Nepotismo III: Familia, novio y ex de Ayuso
La gran lideresa madrileña acumula los
escándalos más polémicos en su entorno más íntimo
ElPlural
2-6-25
Víctor Sanjuan
Tras haber explorado en los artículos anteriores los casos de
nepotismo relacionados con el expresidente Mariano
Rajoy y el ahora líder del Partido Popular, Alberto
Núñez Feijóo, esta tercera parte de la antología se adentra
en el entramado de favores y adjudicaciones que rodea a Isabel
Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña
ha sido salpicada por múltiples polémicas que involucran a
familiares y allegados beneficiados durante su mandato. A
continuación, profundizamos en cinco casos clave ―implicando a su
padre, madre, hermano, pareja y exnovio― que dibujan una
red de poder opaca y personalista, analizando su impacto
político, ético y económico. El patrón que emerge refuerza la
tesis de un nepotismo estructural en el PP, donde el
poder se concentra en círculos íntimos y los límites entre los
intereses públicos y privados se desdibujan peligrosamente.
El padre de Ayuso y el préstamo de Avalmadrid
Uno de los primeros escándalos que salpicó a Ayuso fue el
préstamo concedido en 2011 por la entidad semipública Avalmadrid a
una empresa de su padre, Leonardo Díaz. Esta empresa, MC
Infortécnica SL, obtuvo 400.000 euros de
financiación avalada con dinero público, pese a informes técnicos
que desaconsejaban la operación. El crédito resulto un fracaso: no
se devolvió ni un euro y Avalmadrid tuvo que cubrir la
deuda. En última instancia, la Comunidad de Madrid asumió
102.000 euros de pérdidas, mientras que otra parte fue
cubierta por el Estado a través de Cersa (Compañía Española de
Reafianzamiento) con más de 200.000 euros. Ese dinero
salió del bolsillo de los contribuyentes madrileños y españoles,
rescatando con fondos públicos un impago privado.
Lejos de intentar saldar la deuda, la reacción de la familia Díaz
Ayuso fue polémica. Apenas meses después de recibir el préstamo,
los padres de Ayuso se descapitalizaron deliberadamente:
en octubre de 2011 traspasaron sus propiedades a sus hijos Isabel y
Tomás mediante donaciones. En concreto, la hoy presidenta recibió
un piso de 90 m2 en el barrio de Chamberí y su
hermano una vivienda con terreno en Sotillo de la Adrada. Estas
propiedades eran las mismas que habían servido de garantía
hipotecaria para el crédito, por lo que al donarlas eliminaron
bienes con los que responder ante el impago. Avalmadrid tenía
conocimiento de esta maniobra y aun así no actuó con diligencia:
tardó casi ocho años en llevar el caso a los tribunales. Cuando
finalmente reclamó judicialmente en 2019, los bienes ya no estaban a
nombre de los deudores originales. La operación ha sido calificada
de posible alzamiento de bienes, aunque el Tribunal Supremo acabó
archivando una querella al no apreciar indicios suficientes
de responsabilidad penal de Ayuso en estos hechos. Con todo,
el resultado práctico es que el erario público sufrió el
quebranto, mientras dos inmuebles que debían cubrir la deuda
acabaron en manos de los hermanos Ayuso.
La madre y el contrato de los respiradores
durante la pandemia
Otro frente polémico apunta a Isabel Ayuso ―madre
de la presidenta madrileña― y a los negocios compartidos con
antiguos socios. En enero de 2021, en plena tercera ola de la
pandemia, la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid ―bajo gobierno de
Ayuso―, adjudicó de emergencia un contrato de 925.000
euros para la compra de 25 respiradores médicos. Hasta aquí
nada fuera de lo común en los tiempos del COVID, si no fuera porque
la empresa adjudicataria estaba administrada por Juan Carlos
Herrero Casasola, un viejo conocido de la familia Ayuso. Herrero
Casasola es socio de la madre de Ayuso en al menos cuatro sociedades
mercantiles. De hecho, figura junto a Isabel Ayuso (madre) en
empresas como MC Infortécnica SL ―sí, la misma del caso
Avalmadrid―, donde comparten al 50% participaciones. También
coinciden en otras sociedades: MC Bauty & Soul, Hamilton Medical
España SA y MC Hispamérica SL, con distintos roles (él como
administrador único o consejero, y la madre de Ayuso como socia o
apoderada). Es decir, la Consejería de Sanidad contrató
material sanitario a un empresario estrechamente vinculado a la
familia de la presidenta, en concreto socio de su madre.
