Iglesia Católica S.A.

El Gobierno se resiste a publicar el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia

Acude a los tribunales para oponerse al dictamen del Consejo de Transparencia, que instaba al Ejecutivo a publicar el listado de los bienes consignados como propios por la Iglesia católica 

De acuerdo con un informe oficial hecho público a instancias de Transparencia, estos bienes pueden sumar caso 35.000 en toda España

Jesús Bastante –

27/11/2019

eldiario.es

Una de cal y otra de arena. El Gobierno socialista, que lleva en su programa electoral la recuperación de los bienes registrados como propios indebidamente por la Iglesia, se resiste ahora a hacer público el listado de las inmatriculaciones llevadas a cabo entre 1998 y 2015, en virtud de la 'Ley Aznar' y que suma al menos cerca de 35.000 inmuebles, entre catedrales, parroquias, garajes, prados o pisos.

Según adelanta El País, el Ministerio de Justicia ha recurrido ante los tribunales el dictamen del Consejo de Transparencia que instaba al Ejecutivo a publicar el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia elaborado por el Colegio de Registradores. El recurso contencioso administrativo ha sido admitido a trámite. 

En dichas alegaciones, Justicia se ampara en una disposición de la ley según la cual no es obligatorio publicar información en curso de elaboración, y añade que cuando la tenga lista se la entregará al Congreso, que fue quien encargó que se elaborara.

Esta decisión ha sido duramente criticada por la coordinadora Recuperando, que aglutina a una veintena de instituciones que luchan por la devolución de los bienes, que consideran patrimonio público, al pueblo. "Es una muestra más de la poca voluntad que existe en el Gobierno de que este tema tenga una traducción democrática", recalcó Juanjo Picó, quien no obstante confía en que un futuro Gobierno de PSOE y Unidas Podemos aborde definitivamente la cuestión. "Ambos llevan las inmatriculaciones en sus programas", adujo.

Más de cien mil propiedades

En todo caso, el informe elaborado por los registradores de la propiedad –y que, según confirmó Justicia a este diario– está listo (a falta de retoques) desde hace más de un año, apenas refleja una mínima parte de los bienes que la Iglesia católica pudo poner a su nombre con solo la firma del obispo, que actúa como un notario (su palabra es ley), y sin pagar más que los 30 euros que cuesta el ejercicio del registro. "Es el chocolate del loro", lamenta el responsable de la plataforma Recuperando, Jorge García, que recuerda al Gobierno que la Iglesia "lleva inmatriculando bienes a su nombre desde 1946". 

Según los expertos, si solo contáramos los bienes apropiados por la Iglesia católica desde 1978 (año de la proclamación de la Constitución española), la cifra se incrementaría por tres o por cuatro, cifrándose en más de 100.000 los inmuebles inmatriculados desde la instauración de la democracia.

A mediados de noviembre la plataforma Recuperando reclamó al Gobierno la publicación del listado completo y la protección de los bienes de dominio público. En su opinión, las inscripciones son "nulas de pleno derecho" por "inconstitucionalidad sobrevenida", por lo que ha solicitado una normativa que identifique "con claridad" los bienes de dominio público que deben ser protegidos jurídicamente.

Batalla legal imprevisible

La resistencia del Ministerio de Justicia a publicar el listado de bienes puede encontrar al menos dos explicaciones. La primera, meramente instrumental: el Ejecutivo en funciones no quiere 'quemar' una carta de presión a la Iglesia antes de que se pueda formar Gobierno para la próxima legislatura. La segunda, más práctica: una vez se conozca el listado de bienes puestos a nombre de la Iglesia, serán los posibles afectados, fundamentalmente ayuntamientos, pero también particulares, los que tendrían un registro oficial ante el que poder recurrir la titularidad del inmueble, cementerio o parque.

A partir de ese momento comenzaría una batalla legal de difícil solución puesto que, en la mayoría de los casos, los bienes jamás estuvieron registrados oficialmente, de modo que el único papel oficial es el que pueda presentar el obispo de cada diócesis.

Y es que, junto a los datos del Registro, Justicia ultima un informe jurídico anexo que señalará las dificultades para la reclamación de propiedades, al tiempo que advierte de una posible parálisis del sistema jurídico español, sin olvidar los más que seguros recursos a la justicia europea. La Iglesia, que hace unos meses hablaba de "clima de desamortización encubierta", está preparada para una hipotética batalla legal.

Distintos expertos han apuntado que, una vez publicados los registros (si logra salvarse otro escollo, que es el de la Ley de Protección de Datos, a la que los Obispados podrían acogerse), tendría que verse qué instituciones o particulares podrían, llegado el caso, denunciar la titularidad de cada inmueble individualmente. "Nosotros no podemos hacerlo", apunta Jorge García, de Recuperando, que apunta a que debería ser cada Ayuntamiento, o particular, quien habría de intentar hacerlo. "Siempre y cuando tuviera algún título de propiedad anterior" lo cual, en el caso de los templos, se antoja sumamente complicado. Además, según la normativa, pasados dos años desde que el bien es registrado resulta casi imposible demostrar que la inscripción a favor de la Iglesia perjudicó a terceros.

El futuro de catedrales y santuarios

Lo que sí podría plantear el futuro Ejecutivo a la Iglesia sería negociar la titularidad de los más de 3.000 edificios reconocidos como 'Bienes de Interés Cultural', preservando el uso litúrgico y religioso de los inmuebles. Unos inmuebles que el Gobierno considera "bienes de dominio público" y, por lo tanto, falsas inmatriculaciones. La cifra es estimativa, teniendo en cuenta los datos de la propia Conferencia Episcopal, que en su última Memoria de Actividades afirmaba que "3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la Iglesia".

Entre ellos, 22 de los 44 bienes culturales declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, entre los que se encuentran varias catedrales. Hasta 31 de ellas, como ya adelantó eldiario.es, fueron nacionalizadas por el Gobierno de Niceto Alcalá Zamora en 1931, y ahora podrían volver a manos del Estado, tal y como sucede en Portugal o Francia.

¿Qué bienes podrían verse afectados? Hasta 31 catedrales (entre ellas, la mezquita de Córdoba, o los templos mayores de San Sebastián, Valladolid, Granada o Málaga), u otros templos, como la Seo de Zaragoza o la Giralda de Sevilla. Del mismo modo, habría que valorar cuáles de esos 3.168 bienes calificados como 'de interés cultural' fueron puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, para posteriormente proceder, en su caso, a la rectificación de la inmatriculación. Junto a ellos, muchos de los 616 santuarios existentes en España (desde Covadonga a Guadalupe, pasando por Caravaca de la Cruz, Loyola, El Rocío o Torreciudad).