Público
Rafael Mayoral
22-9-17
Resulta curioso cómo, según el contexto en el que se encuentre, el Gobierno de Mariano Rajoy insulta el significado de democracia. Hace un par de semanas, hablando sobre la cuestión de Catalunya, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguraba que nunca había sentido tanta “vergüenza democrática”. Sin embargo, no se le caía la cara de vergüenza democrática, a ella y a toda la bancada del PP, cuando este jueves se daba a conocer en el Pleno el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior bajo el mandato del ministro Jorge Fernández Díaz. Este dictamen confirmaba, ni más ni menos, la utilización por parte del Ejecutivo de Rajoy de estructuras parapoliciales irregulares que actuaban al margen de la Ley, con el objetivo de intoxicar a la opinión pública e interferir en los procesos políticos y electorales. Y como viene siendo habitual en el ‘Clan de los Genoveses’, haciendo uso para ello de fondos públicos. Esto es a lo que llama el PP ‘democracia’.
Como ya afirmamos el pasado mes de julio, la intención del GP Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea era llegar hasta el fondo de este asunto. Sin embargo, el Partido Antipopular, C´s y el PSOE pactaron finiquitar la Comisión, sin llegar a esclarecer toda la verdad sobre una trama que ataca directamente a los fundamentos del Estado de derecho.
¿A QUÉ HUELEN LAS CLOACAS?
Las conclusiones del dictamen tienen implicaciones muy graves para la salud democrática del país, por lo que resulta imprescindible recordar los hechos que se han investigado en esta Comisión y el objetivo de la misma: saber si existen o no las llamadas cloacas del Estado y una policía política que actúa bajo las órdenes del Ministerio del Interior. Dado que nos encontramos en un Estado de derecho, resulta cuanto menos preocupante que sea necesario investigar la existencia de estructuras que son más propias de regímenes dictatoriales. Pero, vayamos por partes, ¿qué son las cloacas del Estado?
Se denomina cloacas del Estado a un entramado oculto de funcionarios, autoridades y particulares que se mueven en las instituciones al margen de la Ley para impedir el cambio político, incumpliendo los procedimientos legales que deben seguir las investigaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Uno de sus objetivos es intoxicar con informaciones falseadas que se filtran a la prensa para desprestigiar a la disidencia política. Las cloacas utilizan recursos públicos, entre ellos a miembros de la policía y la Guardia Civil, dando forma a la policía política.
El uso de la policía política fue habitual durante el franquismo, pero quedaba la duda de si aún permanecían grupos irregulares. ¿Por qué tenemos esta duda? En dos palabras: Informe P.I.S.A., ¿les suena?
DESMONTANDO EL INFORME P.I.S.A
El informe P.I.S.A, acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima, es un informe que fue publicado el 12 de enero de 2016, cuando diferentes medios de comunicación recibieron la filtración de que la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF) estaba investigando a Pablo Iglesias por supuestos cobros desde el extranjero. Sin embargo, el diario Público desveló dos días después que no existía ninguna investigación contra Pablo Iglesias ni contra Podemos, y que el informe era un encargo hecho directamente desde el gabinete del número dos del ministro de Interior a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, dirigida por el comisario Eugenio Pino.
De hecho, OK Diario publicó la orden de remisión del Informe P.I.S.A. desde la DAO a la UDEF. La periodista Patricia López confirmó en el Parlament de Catalunya que las filtraciones procedían de Eugenio Pino y que además se pactó la fecha de publicación para influir en la situación política del país, pocos días después de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, que dejaron abierta la posibilidad de una alternativa al Gobierno del PP. Pese a esto, tanto el ex Ministro como Ignacio Cosidó, ex Director General de la Policía, han afirmado en sendas comparecencias en la Comisión que la UDEF se limitó a recoger informaciones periodísticas y a elaborar un dossier de prensa, el informe P.I.S.A., enviado luego a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Pero esta teoría no se sostiene, y así se lo hicimos saber al señor Fernández Díaz durante su comparecencia. El oficio de remisión desde la DAO de Eugenio Pino a la UDEF data del 4 de noviembre de 2015 y la publicación del Informe P.I.S.A en el tabloide del pseudoperiodista Eduardo Inda se realizó el 12 de enero de 2016. Por lo tanto, dicha remisión del informe se hace antes de que fuese pública.
El Informe P.I.S.A. es sólo un documento elaborado por el Ministerio del Interior para desprestigiar a Podemos, que además carece de todas las formalidades legales que hasta el propio Fernández Díaz reconoció necesarias para que no se confundiese con un documento “propio de Corea del Norte”: no presenta número de referencia, ni firmas, ni sellos, ni registro de salida.