La adjudicación de los respiradores a Proyectos
Hospitalarios Internacional (Prhoinsa) S.A., la empresa de
Herrero Casasola despierta sospechas de trato preferencial. Fue
tramitada como contrato de emergencia, sin concurso público, una vía
excepcional que elude controles y publicidad. Según las
informaciones destapadas, la madre de Ayuso y Herrero Casasola
mantenían relaciones societarias previas y este último “gestionó
al 100%” la compañía proveedora de los ventiladores. Cabe
preguntarse si en la decisión de compra primó el criterio técnico
o el amiguismo. Más allá de la legalidad formal, éticamente
resulta cuestionable que en plena crisis sanitaria se otorgue un
contrato tan jugoso a alguien del círculo personal de la presidenta.
Políticamente, este caso alimentó las críticas de la oposición
sobre la opacidad en la gestión de la pandemia en Madrid, reforzando
la imagen de un gobierno regional que benefició a empresas afines
mientras hospitales y sanitarios lidiaban con la escasez.
Económicamente, si bien el suministro de respiradores era
necesario, queda la duda de si se consiguió al mejor
precio y calidad posibles o si el favoritismo limitó la
competencia.
Contratos a dedo para el hermano
El hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso,
también figura en esta trama de nepotismo. Su ámbito ha sido el de
los contratos públicos menores, vinculados a la empresa Artesolar
Iluminación S.L. donde él colaboraba. Artesolar, dedicada a la
iluminación LED, era prácticamente desconocida en la administración
madrileña antes de 2019. Sin embargo, desde la llegada de Isabel
Díaz Ayuso al poder, la compañía obtuvo al menos diez contratos
menores de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, todos
adjudicados a dedo (sin concurso) entre septiembre de 2019 y marzo de
2020. Esos contratos, de cuantías modestas cada uno, sumaron
aproximadamente 70.500 euros en total. La ley
permite contratos menores (por debajo de 15.000 €) para necesidades
inmediatas, pero el patrón repetitivo con una misma empresa encendió
alarmas. Tomás Díaz Ayuso aparecía en LinkedIn como “Project
Development Manager” de Artesolar, es decir, tenía un cargo de
responsabilidad en la empresa, aunque públicamente alegó ser solo
un colaborador freelance sin puesto directivo. El detalle de que su
hermana presidía el gobierno que otorgó esos contratos alimentó la
percepción de enchufe familiar.
La situación tomó un cariz aún más grave durante la pandemia.
En julio de 2020, la Consejería de Sanidad adjudicó por la vía de
emergencia un contrato de 150.000 euros para
suministro de mascarillas a Arteconfort Hotel SL, una empresa
íntimamente vinculada a Artesolar. ¿La conexión? Francisco
Zorrilla Lozano, directivo compartido, y Chen Shengli, empresario
chino que figura como administrador único de Artesolar y a su vez
poseedor del 70% de Arteconfort. En otras palabras, eran empresas
hermanas con la misma cúpula, beneficiándose primero de contratos
de iluminación y luego incursionando en el lucrativo negocio
sanitario durante la COVID. Aunque Tomás Díaz Ayuso no
figure formalmente en Arteconfort, la red de relaciones
empresariales se superpone con su entorno laboral. Lo más polémico
es que dicha adjudicación de 150.000 € en mascarillas se produjo
sin licitación abierta y cuando el estado de alarma ya había
terminado, lo que cuestiona la justificación de “emergencia”. La
impresión entre críticos fue que se aprovechó la coyuntura
pandémica para favorecer a una empresa amiga, ramificada con la del
hermano de Ayuso.
Estos hechos derivaron en una tormenta interna en el PP a inicios
de 2022, cuando la dirección nacional (entonces de Pablo Casado)
investigó posibles comisiones del hermano por contratos de
mascarillas –un episodio que destapó una guerra abierta en el
partido–. Éticamente, aunque Tomás no sea cargo público, su
cercanía a la presidenta crea un conflicto de
interés indirecto: la imagen de que la familia
presidencial medra incluso en tragedias colectivas. Económicamente,
la fragmentación de contratos (para eludir concursos) impide saber
si la Comunidad de Madrid pagó precios competitivos o si hubo
sobrecostes en esas adjudicaciones discretas.
El plato fuerte de los escándalos de Ayuso: su
novio
Aquí entre en juego el actor más conocido del último año en
cuanto a escándalos relacionados con Ayuso se refiere, su
pareja Alberto González Amador. El empresario fue
intermediario en la compraventa de material sanitario, concretamente
mascarillas, durante la pandemia, y por esas operaciones obtuvo
jugosas comisiones que ahora están bajo la lupa. La justicia ha
encontrado indicios de delito fiscal en sus actividades:
recientemente, una jueza ha
procesado al novio de Ayuso por dos delitos de fraude fiscal y
falsificación de documentos. En concreto, se le acusa
de defraudar 350.951 euros a Hacienda en
dos ejercicios, presuntamente al ocultar ingresos obtenidos por
comisiones en la venta de mascarillas y otros suministros en 2020.
