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martes, 6 de mayo de 2025
Abogados Cristianos busca la ayuda de Ayuso para declarar Bien de Interés Cultural el Valle de los Caídos
La fundación da un paso más en su particular cruzada contra el Gobierno y pide a Madrid que haga lo propio para defender Cuelgamuros
ElPlural
Rubén Rozas
6-5-25
Abogados Cristianos sigue su particular cruzada en defensa de la cruz del Valle de los Caídos, renombrada Valle de Cuelgamuros a raíz de la Ley de Memoria Democrática. La fundación da un paso más y pide a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al Ejecutivo regional lo declare Bien de Interés Cultural (BIC).
A golpe de tuit, la asociación ha expresado que “continúan recogiendo firmas para proteger el Valle de las sucias manos del Gobierno” y pide “firmar y compartir” para que la política popular imponga este distintivo a la cruz bajo la que estaban enterrados Franco y Primo de Rivera hasta sus exhumaciones, también gracias a la normativa vigente.
En la petición, Abogados Cristianos expone que la Comunidad de Madrid “va a iniciar los trámites para declarar BIC la escolanía del Valle de los Caídos en la categoría de Patrimonio Inmaterial”, un movimiento que “podría indicarnos que la competencia sobre el emplazamiento es mayor de la que inicialmente reconocieron, y que de ellos depende la protección de la basílica y la cruz”.
Al grito de “¡Tenemos que seguir presionando!”, la fundación afea a la administración central y autonómica que ninguna de ellas “quiere declarar el Valle de los Caídos como Bien de Interés Cultural”. “Así lo ha demostrado el cruce de responsabilidades, en el que ninguna de las dos entidades admite tener las competencias para realizar dicho trámite”, indican.
Pese a ello, mantienen que “la demanda ciudadana porque al Valle de los Caídos se le otorgue este distintivo está más viva que nunca tras conocerse la noticia de que la antigua fábrica de leche Clesa recibirá este título”, aunque una mayoría de la región y del país piden, en realidad, lo contrario.
La organización sostiene que “la declaración como Bien de Interés Cultural supondría una protección especial de la cruz y su entorno”, una protección “con la que actualmente no cuenta a pesar de su destacado valor arquitectónico”. “El estado del Valle de los Caídos es crítico, y una declaración que forzase su adecuado mantenimiento podría ser crucial”, remachan.
MÁS INFORMACIÓN
Trayendo a colación que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, la antigua fábrica de Clesa hace relativamente poco, Abogados Cristianos emite una ‘carta’ a la responsable de Sol en la que esgrimen que “más allá de las opiniones de si a ese edificio le corresponde o no tal distinción”, el Valle de los Caídos sí debería tenerlo dado el “incalculable valor arquitectónico, artístico y cultural de todo el emplazamiento”.
Más en detalle, piden a la baronesa del PP que “deje ya de echar balones fuera y de esperar que el Gobierno Central haga algo” al ser la Comunidad de Madrid “quien tiene la competencia para realizar este trámite y, como tal, debe actuar”.
Abogados Cristianos justifica para su solicitud esos “valores” que van más allá de lo puramente arquitectónico como, por ejemplo, que se trata de la cruz “más grande de la cristiandad”, tal y como han hecho público en declaraciones en varios portales, también ante los medios de comunicación y en redes sociales. Mientras tanto, ElPlural.com ha preguntado a la Comunidad de Madrid por la petición y, en el momento de redacción de estas líneas, no ha obtenido respuesta.
En los tribunales
La fundación es una de las que lidera la batalla judicial contra la resignificación del Valle de los Caídos, una actuación del Ejecutivo español para permitir a las generaciones presentes y futuras conocer la historia de nuestro país y no olvidar nunca a quienes lucharon por la libertad durante antes y durante la dictadura franquista.
Abogados Cristianos presentaba el pasado mes de abril un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el hecho y solicitaba medidas cautelarísimas con el objetivo de paralizar de manera inminente la orden hasta que se resuelva el recurso.
