El PP calla ante la imputación de Montoro y su equipo de la “Hacienda patriótica” por traficar con leyes y beneficios económicos

El ahora partido de Alberto Núñez Feijóo guarda silencio ante la decisión jurídica contra uno de los hombres fuertes de Mariano Rajoy

ElPlural

17-7-25

Ruben Rozas

En el momento de publicación de estas líneas, el Partido Popular (PP) sigue guardando un silencio atronador sobre la imputación de Cristóbal Montoro, quien fuera ministro de Hacienda durante la era de Mariano Rajoy.

Han pasado varias horas desde que se conociera la noticia y la formación conservadora no ha emitido un solo mensaje por los canales que comparte con los medios de comunicación, ni vía redes sociales ni públicamente.

Si bien, ElPlural.com ha preguntado al entorno de Feijóo, desde donde señalan que “desconocen si es afiliado”.

El exministro de Hacienda y su guardia pretoriana, imputados

El exministro de Hacienda y Función Pública y uno de los hombres fuertes del anterior presidente del Gobierno pasaba a la calidad de imputado esta semana después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, lo procesara junto a su anterior equipo por haber capitaneado una “organización” para traficar leyes a cambio de beneficios económicos.

Casi una treintena de personas físicas y otras seis personas jurídicas se sentarán en el banquillo acusadas de presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El auto del juez resuelve que “la investigación pone de manifiesto la existencia de una organización” donde todas estas personas “habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de lucro económico”, según informaba el pasado miércoles La Vanguardia.

Entre los nombres que aparecen en el texto se desprenden los siguientes, todos ellos habrían formado parte del entorno profesional de Montoro: u secretario de Estado, Miguel Ferré; exsubsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Pilar Platero; exdirector general de tributos, Diego Martín-Abril; José Alberto García, sucesor de éste; Óscar del Amo, exsubdirector general de tributos locales; a Rogelio Menéndez, asesor del gabinete; José María Buenaventura, exdirector de gabinete del secretario de Estado de Hacienda; y a Santiago Menéndez, exdirector general de la Agencia Tributaria. También, por parte de Equipo Económico (EE), figuran Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco de Asis Piedras.

Al margen, en cuanto a las personas jurídicas, en el auto judicial se aprecian los nombres de Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Sociedad Española de Carburos Metálicos y la asociación de gasistas AFGIM.

779.705 euros del equipo de Montoro

Atendiendo al documento, EE habría cobrado 779.705 euros entre 2011 y 2019 durante la mayor parte del tiempo en el que Rajoy estuvo en Moncloa. Así se desprende de los correos electrónicos internos y que fueron intervenidos en la causa judicial, donde quedaría evidenciado que las compañías y, muy especialmente, la firma gasista, habría conseguido las reformas legislativas después de “acudir” a la mencionada “organización”.

Hace aproximadamente siete años que se abrió la investigación. En aquel momento, de forma paralela y después de encontrarse un correo electrónico en el que quedaba patente la existencia de presuntos pagos a EE para lograr modificaciones legislativas favorables a firmas gasísticas que se encuentran dentro de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

La forma de operar es bastante sencilla de explicar: EE prestaba favores a las compañías gasistas a través de la mencionada “red de influencias” con el objetivo de acometer las reformas de las leyes en sintonía con sus intereses.

Sin embargo, el juez titular apunta como principal artífice de esa “organización” a Montoro, quien habría ejercido al menos desde 2008 así, “ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas de dicha tramitación” y consiguiendo con ello “presuntamente, una ganancia al despecho EE”: “El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a las sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”.

El resto de cargos aparecen como “estrechamente vinculados al despacho”, lo que dio pie a “asegurar y tramitar” los anteproyectos de ley, así como el “control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación” de normas concretas.