Durante la comparecencia de Ignacio Cosidó, presentamos también otro documento, asociado al Informe P.I.S.A., que se remitió desde la UDEF a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. En este documento se dan datos falsos sobre la presunta financiación ilegal y blanqueo de capitales llevados a cabo por Podemos. Al igual que el informe P.I.S.A, carece de sellos, firmas y registro de salida. Sorprende que en la primera página se pueda leer: “Se ha recibido en la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF-central) un informe de inteligencia”. ¿Inteligencia? No existe ninguna unidad policial con ese nombre.
Se trata por lo tanto de un documento que procede de una institución, el Ministerio del Interior, y de una unidad policial que estaba bajo el mando de Cosidó cuando era Director General de la Policía. Como el informe P.I.S.A., es un documento ilegal, ya que incumple con las formalidades propias de un informe policial. Además, se filtró a los medios de comunicación con el objetivo de desprestigiar a una formación política tras las elecciones generales del 20D, y fue elaborado por ‘Inteligencia’, una unidad inexistente dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Les suena de algo todo esto? Hagamos memoria:
Como ya he mencionado anteriormente, la intención de nuestro grupo parlamentario era llegar hasta el fondo y el origen de esta trama, delimitar las estructuras implicadas y desmontarlas, dado que sospechamos que las cloacas del Estado y la policía política devienen de la Brigada Político Social franquista, y siguen funcionando bajo la misma lógica.
El problema es que aquellos que han decidido poner fin a la Comisión de forma precipitada son los mismos que hace unos meses homenajearon al que fue ministro del Interior y represor en la Transición, el señor Martín Villa, que está requerido internacionalmente por crímenes de lesa humanidad. Estas son las referencias democráticas del Partido Anti-popular, un partido que actúa al margen de la legalidad. De nuevo la importancia del contexto. Mientras por un lado el Gobierno de Rajoy enarbola la Ley y elude sus responsabilidades políticas en la cuestión catalana, por el otro vulnera los fundamentos del Estado de derecho al hacer uso de brigadas políticas para impedir el cambio político e intoxicar a la opinión pública. Así funciona el Gobierno de Rajoy, el mismo que se hunde en la charca de la corrupción, el mismo que precariza, saquea y vende el país a pedazos a los fondos buitre. Para volver a poner en la agenda política de España los derechos e intereses de la gente hay que echar de las instituciones al PP, porque la democracia y su Gobierno son incompatibles.
Rafael Mayoral
22-9-17
Resulta curioso cómo, según el contexto en el que se encuentre, el Gobierno de Mariano Rajoy insulta el significado de democracia. Hace un par de semanas, hablando sobre la cuestión de Catalunya, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguraba que nunca había sentido tanta “vergüenza democrática”. Sin embargo, no se le caía la cara de vergüenza democrática, a ella y a toda la bancada del PP, cuando este jueves se daba a conocer en el Pleno el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior bajo el mandato del ministro Jorge Fernández Díaz. Este dictamen confirmaba, ni más ni menos, la utilización por parte del Ejecutivo de Rajoy de estructuras parapoliciales irregulares que actuaban al margen de la Ley, con el objetivo de intoxicar a la opinión pública e interferir en los procesos políticos y electorales. Y como viene siendo habitual en el ‘Clan de los Genoveses’, haciendo uso para ello de fondos públicos. Esto es a lo que llama el PP ‘democracia’.
Como ya afirmamos el pasado mes de julio, la intención del GP Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea era llegar hasta el fondo de este asunto. Sin embargo, el Partido Antipopular, C´s y el PSOE pactaron finiquitar la Comisión, sin llegar a esclarecer toda la verdad sobre una trama que ataca directamente a los fundamentos del Estado de derecho.
¿A QUÉ HUELEN LAS CLOACAS?
Las conclusiones del dictamen tienen implicaciones muy graves para la salud democrática del país, por lo que resulta imprescindible recordar los hechos que se han investigado en esta Comisión y el objetivo de la misma: saber si existen o no las llamadas cloacas del Estado y una policía política que actúa bajo las órdenes del Ministerio del Interior. Dado que nos encontramos en un Estado de derecho, resulta cuanto menos preocupante que sea necesario investigar la existencia de estructuras que son más propias de regímenes dictatoriales. Pero, vayamos por partes, ¿qué son las cloacas del Estado?
Se denomina cloacas del Estado a un entramado oculto de funcionarios, autoridades y particulares que se mueven en las instituciones al margen de la Ley para impedir el cambio político, incumpliendo los procedimientos legales que deben seguir las investigaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Uno de sus objetivos es intoxicar con informaciones falseadas que se filtran a la prensa para desprestigiar a la disidencia política. Las cloacas utilizan recursos públicos, entre ellos a miembros de la policía y la Guardia Civil, dando forma a la policía política.
El uso de la policía política fue habitual durante el franquismo, pero quedaba la duda de si aún permanecían grupos irregulares. ¿Por qué tenemos esta duda? En dos palabras: Informe P.I.S.A., ¿les suena?
