Víctimas del
franquismo
"Fusilaron a mi padre,
nos quitaron tierras y ahora, con 90 años, quieren que me calle"
Carmen García Pellón tuvo que acudir al juzgado de
guardia de Yesa (Navarra) a un acto de conciliación con el alcalde de la
ciudad, Roberto Martínez, que le insta a retractarse de su testimonio en una
investigación histórica por haber acusado al abuelo del edil, alcalde
franquista de la ciudad, de apropiarse de unas tierras y propiedades.
Público
Madrid 24/5/19
ALEJANDRO TORRÚS
Carmen García Pellón, de 90 años, lo tiene grabado a fuego. Tenía apenas 8
cuando dos guardias y un alguacil tocaron la puerta de su casa. Venían a buscar
a su padre, Mariano García Illazorza, en aquel momento concejal de
Yesa (Navarra), labrador y miembro de la UGT. Se lo llevaron al cuartel. Esa
misma noche, Carmen y su madre fueron a visitarle. Le llevaban cena y una
boina. Lo vieron allí, junto a otras siete personas, encadenados por los pies a
una mesa. "Dicen que nos llevan a declarar a Pamplona", les informó
el padre. "Dale un beso a tu padre. No creo que lo
vuelvas a ver", le dijo la madre a la pequeña Carmen.
Y así fue. La niña salió del cuartel con el llanto desconsolado. Esa misma
noche una furgoneta recogió a los presos y se los llevó. A mitad de camino, en
Monreal, los hicieron bajarse. Todos fueron fusilados.
Sus restos aún yacen en la fosa común donde sus verdugos, en nombre de dios y
de España, les dieron el tiro de gracia. Este otoño, sin embargo, la familia de
Carmen tiene esperanzas en que, por fin, 83 años después, puedan sacarlos de
allí y darles el enterramiento digno que merecen.
"Mi padre pudo haber escapado el
día de antes. Un familiar vino a vernos con un taxi para llevárselo",
cuenta Carmen
"Mi padre pudo haber escapado el día de antes.
Un familiar vino a vernos con un taxi para llevárselo. Pero él dijo que se
quedaba, que no había hecho nada mala. Dio igual. Lo mataron", cuenta
Carmen a Público. Según el relato de esta mujer, después, los
vencedores de la guerra se apropiarían de parte de sus tierras y también de
otras comunales. Se quedarían, por ejemplo, con su pequeña corral y otras
pequeñas propiedades. Uno de ellos es el abuelo del actual alcalde de la ciudad.
Este miércoles Carmen tuvo que comparecer en un
juzgado de paz. No lo hacía para denunciar el asesinato de su padre ni la
represión de la dictadura. Tampoco por las tierras que dice que eran de su
propiedad y que ya no lo son. Lo hizo tras recibir una citación judicial. El
alcalde de la localidad, Roberto Martínez, la llevó ante el juez para que se
retractara de sus palabras, que señalaban al abuelo del regidor, Isidoro
Martínez, alcalde franquista de la localidad, como uno de los que se apropiaron
sus tierras. También pedía la retirada de un video de Youtube en el que Carmen
contaba este episodio de su vida en una investigación de la profesora de
instituto e investigadora Nekane Ruano. Pero Carmen rechazó retirar sus
afirmaciones. Ella lo ha vivido. Sabe de qué habla.
La probable consecuencia de la decisión
de Carmen es que el actual alcalde Roberto Martínez emprenda acciones
judiciales contra ella
La probable consecuencia de la decisión de Carmen es
que el actual alcalde Roberto Martínez emprenda acciones judiciales contra
ella, que pueden ser encaminadas por la vía civil, pero también por la penal.
De momento, la familia desconoce la decisión del denunciante. Según estipula la
ley, tiene hasta un año de plazo, desde la celebración del acto de conciliación,
para formalizar la denuncia o la querella. Este periódico ha contactado con el
Ayuntamiento de Yesa para recabar la versión del actual alcalde, pero no ha
recibido respuesta.
El diario de Noticias de Navarra recoge en su versión de este jueves que el alcalde
de Yesa hizo constar ante el juez que Carmen había acusado a su abuelo Isidoro
Martínez de "haber robado todo lo que pudo, haber sido un ladrón,
apropiarse de todos los terrenos del pueblo y haberse quedado con las tierras
de los fusilados". La vecina, por contra, respondió con una relación de
propiedades que le habrían quitado y pidió su restitución. El alcalde, por su
parte, instó a la vecina de 90 años a demostrar sus palabras.
