LA FISCALÍA DE MADRID EN EL CENTRO DEL JUICIO POR EL CASO AYUSO
¿QUÉ
HA PASADO?
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado un giro inesperado. Dos periodistas, Miguel Ángel Campos (Cadena SER) y José Manuel Romero (elDiario), declararon ante el Tribunal Supremo que conocieron la confesión del novio de Ayuso antes que el propio fiscal general.
La clave: la información no vino de la Fiscalía General del Estado, sino de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, dirigida por Almudena Lastra.
LAS
FUENTES EN LA “TERCERA PLANTA”
Campos explicó que acudió a su fuente en la Fiscalía madrileña y que el encuentro duró “lo que tardo en subir a la tercera planta”, la sede de Lastra. Romero confirmó que su información “provenía siempre de fuentes de la Fiscalía de Madrid”.
Esto desmonta el relato de las acusaciones, que intentaban culpar a García Ortiz de haber filtrado el correo donde Alberto González Amador, pareja de Ayuso, se confesaba autor de delitos fiscales.
EL
ORIGEN DEL CASO
La historia empezó cuando la Agencia Tributaria detectó un fraude superior a 350.000 euros —el límite legal que convierte una infracción administrativa en delito penal—. El abogado de Amador propuso un acuerdo con la Fiscalía para reconocer los delitos, pagar una multa y evitar prisión.
Pero la derecha mediática lo convirtió en una supuesta “cacería política” contra Ayuso y su entorno.
FILTRACIONES,
PODER Y GUERRA INTERNA
Durante el juicio, la fiscal Lastra insinuó que la Fiscalía General “planeaba filtrar los documentos”, aunque no aportó pruebas. Su testimonio, sin base documental, ha sido amplificado por los mismos medios que silencian los 350.000 euros defraudados.
Mientras tanto, Ayuso y su pareja iniciaron una cadena de querellas contra periodistas y políticas como María Jesús Montero, todas desestimadas o sin recorrido.
EL
PAPEL DEL PERIODISMO
Los periodistas defendieron el secreto profesional como pilar democrático. “Garantiza el derecho de la sociedad a saber”, afirmó Campos. Y Romero lo resumió con una frase que retrata el contexto:
“Si lo hubiéramos publicado sin comprobar, no estaríamos aquí.”
En un juicio construido sobre sospechas, esa declaración pesa más que cualquier editorial.
LA
CLAVE
No solo no es una cacería, sino que el abogado de Amador reconoció los delitos y buscó un acuerdo para reducir la pena.
QUÉ
SIGNIFICA TODO ESTO
Este proceso no es un simple cruce de filtraciones. Es una batalla por el control de la narrativa judicial en Madrid, donde las fugas de información se usan como arma política.
Mientras se ataca al fiscal general, nadie investiga quién filtró realmente los documentos desde la Fiscalía madrileña.
Y en esa sombra se revela lo esencial: cuando la justicia se convierte en instrumento del poder, deja de servir a la ciudadanía.
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