En lo que considera una manera que tiene Moncloa para “distraer la atención de sus múltiples casos de corrupción”, la organización de juristas consideraba que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no cuenta con competencias para la mencionada resignificación y afirmaba que el texto “vulnera de forma flagrante las competencias municipales”. Ahora, centra la atención en la administración autonómica.
Las escalonías de la cruz
Durante un tiempo circularon por internet todo tipo de bulos que afirmaban en última instancia que la presidenta de la Comunidad de Madrid iba a declarar como Bien de Interés Cultural” la cruz del Valle. Nada más lejos de la realidad, a lo que se puso sobre la mesa otorgar esta distinción eran las escalonías de El Escorial y de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Manteniendo esa senda, si se profundiza un poco en la web de la Comunidad de Madrid se encuentra una nota de prensa del año pasado que se refiere a los coros formados por “unos 40 niños” y que reciben “una completa formación académica y musical especialidad en cada caso en polifonía medieval o canto gregoriano”.
La región destaca de ellos que entre sus valores “se encuentra su capacidad para trasladar las tradiciones orales o su papel fundamental en las comunidades religiosas”. Por ello, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del gobierno de Ayuso -al que se dirige ahora nuevamente este periódico- emitió que comenzaría los trámites para reconocer como BIC los dos coros, pero no así al monumento.
lunes, 5 de mayo de 2025
Publicación de Casa del Pueblo Gijón
El 3 de mayo de 1917 nace en Teruel, Aragón. María del Milagro Pérez Lacruz. Anarquista, conocida por La Jabalina.
Su familia provenía de la zona de Jabaloyas, en la Sierra de Albarracín de Teruel, de ahí el apodo. Hija de: Manuel Pérez de la Esperanza y Isabel Lacruz Civera.
En 1923 su familia, buscando trabajo, se trasladó a Sagunto, Valencia. Siendo casi una niña, ayudó económicamente su familia trabajando en la limpieza de una casa particular.
En 1934 entró a formar parte de las Juventudes Libertarias. A raíz del levantamiento fascista de julio de 1936, se incorporó el mes siguiente en Sarrión en la Columna de Hierro, como enfermera participó en la creación de un hospital de campaña.
Durante la Batalla de Teruel, el 23 de agosto de 1936 fue herida de bala en una pierna “fractura de fémur” en Puerto Escandón y tuvo que permanecer hasta el 24 de diciembre de ese año en el Hospital de Valencia.
Después se quedó en la retaguardia trabajando en una fábrica de armamento de Sagunto, posteriormente, en Cieza, Murcia, para hacer algunas tareas en la industria siderúrgica.
Con el triunfo franquista, intentó pasar desapercibida con su embarazo, pero el 23 de abril de 1939 fue detenida por la Guardia Civil del Puerto de Sagunto. Tras interrogada, rapada y pasearla, fue puesta en libertad, pero el 31 de mayo, después de negarse a ratificar la declaración que el capitán juez militar le leyó argumentando que los contenidos no eran ciertos, fue detenida y encerrada en la prisión del Puerto de Sagunto.
Durante el proceso n° 2053/4 en Valencia se le acusó de auxilio a la rebelión, y de diferentes crímenes: de carácter libertino, quema de iglesias, asalto a la cárcel de Castellón y muerte de varios guardias de la misma, muerte del cónsul de Bolivia en Valencia “nunca existió cónsul boliviano en esta ciudad” y de otras personalidades “ocho sacerdotes y un diputado”, etc.
El director del Hospital de Valencia certificó que en el momento de cometerse esos crímenes ella se encontraba en el hospital curándose de las heridas de guerra.
El 4 de noviembre de 1939 fue trasladada al Hospital Provincial de Valencia por problemas de salud y por encontrarse en su séptimo mes de gestación.
El 9 de enero de 1940, una vez tuvo el niño, fue dada de alta, pero ella nunca vio la criatura. Volvió a los calabozos del Gobierno Civil de Valencia y el 18 de enero fue ingresada en la Cárcel Provisional de Mujeres del convento de Santa Clara.
