Seis sesiones. Cuarenta testimonios. Un año de instrucción. 0 PRUEBAS
El juicio contra el fiscal general Álvaro García Ortiz llega a su final tras seis sesiones, 40 testimonios y un año entero de instrucción. Se le acusa de filtrar un correo del empresario Alberto González Amador (pareja de Ayuso).
La clave: no existe una sola prueba directa de que lo hiciera. Ni trazabilidad. Ni móvil. Ni rastro técnico.
En cambio, hay algo más inquietante:
El caso se ha construido sobre inferencias de la UCO, registros cuestionados, omisiones en los informes y una instrucción del juez Hurtado descrita por la Abogacía del Estado como “inquisitorial”.
EL
DATO CLAVE: 500 ACCESOS POSIBLES
Ese correo no era un secreto en un cajón.
Estaba en una carpeta de la Fiscalía de Madrid con acceso para 499 personas entre fiscales y personal funcionario.
Y había otra carpeta compartida con unas 30 personas más.
Aun así, desde el primer minuto, la sospecha policial se dirigió solo al fiscal general.
Sin ponderar alternativas.
Sin investigar el ecosistema real de accesos.
Sin explicar la lógica de esa selección.
LA
UCO Y EL “DOMINIO ABSOLUTO”
El teniente coronel Balas defendió ante el Supremo que García Ortiz tenía “dominio absoluto” sobre la información y que eso basta para entender la filtración.
Pero esa afirmación choca con los hechos:
El correo llegó antes a un buzón genérico con acceso de 16 personas.
El empresario ocultó durante un año haber enviado correos a más destinatarios.
Varios periodistas declararon que la información ya no era secreta.
Fiscales confirmaron que el documento circuló internamente semanas antes.
A la hora de justificar por qué solo investigaron a él, Balas habló de un “elenco de personas” del que fueron “decantando”. La sala estalló en carcajadas. No era para menos.
UNA
INSTRUCCIÓN QUE NACIÓ TORCIDA
La Abogacía del Estado desmontó buena parte del relato acusatorio. Señaló:
Órdenes de registro sin filtro.
Pesca de arrastre.
Interpretaciones “creativas”.
Una instrucción que parecía buscar un culpable, no la verdad.
Durante ocho meses, el juez Hurtado condujo el proceso en una sola dirección.
Nunca consideró hipótesis alternativas.
Nunca priorizó el contexto real del documento filtrado.
Nunca ponderó que no hay pruebas, solo deducciones.
LO
QUE SE JUEGA ESTE JUEVES
Las acusaciones mantienen peticiones de hasta 6 años de cárcel, pese a la ausencia de pruebas.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedirán la absolución.
El debate es ya simbólico:
¿Puede la maquinaria político-judicial sentar en el banquillo a un fiscal general sin evidencias sólidas?
Este caso retrata un patrón ya demasiado conocido:
Se declara una guerra política, se construye un relato y se intenta que la justicia lo ratifique.
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