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El golpista Tejero y el PP, juntos en una misa
de la Guardia Civil
Unidos Podemos lleva al Congreso
el acto que ofició el hijo del militar y al que también acudieron otras fuerzas
políticas
N.C Lunes, 15 de octubre de 2018
ElPlural
Una misa organizada por la Guardia Civil,
oficiada por el hijo de Tejero
y con el propio golpista
Antonio Tejero. Esta es la nueva polémica que se desarrolló
el pasado 12 de Octubre, Día de la
Hispanidad y de la patrona de la Guardia Civil.
En la iglesia del malagueño pueblo Rincón de la
Victoria, en el barrio de La Cala del Moral, se celebró una misa para
festejar el día. Dicha misa contaba con un cura peculiar, Ramón Tejero, y con
un invitado aún más reconocido, el responsable del golpe de Estado el 23 de febrero
de 1981. Hasta aquí todo normal si no fuera porque todo parece
apuntar a que el golpista fue invitado por la Guardia Civil y porque el militar compartió asiento con políticos y
altos cargos.
Por todo ello, Unidos
Podemos ha registrado una pregunta en el Congreso de los
Diputados exigiendo saber si el militar
Antonio Tejero fue invitado oficialmente a un acto de la Guardia Civil.
Además, desde IU han criticado que Tejero
participase "como uno más" en la misa de la patrona en la iglesia de
La Cala del Moral, que ofició su hijo como titular de dicha parroquia. Quieren
saber si el Gobierno prevé "abrir
una investigación sobre esta invitación oficial por parte de la Guardia Civil a
un golpista y aplicar las sanciones que correspondan", además de
si el Gobierno socialista "piensa acometer una honda democratización de la
Guardia Civil, pendiente al menos desde la Transición, de manera que este tipo
de acciones sean impensables en un futuro".
Según la coalición de izquierdas, finalizado el acto, se realizó la
entrega de condecoraciones, menciones y
reconocimientos dentro del programa oficial. Así, han precisado en un
comunicado que Tejero "compartió bancada con el primer teniente de alcalde
de Rincón de la Victoria, Antonio Fernández Escobedo, del PP", además de estar presentes en
este acto otros ediles del PA, Ciudadanos y el PSOE, "a quienes parece que
no les incomodó la presencia de Tejero". "Es inadmisible que las
distintas fuerzas políticas con representación municipal presentes en el acto
no mostraron ningún rechazo a esta situación", han sostenido.
De 'Billy el Niño' a Tejero
Esta situación recuerda a la vivida el pasado 2 de
octubre cuando'Billy el Niño' fue invitado a celebrar, rodeado de cargos policiales e institucionales y
en la Comisaría de ciudad Lineal, el día de los Santos
Ángeles Custodio.
Escándalos reales: el rey Juan Carlos y la muerte de
su hermano
Amadeo Martínez Inglés acusa al rey nombrado por Franco en España como el
Caín de su hermano Alfonso.
El dictador tirano gallego Francisco Franco,
luego de eliminar al legítimo gobierno español de la II República y dejar un
tendal de aproximadamente 1.000.000 de muertos españoles y luego de ejercer una
dictadura de culto a sí mismo durante 40 años, deja instalado en el poder al
actual rey Juan Carlos, del linaje de los Borbón. Su padre Juan es excluido y
su hermano Alfonso muere en lo que para la historia oficial fue un accidente,
pero que ahora se empieza a cuestionar. Martínez Inglés encabeza estos cuestionamientos
que recoge este canal:
Don Amadeo Martínez Inglés, ciudadano
español, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a su
autoridad como primer defensor de la ley y máximo garante del Estado de derecho
en la nación portuguesa, manifestándole lo siguiente:
Sobre las 20,30 horas del día 29 de marzo de 1956 se produjo en el domicilio
del ciudadano español, don Juan de Borbón, pretendiente al trono de España,
sito a la sazón en la finca denominada "Villa Giralda" de Estoril
(Portugal), la muerte en extrañas circunstancias de su hijo menor, don Alfonso,
por un disparo en la cabeza procedente de una pequeña pistola propiedad de su
hermano mayor, don Juan Carlos.
