El pacto de Aznar y Jordi Pujol por la financiación autonómica que ni Ayuso ni Feijóo quieren recordar

El actual sistema de financiación autonómica tiene su origen en un pacto bilateral entre el PP y CiU, que abrió la puerta a cesiones fiscales a cambio de estabilidad parlamentaria

ElPlural

16-7-25

Suren Gastaryan

Barcelona, primavera de 1996. José María Aznar y Jordi Pujol se dan la mano en un salón del Hotel Majestic. El acuerdo es claro: CiU apoyará la investidura del líder del PP y, a cambio, Cataluña recibirá una parte sustancial del pastel fiscal. Aquel pacto, sellado bajo perfil, transformó la financiación autonómica. Hoy, casi tres décadas después, el PP denuncia con indignación un acuerdo similar entre el Gobierno y la Generalitat, olvidando que fue su firma la que abrió esta vía.

Del “Pacto del Majestic” al grito de “chantaje”

El actual escenario político ha vuelto a poner la financiación autonómica en el centro del tablero. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña para abrir la puerta a un modelo singular ha sido calificado por el Partido Popular como “chantaje”, “corrupción” e incluso “liquidación del Estado autonómico”. Las palabras más duras han llegado desde, para variar, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado a Sánchez de “romper la igualdad entre los españoles” y “arrodillarse ante el independentismo”, entre otras lindeces.

Sin embargo, tal y como sucede con numerosas polémicas que envuelven a los populares, las hemerotecas no ayudan a sostener este discurso. En 1996, tras las elecciones generales que dejaron al PP sin mayoría absoluta, Aznar recurrió al apoyo de las formaciones nacionalistas. El acuerdo con Convergència i Unió fue decisivo. A cambio de su respaldo a la investidura, Jordi Pujol obtuvo una profunda reforma en el sistema de financiación que permitió a las comunidades autónomas —con Cataluña como referente— gestionar el 30 % de la recaudación del IRPF, el doble de lo que hasta entonces estaba establecido.

23 de septiembre de 1996: el día que cambió la financiación

Aunque el acuerdo político se cerró en mayo, fue el 23 de septiembre de 1996 cuando se oficializó el nuevo modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las comunidades pasaron a gestionar el 30 % del IRPF, el 35 % del IVA y el 40 % de los impuestos especiales, además de aumentar su participación normativa sobre tributos como sucesiones, donaciones o juego.

Cataluña fue la gran beneficiada de aquella cesión, que además vino acompañada de nuevas competencias en tráfico, becas, puertos o inmigración. Todo ello formaba parte de un documento de 14 puntos que, bajo el título de “Bases para la colaboración entre CiU y el PP”, estructuraba el nuevo reparto competencial del Estado.

Hoy, buena parte del PP —especialmente los sectores más duros encabezados por Ayuso— prefiere obviar que ese diseño nació en su propia casa. Incluso Alberto Núñez Feijóo, que en sus años como presidente gallego demandaba “mayor corresponsabilidad fiscal”, se alinea ahora con el discurso de la “alarma territorial” para denunciar lo que califica de “privilegios insolidarios” hacia Cataluña.

Una “asimetría” fundacional

El acuerdo entre Aznar y Pujol no solo fue pionero: fue abiertamente asimétrico. Aunque el nuevo modelo se extendía a todas las comunidades, su aplicación práctica fue negociada bilateralmente con Cataluña. De hecho, otras autonomías —como Andalucía o Castilla-La Mancha— protestaron por el sesgo favorable al modelo catalán, y advirtieron de un trato preferente que podría romper la lógica multilateral de la LOFCA.

Aznar lo justificó entonces como “una necesidad para la gobernabilidad del país” y defendió que se abría una etapa de “madurez autonómica”. Jordi Pujol, más tajante, celebró que se consolidara “el reconocimiento político y financiero del hecho diferencial catalán”. Hoy, cuando el Gobierno de coalición plantea una actualización del modelo —acorde a la sentencia del Estatut de 2010 y los informes del comité de expertos—, el PP repudia toda singularidad y reniega de cualquier bilateralidad.

¿Qué ha cambiado entonces?

En esencia, poco. Los mecanismos de negociación territorial siguen operando de forma muy similar. La diferencia radica en el contexto político y en los actores implicados. En 1996, el PP defendía la negociación con fuerzas nacionalistas como vía para desbloquear una investidura. Hoy, cuando el PSOE hace lo mismo, es acusado de “vender España”.

Lo mismo ocurre con el término “singularidad”. El propio Feijóo, en su etapa como presidente de la Xunta, defendió un modelo de financiación que “reconociera las especificidades demográficas, territoriales y lingüísticas” de Galicia. Esa misma lógica es la que ahora el Gobierno aplica a Cataluña, pero el discurso cambia radicalmente cuando lo que está en juego es el poder.

Ni Ayuso ni Feijóo hacen referencia al origen del sistema vigente. Tampoco recuerdan que el modelo que critican permitió, durante años, que los gobiernos del PP gestionaran más recursos gracias a un diseño que ellos mismos avalaron. Prefieren instalar la idea de una cesión “exclusiva” a Cataluña, ocultando que la historia del autonomismo español está plagada de pactos, concesiones y negociaciones al límite.

Echar mano de la memoria sirve, en este caso, para desmontar el relato apocalíptico que hoy utiliza la derecha. Lo que en 1996 se vendió como una muestra de “sentido de Estado”, ahora se presenta como una “rendición”. La diferencia, como tantas veces, no está en el qué, sino en el quién.