"Fusilaron a mi padre, nos quitaron
tierras y ahora, con 90 años, quieren que me calle. Pero eso no va a
pasar", critica Carmen.
"Fusilaron a mi padre, nos quitaron tierras y
ahora, con 90 años, quieren que me calle. Pero eso no va a pasar. Quieren que
tenga la boca tapada y ya te digo que no. ¿Qué conciliación quiere? ¿Cómo me
puede pedir que me calle? Se quedaron con tierras que no son suyas",
insiste Carmen al otro lado del teléfono. También cuenta que a mediados de los
70 la familia hizo trámites para recuperar algunas de las propiedades y que
algunas de las escrituras originales habían desaparecido durante esos trámites
en el mismo Ayuntamiento. Carlos, el hijo de Carmen, detalla a este periódico
que han ganado en la Justicia varios pleitos, pero que, de momento, nada ha
cambiado en el municipio.
Ahora Carmen y Carlos esperan la decisión del alcalde. Si deja el
asunto tal y como está o formaliza una demanda o querella. La mujer de 90 años
dice contar con la seguridad de quien ha vivido todo el proceso y puede
contarlo en primera persona. "No sabemos qué pasará a partir de ahora. Han
querido callar y amedrentar a mi madre. Creían que con amenazas judiciales
podrían coartarla. Pero se ratificó", zanja Carlos.
De momento, la contradicción es que ninguno de los
implicados en el exterminio franquista en Navarra, con cerca de 3.400
asesinatos en la comunidad foral, ha tenido que acudir a los tribunales de
justicia para dar explicaciones. Tampoco nadie ha tenido que explicar ni
detallar la usurpación de bienes de las personas asesinadas, ni sus roles en,
por ejemplo, el Tribunal de Incautación de Bienes, activo en Navarra desde
noviembre de 1936. Sin embargo, Carmen sí que ha tenido que acudir ante la
Justicia. Lo hace por dar cuenta con su testimonio de la magnitud de la
represión y por señalar, con nombre y apellidos, a los que considera responsables
de lo que ha sufrido.
"Esta clase de testimonios son
claves. Es una fuente primaria. Nos aporta fechas y datos que nos permiten
acudir a los archivos", asegura la historiadora
La historiadora,
investigadora y profesora de Instituto Nekane Ruano, que fue quien recabó el
testimonio de Carmen en vídeo, destaca la importancia de este tipo de
declaraciones para la necesaria labor de investigación histórica. La entrevista
a esta mujer, de hecho, formaba parte de un proyecto de investigación que
recopilaba testimonios de mujeres entre 1939 y 1945. "Esta clase de
testimonios son claves. Es una fuente primaria. Nos aporta fechas y datos que
nos permiten acudir a los archivos, consultar con otras fuentes y documentar
este período de nuestra historia. Si se denuncian este tipo de testimonios
también se impide hacer una labor investigadora", explica la profesora.
Ruano
también señala que hay "muchos datos que permiten pensar" que en la
zona hubo, además de una represión sangrienta, otra "económica". Pone
como ejemplo otro caso, con diferentes protagonistas, que aparece, como en el
caso de Carmen, en la obra Navarra 1936. De la esperanza al terror.
Este es el fragmento de la obra que narra el episodio:
"El 5 de septiembre una nueva familia iba a quedar destrozada,
posiblemente por móviles económicos. El matrimonio Francisca Alonso y Filemón
Losantes, con tres hijos, habían arrendado unas tierras que según testimonios,
codiciaban otros. A Gregorio Alonso, hermano de Francisca y ganadero bien
situado, le quitaron el rebaño y la carnicería. Se los llevaron a los tres,
(Francisca en camisón), al otro lado del Ebro y en el término de Recuenco de
Calahorra, los fusilaron. Francisca quedó malherida y arrastrándose dos
kilómetros llegó hasta el corral de Ontano donde pidió ayuda. En vez de hacerlo
fueron a dar parte y volvieron a rematarla. A Amancio Alonso, hermano menor de
los anteriores, lo fusilaron en Zaragoza al día siguiente. Había estudiado para
fraile y ejercía de maestro".
La
mencionada contradicción se asemeja también a la reciente sentencia judicial que condena a Teresa Rodríguez,
líder de Adelante Andalucía, a pagar 5.000 euros a los descendientes del
exministro franquista José Utrera Molina por escribir en redes sociales el
exministro era uno de los "responsables" del asesinato a garrote vil
de Salvador Puig Antich. Nadie ha tenido que rendir cuentas ante la Justicia
por los crímenes del franquismo pero sí se piden explicaciones judiciales a
aquellos que señalan la represión franquista con nombres y apellidos.
