La
libertad de Cataluña es la libertad de España
Público
José García Molina / Francis
gil *
Al margen de discursos y
acusaciones cruzadas, lo que está en juego en estas semanas, con el debate
sobre Cataluña como trasfondo, es el núcleo fundamental de la naturaleza y
calidad de nuestra democracia: el derecho a elegir democráticamente, a decidir
libre y directamente como ciudadanos, como sociedad y como país, nuestro
presente y nuestro futuro.
El agitado debate transpira una
confrontación directa entre dos modelos políticos antagónicos: por un lado,
quienes anteponemos las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía a
cualquier otra consideración; por el otro, quienes instrumentalizan las
instituciones del Estado en función de sus propios intereses partidistas,
poniendo en riesgo el normal fundamento democrático. Y en esta pugna de
modelos, la escalada represiva del gobierno del PP en Cataluña deja una
evidencia:
el Gobierno del PP es el principal
factor de riesgo para nuestra democracia.
En un escenario tan abierto
como incierto es imposible predecir qué pasará el 1-O. Pero sí es posible
analizar lo ya pasado, y lo que está pasando, para saber lo que no queremos que
pase.
Sabemos que las elites
dirigentes ya no son capaces de captar y articular el sentido común de época,
de esta “segunda Transición” que sigue caminando en busca de su propio relato.
La impotencia de las elites dominantes para presentar un proyecto de país capaz
de generar los consensos sociales necesarios para gobernar bien, y gobernar
para todos, les ha empujado a renunciar progresivamente al ejercicio de la
política como herramienta de búsqueda de soluciones.
Atrincheradas en los aparatos del Estado y la Administración, cuando no
buceando directamente por sus cloacas, intentan mantener el control de la
situación sacrificando incluso los más elementales principios y procedimientos
democráticos.
Bunkerizados en un proyecto ideológico
completamente superado, los dirigentes políticos de la vieja elite se devoran
entre sí mediante sumarios e imputaciones judiciales cruzadas, en una suerte de
orgía caníbal que cuestiona la viabilidad del propio ecosistema de partidos
surgido del Régimen del 78.
En plena decadencia de ese
conglomerado de poder político, económico, mediático, etc., el terremoto
general del cambio político producido en 2015 vive ahora sus réplicas en los
diferentes territorios del Estado. Pero la debilidad del actual bloque
dominante es peligrosa porque, en la autopercepción de su pérdida de dominio,
los sectores más reaccionarios pueden sentirse tentados a practicar una
política de tierra quemada de consecuencias imprevisibles.
Por ello, la prioridad de todas
las fuerzas del bloque democrático pasa por desalojar a las fuerzas de la
reacción antidemocrática de las instituciones de Gobierno. No podemos
arriesgarnos a padecer nuevas oleadas de coacción de las libertades civiles y
recortes de los derechos sociales.
Hay que encontrar una solución
política para Cataluña. El éxito o el fracaso de una política de gobierno se
valora mediante su efectividad para idear y poner en práctica vías de solución
concreta a problemas o conflictos que, generalmente, no se limitan a la gestión
de las cosas, sino que tocan a los imaginarios de pertenencia, las identidades
y los propios modos de acción política.
Por ello hemos afirmado, hasta
la afonía, que las garantías del actual procés catalán nos parecen
insuficientes. Respetamos y comprendemos la movilización democrática del pueblo
catalán, pero no podemos asumir el resultado del referéndum que, tal y como se
ha convocado, no soluciona el problema sino que abre uno nuevo.
Por lo mismo, trabajamos para
encontrar mecanismos de participación que den voz a los pueblos (en Cataluña y
en Castilla-La Mancha) para expresarse democrática y libremente sobre su
presente y su futuro. Frente a la espiral de represión de las libertades
civiles y los derechos fundamentales perpetrada por el gobierno central, y
estimulada desde diferentes segmentos ultras del españolismo preconstitucional
más aborrecible, nosotros y nosotras creemos en una salida negociada y
consensuada entre legitimidades.
La persecución judicial de las
instituciones, los medios de comunicación, los funcionarios y alcaldes catalanes,
o la utilización política y partidista del instrumental jurídico en un estado
de derecho, forzando la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad para
impedir una votación popular, revelan los espasmos de un Gobierno del PP
empeñado en construir y alimentar un falso problema de Estado que oculte -al
menos parcialmente- la corrupción sistémica que amenaza su propia
supervivencia.
Quienes hoy juegan a emular
una especie de Sanjurjada jurídica, soñando con un auto-golpe de Estado que les
reviva políticamente a costa de la convivencia social, sólo pretenden ganar
tiempo. Son zombis parlamentarios que intentan alimentarse del miedo de otras
fuerzas políticas sin pararse a pensar que el tiempo y la realidad juegan en su
contra, y que tras el uno de octubre llegará el dos.
Frente al gobierno del PP -que
no sólo ha demostrado ser una amenaza para los derechos sociales y laborales de
la ciudadanía, sino que se revela también como un riesgo para la propia
democracia- en Podemos apostamos por una solución política integral, negociada
y pactada entre legitimidades democráticas. Urge establecer las bases de un
nuevo pacto o contrato social que contemple entre sus prioridades la
reformulación de las relaciones entre las naciones que conforman el Estado español.
El momento requiere de la
acción política y de líderes que afrontan los problemas, no de políticos que se
esconden tras singulares interpretaciones de la Constitución para evitar ver la
realidad. Necesitamos estadistas, hombres y mujeres de Estado, con mirada larga
y altura de miras, no gestores del desastre que miran al pasado cuando son
incapaces de imaginar y construir futuro.
La tarea política del presente
es construir, entre todas las fuerzas del cambio, un proceso social y político
amplio, con horizonte constituyente, en el que el derecho a decidir aparezca
como eje articulador de la construcción de un nuevo modelo de cohesión social y
solidaridad entre los pueblos. Es posible pensar y acordar una España que,
desde la diversidad y la diferencia, no avance en la desintegración del
proyecto social común de convivencia, sino en la dirección de reintegrar en un
marco de convivencia constitucional a las diferentes naciones de un Estado
plurinacional.
Pero caminar hacia ese nuevo
escenario constituyente implica, primero e inevitablemente, una fase
destituyente de las fuerzas de la reacción anti-democratizadora de las
instituciones de gobierno. Porque mientras el PP mantenga el Gobierno de España
resultará muy difícil avanzar hacia la cohesión social necesaria para la
cohesión territorial.
El bloque de las fuerzas
democráticas no puede perder la oportunidad de avanzar posiciones y acabar con
los despropósitos del actual desgobierno del PP. Continúa existiendo una
mayoría parlamentaria suficiente para recuperar la iniciativa política y
avanzar hacia un nuevo proyecto de país para sus gentes. Sólo es cuestión de
voluntad, de coraje y de una altura de miras democrática que consiga aquella
hazaña que hace décadas imaginó un presidente español y republicano; a saber,
que la libertad de Cataluña sea la misma que la libertad de toda España.
* José García Molina es
el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha
* Francis Gil es
miembro del Instituto 25M
