JUICIOS A PLAZOS. La extraña dictadura española

Que el juicio contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso no se celebre hasta después de las elecciones autonómicas de 2027 no es una anécdota jurídica ni un detalle técnico sin relevancia política. Es un síntoma. Un síntoma grave de cómo funciona el poder en España cuando el acusado no es cualquiera, cuando el apellido importa, cuando el calendario electoral pesa más que el derecho de la ciudadanía a saber y a juzgar.

Según informó la Cadena SER, fuentes judiciales admiten que la saturación de los juzgados de lo Penal de Madrid hace imposible fijar una fecha anterior. El argumento administrativo suena neutro, casi inocente. Pero la neutralidad se rompe cuando se observan los hechos desnudos: una persona imputada por fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal no se sentará en el banquillo hasta que pase el ciclo electoral completo. Democracia formal, justicia en diferido.

JUSTICIA A CÁMARA LENTA PARA QUIEN MANDA

El caso de Alberto González Amador no es menor. Está acusado de haber defraudado a Hacienda una cantidad inferior a 600.000 euros, umbral que envía la causa a los juzgados de lo Penal y no a la Audiencia Provincial. No hablamos de un error contable ni de una discrepancia administrativa. Hablamos de delitos tipificados, de una instrucción ya cerrada, de una causa lista para juicio. Y, sin embargo, el sistema decide que no toca ahora.

La justicia lenta no es neutral cuando siempre llega tarde para los mismos y rápido para otros. En Madrid, miles de procedimientos se acumulan porque durante años se ha recortado en personal, en medios y en inversión pública mientras se bajaban impuestos a las rentas más altas. La saturación no es un accidente. Es una decisión política sostenida en el tiempo.

En ese contexto, que el juicio se posponga más allá de 2027 no es solo un problema procesal. Es una ventaja política objetiva para quien gobierna la Comunidad de Madrid desde 2019 y aspira a revalidar el poder sin el ruido incómodo de un juicio a su entorno más inmediato. La separación de poderes se vuelve decorativa cuando el calendario judicial encaja tan bien con el electoral.

La reacción no se hizo esperar. Gabriel Rufián ironizó con una frase que ha circulado como un dardo preciso: “Rara dictadura en la que vive esta gente”. La frase no habla de una dictadura clásica, sino de algo más inquietante. Un régimen donde las reglas existen, pero se adaptan con suavidad quirúrgica a quienes mandan. Mordidas para todos y juicios a la carta, resumió.

PRIVILEGIOS, SILENCIOS Y NORMALIZACIÓN DEL ABUSO

No es la primera vez que el entorno de la presidenta madrileña protagoniza episodios que, en cualquier otro contexto, habrían provocado dimisiones inmediatas o una investigación política de calado. Desde los contratos sanitarios durante la pandemia hasta las relaciones empresariales con el sector privado de la salud, el ecosistema que rodea al poder en Madrid se ha movido siempre en una zona gris cuidadosamente protegida.

El detalle aparentemente menor de que González Amador utilizara un correo corporativo vinculado al Grupo Quirón y firmara con el apellido “Burnet” no es solo pintoresco. Es la metáfora perfecta de una élite que se sabe impune, que juega a la ficción mientras maneja recursos reales. Sonny Crockett como alias empresarial en la sanidad privatizada madrileña. No es una serie. Es la vida política española en 2026.

La indignación ciudadana que se ha expresado en redes no surge de la nada. Surge de la acumulación. De ver cómo se persigue con dureza a activistas, a sindicalistas o a personas empobrecidas mientras los poderosos se benefician de la lentitud estructural que ellos mismos han provocado. Surge de comprobar que la igualdad ante la ley es una promesa que se rompe siempre por el mismo lado.

No es que España sea una dictadura. Es algo más sofisticado y, por eso mismo, más peligroso. Es un sistema donde las formas democráticas siguen en pie, pero el contenido se vacía poco a poco. Donde votar sigue siendo obligatorio moralmente, pero decidir se vuelve cada vez más irrelevante frente a redes de poder económico, judicial y mediático que se protegen entre sí.

La pregunta no es por qué el juicio se retrasa. La pregunta es por qué hemos normalizado que ocurra. Porque cuando la justicia aprende a esperar, la democracia deja de ser urgente. Y cuando la democracia deja de ser urgente, el privilegio se convierte en costumbre y la impunidad en paisaje.

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