EL PODER SE BLINDA

Julio Iglesias ha decidido responder a las acusaciones de agresión sexual presentadas por dos extrabajadoras contratando a uno de los nombres más reconocibles del derecho penal de élite en España, José Antonio Choclán. No es un gesto neutro ni técnico. Es una declaración política, económica y cultural. Cuando una figura multimillonaria, con décadas de impunidad simbólica, se enfrenta a una denuncia por violencia sexual, elige blindarse con el mismo tipo de defensa que utilizan los poderosos acusados de corrupción, fraude fiscal o blanqueo de capitales.

La denuncia fue presentada el 5 de enero de 2026 y afecta a presuntos hechos ocurridos en 2021, en propiedades del cantante en República Dominicana, Bahamas y España. Dos mujeres, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, han relatado episodios de acoso y agresión sexual. La investigación está en manos de la Fiscalía y se encuentra bajo secreto. No hay imputación formal aún, pero sí una decisión clara del denunciado: anticiparse con un bufete experto en contención mediática, desgaste procesal y cierre de filas corporativo.

UN DESPACHO HABITUADO A DEFENDER AL PODER

José Antonio Choclán no es un abogado cualquiera. Su nombre aparece de forma recurrente cuando el foco judicial apunta hacia élites económicas, políticas o mediáticas. Ha defendido a Cristiano Ronaldo en su causa por fraude fiscal. Representó a Rita Barberá en la investigación por blanqueo de capitales. Fue abogado de Corinna Larsen, empresaria vinculada al rey emérito. Y también de David Marjaliza, uno de los nombres clave de la trama Púnica.

En la actualidad, Choclán representa al comisionista Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo, una de las mayores tramas de corrupción asociadas a contratos públicos durante la pandemia, con derivadas en el negocio de los hidrocarburos. No es una cartera de clientes casual. Es una especialización.

Este tipo de despachos no trabajan solo con códigos penales. Trabajan con tiempos, silencios, filtraciones, presiones y desgaste. Saben cómo retrasar, cómo fragmentar relatos, cómo convertir a las denunciantes en un problema procesal y mediático. Saben, sobre todo, que el dinero compra resistencia.

Que Julio Iglesias haya optado por este abogado no prueba culpabilidad alguna. Pero sí confirma una lógica estructural: frente a la violencia sexual denunciada, la respuesta del poder masculino no es la transparencia, sino el blindaje.

VIOLENCIA SEXUAL, DESIGUALDAD Y DESPACHOS DE LUJO

Las dos mujeres que han denunciado no son figuras públicas. No son millonarias. No tienen despachos de abogados en la Castellana. Han acudido a la Fiscalía acompañadas por Women's Link, una organización especializada en derechos humanos y violencia de género. La asimetría es brutal.

Mientras tanto, el denunciado guarda silencio. Se limita a decir a la revista Hola que “todo se va a aclarar”. Una frase diseñada para tranquilizar a su entorno, no para dar explicaciones a la sociedad. Desde que elDiario y Univisión Noticias publicaron la investigación conjunta, el caso ha quedado suspendido en ese espacio incómodo donde el prestigio intenta aplastar el testimonio.

Conviene recordar las fechas y los hechos. 2021 es el año en que presuntamente ocurrieron las agresiones. 2026 es el año en que las víctimas han podido denunciar. No por casualidad. El silencio también es estructural. El miedo a no ser creídas. El miedo a perder el trabajo. El miedo a enfrentarse a un icono global respaldado por millones y por abogados que cobran más en un mes de lo que muchas personas ganan en una vida.

No estamos ante un caso aislado. Estamos ante el patrón clásico: hombres poderosos, mujeres precarizadas, violencia sexual, y una respuesta judicial diseñada para proteger al primero y poner a prueba la resistencia de las segundas. El hecho de que la investigación esté aún en fase de Fiscalía y bajo secreto no reduce la gravedad política del contexto. La justicia no es ciega cuando el dinero ve por ella.

La elección de Choclán no busca esclarecer. Busca resistir. Ganar tiempo. Convertir una acusación de violencia sexual en un problema técnico, frío y deshumanizado. Sacar el cuerpo del relato y meterlo en un expediente. Desactivar el escándalo antes de que tenga consecuencias.

Mientras tanto, dos mujeres esperan. Esperan a declarar como testigos protegidas. Esperan a que no se filtre su identidad. Esperan a que no se las desacredite. Esperan a que el peso del apellido, del dinero y del despacho no vuelva a imponerse.

Porque cuando los poderosos se defienden con bufetes de lujo, no están buscando justicia, están defendiendo el privilegio.

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