Este desgraciado hecho enseguida sería catalogado como un mero accidente por
parte del Gobierno dictatorial del general Franco, a través de una Nota de su
legación diplomática en Lisboa, consiguiendo de las autoridades portuguesas del
momento (sometidas a una férrea dictadura de corte similar a la española) que,
en contra de las leyes y procedimientos de actuación propios de un Estado
moderno y civilizado, no se abriera ninguna investigación al respecto, no
intervinieran en el esclarecimiento de lo sucedido la policía judicial
portuguesa y los médicos forenses, y que, por lo tanto, ningún juez imparcial
pudiera pronunciarse sobre un luctuoso episodio que, sin ninguna duda, iba a
influir decisivamente sobre la España del futuro. Y que a partir de entonces
pasaría, por decisión conjunta de los Gobiernos totalitarios de ambos países
ibéricos, a las cavernas de la censura y el olvido, sobre todo en España en la
que el oscuro homicidio sería declarado secreto de Estado tanto para los medios
informativos del país como para la clase política y ciudadanía en general.
Han pasado más de cincuenta años, señor
fiscal general, y las circunstancias que rodearon aquélla extraña muerte siguen
sin aclararse adecuadamente. Permanece inmersa todavía en los entresijos de la
historia y del secreto de Estado. Hasta el momento muy pocos (por no decir
ninguno) han sido los historiadores e investigadores españoles o portugueses
que se han atrevido a estudiarla adecuadamente tratando de desentrañar el
misterio que rodea un hecho tan extraño, declarado a priori y sin ningún rigor
jurídico como accidente fortuito, que evidentemente nunca lo fue y que, por lo
menos, conllevaba las responsabilidades anejas a un delito de homicidio por
imprudencia (el causante de la muerte era en aquellos momentos un profesional
del Ejército español, alumno de la Academia General Militar con más de seis
meses de instrucción militar intensiva y experto, por lo tanto, en el uso y
manejo de toda clase de armas portátiles) y con toda probabilidad, dados los
indicios racionales que se desprenden de las investigaciones realizadas por el
historiador que redacta el presente escrito, las infinitamente más graves del
fratricidio premeditado.
El
que esto escribe, militar español e historiador, obviamente, sí se ha atrevido,
señor fiscal general del Estado portugués, a estudiar e investigar durante
muchos años el oscuro hecho delictivo que comentamos en el marco de un
exhaustivo trabajo histórico sobre la figura personal y política del heredero
de Franco a la jefatura del Estado español, a título de rey, Don Juan Carlos de
Borbón, y que contempla, tanto las irregularidades cometidas en su ya largo
reinado (algunas de ellas graves y presuntos delitos que ya han sido puestos en
conocimiento del Congreso de los Diputados y Gobierno español para que se
constituya con urgencia una Comisión parlamentaria que los depure y obre en consecuencia)
como sus impresentables avatares juveniles, entre los que sobresale el
sospechoso homicidio cometido en la persona de su hermano menor, don Alfonso de
Borbón, aspirante como él al trono de España e hijo predilecto de su padre, el
conde de Barcelona. De mis investigaciones sobre este hecho, extraídas del
mencionado trabajo histórico, procede el exhaustivo Informe que le remito
adjunto.
Tras su lectura quedan bien patentes una
serie de circunstancias (indicios racionales) que avalan la peor de las hipótesis
sobre el supuesto accidente así como la falsedad de las posibles causas que lo
propiciaron, tejidas en su día por el entorno familiar de Juan Carlos de Borbón
para justificar lo injustificable.
Estas circunstancias son las siguientes:
1ª.- El autor del disparo que acabó con
la vida del infante D. Alfonso no era ningún niño (como la información sesgada
del Gobierno español del momento quiso hacer creer a los españoles sino un
profesional del Ejército (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza),
con más de seis meses de instrucción militar intensiva y otros seis de
instrucción premilitar.
