Una frase pronunciada entre risas expone la grieta más profunda del poder judicial.

Los Comuns han presentado una querella contra el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, por algo que ningún tribunal serio debería tolerar: revelar públicamente que la sentencia contra el fiscal general ya estaba decidida mientras el tribunal seguía, supuestamente, deliberando.

La escena ocurrió el 18 de noviembre, en un curso organizado por el ICAM, que casualmente era acusación popular en la causa contra Álvaro García Ortiz. Arrieta cerró su charla con una frase que heló (y a la vez provocó carcajadas entre los asistentes):

“Concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado”.

Los Comuns sostienen que no fue un chiste. Fue un delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal. Porque “poner la sentencia” significa algo técnico: la resolución ya estaba decidida y él era el ponente.

Y eso implica más: la magistrada inicialmente designada había sido desplazada.

De hecho, Susana Polo terminó firmando voto particular defendiendo la absolución.

La querella recuerda además que otros dos jueces del mismo tribunal, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, cobraron por participar en ese mismo curso. Y señala que Del Moral codirigió en 2024 la tesis doctoral del abogado de la pareja de Ayuso, generando un conflicto de imparcialidad más que evidente.

Para Los Comuns, esta cadena de vínculos —curso pagado por la acusación, jueces del caso participando, la sentencia anunciada en público— rompe el principio de secreto de las deliberaciones y erosiona la confianza pública en la Justicia.

Por eso piden la imputación de Arrieta, el acceso a la grabación completa del acto, la lista de asistentes y la declaración de los magistrados implicados.

Porque lo que está en juego no es un procedimiento aislado, sino algo mucho más grave: un poder judicial que se ríe de sus propias reglas.

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