Para ello habría utilizado facturas falsas y sociedades “fantasma”
con el fin de reducir su tributación, según recoge el auto
judicial. Además de este procesamiento principal, González
Amador sigue imputado en otra pieza separada por
delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, lo
que apunta a que el caso tiene múltiples
ramificaciones (posiblemente sobornos o comisiones ilícitas
y malos manejos societarios).
Ayuso siempre ha negado conocer o tener relación con esos
negocios, pero la sola circunstancia de que su pareja se lucrase
en operaciones turbias erosiona la credibilidad de su gobierno. Este
caso ha sido explotado por la oposición, que cuestiona el
discernimiento de la presidenta a la hora de rodearse de
colaboradores y su posible tolerancia implícita hacia prácticas
corruptas en su entorno inmediato. Aunque las responsabilidades
penales sean individuales de González Amador, el daño reputacional
salpica a Ayuso y al PP madrileño.
La situación recuerda a anteriores escándalos donde familiares
de dirigentes populares estuvieron involucrados en negocios oscuros
―por ejemplo, la prima de Feijóo en Galicia o casos del entorno de
Rajoy, mencionados en entregas previas―. Si se confirma el fraude,
estamos ante dinero defraudado al fisco que debió
contribuir al erario en un momento crítico. También hay un
componente de sobreprecio en contratos de emergencia: las comisiones
elevadas suelen traducirse en que las administraciones pagaron más
por los productos de lo que hubieran costado sin intermediarios
privilegiados.
La meteórica prosperidad de su exnovio
Por último, en esta radiografía de nepotismo madrileño
aparece Jairo Alonso, conocido por haber sido pareja de
Ayuso durante años. Alonso, de profesión peluquero, mantuvo una
relación con Ayuso desde antes de su presidencia hasta 2020. Lo
llamativo es su giro profesional posterior: tras su ruptura con la
presidenta, fue contratado en noviembre de 2021 como jefe de
Operaciones en la empresa tecnológica Asseco. Esta empresa de
consultoría informática, prácticamente irrelevante en los
concursos públicos hasta entonces, experimentó un enorme
crecimiento en contrataciones con la Comunidad de Madrid coincidiendo
con la etapa de Ayuso en el poder.
Según investigaciones periodísticas, Asseco había sumado apenas
3.000 euros en tres contratos menores antes de 2019, pero desde que
Ayuso llegó a la presidencia acumula más de 500.000 euros
en adjudicaciones públicas. En total, 42 contratos con distintas
consejerías, muchos de ellos menores y adjudicados de forma directa,
elevan la facturación pública de Asseco en Madrid a más de
medio millón. Esto supone multiplicar por 14 el número de
contratos y por 166 el monto adjudicado respecto a la era anterior.
Entre los negocios obtenidos figuran la compra de equipos
informáticos para hospitales (por ejemplo, 86 terminales táctiles
por 116.000 €) y, sobre todo, un jugoso contrato para rediseñar y
gestionar la web de Turismo de la Comunidad ―incluyendo redes
sociales― por cerca de 245.000 € (encargo luego fraccionado en
varios contratos menores y uno mayor). Es decir, en pocos años
Asseco pasó de vender ordenadores sueltos a dirigir proyectos
tecnológicos estratégicos para el gobierno regional.
Todos estos casos configuran un mosaico inquietante de
nepotismo en torno a Isabel Díaz Ayuso. Individualmente,
cada hecho ha suscitado controversia; en conjunto, dibujan una
estructura de poder paralela, casi clánica, donde la lealtad
personal y familiar pareciera entrelazarse con los recursos públicos.
La opacidad es un denominador común: donaciones de bienes para
eludir embargos, contratos fragmentados para eludir concursos,
adjudicaciones de emergencia sin transparencia, entramados
societarios para ocultar beneficios... Todo ello dificulta la
fiscalización y favorece la concentración de decisiones en unos
pocos, siempre próximos al círculo presidencial.
La persistencia de estos casos debilita el discurso de
regeneración que el Partido Popular intentó esgrimir tras
los escándalos del pasado. Cada nueva revelación refuerza la
percepción de que existe un “nepotismo estructural”: una forma
de gobierno donde el interés general queda supeditado al beneficio
de unos pocos afines. Esto tiene un coste institucional
enorme, minando la confianza ciudadana en la imparcialidad de la
administración. Éticamente, plantea un serio problema de
integridad pública. Los conflictos de interés y el uso privado
de posiciones públicas contradicen principios básicos de buen
gobierno.
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