El Vaticano sabía, y calló

Cuatro meses de silencio mientras el obispo de Cádiz seguía en contacto con menores

EL MANTO DE SILENCIO EN TORNO AL OBISPO ZORNOZA

Cuatro meses. Ese ha sido el tiempo que el Vaticano y la Conferencia Episcopal Española decidieron mirar hacia otro lado mientras el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, seguía oficiando misas, confirmando adolescentes y publicando fotos con menores en sus redes sociales. Cuatro meses sabiendo que estaba siendo investigado por abusar sexualmente de un niño en los años noventa, cuando era rector del seminario de Getafe.

La denuncia llegó a comienzos del verano de 2025 al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que la consideró creíble y ordenó abrir una investigación canónica. Sin embargo, nadie movió un dedo para apartarlo de su cargo, pese a que el derecho canónico permite medidas cautelares inmediatas en casos graves, precisamente para “evitar escándalos y proteger a los testigos”.

Durante ese tiempo, Zornoza continuó con su vida pública. Presidía celebraciones, visitaba colegios, confirmaba jóvenes. Nada le impedía estar cerca de menores, aunque el Vaticano ya conocía la acusación. Ni la Conferencia Episcopal ni la Nunciatura ni la archidiócesis de Sevilla —encargada de instruir el caso— aplicaron la mínima prudencia. En su lugar, optaron por la inercia clerical de siempre: la protección del cargo por encima de la víctima.

El obispo, ahora de 76 años, podría haber sido relevado fácilmente: su renuncia ya estaba presentada desde que cumplió los 75, como marcan las normas. Bastaba con que el nuevo papa, León XIV, la aceptara. Pero no lo hizo. Roma prefirió esperar. Y en esa espera se resume toda la podredumbre institucional de una Iglesia que sigue tratando los abusos sexuales como un problema de reputación, no de justicia.

LA IGLESIA ESPAÑOLA ANTE SU PRIMERA PRUEBA CON LEÓN XIV

La denuncia contra Zornoza no es solo un caso aislado: es la primera prueba del nuevo pontífice frente a los abusos del clero español. Francisco I dejó este tema en ruinas: informes aplazados, protocolos incumplidos y una jerarquía obsesionada con lavar la imagen antes que reparar el daño. La llegada de León XIV generó expectativas de renovación, pero el silencio ante este caso huele a continuidad.

Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Española (CEE) se parapeta en tecnicismos. Zornoza sigue ocupando su puesto en la Comisión Episcopal para las Misiones y la Cooperación con las Iglesias. La CEE asegura que no puede removerlo sin orden de Roma, una forma elegante de trasladar la responsabilidad y fingir impotencia. Pero cuando un jesuita fue acusado hace unas semanas, la reacción fue inmediata: se le apartó en dos meses. Con Zornoza, cuatro meses y silencio.

En Cádiz, el obispo incluso publicó el pasado domingo en su blog un comentario bíblico sobre el pasaje de Lucas donde Jesús advierte que quien escandaliza a los más pequeños “más le vale que le pongan una piedra de molino al cuello y sea arrojado al mar”. Ironía macabra o cinismo absoluto.

El mismo hombre que escribió sobre la “responsabilidad hacia los más débiles” es quien, según la denuncia, aprovechaba el sacramento de la confesión para manipular y agredir a un menor. El denunciante asegura que, tras confesarse de su “pecado”, el sacerdote entraba en su cama y le acariciaba.

El código canónico es explícito: usar la confesión para solicitar o cometer actos sexuales constituye uno de los delitos más graves de la Iglesia. Y, sin embargo, ni el Dicasterio de los Obispos ni el Tribunal de la Rota —que instruye el caso en España— han suspendido a Zornoza. Todo se retrasa, todo se discute, todo se valora “caso por caso”, como si los años de impunidad no bastaran para justificar la urgencia.

En esas mismas fechas, la Comisión Pontificia para la Protección de Menores recordaba en su último informe la necesidad de un protocolo simplificado para apartar a los clérigos sospechosos. La recomendación no era teórica: era una respuesta a décadas de encubrimientos, a los miles de casos que la Iglesia ha gestionado como si fueran secretos de Estado.

Pero el Vaticano y la jerarquía española han vuelto a elegir el silencio. El mismo silencio que permitió que curas abusaran de niños, que diócesis enteras destruyeran expedientes, que las víctimas envejecieran sin justicia.

Cuatro meses son una eternidad cuando el que calla tiene poder sobre el púlpito, sobre la palabra y sobre la conciencia de la gente. Cuatro meses bastan para confirmar que el cambio prometido no ha llegado.

La Iglesia española no necesita más oraciones ni más perdones abstractos. Necesita asumir que proteger a los abusadores es también una forma de abuso. Y que el Evangelio no se predica desde el silencio, sino desde la verdad que duele.

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Han aplicado al pie de la letra ( quid pro quo)  las palabras del Maestro: Dejad que los niños se acerquen a mi.