2ª.- Era, por lo tanto, experto en toda
clase de armas portátiles de las Fuerzas Armadas españolas.
3ª.- Conocía, en consecuencia, el manejo
y uso en instrucción y combate de las citadas armas.
4ª.- Había realizado ejercicios de fuego
real con todas ellas, con arreglo a la cartilla de tiro correspondiente a un
caballero cadete de primer curso del citado centro de enseñanza castrense.
5ª.- En consecuencia, conocía el uso y
manejo de las pistolas de 9 mms reglamentarias en las FAS españolas.
6ª.- Con mayor motivo debía conocer el
uso y manejo de la pequeña pistola de 6,35 mms de la que era propietario y con
la que había efectuado (la última vez, el día anterior al luctuoso suceso)
numerosos disparos.
7ª.- Conocía asimismo los protocolos de
actuación que marcan los reglamentos militares españoles para el uso, limpieza,
desarmado, armado, equilibrado, preparación para el disparo, etc.. de cualquier
arma portátil y en particular todas las precauciones que debe tomar un
profesional de las armas antes de efectuar un disparo de instrucción o combate.
8ª.- Resulta inconcebible que todo un
cadete de la AGM (un centro de enseñanza modélico en aquellas fechas), con seis
meses de instrucción militar intensiva en su haber y con numerosos ejercicios
de tiro realizados, no tomara las elementales medidas de seguridad (activación
de los seguros de la pistola y comprobación de la recámara) antes de proceder a
manipular su pistola en presencia de hermano.
9ª.- El pequeño proyectil de 6,35 mms,
que difícilmente hubiera podido traspasar la bóveda craneal del desgraciado
infante si el disparo hubiera seguido una línea de tiro directa hacia su
cabeza, curiosamente buscó una anómala dirección de abajo a arriba para
penetrar por sus fosas nasales y poder alojarse así sin ningún impedimento en
su cerebro causándole la muerte instantánea. Algo que la casualidad no puede
explicar de ninguna de las maneras por las prácticamente nulas posibilidades de
que tal cosa pueda ocurrir en un disparo accidental. La previsible trayectoria
del disparo resulta tan forzada y difícil que es manifiestamente improbable que
el proyectil saliese de la boca del arma siguiendo esa anómala línea de tiro
sin influencia alguna del tirador.
10ª.- La pistola causante de la tragedia
fue lanzada al mar por el padre del homicida, sin que la policía o los jueces
portugueses pudieran examinarla, con lo que se hurtaba a la justicia una prueba
fundamental.
11ª.- El homicida no prestó declaración
ni ante la policía ni ante juez alguno, abandonando inmediatamente Estoril en
un avión militar español rumbo a Zaragoza. Tampoco se presentó voluntariamente
a las autoridades para relatar los hechos y asumir sus presuntas responsabilidades.
12ª.- La tesis oficial del accidente
fortuito, propalada por las autoridades españolas, no puede sostenerse sin caer
en el rubor más absoluto ya que el propio homicida en manifestaciones, tanto a
su íntimo amigo Bernardo Arnoso como a su entorno familiar (la propia madre de
Juan Carlos, Mª de las Mercedes, manifestaría después en sus Memorias que su
hijo le dijo que "jugando apuntó a la cabeza de su hermano y disparó sin
percatarse de que había una bala en la recámara"), admitió que fue él el
que disparó sin comprobar negligentemente si la pistola estaba cargada. Por lo
tanto, nada de accidente fortuito. Homicidio imprudente o asesinato
premeditado. Ambas figuras tipificadas en el Código Penal de cualquier país
civilizado.
En resumen, señor fiscal general del
Estado portugués, aquí de lo que se trata es de que, dejando de lado
condicionamientos políticos y a pesar del tiempo transcurrido, un crimen, un
presunto asesinato cometido en su país hace ahora cincuenta y dos años, no quede
impune; sobre todo, después de las investigaciones que le presento en el
Informe adjunto y de las que se derivan clarísimas responsabilidades penales
para el ciudadano español que lo cometió: Juan Carlos de Borbón.