Finalmente, fue trasladada el 16 de enero de 1942 a la Prisión Provincial de Mujeres de Valencia.
El 28 de julio de 1942 fue juzgada en consejo de guerra por “adhesión a la rebelión y desafección al Movimiento” y condenada a pena de muerte. María Pérez Lacruz fue fusilada el 8 de agosto de 1942 en el campo de tiro de Paterna, Valencia, junto con un grupo de seis hombres.
En 2003 la Asociación de Mujeres de Baladre “Rompiendo Silencios” le realizo un homenaje en Puerto de Sagunto.
En 2007 Manuel Girona Rubio publicó la biografía Una miliciana en la Columna de Hierro. María “La Jabalina” y en 2013 la escritora Rosana Corral-Márquez publicó la novela "Si me llego a olvidar" , inspirada en su vida.
Actualmente una calle del barrio de La Pinaeta del Puerto de Sagunto lleva su nombre.
El Supremo blinda a Juan Carlos I y rechaza investigar su fortuna por delitos fiscales
El Alto Tribunal ha decidido no abrir una causa penal contra Juan Carlos I pese a la querella presentada por varios juristas
ElPlural
Víctor Sanjuan
5-5-25
El Tribunal Supremo ha cerrado filas en torno al rey emérito Juan Carlos I y ha decidido no abrir una causa penal por la gestión opaca de su fortuna, ignorando la querella presentada por un grupo de juristas entre los que se encuentran fiscales y magistrados jubilados del propio Supremo. El alto tribunal ha optado por pasar página y no revisar el archivo previo de la Fiscalía, pese a las irregularidades señaladas por los denunciantes y a los cuestionamientos sobre la validez de la regularización fiscal del monarca.
Con el magistrado Manuel Marchena como ponente, la Sala de lo Penal respalda punto por punto la argumentación de la Fiscalía Anticorrupción, que ya en 2022 había decidido archivar el caso. En su auto, el Supremo reprocha a los querellantes que han hecho una “selección fragmentada e interesada” del decreto de archivo fiscal, y asegura que “en términos jurídicos, nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal”.
Blindaje al emérito
El archivo de la querella supone, en la práctica, blindar a Juan Carlos de Borbón frente a futuras acciones judiciales por su fortuna millonaria acumulada durante décadas, parte de ella fuera de los circuitos legales y sin pasar por el control de la Agencia Tributaria. Según las investigaciones que durante años desarrolló la Fiscalía, el emérito movió ingentes cantidades de dinero en el extranjero y ocultó ingresos que debieron tributar en España.
A pesar de ello, en marzo de 2022, el Ministerio Público cerró la investigación alegando tres motivos: la inviolabilidad de Juan Carlos I mientras fue jefe del Estado, la prescripción de muchos de los delitos y los pagos que hizo a Hacienda por casi 1,2 millones de euros entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, cuando ya sabía que estaba siendo investigado. “No rebaten ninguna de estas razones”, lamenta el Supremo sobre los juristas impulsores de la querella, que pedían reabrir el caso argumentando que esas regularizaciones fiscales no cumplen los requisitos legales, precisamente por haber sido efectuadas tras conocer la investigación.
Lejos de aceptar esas tesis, el tribunal se alinea con Anticorrupción y critica cualquier intento de “reformatear” los argumentos de archivo para “hacerle decir lo que no dice”. De hecho, el Supremo califica como “exhaustiva” la investigación de la Fiscalía, a pesar de las numerosas críticas sobre la falta de transparencia y el carpetazo prematuro al caso. Para los magistrados, no hay base jurídica suficiente para reabrir nada ni para pedir nuevas pruebas, ni siquiera revisar los plazos de prescripción como proponían los querellantes.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo refuerza el cerrojo legal que ya había impuesto la Fiscalía y levanta un muro prácticamente infranqueable para que Juan Carlos I pueda sentarse algún día en el banquillo a rendir cuentas por el origen de su fortuna. Su aforamiento ante la Sala de lo Penal implica que cualquier procedimiento debe pasar por este mismo tribunal, lo que convierte esta resolución en un precedente determinante.
