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lunes, 2 de junio de 2025

 

Un poco de memoria, por favor

La mayoría de los mandos y miembros de sus fuerzas militares y policiales son mayoritariamente conservadores y políticamente de derechas o extrema derecha

ElPlural

Angel Fernandez Millán

2-6-25



En España la derecha y la ultraderecha no son muy dadas a llamar a las cosas por su nombre. Todavía no reconocen que el 18 de julio de 1936 hubo un golpe de estado que estableció una dictadura militar que duró formalmente hasta la muerte de Franco en noviembre de 1975, que tres años después de la Constitución de 1978 un grupo de guardias civiles, muy "patrióticos" ellos, intentó otro golpe de estado el 23 de febrero de 1981 para terminar con la democracia.

En Alemania, sus servicios de Inteligencia han reconocido la infiltración de los extremistas de derecha en el ejército y la policía y hace pocas semanas la Oficina Federal para la Protección de la Constitución emitió un informe en el que se declara la incompatibilidad con el orden democrático del principio etnicista y racista de los estatutos del partido AfD, el homólogo de Vox y el segundo más votado en las últimas elecciones.

Salvo casos anecdóticos como Costa Rica o Islandia, en el resto del planeta la mayoría de los mandos y miembros de sus fuerzas militares y policiales son mayoritariamente conservadores y políticamente de derechas o extrema derecha. Salvo en democracias muy consolidadas, la neutralidad política de las fuerzas armadas no ha sido la norma y por eso el golpismo ha sido frecuente en América Latina, África y muchos países de Asia.

Lo mismo ocurre con el poder judicial en la inmensa mayoría de los estados, donde la mayoría de sus jueces y juezas se sitúan en el conservadurismo, como es el caso de España con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera judicial.

En el contexto descrito me parece que una correcta higiene del debate político debería llevar a los partidos a asumir la realidad y abandonar las sacrosantas afirmaciones sobre la independencia del poder judicial o la neutralidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FSE). Los creadores de la policía patriótica para desacreditar a organizaciones independentistas o de izquierdas podrían ser los mismos que están detrás de lo que algunos han llamado UCO patriótica, que ya asomó en varios informes del caso de los ERE de Andalucía.

Los respectivos departamentos de Asuntos Internos deberían intervenir, como ya lo hacen en los casos relacionados con drogas, trata de personas..., para desmontar las tramas de corrupción con objetivos políticos.

También se podría proponer desde la política ficción una puesta a cero del contador de la corrupción política con una amnistía como la que ha servido para normalizar Cataluña. Aunque en este caso el propósito de la enmienda es más asumible que en el de los independentistas. En definitiva, un poco de memoria, por favor, y un mucho de realismo para superar el asfixiante bucle de sectarismo, radicalización y polarización en nuestros parlamentos.

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