El juez Peinado también sale al rescate del PP reclamando un informe a la UCO tras la dimisión de Mazón

El magistrado de Instrucción solicita ahora un informe que contenga los correos que Begoña Gómez envió durante siete años con su cuenta corporativa de La Moncloa

ElPlural

L.A.

3-11-25

Coincidiendo con el anuncio de dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la elaboración de un informe que contenga los correos electrónicos que Begoña Gómez habría enviado durante siete años con la cuenta corporativa de La Moncloa. La petición del magistrado se produce pese a que fuentes cercanas a Gómez hayan adelantado a elDiario.es que esa dirección de correo no contiene ningún mensaje que pueda resultar determinante para la causa. 

Con esta petición, el juez continúa con las pesquisas que le permitan esclarecer el papel que tuvo la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también está acusada de delitos de malversación y tráfico de influencias por presuntamente destinar fondos públicos a la actividad privada de la esposa de Pedro Sánchez. Asimismo, la última solicitud del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid llega después de que el departamento de tecnología de Presidencia hiciera entrega de todo el material que se incluía en la cuenta bgomez@presidencia.gob.es y que hacía referencia a la actividad de Gómez en el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025. Tras recibir todo ello, el juez Peinado lo ha remitido a la UCO “para que procedan al análisis e informe sobre los que tienen relación con la causa”, y ha adelantado que después dará a las partes traslado tanto del informe como de los correos analizados, "para preservar el derecho a la intimidad".

En otro orden de cosas, la Dirección General de Servicios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha sacado a la luz un informe que tiene como fin último despejar las dudas sobre quién ordenó las retribuciones percibidas por Álvarez desde su nombramiento cuando Sánchez llegó al Ejecutivo. Sobre este último, Peinado refiere que en él se indican "las personas que han venido autorizando, aprobando y/u ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha por Cristina Álvarez".

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid requirió al Gobierno que le informara de si la esposa de Sánchez tiene alguna dirección de correo electrónico oficial. Lo hizo a petición de las acusaciones populares y al considerar "útil y pertinente conocer la posible existencia de un correo electrónico que pudiera ser utilizado por la citada investigada". "Se considera necesario conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con distintas empresas que colaboraron con la Cátedra de Trasformación Social Competitiva dirigida, inicialmente por la investigada María Begoña Gómez Fernández, y posteriormente codirigida, junto con otro profesor", indicó en un auto.

Con todo ello, cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid respaldó que el juez Peinado investigara la posible malversación por una "estructura institucionalizada de poder" en La Moncloa que permitió "una clara y palmaria desviación" del trabajo que correspondía a Álvarez en calidad de asistente de la mujer del jefe del Ejecutivo. No obstante, será necesario esperar a que los magistrados se pronuncien para conocer si sobre esa malversación se puede imputar a Gómez y Álvarez, así como al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. 

Nuevo informe de la UCO, también paralelo a la dimisión de Mazón

Al margen de la última petición del juez Peinado, pocas horas después de conocerse la dimisión del presidente valenciano también se ha conocido que la UCO ha publicado un nuevo informe relacionado con el análisis de las contrataciones formalizadas por la comunidad autónoma de Canarias en el marco de la pandemia del coronavirus.

Una práctica que llama la atención en función de las causas investigadas, por un lado relacionadas con el PSOE y por el otro cercanas al PP. Es así como se puede resaltar la celeridad con los informes relacionados con, por ejemplo, Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa que investiga el polémico juez Juan Carlos Peinado, o la tardanza con los que involucran a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Cabe señalar en relación a este último respecto que desde que la Fiscalía pidió un informe a la UCO sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso sobre sus causas por corrupción en los negocios y administración desleal han pasado 130 días y el informe no ha llegado todavía. En cambio, este lunes, en plena crisis del Partido Popular, con la dimisión en diferido de Mazón, se ha dado a conocer el informe de la UCO sobre la contratación de compra de mascarillas y otro material sanitario por parte del Gobierno de Canarias, dirigido en aquel entonces por Ángel Víctor Torres. Tras la publicación del mismo, fuentes del ministerio que dirige Ángel Víctor Torres han señalado que pese a las conversaciones publicadas, “no habrá en esos informes peticiones de mordidas, comisiones, pisos o mujeres explotadas sexualmente”.