Contra la cruz a la Iglesia. Por un Estado laico
La Iglesia disfruta de un verdadero
paraíso fiscal, según afirma Europa Laica en su informe Opacidad y Financiación
de la Iglesia Católica
ElPlural
Víctor Arrogante
Lun, 26 Mar
2018
Ha comenzado la campaña de
Declaración de la Renta y permítanme que recurra a la mía particular: la
financiación de la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta es
injusta. Tampoco las necesidades sociales deben ser cubiertas por la voluntad
del contribuyente o establecidas por las organizaciones, sino que han de formar
parte de las políticas sociales, en función del interés general, en el marco
del Estado de bienestar.
En la Declaración de la Renta de
2017 (IRPF) disminuyeron en 600.000 las
declaraciones que no marcaron ni la casilla de la Iglesia ni la de fines
sociales. La cantidad destinada por los contribuyentes a la
Iglesia aumenta en 7 millones de euros y alcanza los 256,21 millones,
representando un incremento del 2,83% con respecto al año anterior. Es la cifra
más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria de 2007,
que promedia una subida anual del 0,58%. El número de declaraciones a
favor de la Iglesia ha sido 7.112.844 y si tenemos en cuenta las declaraciones
conjuntas, más de 8,5 millones de contribuyentes destinan a la Iglesia el 0,7%
de sus impuestos.
Es necesario que se elimine la
asignación tributaria a la Iglesia a través del IRPF, privilegio que se
mantiene por el Concordato y los Acuerdos de 1979. Izquierda Unida, viene pidiendo
al Gobierno la derogación de los acuerdos con el Vaticano, por
“vulneran el principio de independencia entre la Iglesia y el Estado” que viene
a amparar “la financiación de la Iglesia Católica con fondos públicos y el
adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo”.
La Iglesia disfruta de un verdadero
paraíso fiscal, según afirma Europa Laica en su informe Opacidad y Financiación de la
Iglesia Católica. Mientras aumenta la pobreza y se privatizan
servicios públicos, el Estado aporta a la Iglesia, a través de subvenciones
directas y exención de tributos, una cifra que supera los trece mil millones de
euros anuales, para mantener al clero, diócesis, seminarios, realizar
manifestaciones partidarias, lanzar campañas de discriminación y segregación en
razón de género, en contra de la libertad de la mujer para decidir sobre su
maternidad, o sobre la libre elección de la orientación sexual, los avances
científicos, la eutanasia o la muerte digna.
En 1988 se articuló una
asignación tributaria, consistente en el 0,5239% en el IRPF. Esta asignación nunca cubrió las
necesidades de la Iglesia, por lo que se tuvo que instrumentar un complemento.
A partir de la declaración de la renta de 2007, este porcentaje se incrementó
hasta el 0,7% y “desapareció” el complemento estatal. Treinta y nueve años
después de comprometerse a avanzar en su autofinanciación, los obispos siguen
recibiendo millones de euros del erario público.
En 2017 marcaron la dichosa “x”
el 33,5% de los contribuyentes. En el ejercicio pasado, se produjo una caída en el
número de contribuyentes a favor de la Iglesia: de 7.347.982 a 7.112.844. Un
descenso de 235.138, un 3,2% menos. Las comunidades autónomas donde más se
marcó esta casilla, con porcentajes superiores al 40%, fueron: Castilla-La
Mancha (45,94%), La Rioja (45,37%), Extremadura (44,70%), Murcia (43,96%) y
Castilla y León (43,26%). Y en las que menos Cataluña (19,21%), Galicia
(26,19%), Baleares (29,20%) y Canarias (27,13%). En relación al año anterior,
los contribuyentes que más han aumentado esta aportación a la Iglesia han sido
los de Navarra (+1,661 millones), Madrid (+1,655 millones) y Barcelona (+1,303
millones).
Los cuatro acuerdos suscritos entre
el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado Vaticano –firmados en Roma un mes
después del referéndum constitucional de 1978, antes de la aprobación de la
Constitución–, permiten a la Iglesia mantener hoy privilegios del franquismo en
asuntos económicos, educativos y jurídicos. Dichos textos también regulan la
asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los
clérigos.