DESMONTANDO EL INFORME P.I.S.A
El informe P.I.S.A, acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima, es un informe que fue publicado el 12 de enero de 2016, cuando diferentes medios de comunicación recibieron la filtración de que la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF) estaba investigando a Pablo Iglesias por supuestos cobros desde el extranjero. Sin embargo, el diario Público desveló dos días después que no existía ninguna investigación contra Pablo Iglesias ni contra Podemos, y que el informe era un encargo hecho directamente desde el gabinete del número dos del ministro de Interior a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, dirigida por el comisario Eugenio Pino.
De hecho, OK Diario publicó la orden de remisión del Informe P.I.S.A. desde la DAO a la UDEF. La periodista Patricia López confirmó en el Parlament de Catalunya que las filtraciones procedían de Eugenio Pino y que además se pactó la fecha de publicación para influir en la situación política del país, pocos días después de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, que dejaron abierta la posibilidad de una alternativa al Gobierno del PP. Pese a esto, tanto el ex Ministro como Ignacio Cosidó, ex Director General de la Policía, han afirmado en sendas comparecencias en la Comisión que la UDEF se limitó a recoger informaciones periodísticas y a elaborar un dossier de prensa, el informe P.I.S.A., enviado luego a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Pero esta teoría no se sostiene, y así se lo hicimos saber al señor Fernández Díaz durante su comparecencia. El oficio de remisión desde la DAO de Eugenio Pino a la UDEF data del 4 de noviembre de 2015 y la publicación del Informe P.I.S.A en el tabloide del pseudoperiodista Eduardo Inda se realizó el 12 de enero de 2016. Por lo tanto, dicha remisión del informe se hace antes de que fuese pública.
El Informe P.I.S.A. es sólo un documento elaborado por el Ministerio del Interior para desprestigiar a Podemos, que además carece de todas las formalidades legales que hasta el propio Fernández Díaz reconoció necesarias para que no se confundiese con un documento “propio de Corea del Norte”: no presenta número de referencia, ni firmas, ni sellos, ni registro de salida.
Durante la comparecencia de Ignacio Cosidó, presentamos también otro documento, asociado al Informe P.I.S.A., que se remitió desde la UDEF a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. En este documento se dan datos falsos sobre la presunta financiación ilegal y blanqueo de capitales llevados a cabo por Podemos. Al igual que el informe P.I.S.A, carece de sellos, firmas y registro de salida. Sorprende que en la primera página se pueda leer: “Se ha recibido en la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF-central) un informe de inteligencia”. ¿Inteligencia? No existe ninguna unidad policial con ese nombre.
Se trata por lo tanto de un documento que procede de una institución, el Ministerio del Interior, y de una unidad policial que estaba bajo el mando de Cosidó cuando era Director General de la Policía. Como el informe P.I.S.A., es un documento ilegal, ya que incumple con las formalidades propias de un informe policial. Además, se filtró a los medios de comunicación con el objetivo de desprestigiar a una formación política tras las elecciones generales del 20D, y fue elaborado por ‘Inteligencia’, una unidad inexistente dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Les suena de algo todo esto? Hagamos memoria:
CLOACAS DEL ESTADO
El Informe P.I.S.A. no es la única prueba de
la existencia de una policía política, confirmada en el dictamen de la
Comisión. También está el caso del Euro Pacific Bank, otro burdo montaje para
desprestigiar a Pablo Iglesias pocos días después de que se convocasen las
elecciones generales del 26 de junio, y por supuesto las famosas
escuchas en el despacho de Fernández Díaz, con el jefe de la Oficina
Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso Laso, para fabricar escándalos contra
los dirigentes de ERC y Convergència.Como ya he mencionado anteriormente, la intención de nuestro grupo parlamentario era llegar hasta el fondo y el origen de esta trama, delimitar las estructuras implicadas y desmontarlas, dado que sospechamos que las cloacas del Estado y la policía política devienen de la Brigada Político Social franquista, y siguen funcionando bajo la misma lógica.
El problema es que aquellos que han decidido poner fin a la Comisión de forma precipitada son los mismos que hace unos meses homenajearon al que fue ministro del Interior y represor en la Transición, el señor Martín Villa, que está requerido internacionalmente por crímenes de lesa humanidad. Estas son las referencias democráticas del Partido Anti-popular, un partido que actúa al margen de la legalidad. De nuevo la importancia del contexto. Mientras por un lado el Gobierno de Rajoy enarbola la Ley y elude sus responsabilidades políticas en la cuestión catalana, por el otro vulnera los fundamentos del Estado de derecho al hacer uso de brigadas políticas para impedir el cambio político e intoxicar a la opinión pública. Así funciona el Gobierno de Rajoy, el mismo que se hunde en la charca de la corrupción, el mismo que precariza, saquea y vende el país a pedazos a los fondos buitre. Para volver a poner en la agenda política de España los derechos e intereses de la gente hay que echar de las instituciones al PP, porque la democracia y su Gobierno son incompatibles.
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