Usted tiene, permítame que se lo recuerde desde el más profundo de los
respetos, el deber moral y la responsabilidad profesional de, conocidos mis
estudios, tomar las oportunas medidas judiciales en su país para que esto no
ocurra. Un asesinato es uno de los crímenes más abyectos que un ser humano
puede cometer y no debe quedar jamás sin el castigo correspondiente.
Es
por todo ello por lo que me permito solicitarle, a través del presente escrito,
que interese de la instancia judicial de su país a la que corresponda, abra las
oportunas investigaciones y los trámites necesarios para esclarecer el luctuoso
hecho que estamos tratando y que se relata y analiza exhaustivamente en
el prolijo Informe que le remito.
Reciba, señor fiscal general del Estado
portugués, mi consideración más afectuosa
Firmo el presente escrito en Alcalá de
Henares (Madrid) a 8 de septiembre de 2008
. Carta al señor presidente del Gobierno
. Respuesta de la Secretaría personal del presidente
250808 - Nota del coronel Amadeo Martínez Inglés
El
pasado 4 de abril remití al presidente del Gobierno español, señor Rodríguez
Zapatero, copia del escrito que con esa fecha envié al presidente del Congreso
de los Diputados, señor Bono (que ha sido ampliamente difundido a través de
múltiples medios de Internet aunque la prensa convencional ha guardado un
mutismo absoluto) y en el que hacía responsable al rey Juan Carlos de presuntos
y graves delitos que, a mi juicio, debían ser prontamente investigados por las
Cortes españolas.
Hasta el momento el señor Bono no se ha
dignado contestar al documento remitido, haciendo caso omiso de sus
obligaciones constitucionales, pero sí el presidente del Gobierno que con fecha
22 de ese mismo mes de abril, y a través de la jefa de su Secretaría, acusó
recibo tanto de mi carta como del documento que la acompañaba (el escrito
acusatorio contra el monarca español).
Así pues, una vez en mi poder la
constancia escrita de que el presidente del Ejecutivo conoce las gravísimas
denuncias presentadas contra el rey Juan Carlos y, visto que el tiempo pasa sin
que se alumbre decisión alguna al respecto ni por parte del Congreso ni por el
del Gobierno de la nación (aunque me consta que el conocimiento de las mismas
ha producido un auténtico revulsivo tanto en la ciudadanía como en políticos y expertos
en derecho constitucional) me asaltan comprensibles dudas: ¿Qué hará ahora el
señor Zapatero? ¿Instará al señor Bono a que promueva la creación de la
solicitada Comisión de Investigación parlamentaria? ¿Se callará y mirará para
otro lado ante la dimensión política del cataclismo institucional que podría
desencadenar el asumir sin rodeos la verdad histórica que se desprende de las
denuncias? ¿Seguirá sin hacer nada y dejará que su conmilitón en la presidencia
del Congreso, el inefable señor Bono, haga lo propio, teniendo sobre la mesa
abundantes indicios racionales que prueban que el actual rey de España (por
decisión unilateral de un dictador genocida, no conviene olvidarlo) es un
redomado golpista, pagador de chantajes sexuales con dinero de todos los
españoles, terrorista de Estado por omisión de sus deberes constitucionales,
corrupto donde los haya y presunto asesino de su hermano el infante D. Alfonso
(el simple homicidio por imprudencia ya lo admitió en su día pero sin asumir
sus claras responsabilidades penales).
En esas estamos amigos. El asunto no es baladí pues estamos hablando de la
honorabilidad y credibilidad del jefe del Estado español. Revestido, además,
desde hace treinta y dos años con el oropel franquista de una corona real
ridícula y trasnochada. El que esto escribe, desde luego, no se va a quedar
cruzado de brazos ante el mutismo de las instituciones (y de los medios de
comunicación dóciles al poder) teniendo además, como tiene, el apoyo creciente
de hombres del derecho y expertos constitucionalistas que no dudan de la
legalidad y honestidad de sus pretensiones en el sentido de que el monarca
español debe sentares ante una Comisión de Investigación parlamentaria que
depure, con honestidad, profesionalidad y sentido de Estado, sus responsabilidades
en los hechos ya ampliamente conocidos por la opinión pública (nacional e
internacional). Y que después obre en consecuencia.