La resolución coincide, además, con un cambio de estrategia del emérito, que ahora ha pasado al contraataque judicial. En las últimas semanas ha iniciado varias acciones legales, una contra el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, y otra contra su antigua amiga íntima, Corinna Larsen. El acto de conciliación con Revilla, que no requiere la presencia de las partes, está fijado para el próximo 16 de mayo. Por su parte, el proceso contra Larsen ha sido interpuesto en Suiza, país donde residió parte del dinero investigado por la Fiscalía.
domingo, 4 de mayo de 2025
La Iglesia Católica y sus inmatriculaciones 'ilegales' inmobiliarias
Lo que ha hecho la Iglesia Católica con las inmatriculaciones es un claro abuso de derecho.
NuevaTribuna.es
Ximo Estal Lizonso
1-5-25
Acaban de llegar a mis manos dos documentos: uno es el mapa de los 15.000 pisos, fincas y aparcamientos que la Iglesia sumó a su patrimonio por toda España con las inmatriculaciones, y el otro, la primera parte de un estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde el año 1998, en virtud de certificación del diocesano respectivo, realizado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Una primera lectura de ambos documentos me lleva a una reflexión: la Iglesia Católica, de una manera irracional y con alevosía —lo contrario de lo que hipócritamente predican—, se ha apropiado de una forma obscena y, en algunos casos, con tintes de prevaricación, de unos bienes que nunca deberían haber sido suyos y que han hecho de su propiedad. Con ello han aumentado sus bienes y su enriquecimiento global o individual, aprovechándose de leyes que, de manera insensata, se les otorgaron para compensar sus favores, o peor aún, para aumentar sus privilegios de adoctrinamiento.
Un decreto franquista del 8 de febrero de 1946, concretamente la Ley Hipotecaria, en su artículo 206, decía:
“El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél, y de la Iglesia Católica, cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos”.
¿Alguien duda de cómo se apropió, en este periodo dictatorial, la Iglesia Católica de algunos de estos bienes? Muchos conocemos historias del poder de la curia sacerdotal durante la dictadura, principalmente en los primeros años de represión tras el golpe de Estado, y cómo se apropiaron de muchos terrenos públicos y privados, despojando a aquellos que, según ellos, no podían poseerlos por estar contra el nacionalcatolicismo que defendían, y con el que reprimían al pueblo que deseaba democracia y libertad.
Pero si esto fuera poco, ya en el periodo de transición democrática, el Gobierno del Partido Popular puso en marcha la Ley 13/1996, del 30 de diciembre. A lo establecido por la ley franquista de 1946 se le añadió el siguiente párrafo:
“Mediante certificación administrativa, librada en los términos indicados en el párrafo anterior y con los demás requisitos en cada caso establecidos, podrán inscribirse la declaración de obra nueva, mejoras y división horizontal de fincas urbanas y, siempre que no afecten a terceros, las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas del Estado y de los demás entes públicos estatales certificantes”.
En resumen: no solo se mantuvo la ley franquista, sino que se permitió aún más a la Iglesia Católica inscribir legalmente a su nombre lo que había usurpado, en algunos casos de forma “ilegal” e irracional. Lo más grave es que esto ocurrió ya en la llamada transición democrática, y esta redacción se mantuvo hasta la aprobación de la Ley 13/2015, de 24 de junio, que puso fin a la posibilidad de que la Iglesia Católica inmatriculara bienes sobre la base de certificaciones expedidas por el diocesano correspondiente.
Es decir, la Iglesia Católica actuó —y ha actuado— amparada, de manera irracional, por una ley franquista y por un PP seguidor de esos principios nacionalcatolicistas, de una forma rapaz para la consecución de un ingente número de inmuebles por los que, además, no paga tributo alguno. Todo ello con un triple objetivo: aprovecharse de las reformas legales, de su función como agente registrador y de una reglamentación registral permisiva.
