Alberto Núñez Feijóo contra el progreso y todas las veces que el PP votó en contra de los avances sociales

El líder 'popular' se enorgullece de querer

 derogar la Ley Trans y la Ley de Memoria

 Democrática, entre otras, si llega a presidente

 del Gobierno

IRENE G. DOMÍNGUEZ

18/06/2023 

ElPlural

"Es mucho más fácil cambiarse de sexo que sacarse el carné de conducir", proclamaba sin vergüenza Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, en una entrevista en Más de uno, el programa de radio de Carlos Alsina. Nueve días después de los comicios autonómicos y municipales, de los que los populares salieron reforzados, y ocho días después del anuncio del adelanto electoral, el dirigente azul y principal opositor del Gobierno socialista se enorgullecía en Onda Cero de querer derogar la Ley Trans y la Ley de Memoria Democrática. Siendo éstas dos grandes medidas progresistas de carácter social que garantizan derechos básicos de los ciudadanos españoles y que han sido reconocidas y alabadas internacionalmente en más de una ocasión.

Feijóo explicaba en esta entrevista sus planes si llega a la Presidencia del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 23 de julio, asegurando a sus votantes que tiene en mente derogar algunas leyes implantadas por el Partido Socialista, así como ajustar y reformar otras normas aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Como pueden ser la Ley de Eutanasia, que según el líder del PP “ataca el derecho fundamental a la vida”, o la Ley de Educación, de la cual señala que "iguala por abajo y no busca la excelencia". 

También ha anticipado que pretende revisar la reforma laboral, sobre la cual sostiene que no se va a comprometer a un acuerdo con los agentes sociales -que son aquellas organizaciones, organizaciones patronales y sindicatos, que defienden los intereses de sus representados frente al Gobierno- ya que el dirigente popular se niega a que "lo único que haga en materia laboral sea lo dicen los agentes sociales" porque "gobernar es indelegable".

Con respecto a la Ley Trans, Núñez Feijóo espetó ante Carlos Alsina y miles de oyentes que esta norma es un "disparate" que "atenta contra los menores", los "médicos", los "colectivos feministas" y el "sentido común", añadiendo que durante su hipotético gobierno se desarrollará "una Ley Trans" porque "hay un colectivo trans", pero ésta no será la que ha aprobado el Gobierno socialista. Además, afirmó tajante que durante su mandato no habrá Ministerio de Igualdad.

El objetivo principal del PP si llega al Gobierno es "volver a la dignidad política", lo que supone que EH Bildu no sea "autor" de normas como la de Memoria Democrática, porque considera que "es un disparate histórico". Acto seguido, reiteró su intención de derogar, una vez establecido en el Palacio de la Moncloa, "una serie de leyes que son leyes minoritarias que se impusieron a las mayorías", insinuando que la norma que nació para ofrecer reparación a las víctimas del franquismo y retirar los honores de Estado a los criminales de guerra de la dictadura y la Guerra civil, es una ley minoritaria que no representa a la pluralidad de España. 

Perro ladrador, poco mordedor

Es habitual que el Partido Popular prometa a sus fieles votantes, conservadores en lo social y neoliberales en lo económico, que derogará cualquier ley implementada por otros gobiernos que abogue por los derechos humanos o que ponga el foco en mejorar la vida de la clase trabajadora. Pero "del dicho al hecho hay mucho trecho", como nos recuerda el completísimo refranero español, y es que muchas de estas normas están tan implantadas a nivel político, jurídico y social cuando los populares llegan al poder que es imposible que las deroguen.

El modus operandi siempre ha sido el mismo: hace dos décadas la derecha ideológica se dedicaba a dar voz, en mítines y en medios, a expertos que aseguraban que los gays eran personas que sufrían una enfermedad; en la actualidad optan por interrumpir debates sobre la salud mental gritando: "¡Vete al médico!". No obstante, todas estas barbaridades, propias de la campaña electoral, quedan en nada una vez comienzan su mandato, a sabiendas de que la sociedad se les echaría encima y (por qué no decirlo) sería demasiado papeleo.

