El objetivo de quienes han iniciado una operación a todas luces cutre y chapucera, pero efectiva cuando el objetivo es la oscuridad y la merde, que diría la reina Letizia, pueden darse por satisfechos.

Ante la falta de indicios -no digamos prueba de cargo- o algo que merezca semejante nombre, parece imposible que el Tribunal Supremo pueda acreditar la culpabilidad de Álvaro García Ortiz en el delito que se le imputa, el de revelación de secretos y, por tanto, condenarlo.

Sin delito, pues, no hay condena. Pero sí un daño incalculable, por supuesto, para la institución del Ministerio Público, y por descontado, para una democracia vapuleada ya por la desinformación, la ultraderecha y la antipolítica.

La cuestión, hoy, es que en todas partes y todo el tiempo son cada vez más las voces dispuestas a rasgarse las vestiduras por el deterioro institucional que conlleva, a estas opiniones yo no les llamo "equidistantes", muy superficial, sino "cómplices" de la antipolítica y la antidemocracia que nos rodea.

Defender la necesidad de un armazón institucional en democracia no convierte en ejercicio de fe sin límite la defensa de su funcionamiento.

El periodismo y la decencia en general, obliga a denunciar todo aquello que atente contra el funcionamiento de la democracia.

Un juez del Tribunal Supremo ha emprendido una instrucción sin precedentes.

El resultado, independientemente del dictado final de una sala segunda del Supremo politizada definitivamente -por "detrás" o por delante- es el que se pretendía: mentir y mentir para asfixiar los desmentidos y los hechos, para que nadie se crea nada y, mucho menos, la verdad.

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