Memoria
Pública Martín Villa acepta finalmente los 48.000 euros de fianza impuestos por
la Justicia argentina
El exministro franquista decidió pagar la caución de un millón de pesos
argentinos que estableció la jueza María Servini de Cubría, instructora de la
única causa en el mundo que investiga los crímenes de la dictadura.
Público
ANA DELICADO
El represor había recurrido el
pasado martes la caución que decretó la magistrada, pero a los dos días, Martín
Villa desistió de su apelación.
En un primer fallo, Servini
había establecido en más de un millón de euros (21.250.000 pesos) el monto
que debía pagar el exministro para evitar su encarcelamiento en caso de que
decidiese pisar Buenos Aires.
La Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, tribunal de segunda instancia, anuló
esa resolución después de que el defensor de Martín Villa, Fernando Goldaracena,
cuestionara la fianza de la jueza por considerarla desproporcionada.
En un nuevo auto fechado el 15
de septiembre, la magistrada redujo la caución del exministro a un millón de
pesos (48.300 euros), pero el exministro franquista volvió a pedir la
revisión de la cifra hasta que, por algún motivo, decidió no objetar más la
decisión.
El desenlace jurídico de no
mantener su apelación es que ha quedado firme la resolución de
Servini. Cuando Martín Villa desembolse la cantidad que pide la jueza,
será automática su exención de cárcel.
Consecuencias
Es de esperar que en algún
momento la magistrada levante también la orden de detención internacional que
pidió en su contra en octubre de 2014, cuando lo imputó por crímenes de lesa
humanidad junto a otros 19 represores franquistas.
En realidad, esa captura
internacional no llegó a regir porque la sección de Interpol en España denegó
la detención preventiva con fines de extradición a Argentina de la veintena
de imputados originales reclamados por la jueza, pedido que había sido avalado
por la oficina de la organización policial radicada en Buenos Aires.
La defensa de Martín Villa
podría adelantarse y pedir que quede sin efecto la orden de arresto contra su
cliente, o bien Servini podría concederla de oficio. De este modo, el
exministro franquista se aseguraría de que puede salir de España sin temor a
ser detenido.
Durante todo este tiempo, el
represor ha insistido en que quiere declarar ante la magistrada por los
delitos que se le imputan en el expediente “con independencia de lo que se
decidiera en España por el Gobierno o por los tribunales de Justicia”, de
acuerdo a una carta que remitió a la jueza en noviembre del año pasado.
Ése fue uno de los motivos que
valoró la Cámara de Apelaciones para anular el 22 de agosto un fallo de Servini
que denegaba la exención de prisión solicitada por Martín Villa.
El tribunal de apelaciones
considera, por otra parte, que en la causa no está fundamentado por qué los
delitos atribuidos al exministro durante la transición son de lesa humanidad, y
por tanto, imprescriptibles.
Entre otros crímenes, el
represor ha sido acusado de ordenar en 1976, cuando era ministro de Relaciones
Sindicales, la represión de una manifestación de trabajadores en Vitoria
durante la que fueron asesinados cinco obreros.
En todo caso, ahora es el
turno de Martín Villa, que desvelará en cuestión de tiempo si realmente dijo la
verdad al asegurar una y otra vez que quiere declarar libremente ante la jueza,
y que incluso está dispuesto a aportar datos históricos sobre el período
investigado.
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