Expertos en remar en contra del progreso

El Congreso daba luz verde en diciembre de 2022 a la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, comúnmente conocida como Ley Trans, con 188 votos a favor, 150 votos en contra y 7 abstenciones. Finalmente, la norma fue aprobada de manera definitiva tras pasar por el Senado, en febrero de este año. En todo momento, el Partido Popular votó en contra de la Ley Trans, tanto sus parlamentarios como sus senadores, pero esta es solo la última de las leyes progresistas que los populares han pretendido frenar.

Dos meses antes de la votación inicial de esta norma, se aprobaba en el Congreso de los Diputados la Ley de Memoria Democrática que sustituiría a la Ley de Memoria Histórica promovida por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Un PP revanchista no se conformó con votar en contra de esta norma hace 16 años, sino que, con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, esta ley fue derogada de facto ya que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y 2014 quedó sin dotación presupuestaria para su aplicación 

Para recuperar el proyecto y el legado de Zapatero, el 15 de septiembre de 2020, el Gobierno socialista de Sánchez presentaba un "anteproyecto de Ley de Memoria Democrática" para reemplazar la Ley de Memoria Histórica de 2007. Esta nueva norma entró en vigor el 21 de octubre de 2022 a pesar de los votos en contra de los populares en el Congreso.

La Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia se aprobó en 2020 en una votación histórica con los únicos votos en contra de los diputados de PP y Vox. De esta manera, la votación final salía adelante con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. Una iniciativa que enseguida dio la vuelta al mundo, convirtiéndose España en el sexto país del mundo que ampara la muerte digna, tras Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Colombia y Canadá.

En 2010 el Gobierno central, entonces presidido por Rodríguez Zapatero, logró sacar adelante la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo con 184 votos a favor, 158 en contra y una abstención. Una vez más, el Partido Popular votó en bloque en contra de la norma.

Asimismo, los populares tampoco votaron en 2007 a favor de la Ley de Igualdad. Sin embargo, en esta ocasión, el PP no votó en contra, sino que optó por la abstención, siendo el único grupo que no apoyó la iniciativa. Una norma que contemplaba, entre otras cosas, el permiso exclusivo de paternidad de 15 días, además de establecer la paridad en las listas electorales. Un año antes, el PP se opuso a la Ley Antitabaco que prohibía fumar en lugares de trabajo o en centros culturales. Una norma que en 2010 se extendió, prohibiendo fumar en cualquier tipo de uso colectivo.

Cabe destacar la que fue la norma que mejor explica esta negativa histórica del PP al progreso: la ley que modificaba el código civil y permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo y, como consecuencia de esto, otros derechos como la adopción conjunta, la herencia y la pensión. Un proyecto de ley propuesto por el PSOE que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de octubre de 2005, pero no fue hasta el 30 de junio que pudo aprobarse definitivamente con 187 votos a favor, 147 en contra de PP y Unió Democràtica de Catalunya y cuatro abstenciones.

No obstante, el PP siguió su cruzada contra los derechos de los españoles presentando un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional. Un recurso que se resolvería años más tarde, en noviembre de 2012, cuando ocho magistrados votaron a favor de la constitucionalidad del matrimonio homosexual, y tres se posicionaran en contra.

Para terminar, no debemos olvidar que en 1981, el partido predecesor del PP, Alianza Popular, votó en contra de la Ley de Divorcio. A pesar de que por aquel entonces el voto era secreto, los resultados prueban que los diputados de AP y algunos de UCD votaron en contra de la norma, mientras que la otra mitad de UCD unía sus votos junto a PSOE y PCE para sacar adelante esta iniciativa que sería la primera de muchas leyes sociales y progresistas de la historia de nuestro país.