología del franquismo, una situación insólita que aún se daba
en este país. Se crean dos nuevos supuestos de nacionalidad, se
establecerán un Consejo Interterritorial y un Consejo de la Memoria
y se fijan sanciones desde 200 euros hasta los 150.000 euros por
comportamientos contra la ley (una grave es por ejemplo destrozar
fosas).
Los
plazos que abarca la norma van del 18 de julio de 1936, fecha del
golpe de estado, hasta 1978, cuando se probó la actual Constitución
española.
Derecho
internacional y comisión
En
el trámite parlamentario la Ley de Memoria Democrática se ha
robustecido notablemente. En parte, por las negociaciones de los
socios de La Moncloa y en parte por las aportaciones aceptadas a
otras formaciones, parte de esa mayoría de investidura necesaria
para sacar la norma adelante.
PSOE
y Unidas Podemos pactaron registrar conjuntamente 30 enmiendas y
entre ellas destaca “la piedra angular de la reforma”, como la
llama el diputado Enrique
Santiago (secretario
general del PCE): la aplicación del derecho internacional a la Ley
de Amnistía de 1977. “Todas las leyes del Estado español,
incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se
interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho
internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el
Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de
guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la
consideración de imprescriptibles y no amnistiables”, defienden
los dos partidos de izquierdas.
Es
un paso de gran importancia y mucha sensibilidad para las víctimas
pero que está por ver, en la práctica, en qué cuaja. UP sostenía
que así se podría hacer pasar por el banquillo a los torturadores
franquistas, pero el PSOE expresa sus dudas. Esta fórmula no toca,
ni anula, ni deroga la polémica ley del 77, como reclamaba ERC, pero
sí establece un posible resquicio para sortearla. Dependerá de que
los tribunales la interpreten de una manera diferente a la que han
consolidado hasta ahora. En especial, el Constitucional, si tiene una
mayoría progresista.
Los
efectos prácticos de esta modificación serán muy limitados,
también, porque la inmensa mayoría de los autores de los crímenes
franquistas ya han muerto, pero al menos se busca un resarcimiento
moral, simbólico.
Otra
gran novedad, polémica, es que se va a crear una comisión técnica
que estudie los supuestos de vulneración de derechos humanos de
quienes trabajaron por la consolidación de la democracia entre la
aprobación de la Constitución en 1978 y diciembre de 1983. De
inicio, PSOE-UP proponía que se realizara un estudio -que no una
investigación- hasta 1982, pero se ha cedido y al final se añade el
primer año del Gobierno socialista de Felipe González, o lo que es
lo mismo, el principio de la trama GAL,
la guerra sucia contra la banda terrorista ETA. Fue en el otoño de
1983 cuando se sitúa, por ejemplo, el caso de Joxean
Lasa y Joxi Zabala,
torturados, asesinados y enterrados en cal viva. Por eso dice el
exmandatario que “no
le suena bien” la
nueva norma.
Ha
sido Bildu quien más interés tenía en esta extensión -también
Más País la pretendía- y es una de las razones que sirve al PP
para denunciar la supuesta “cesión” del Ejecutivo ante el que
siguen considerando “brazo político de ETA”. Tanto en el
Gobierno como en el grupo parlamentario socialista restan importancia
al pacto suscrito con EH Bildu, al señalar que la ley nace de un
Ejecutivo “progresista” y “no la escribe nadie desde otro
grupo”. El objeto de la comisión es revisar aspectos para
recuperar situaciones que derivaron en un marco de consecuencias que
no se deberían haber producido nunca”, señaló en rueda de prensa
el portavoz socialista en el Congreso Héctor
Gómez.
Realmente,
queda mucho por afinar sobre esta comisión. Se cree que servirá
para identificar a las víctimas, no a los verdugos, y que estará
formada por historiadores y especialistas, pero no se sabe ni los
plazos de actuación, más allá de que sus componentes se designarán
en un año. Hay investigaciones de las que partir, como las de
Mariano Sánchez Soler (La
transición sangrienta)
u Olivia Carballar (Yo
también soy víctima: estampa de la impunidad en la Transición)
que aportan ya una base escalofriante sobre la que empezar.
Entre
los otros añadidos importantes que tiene el texto que ahora se
aprueba destaca que “se declara ilegal el régimen surgido de la
contienda militar”, iniciada con el golpe de Estado que, “como
consecuencia de las luchas de los movimientos sociales
antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido
con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a
la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978,
tras la Transición democrática”. Se sabe, es obvio, que un golpe
no es la manera de proceder a una sucesión en el poder, pero ha
costado décadas ponerlo negro sobre blanco.
Y
más palabras que importan: la remozada ley recalca de manera
explícita la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas
constituidos a partir del 18 de julio de 1936, así como la nulidad
de todas sus resoluciones y condenas. Y “se reconoce el derecho al
resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas
producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o
creencia religiosa durante la guerra y la dictadura, en los términos
que se establezcan legalmente, así como en la normativa de
desarrollo”.
