EL COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE MADRID SE PLIEGA AL PODER

La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) ha denunciado la falta de neutralidad del decano Eugenio Ribón y el uso político del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo que debería ser una institución al servicio de la justicia, se ha convertido —según ALA— en un ariete jurídico al servicio del poder autonómico de Isabel Díaz Ayuso.

EL ICAM COMO ACUSACIÓN CONTRA EL FISCAL GENERAL

El ICAM, presidido por Ribón, actúa como acusación particular y ha llegado a pedir cuatro años de cárcel para García Ortiz.

Lo hace repitiendo las tesis de la defensa de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, que acusa a la Fiscalía de haber causado “perjuicios reputacionales y económicos”.

La ALA subraya que esa afirmación no tiene sustento jurídico y que el ICAM ni siquiera debería mencionarlo, pues su papel como acusación popular no es representar intereses personales.

LA FILTRACIÓN QUE DESATÓ EL FUEGO

El 14 de marzo, el mismo día en que la Fiscalía desmintió el bulo del entorno de Ayuso —según el cual el Ministerio Público habría ofrecido un pacto a su pareja—, el ICAM salió en tromba a denunciar a la propia Fiscalía por una presunta filtración.

La ALA considera esa reacción “inusitadamente rápida” y políticamente motivada: el ICAM respondió con una celeridad que nunca muestra ante vulneraciones de derechos reales, como la represión policial o la precariedad judicial.

LA “CONEXIÓN MONCLOA” Y EL RELATO DEL PP

En su acusación, el ICAM llegó a hablar de una “conexión Moncloa”, insinuando una implicación de Presidencia del Gobierno en la filtración.

Esa teoría ya fue descartada por la Justicia, pero sirve al PP madrileño para reforzar su relato de persecución política.

La ALA acusa al ICAM de usar su autoridad institucional para alimentar el discurso de Ayuso y erosionar la independencia judicial.

UN COLEGIO USADO COMO HERRAMIENTA POLÍTICA

El comunicado de ALA es tajante: el ICAM de Ribón ha convertido la institución en una extensión jurídica de la Puerta del Sol, al servicio de quienes gobiernan la Comunidad de Madrid.

Señala además un “torticero uso político” de la abogacía madrileña y una doble vara de medir:

cuando la filtración parte de la Fiscalía, se denuncia; cuando proviene del entorno de González Amador, se silencia.

LA TOGA DE AYUSO

Ribón incluso ha afirmado que existe “contaminación judicial” en el futuro juicio del novio de Ayuso, sumándose así a la estrategia de su defensa para pedir nulidades y victimizarse.

Para ALA, esto no es defensa de la abogacía, sino defensa del poder político.

El ICAM, antaño garante de independencia, se ha convertido en la voz jurídica de una presidenta que desprecia la transparencia.

CUANDO LA JUSTICIA SE ARRODILLA, HABLA EL PODER

La abogacía madrileña ya no defiende la ley, defiende a quien manda.

Y mientras el ICAM actúa como abogado del poder, la justicia pierde su legitimidad ante la ciudadanía.

El verdadero escándalo no es un correo filtrado, sino una institución colegial convertida en aparato político.