Alberto
Núñez Feijóo contra el progreso y todas las veces que el PP votó
en contra de los avances sociales
El
líder 'popular' se enorgullece de querer
derogar la Ley Trans y la
Ley de Memoria
Democrática, entre otras, si llega a presidente
del
Gobierno
IRENE
G. DOMÍNGUEZ
18/06/2023
ElPlural
"Es
mucho más fácil cambiarse de sexo que sacarse el carné de
conducir", proclamaba sin vergüenza Alberto
Núñez Feijóo,
líder del Partido
Popular,
en una entrevista en Más
de uno,
el programa de radio de Carlos
Alsina.
Nueve días después de los comicios autonómicos y municipales,
de los que los populares salieron
reforzados, y ocho días después del anuncio del adelanto
electoral, el dirigente azul y principal opositor del Gobierno
socialista se enorgullecía en Onda Cero de querer
derogar la Ley Trans y la Ley de Memoria Democrática.
Siendo éstas dos grandes medidas progresistas de carácter
social que garantizan derechos básicos de los ciudadanos
españoles y que han sido reconocidas y alabadas
internacionalmente en más de una ocasión.
Feijóo explicaba en
esta entrevista sus planes si llega a la
Presidencia del Gobierno tras las elecciones generales del próximo
23 de julio, asegurando a sus votantes que tiene en mente derogar
algunas leyes implantadas por el Partido
Socialista,
así como ajustar y reformar otras normas aprobadas por
el Ejecutivo
de Pedro
Sánchez.
Como pueden ser la Ley
de Eutanasia,
que según el líder del PP “ataca el derecho fundamental a la
vida”, o la Ley
de Educación,
de la cual señala que "iguala por abajo y no
busca la excelencia".
También
ha anticipado que pretende revisar la reforma
laboral,
sobre la cual sostiene que no
se va a comprometer a un acuerdo con los agentes sociales -que son
aquellas organizaciones, organizaciones patronales y sindicatos,
que defienden los intereses de sus representados frente al
Gobierno- ya que el dirigente popular se
niega a que "lo único que haga en materia laboral sea
lo dicen los agentes sociales" porque "gobernar es
indelegable".
Con
respecto a la Ley
Trans,
Núñez Feijóo espetó ante Carlos Alsina y miles de oyentes
que esta norma es un "disparate" que "atenta
contra los menores", los "médicos", los "colectivos
feministas" y el "sentido común", añadiendo que
durante su hipotético gobierno se desarrollará "una Ley Trans"
porque "hay un colectivo trans", pero ésta no será la que
ha aprobado el Gobierno socialista. Además, afirmó tajante que
durante su mandato no habrá Ministerio de Igualdad.
El
objetivo principal del PP si llega al Gobierno es "volver a la
dignidad política", lo que supone que EH Bildu no sea
"autor" de normas como la de Memoria
Democrática, porque
considera que "es un disparate histórico". Acto seguido,
reiteró su intención de derogar, una vez establecido en
el Palacio
de la Moncloa,
"una serie de leyes que son leyes minoritarias que se impusieron
a las mayorías", insinuando que la norma que nació para
ofrecer reparación a
las víctimas del franquismo y
retirar los honores de Estado a los criminales
de guerra de
la dictadura y la Guerra civil, es una ley minoritaria que no
representa a la pluralidad de España.
Perro
ladrador, poco mordedor
Es
habitual que el Partido
Popular prometa
a sus fieles votantes, conservadores en lo social y neoliberales en
lo económico, que derogará cualquier ley implementada por otros
gobiernos que abogue por los derechos humanos o que ponga el foco en
mejorar la vida de la clase trabajadora. Pero "del dicho al
hecho hay mucho trecho", como nos recuerda el completísimo
refranero español, y es que muchas de estas normas están
tan implantadas a nivel político, jurídico y social cuando
los populares llegan
al poder que
es imposible que las deroguen.
El modus
operandi siempre
ha sido el mismo: hace dos décadas la derecha ideológica se
dedicaba a dar voz, en mítines y en medios, a expertos que
aseguraban que los gays eran personas que sufrían una enfermedad; en
la actualidad optan por interrumpir debates sobre la salud mental
gritando: "¡Vete al médico!". No obstante, todas
estas barbaridades, propias de la campaña electoral, quedan en
nada una
vez comienzan su mandato, a sabiendas de que la sociedad se les
echaría encima y (por qué no decirlo) sería demasiado
papeleo.