A continuación, y para general
conocimiento, transcribo la misiva enviada al presidente del Gobierno y la suya
de acuse de recibo.
Alcalá de Henares 25 de agosto de 2008
Fdo: Amadeo Martínez Inglés - Coronel
del Ejército. Escritor.
Historiador
Para su conocimiento remito a VE copia
del escrito que con esta fecha, y de acuerdo a cuanto establece el artículo
77.1 de la Constitución española, elevo al Excmo. Sr Presidente del Congreso de
los Diputados en solicitud de que se constituya en esa Cámara una Comisión de
Investigación parlamentaria, con arreglo a lo estipulado en el artículo 76.1
del citado texto legal, que depure responsabilidades (políticas, históricas,
penales..) en los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, Juan
Carlos I, tanto en su ya largo reinado (23-F, GAL, malversaciones de fondos
reservados...) como en la muerte de su hermano, el infante D. Alfonso de
Borbón, hecho acaecido en Estoril el 29 de marzo de 1956.
Reciba, señor Presidente del Gobierno,
un afectuoso saludo
Con estas líneas acuso recibo de la
carta que dirigía al Presidente del Gobierno con fecha 4 de abril, así como de
la documentación que igualmente acompañaba.
Cordialmente
Fdo: Gertrudis Alcázar Jiménez
050808 - Amadeo Martínez Inglés
Un coronel del Ejército español acusa
formalmente a Juan Carlos I de "planificación, coordinación, preparación y
ejecución" de golpe de Estado del 23-F
AL Excmo. SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador
militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone
el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo
77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la
legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los
hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981
(popularmente conocidos como la "intentona involucionista del 23-F")
en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba
toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I
fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y
ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de
Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna,
que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara,
investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de
España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas,
preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al
presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto
a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara
que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes
grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del
Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a
cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo
General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo
de Estado...etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al
parecer, "políticamente incorrecto" escrito (a excepción del
presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones
de la Cámara) contestó al mismo.
Juan Carlos de Borbón, aceptaba la sucesión de
Franco en la Jefatura del Estado a título de rey. 23 de julio de 1969.
Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los
presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con
fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo
Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el
supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el
día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto
aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos
parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y
que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan
Carlos como supremo y único "salvador de la democracia y las libertades
del pueblo español" puestas en peligro por el golpista Tejero
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los
Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las
que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del
mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la
opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido
publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro
("Juan Carlos I, el último Borbón". Styria. Febrero 2008), un extenso
trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos
años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino
algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares,
económicas... que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo
de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son,
obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de
ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono
a continuación:
1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda
duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos
(los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran
y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra
político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con
determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el
Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de
la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él
mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente
coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro
de guerra civil a este país.
2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos
de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación)
para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la
torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas
tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del
Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y
comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados
y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de
funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.
3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia
en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas
donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos
negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad
ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya
elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en
todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de
1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca
desmentida por La Zarzuela.
4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como
rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y
particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de
Kuwait...).
5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y
los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer
frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de
duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a
los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los
fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del
Interior.
6.- Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él
mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956,
con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General
Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su
haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y
manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando
sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de
un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14
años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos
políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para
sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de
Juan Carlos, que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna
obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.
En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más
absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras
otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos
y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un
desgraciado accidente. Supuesto accidente, que nunca fue investigado ni por la
justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en
aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas
De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge
el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan
abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra
parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de
este país (políticos, periodistas, líderes sociales...) pero sin atreverse a
denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula
el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para
conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos
meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni
por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento
también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han "callado
y otorgado".
