Ayuso y el PP convierten a menores migrantes en munición electoral

Javier F. Ferrero

La derecha rompe límites morales para arañar votos a Vox y golpear al Gobierno

EL RACISMO COMO ESTRATEGIA OFICIAL DEL PP

El Partido Popular ya no disimula: ha convertido el odio racial en política de Estado donde gobierna. Alberto Núñez Feijóo da la orden y Ayuso ejecuta sin temblar, usando a menores migrantes como moneda de cambio en su pulso con Vox y como herramienta para golpear al Gobierno. Es una deriva que ya no se puede llamar populismo de derechas, sino pura explotación del sufrimiento infantil para beneficio electoral.

En Pozuelo de Alarcón, el Ayuntamiento del PP ha clausurado el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) alegando una falta de licencia que nunca fue problema mientras allí se alojaban refugiados ucranianos desde 2022. Ahora, cuando los 400 menores que deben llegar son africanos, de piel más oscura y sin pasaporte europeo, la burocracia se convierte en un arma para negarles techo y dignidad.

Ayuso ha blindado esta maniobra con un recurso ante el Supremo contra el Real Decreto que ordena la reubicación de 3.000 menores desde Canarias, donde el colapso humanitario ya es insostenible. La Comunidad de Madrid no alega imposibilidad material, sino simple rechazo a acoger “a esos niños”. Es un desafío a la ley y a la mínima ética humana. Es gobernar como si la infancia tuviera color de piel y como si la solidaridad pudiera fragmentarse según convenga a las encuestas.

INFANCIA MIGRANTE COMO BASURA POLÍTICA

En los despachos del PP la estrategia está calculada: competir con Vox en el lodo del racismo para que ningún voto ultra se escape. Judith Piquet en Alcalá, Paloma Tejero en Pozuelo y la propia Ayuso encadenan bulos y declaraciones inflamadas contra los menores, creando un clima de cacería donde niñas y niños son tratados como delincuentes en potencia, como amenaza, como problema a exterminar de la vista de sus votantes más reaccionarios.

La cifra es tan obscena como reveladora: Madrid se niega a recibir 400 menores en una comunidad con más de 6,8 millones de habitantes y recursos infinitamente superiores a los de Canarias, que soporta sola la llegada masiva y la saturación de sus centros de acogida. En lugar de ayudar, el PP despliega propaganda, abogados y altavoces mediáticos para bloquear la reubicación. Prefiere convertir a estas criaturas en rehenes de su guerra sucia contra Pedro Sánchez que ofrecerles un mínimo de humanidad.

Este espectáculo no va de competencias administrativas ni de leyes orgánicas. Va de un partido que ha decidido que el odio da más votos que la compasión, que la crueldad infantiliza menos que la solidaridad, que el poder bien merece pisar a quien ya viene pisoteado. En esa ecuación, los menores migrantes dejan de ser personas para transformarse en basura política, desechable, útil solo para agitar el miedo y encender la hoguera del racismo.

La derecha española ha cruzado un punto de no retorno: cuando se normaliza utilizar a la infancia más vulnerable como escudo humano en una guerra electoral, ya no hay diferencia entre hacer política y hacer daño.