Lo
que queda en el tintero
Los
mayores críticos de esta norma son ERC y las asociaciones
memorialistas, las que han llevado todo el peso de la memoria
histórica en
España hasta que se ha empezado a legislar y aún entonces. Los
catalanes querían derogar la Ley de Amnistía y también ampliar el
marco de actuación de la norma, que acaba en 1978 y se queda corto.
Organizaciones
como la Asociación
por la Recuperación de la Memoria Hstórica (ARMH) piensan
igual pero añaden más faltas, que les lleva a calificar de tibia la
norma. Primero, falta un marco: “carece todavía en su contenido de
las exigencias
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y
eso significa que es insuficiente en las garantías que debe dar,
para el ejercicio de sus derechos, a las víctimas de la dictadura
franquista”.
Luego,
va al detalle: aparte de los plazos y la Amnistía, reclama que, con
la nulidad de las sentencias, “el Estado actúe de oficio para que
las familias recuperen los bienes incautados, se les devuelva el
importe actualizado de las sanciones y se rehabilite públicamente
desde todas las instituciones el buen nombre de las personas que
fueron injustamente condenadas”. También que haya actos de
reparación en “todos los municipios del Estado” dando los
nombres de “personas perseguidas, depuradas, difamadas, reprimidas
por su opción de género, por su militancia o atacadas de cualquier
modo por las autoridades golpistas”.
La
ARMH reclama también un “censo de verdugos y de personas que se
beneficiaron sin escrúpulos de la violencia ejercida por los
fascistas y de la enorme corrupción política y económica de la
dictadura”, que se concreten las indemnizaciones, que se le pidan
cuentas a la Iglesia católica por su papel de pilar de la dictadura
y su represión y que haya un compromiso de subvención para abrir
las fosas que restan.
Esta
mañana, ante el Congreso, varias asociaciones memorialistas más han
protestado porque la ley “no garantiza la justicia a las víctimas
de la dictadura” ni la reparación, por lo que piden que “vaya
más lejos”. “Estamos reclamando que esta ley no sea otra vez una
ley fallida para las víctimas del franquismo. Han pasado 45 años
desde las primeras elecciones democráticas y las víctimas del
franquismo seguimos estando ninguneadas”, ha declarado a los medios
durante la protesta la presidenta de la comuna de presos y
represaliados por la dictadura franquista, Rosa García, informa EFE.
A
estas críticas se han sumado las de políticos de la Transición,
incluso del PSOE, historiadores y pensadores que, desde la Asociación
para la Defensa de los Valores de la Transición han
firmado un manifiesto en el que se denuncia que se “tergiversa”
el “gran pacto constitucional” de aquellos años. Ponen su nombre
al pie personalidades como el expresidente del Senado, Juan José
Laborda, y el exministro de Sanidad y Defensa, Julián García
Vargas.
“Nuestro
vigente sistema democrático se fundamenta en ese gran pacto
constitucional de 1978, que refrendó una amplísima mayoría de
españoles. Y, por ello, no podemos aceptar que ese pacto sea objeto
de una tergiversación tan injusta y tan ajena a la verdad histórica,
como hace el proyecto de ley, incluso abriendo la posibilidad de
extender el periodo sospechoso de la dictadura hasta el 31 de
diciembre de 1983”, señalan los firmantes. Reclaman por ello que
se frene su aprobación y así no se instaure una “verdad oficial”,
por más que defiendan la necesidad de dar dignidad a las víctimas.
La
ministra portavoz del Gobierno, Isabel
Rodríguez,
ha respondido a estas quejas asegurando que la norma “reconoce que
la Transición fue ejemplar y quienes la hicieron también hicieron
un trabajo ejemplar”. Lo que conviene, enfatiza, es “darle una
lectura” al articulado “antes de apresurarse a hacer
valoraciones”, ya que “condena el franquismo y homenajea a las
víctimas de la guerra y de la dictadura de todos los bandos”. Lo
que no vale, dicen las asociaciones, es la ceguera de que aquel
diálogo y aquel consenso, tan difíciles, tuvo su cara negra.
La
aprobación de la norma, con este mar de fondo, se produjo tras un
tenso debate, con reproches cruzados de grueso calibre entre grupos
de derecha e izquierda, en los que las víctimas de la dictadura
franquista se mezclaron incomprensiblemente con las de la banda
terrorista ETA. A tal nivel subió la fiebre que hasta los diputados
de Unidas Podemos, EH Bildu y ERC abandonaron el salón de plenos
cuando intervino Vox.
Pese
a todo, la Ley de Memoria Democrática ya es una realidad y supone es
una grieta en el relato monolítico de esos años y en el bloqueo a
la justicia, el conocimiento y la reparación. Y por ahí es por
donde entra la luz.