En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad
popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva
legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para,
en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna
española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión
parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy
claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con
anterioridad y que resumo de nuevo:
1º.- La llamada durante años "intentona involucionista del 23-F" y
que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos
vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno
legítimo de la nación en provecho de la Corona
.2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas
de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español
tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos
reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por
lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha
pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas
de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas
por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares
(yates, coches...) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a
cambio.
5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los
ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada
vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos
sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en "Villa
Giralda" (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo
de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia
dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un
fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas
dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la
justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano
español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es
preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e interesando
del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel
homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el
fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan
hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquel
luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que
los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera
enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto
constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y
sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General
Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.
Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda seguridad,
históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del actual rey de
España, habría que reescribir con toda urgencia la historia de este país.
Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos
delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado
como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar.
Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a
que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente
condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la
solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados
en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por
los correspondientes expertos), ya que sin duda debe ser ese foro
parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva
inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que
permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en
general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo
y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este
país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus
ciudadanos aquel que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe
de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos
.Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su
presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que
contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos
acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea,
a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y
otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos
representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos
gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de
protagonista absoluto.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa
Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis
denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si
estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el
Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar
personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título
de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que
le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separado abruptamente de
su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar,
con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que
consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en
la instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente, incluido
si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un
contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a
través de su "juez estrella" Baltasar Garzón, se dedique a perseguir
jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de
crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo
responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben
ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan
Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en
su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación
y pronta puesta en ejecución de la llamada "guerra sucia" contra ETA.
Y no hizo nada por evitarla
Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una
amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante
del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa
advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa
de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que,
desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no
va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.
España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de
pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su
delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento,
golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.
Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en
septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a
4 de abril de 2008
Artículo original publicado el 3 de agosto de
2008
Amadeo Martínez Inglés: Ex militar español. Expresar sus opiniones en voz alta
le salió muy caro. Este coronel del Estado Mayor fue apartado del servicio
activo por una falta de disciplina y fue recluido cinco meses en la prisión
militar de Alcalá de Henares. ¿Su falta? Cuestionar, allá por 1990, el servicio
militar obligatorio y proponer públicamente la creación de un Ejército profesional.
Desde entonces su voz no ha dejado de sonar en España. Da conferencias,
participa en foros, y escribe sobre "la cada vez más necesaria y urgente
transformación de la Institución castrense española". Cada libro publicado
suscita una nueva polémica.
Amadeo Martínez Inglés (En la foto de la derecha, durante una manifestación por
la paz en el 2004) nació en Zaragoza, España, en 1936. Es un militar en la
reserva, historiador y escritor español. Durante más de cuarenta años sirvió en
el Ejército de Tierra español, llegando al rango de coronel del Estado Mayor en
1987.
En 1953 ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza. Es veterano de la
Guerra de Ifni entre octubre de 1957 y abril de 1958, ya con el grado de teniente,
dirigiendo la Sección de Asalto del Batallón Tetuán nº 14 de Castellón. Por su
labor en esta guerra fue propuesto para la concesión de la Medalla al Mérito
Militar.
En 1969 se diplomó en Estado Mayor, siendo destinado durante varios años a la
Brigada de Infantería Ligera Paracaidista y a las Tropas Nómadas del Sahara.
También obtuvo la diplomatura de Estado Mayor por la Escuela de Guerra de
Argentina y las especialidades en Estados Mayores Conjuntos, carros de combate,
paracaidismo militar, unidades motorizadas, operaciones aerotácticas y
fotointerpretación aérea.
A lo largo de sus años al servicio del Ejército, sobre todo durante la
Transición Española, ocupó varios cargos de importancia dentro del Ejército
tales como el de Jefe de Movilización del Estado Mayor del Ejército y el de
Jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería de Zaragoza, a la vez que
profesor de Historia Militar en la Escuela de Oficiales del Estado Mayor.