Lo que ha hecho la Iglesia Católica con las inmatriculaciones es un claro abuso de derecho, sobre todo porque los bienes públicos no se adquieren por la posesión en el tiempo, sino por la titularidad
Lo que ha hecho la Iglesia Católica con las inmatriculaciones es un claro abuso de derecho, sobre todo porque los bienes públicos no se adquieren por la posesión en el tiempo, sino por la titularidad. Muchos de los bienes inmatriculados, incluso algunas iglesias, eran bienes de uso público general. Creo no equivocarme si digo que la posesión en el tiempo no sirve para adquirir bienes de dominio público, y que la inscripción en el registro solo prueba la existencia de un derecho, pero no constituye un modo de adquisición. Para ello es necesario un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre un bien inmueble.
Además, como bien conocen los registradores de la propiedad, la Ley Hipotecaria —en sus artículos 206 y 304 del Reglamento Hipotecario—, que permitió las inmatriculaciones a nombre de la Iglesia Católica, es a todas luces inconstitucional, pues vulnera los artículos 14 y 16 de la Constitución Española. Incluso dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalan que ya es el momento de recuperar y reivindicar los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, que muchos obispos, de manera insensata e irracional, inscribieron “en nombre de Dios” para su beneficio propio.
Es triste observar cómo, solo en el periodo de 1998 a 2015, la Iglesia Católica inmatriculó más de 34.961 inmuebles, de los cuales 20.014 son templos y dependencias complementarias, y 14.947 están dedicados a otras funciones o son fincas rústicas, viviendas, solares, plazas de aparcamiento e incluso hoteles. De ellos, 30.335 están inscritos mediante certificación eclesiástica, y solo unos 4.626 cuentan con un título distinto. ¿Cuántos más habría si se conocieran las inmatriculaciones desde 1946 hasta 1998? Muchos más, seguro.
Casi 15.000 de esas inmatriculaciones nada tienen que ver con la finalidad que supuestamente tiene la Iglesia Católica, sino que son bienes que les reportan beneficios
Pero lo más triste es que casi 15.000 de esas inmatriculaciones nada tienen que ver con la finalidad que supuestamente tiene la Iglesia Católica, sino que son bienes que les reportan beneficios —y no pagan impuestos—, enriqueciendo de forma hipócrita a una curia que se ha apropiado de forma “ilegal” de bienes inmuebles de dominio público, e incluso de propiedad privada.
Pero si esto ya es grave, también lo es que, tras hacerse un estudio y señalar lo que es “ilegal”, se exija que sean los expoliados quienes deban reclamar los inmuebles, mientras que la Iglesia Católica “pleiteará” para ver quién se los queda. Muy triste es ver cómo, en un Estado aconfesional, como indica la Constitución, la Iglesia Católica pretende mantener bienes que nunca debió tener y que, de manera hipócrita, contradicen los principios que predica.
Ya se han cometido bastantes tropelías en nombre de Dios. Basta ya de hacer ver a la ciudadanía que en su nombre se puede “robar”, “estafar” e incluso, de manera hipócrita, pedir que perdonemos y no reivindiquemos lo que es del pueblo. Es obligación de todo Estado democrático evitar que lo público sea “robado” o inmatriculado, y debe defender lo común frente a la especulación y el enriquecimiento privado a costa de la pobreza del resto.
Nadie debe apropiarse de bienes que son de dominio general, inmatricule quien inmatricule. Pienso que ese Dios a quien la Iglesia Católica tanto invoca, estaría muy poco contento con lo que sus agentes terrenales hacen en su nombre.
Por cierto, por comunidades, las que más inmatriculaciones han registrado entre 1998 y 2015 son: Castilla y León con 10.243, Galicia con 7.131 y Cataluña con 4.192. La que menos, según el informe, es el País Vasco, con 88.