Expertos
en remar en contra del progreso
El
Congreso daba luz verde en diciembre de 2022 a la Ley
para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la
Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI,
comúnmente conocida como Ley Trans, con 188 votos a favor, 150
votos en contra y 7 abstenciones. Finalmente, la norma fue aprobada
de manera definitiva tras pasar por el Senado, en febrero de este
año. En
todo momento, el Partido Popular votó en contra de la Ley Trans,
tanto sus parlamentarios como sus senadores, pero esta es solo
la última de las leyes progresistas que los populares han
pretendido frenar.
Dos
meses antes de la votación inicial de esta norma, se aprobaba en el
Congreso de los Diputados la Ley
de Memoria Democrática que
sustituiría a la Ley
de Memoria Histórica promovida
por el Gobierno socialista de José
Luis Rodríguez Zapatero en
2007. Un PP revanchista no se conformó con votar en contra de esta
norma hace 16 años, sino que, con la llegada de Mariano
Rajoy a
la Moncloa, esta
ley fue derogada de facto ya
que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y
2014 quedó sin dotación presupuestaria para su aplicación
Para
recuperar el proyecto y el legado de Zapatero, el 15 de septiembre
de 2020, el Gobierno socialista de Sánchez presentaba un
"anteproyecto de Ley de Memoria Democrática" para
reemplazar la Ley de Memoria Histórica de 2007. Esta nueva
norma entró en vigor el 21 de octubre de 2022 a
pesar de los votos en contra de los populares en
el Congreso.
La Ley Orgánica
para la regulación de la Eutanasia se
aprobó en 2020 en una votación histórica con los únicos votos en
contra de los diputados de PP y Vox.
De esta manera, la votación final salía adelante con 198 votos a
favor, 138 en contra y dos abstenciones. Una iniciativa que enseguida
dio la vuelta al mundo, convirtiéndose España en el sexto
país del mundo que ampara la muerte digna,
tras Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Colombia y Canadá.
En
2010 el Gobierno central, entonces presidido por Rodríguez Zapatero,
logró sacar adelante la Ley de
Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del
Embarazo con
184 votos a favor, 158 en contra y una abstención. Una vez más,
el Partido
Popular votó en bloque en contra de
la norma.
Asimismo, los populares tampoco
votaron en 2007 a favor de la Ley de Igualdad.
Sin embargo, en esta ocasión, el PP no votó en contra, sino
que optó
por la abstención,
siendo el único grupo que no apoyó la iniciativa. Una norma que
contemplaba, entre otras cosas, el permiso exclusivo de paternidad de
15 días, además de establecer la paridad en las listas electorales.
Un año antes, el
PP se opuso a la Ley Antitabaco que
prohibía fumar en lugares de trabajo o en centros culturales. Una
norma que en 2010 se extendió, prohibiendo fumar en cualquier tipo
de uso colectivo.
Cabe
destacar la que fue la norma que mejor explica esta negativa
histórica del PP al progreso: la
ley que modificaba el código civil y permitía el matrimonio
entre personas del mismo sexo y,
como consecuencia de esto, otros derechos como la adopción conjunta,
la herencia y la pensión. Un proyecto de ley propuesto por el
PSOE que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de octubre de
2005, pero no fue hasta el 30 de junio que pudo aprobarse
definitivamente con 187 votos a favor, 147
en contra de PP y
Unió Democràtica de Catalunya y cuatro abstenciones.
No
obstante, el PP siguió su cruzada contra los derechos de los
españoles presentando
un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional.
Un recurso que se resolvería años más tarde, en noviembre de 2012,
cuando ocho magistrados votaron a favor de la constitucionalidad del
matrimonio homosexual, y tres se posicionaran en contra.
Para
terminar, no debemos olvidar que en 1981, el partido predecesor del
PP, Alianza
Popular, votó en contra de la Ley de Divorcio.
A pesar de que por aquel entonces el voto era secreto, los
resultados prueban que los diputados de AP y algunos de UCD
votaron en contra de la norma, mientras que la otra mitad de UCD unía
sus votos junto a PSOE y PCE para sacar adelante esta iniciativa
que sería
la primera de muchas leyes sociales y progresistas de
la historia de nuestro país.