En 1990 fue apartado por una falta de disciplina del servicio activo e ingresado
cinco meses en la prisión militar de Alcalá de Henares por abogar en su libro
España indefensa (Ediciones B, 1989) por la necesidad de un Ejército
profesional y de suprimir el servicio militar obligatorio.
Ya en la reserva, en 1995 se presentó a las elecciones municipales en Alcalá de
Henares con el partido Acción Local, a la vez que asesoraba en temas militares
a Izquierda Unida, escribía regularmente artículos para El Mundo y participaba
en las tertulias de programas en la cadena COPE.
Durante los años 2000 fue protagonista de varios hechos polémicos. Muy crítico
con la invasión de Iraq en 2003,protagonizó una polémica al manifestarse con
uniforme militar el 15 de mayo de 2003, hecho por el que fue llevado a juicio,
en el cual fue absuelto. Otra polémica la protagonizó el 22 de mayo de 2004
cuando logró colarse con su traje militar y con un arma en la guerrera en la
catedral de la Almudena de Madrid durante la boda de Felipe de Borbón y Grecia
con Letizia Ortiz de con el fin de denunciar los fallos de seguridad del acto.
Su obra literaria se compone de varios ensayos en los que critica los
entresijos en los que han estado, están, vinculadas las acciones del Ejército
español, basándose en el conocimiento que ha adquirido después de tener acceso
a los archivos secretos y a las informaciones reservadas del Ejército de
Tierra. En 2001 publicó 23-F. El golpe que nunca existió (Foca, 2001), un
polémico libro sobre el intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en
el cual pone de manifiesto la participación interesada del Rey y de las
principales fuerzas políticas y militares del momento en el intento de Golpe.
En febrero de 2008 publicó otra polémica obra sobre la figura del Rey Juan
Carlos, Juan Carlos I, el último Borbón (Styria, 2008),en la que critica
profundamente su forma de llegar a la Jefatura de Estado, su poder fáctico real
y su oculta vida privada.
Obras publicadas
* España indefensa, Ediciones B, 1989;
* Mi lucha por un ejército profesional, Ediciones B, 1992;
* La transición vigilada, Ediciones Temas de Hoy, 1994;
* 23-F. El golpe que nunca existió, Foca Ediciones y Distribuiciones Genersles,
2001;
* El ejército español: de poder fáctico a "ONG humanitaria", Status
Ediciones, 2004;
* Juan Carlos I, el último Borbón. Las mentiras de la monarquía española,
Styria de Ediciones y Publicaciones, 2008.
Ada Colau estalla en Twitter: "¡Mentiroso irresponsable!"
"Pones en
peligro la seguridad".
·Redacción El HuffPost
La alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, ha expresado en Twitter su indignación con el
presidente del PP, Pablo Casado, por un mensaje que el partido había publicado
en esa red social.
"En Cataluña
no se puede vivir en las calles sin el riesgo de que te insulten o amenacen por
el idioma en el que hablas. En Cataluña se puede decir alto y claro que tenemos
que aplicar el 155 para que se respete la unidad de España", decía el
mensaje del PP, que era en realidad un entrecomillado literal de Pablo Casado.
"Eso es lo
que queremos combatir y lo queremos combatir igual que lo hicimos con el
nacionalismo abertzale: con un combate con la ley, sólo con la ley pero con
toda ley", aseguraba el presidente del PP en el vídeo, que recoge parte de su intervención
este domingo en Andalucía.
"Mentiroso irresponsable! Quieres agitar el
conflicto para que no hablemos de tus másteres falsos y la corrupción extensa
de tu partido. Pones en peligro la seguridad y la convivencia en toda España
por puros intereses partidistas @PPopular
sólo es #GarantíadeConflictoYCorrupción",
ha respondido Colau en Twitter.
El mensaje de la
alcaldesa de Barcelona ha tenido una amplia repercursión en Twitter, donde en
apenas 30 minutos acumulaba cerca de 1.000 retuits, entre ellos el del líder de
IU, Alberto Garzón, y 1.300 favoritos.
