Patrimonio
exige por escrito a los monjes del Valle de los Caídos que aclaren sus ingresos
y gastos, opacos desde su fundación
La
transferencia anual de 340.000 euros que hace el Estado a los benedictinos está
congelada a la espera de que presenten un presupuesto y justifiquen gastos
El Consejo
de Administración de Patrimonio Nacional acordó el 19 de noviembre urgir a los
religiosos a aclarar en qué gastan el dinero público, según la documentación a
la que ha tenido acceso eldiario.es
También les
exigen que aclaren una subvención de 114.000 euros de la Comunidad de Madrid
para la escolanía, una ayuda de la que la propia Comunidad aseguró a
eldiario.es no saber nada
27/11/2019
eldiario.es
Los monjes que custodian el
Valle de los Caídos llegaron en 1957 por un decreto franquista, están financiados
íntegramente con dinero público pero todavía no han presentado un
presupuesto equilibrado de gastos e ingresos, además de que tampoco
han despejado las dudas y peros que les ha presentado el Estado desde 2018.
El Consejo de Patrimonio
Nacional, patrono de la Fundación del Valle de la que son beneficiarios los
benedictinos y que corre con todos los gastos de reparación y mantenimiento, congeló
en 2018 la transferencia anual de 340.000 euros a la orden benedictina. Ese
dinero se ha utilizado durante estos años indistintamente para el propio
mantenimiento de la vida de los monjes (ropa, comida, teléfono,
gasolina) y para los fines fundacionales que les otorgó el dictador
en el decreto franquista que los llevó hasta Cuelgamuros: mantener una
escolanía de niños cantores, rezar, leer, estar al día del pensamiento, seguir
los escritos de los pontífices, celebrar misa y mantener la biblioteca.
En su última sesión del Consejo
de Patrimonio, el pasado 19 de noviembre, se aprobó hacer un requerimiento por
escrito a los monjes al que ha tenido acceso eldiario.es para que les entreguen
la documentación que falta y un presupuesto básico, tal y como están pidiendo
desde el año pasado. Por ahora no lo han hecho y la transferencia de dinero
continúa congelada.
Concretamente, Patrimonio
solicita al prior y sus monjes que documenten los ingresos y gastos de 2018 y
que diferencien en sus documentos los gastos que ha hecho en sus fines
fundacionales (rezar, leer, pensar, enseñar a los niños cantores) y los no
fundacionales, es decir, gastos de otra naturaleza que podrían ser gastos
personales de los propios monjes. A este requerimiento, el padre ecónomo
respondió en septiembre de este mismo año por mail que "todo fin no
mencionado en la normativa fundacional es un fin no fundacional", sin más
explicación.
Patrimonio también exige que
los monjes les envíen facturas y conceptos concretos que "sirven de justificación
a la subvención de la Comunidad Autónoma de Madrid a la escolanía por importe
de 114.656,59 euros". Cuando el prior informó en 2018 de esta subvención,
que aparece en su presupuesto de un folio y que es el único documento que ha
presentado al Estado parecido a un balance, eldiario.es preguntó a Presidencia
y Cultura de la Comunidad de Madrid por esta ayuda a la escolanía y fuentes
oficiales confirmaron que no se le ha dado ninguna ayuda
a esa escolanía después de hacer una búsqueda en el sistema.
Otra exigencia del Estado a
los religiosos es que, en caso de que estén en déficit, presenten una
justificación "o provisión para cubrir dicho déficit". De hecho, el
primer y único presupuesto que ha presentado el prior, y al que tuvo acceso
eldiario.es, tenía un agujero de 600.000 euros que
correría a cargo del Estado, dando por hecho que se cubriría con
dinero público. Para acabar, el organismo público les advierte de que seguirá
sin hacer la transferencia de 340.000 euros si no presentan las cuentas, ya que
"se advierte de la imposibilidad de realizar las actuaciones pendientes de
comprobación contable y control financiero".
El Tribunal de Cuentas ya
alertó en un duro informe en 2016 de
que no existía rendición de cuentas y detectó todo tipo de
deficiencias contables en el Valle. En 2017 y con Rajoy todavía en la
Moncloa, Patrimonio Nacional asumió parte de esas recomendaciones y acordó que
en 2018 se presentara un presupuesto completo, algo que, después de 60 años
recibiendo dinero público, los religiosos aún no han hecho.
El prior Santiago Cantera no
ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este requerimiento.
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