El contenido de la reforma de 2007
es fruto del acuerdo al que había llegado el Gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero con la Conferencia Episcopal para modificar el modelo de
financiación de la Iglesia. Esas negociaciones estuvieron motivadas por una
exigencia de la UE, que llevaba tiempo cuestionando que la jerarquía católica
española no estuviera sujeta al pago del IVA en las operaciones comerciales,
compras de bienes muebles e inmuebles, entre otros, lo que suponía una
vulneración de la normativa de armonización fiscal. De hecho, la Comisión
Europea inició un procedimiento para denunciar esta cuestión ante el Tribunal
de Luxemburgo, aunque el cambio se produjo antes de que llegara la respuesta de
la Justicia.
El “Instrumento de ratificación del
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos“
se firmó en el Vaticano el 3 de enero de 1979. Los acuerdos venían a reformar
el Concordato de 1953, firmado entre Pío XII y Franco, bajo los principios del
nacional-catolicismo imperante. Desde entonces seguimos pagando a la Iglesia y
ellos siguen adoctrinando. En 1979 no es que se firmara a contracorriente, sino
que fue a traición, con el silencio de muchos, el desconcierto de algunos y el
desconocimiento de la mayoría. Desde siempre siguen perpetuando sus
privilegios.
Algunas de las razones que Europa Laica
argumenta para no marcar las casillas del IRPF ni para la Iglesia ni fines
sociales, se relacionan con la discriminación que supone para los
contribuyentes; porque quienes marcan estas casillas reducen su aportación a
los gastos públicos en un 0,7%, conculcando el artículo 31 de la Constitución.
La propia existencia de esta casilla refleja el apoyo del Estado a la religión
católica, discriminando otras creencias, por lo que se conculca así el
principio de no discriminación por razón de creencias regulado en el artículo 14 CE.
El Estado no debe ser un recaudador de organizaciones privadas. La asignación
que se lleva la Iglesia, se detrae de las políticas públicas para escuelas,
hospitales, servicios sociales, infraestructuras o de empleo.
De otra parte, la casilla para
“otros fines de interés social”, también debe desaparecer. Los motivos podrían
ser más difíciles de explicar y entender, pero es necesaria su eliminación,
porque el origen de su existencia está basado en una gran coartada para
introducir y perpetuar la casilla de la Iglesia. Además, una parte considerable
de la asignación a fines de interés social va a entidades de la propia Iglesia,
por lo que recibe fondos por las dos vías. El espíritu solidario que se
presupone a quien marca esta casilla, no puede llevarse a cabo con el dinero de
todos. Los “fines de interés social”, no deben depender de la voluntad de los
contribuyentes, ni establecido por las organizaciones sociales, sino que deben
formar parte de las políticas sociales del Estado, de las Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos en función del interés general.
El artículo 16.3 de la Constitución
establece que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán
las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones”. Por su parte, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos
con la Santa Sede, en su Artículo II.1, establece que “el Estado
se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su
adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de
libertad religiosa”. Pero cooperación y colaboración no es financiación directa
ni subvención permanente.
Han ganado más dinero que nunca pero
los obispos han advertido que la
gallina de los huevos de oro, podría tener los días contados.
Los expertos en financiación de la Iglesia están preocupados por el descenso en
el número de contribuyentes que marcan la casilla, y advierten que “lo peor
está por venir” en referencia a la Campaña de la Renta. El grueso de los
españoles que marcan la casilla son personas mayores –entre los 45 a 64 años– y
“no hay relevo a corto plazo”, admite la Conferencia Episcopal. “No podemos
estar satisfechos: la evolución ha sido negativa. Hemos tenido una caída del
3%”, dicen desde la Conferencia
Episcopal Española. No sólo es la edad de los creyentes lo que
temen, también, las críticas de algunos sectores al papel de la Iglesia
catalana y las críticas de los ultracatólicos por el leve cambio de
tendencia de las cadenas TRECE y Cope, que apuestan por información menos
política y más social.
Quienes
marcan las casillas, no pagan un 0,7% más, sino que se detrae del conjunto del
total de lo recaudado. La X a fines de interés social es la coartada para
financiar a la otra. El Estado ha de romper con la Iglesia (que debe
autofinanciarse), oprime conciencias, controla gobiernos y vive a costa del
erario y el Gobierno cumplir con la Constitución, por un Estado de bienestar y
laico.
Víctor
Arrogante es profesor y columnista