Que cada uno y cada una saque sus propias conclusiones. Los documentos están disponibles en Internet y se pueden consultar. Seguro que todos y todas, en algunos de nuestros pueblos, conocemos algún bien inmueble que ha sido inmatriculado por la Iglesia Católica y que siempre supimos que pertenecía al pueblo, es decir, al bien público general, y no exclusivamente a la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica está en pecado mortal...¿Que hacemos Polonia Castellanos...la denunciamos.?
El día que el franquismo fusiló a dos hermanas por no ceder el turno en la fuente "a una señorita"
Dos jóvenes hermanas detenidas por la Guardia Civil, fusiladas y a las que les robaron "las dotes" que tenían para casarse
ElPlural
Juan Luis Valenzuela
24-10-19
Con la salida del dictador Franco se cierra parte de una inmensa herida y se derriba un símbolo inexplicable en la Europa democrática. Una imagen, la del Valle de los caídos con la tumba de Franco omnipresente y en lugar privilegiado se elimina, Es bueno y sano para la democracia que se conozcan casos concretos que muestran la terrible tiranía y el carácter sanguinario de quien es hoy solo una momia pero que en un tiempo fue el responsable directo de la mayor represión que vivió España.
Lavanderas con dignidad
Hoy traemos los desgarradores testimonios desgarradores de los familiares de las hermanas Rufina y Beatriz Úbeda Palomares, con 24 y 22 años de edad, respectivamente. Ambas jóvenes fueron condenadas por una de las “señoritas” del pueblo. Eran lavanderas y en ese momento guardaban su turno, para recoger agua de la fuente de la localidad manchega de Malagón ¿Su delito? No permitir que la “señorita”, aquella mujer distinguida y privilegiada pasara delante de ellas.
Como en tantos sitios de España, al día siguiente fueron detenidas por la Guardia Civil y tras varios meses en prisión, fueron pasadas por las armas en el cementerio de Ciudad Real. Rompe el corazón saber cómo antes de morir avisaron a su madre que llevarían consigo un lazo rojo, para que las reconocieran, si algún día buscaban sus restos en cualquier fosa de las que se extienden a lo largo y ancho de la geografía nacional.,
Apaleadas, encarceladas y asesinadas
Eran las hermanas mayores de una familia de 9 hijos. Se llamaban Rufina y Beatriz Ubeda Palomares. La “señorita” perteneciente a una familia franquista de esta localidad de la provincia de Ciudad Real, las denunció al ayuntamiento de la capital manchega por no cederles su lugar. 24 horas después ambas fueron detenidas por la Guardia Civil acompañado de un funcionario del ayuntamiento. Luego recibieron palizas y estuvieron meses en prisión, Finalmente fueron fusiladas en el cementerio de Ciudad Real. Antes de ser asesinadas avisaron a a su madre que llevarían consigo un lazo rojo, al objeto de ser reconocidas si un día sus cuerpos aparecieran. En un gesto no solo de extrema crueldad sino e rapiña propia de crueles ladrones, les robaron “las dotes” que poseían para casarse. Su madre, La madre, viuda y con 9 hijos, también terminó en prisión recluida durante un año en la cárcel de Málaga acusada de haber dicho expresiones que su familia niega que comentara. Tras pasar por las cárceles de Ciudad Real y Málaga volvió a su pueblo, Malagón, tras haber alguien mediado para que pudiera establecerse de nuevo en su pueblo.
Homenaje a las víctimas en el día en el que Franco sale del Valle
Es la historia de dos asesinatos que, como todos los del franquismo, fueron crueles e inhumanos hasta el grado extremo. Es nuestro pequeño homenaje a todas las víctimas y familiares de los represaliados que hoy pueden recibir un soplo de dignidad. El dictador, el inductor y conductor de tantos asesinatos y fusilamientos sale de un lugar de lujo donde reposaban con pomposidad y honores sus restos. Es lo menos que se podía hacer, mandar su momia a un cementerio común. Esa es la generosidad de la democracia que entierra a sus muertos como “Dios manda a sus muertos”, que diría el gran poeta Gabriel Celaya. Algo que el franquismo no hizo con los españoles que no pensaban igual: sus cuerpos esparcidos y perdidos por las cunetas.
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