El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara hoy ante el Supremo.
Es el primer jefe del Ministerio Público en activo en hacerlo como imputado.
¿El motivo? Supuestamente filtrar el correo en el que la pareja de Ayuso confesó dos delitos fiscales.
Pero tras 30 horas de juicio, no hay una sola prueba.
28 testigos, 0 pruebas directas.
Periodistas de elDiario y El País han declarado que conocieron el correo antes de que García Ortiz lo tuviera.
Algunos incluso aportaron actas notariales.
Aun así, el lawfare continúa.
Todo comenzó el 13 de marzo de 2024, cuando El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso.
Un rumor lanzado desde su entorno —con Miguel Ángel Rodríguez al frente— para fabricar una víctima.
García Ortiz pidió la documentación interna, como permite el Estatuto de la Fiscalía, y preparó un comunicado aclaratorio.
Pero cuando se publicó la nota oficial, el correo ya estaba en manos de varios medios.
La “filtración” ya era pública antes de que él la conociera.
Pese a ello, el juez Hurtado decidió investigarlo.
El mismo Hurtado que fue acusado por el propio fiscal general de actuar con “predeterminación” y de instruir el caso guiado por una certeza previa: la culpabilidad de García Ortiz.
Durante la instrucción, hasta la teniente fiscal del Estado se negó a interrogarlo por considerar ilegales los registros en su despacho.
La Abogacía del Estado también denunció irregularidades.
Aun así, el caso siguió adelante.
Hoy, García Ortiz llega solo al banquillo.
Sus antiguos colaboradores ya fueron apartados.
Delante tendrá a siete magistrados del Supremo y a un país que asiste atónito a un espectáculo judicial sin precedentes.
La acusación se sostiene sobre dos “indicios”:
la coincidencia temporal entre la recepción del correo y su publicación
y el borrado del móvil del fiscal una semana después de que se abriera la causa.
La defensa lo niega.
El borrado era periódico, para proteger información sensible.
Y la coincidencia temporal no implica causalidad.
El correo se publicó en la SER antes de que llegara a sus manos.
La UCO también deberá responder.
Sus agentes omitieron el bulo de Miguel Ángel Rodríguez en sus informes.
Un silencio que huele a encubrimiento institucional.
La conclusión es brutal:
Un
fiscal general procesado por frenar un bulo
Un
entorno político-mediático que manipula y acusa
Un
sistema judicial que permite que el poder se investigue a sí mismo
Esto no va solo de García Ortiz.
Va de cómo el lawfare ha colonizado el Estado.
De cómo los bulos de la derecha se transforman en causas judiciales.
De cómo la verdad queda secuestrada entre los escombros del poder.
Y si la justicia persigue a quien combate la mentira,
¿quién protege a quienes no tienen poder, medios ni abogados del Estado?
España vive un proceso donde la verdad necesita salvoconducto y la mentira tiene asiento reservado.
Hoy no se juzga una filtración.
Se juzga el valor de enfrentarse al poder.
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La justicia en el escaparate: el fiscal general y el juicio que desnuda al poder judicial español
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