Los Franco no ceden con la Casa Cornide: exigen mayor contundencia
ante la "desobediencia democrática"
Socialistas gallegos y asociaciones por la
memoria democrática presionan al a la Xunta para que obligue a los
Franco a abrir la Casa Cornide al público
ElPlural
Víctor Sanjuan
5-6-25
La Casa Cornide es un palacete histórico
del caco antiguo de A Coruña, construido en la segunda
mitad del siglo XVIII por el ingeniero militar Francisco
Llobet. Debe su nombre a la familia Cornide, quien la reformó en
este siglo y la donaron al Ayuntamiento de A Coruña.
Durante décadas, el palacete albergó las dependencias municipales y
una escuela hasta que, en 1962 ―en plena dictadura
franquista― fue transferida de forma irregular a manos
privadas.
Desde entonces la Casa Cornide ha permanecido en propiedad de
los herederos de Francisco Franco, sirviendo incluso para
guardar obras de arte y objetos de valor que el dictador expolió
durante el franquismo. Con un valor artístico e histórico
excepcional, era hasta hace unas décadas un lugar público. Un
estudio de los historiadores Carlos Babío y Manuel Pérez
Lorenzo documenta que el régimen franquista montó una
“compleja operación administrativa” para favorecer a Franco y su
esposa, Carmen Polo, en la adquisición del palacete.
Para ello concentraron una permuta de inmuebles con el Estado, luego
lo subastaron restringiendo la venta por diez años, y finalmente, el
único postor ―el banquero y simpatizante del régimen Pedro
Barrié de la Maza― transfirió inmediatamente el edificio a
Carmen Polo. Incluso una carta oficial del secretario de Franco
revela que la maniobra se diseñó “para que de esta forma no se
haga una adjudicación directa de bienes que fueron del Estado al
propio Caudillo”. El plan fue supervisado desde el primer momento
por Franco y su esposa. Al día siguiente de la subasta, el de agosto
de 1962, con Franco veraneando en el Pazo
de Meirás, comenzaron obras financiadas con fondos
públicos, y no hay constancia de que la familia pagara de su
bolsillo por aquella compra fraudulenta.
Bien de Interés Cultural pero en manos privadas
Para noviembre de 2023, la Xunta de Galicia, presidida
por el Partido
Popular desde hace décadas, declaró la Casa Cornide
como Bien de Interés Cultural (BIC). Esta figura de
protección legal conlleva obligaciones estrictas: por ley un
inmueble de esta categoría debe estar abierto al público al
menos cuatro días al mes durante cuatro horas diarias, según
establece la Ley de Patrimonio Histórico de Galicia ―y el régimen
general del Patrimonio Cultural―. Es decir, al ser declarada BIC,
la Casa Cornide quedó sujeta a ese calendario de visitas
obligatorias.
Desde su valoración como BIC hace más de año y medio, las
autoridades gallegas han exigido en vano a los Franco que
permitan el acceso público. La Conselleria de Cultura notificó
oficialmente a los herederos la obligación de abrir la casa
gratuitamente cuatro días al mes. Los Franco, sin embargo, han
resistido el cumplimiento de esta norma. Alegaron en un primer
momento que la Casa Cornide era “la vivienda habitual de uno de los
propietarios”, por lo que supuestamente quedarían exentos de
abrirla. Por su parte, los técnicos de Patrimonio rechazaron ese
argumento: la casa se comprobó “prácticamente vacía, sin
muebles”, por lo que parece ser una residencia habitable. Con
esos datos, la Xunta reiteró que el BIC debe aplicarse: el inmueble
ha de permitir las visitas de manera regular, como cualquier bien
cultural protegido.
Una sanción insuficiente
En el incumplimiento de la obligación de apertura, la Xunta de
Galicia impuso una sanción económica de 3.000 euros a
los herederos del caudillo. Esta multa corresponde al nivel medio de
infracción leve previsto en la ley autonómica ―entre 300 y 6.000
euros.
La familia Franco intentó impedir la sanción presentando un
recurso administrativo de alzada, que fue rechazado.
Según confirmaciones de la Xunta y reportes de agencias, la
resolución de la multa ya es firme. Una nota del Gobierno gallego
explicaba que se notificó la “negativa” al recurso este mismo
mes de junio, lo que significa que el expediente administrativo ha
concluido y la multa queda confirmada. A partir de este
momento, solo cabe agotar la vía judicial: los Franco pueden acudir
al contencioso-administrativo, pero por ahora han perdido en
la primera instancia.
Esta multa de 3.000 euros ha sido ampliamente criticada por las
instituciones del Consistorio y las asociaciones de memoria histórica
la han tildado de insuficiente. En palabras de la
alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey,
es apenas un “paso” en la estrategia dilatoria que la familia
sigue, y por ello exige sanciones más severas. Rey recordó ante los
medios que “todos somos iguales ante la ley y no están exentos,
como estuvieron durante 40 años, del cumplimiento de la misma”.
Con la resolución administrativa confirmada, la multa fija pondría
fin a la vía administrativa, pero los Franco aún podrían recurrir
por vía judicial.
La resistencia de los Franco
Desde la polémica por el Pazo de Meirás, los Franco han
demostrado un patrón de desobediencia democrática similar
con la Casa Cornide. Tanto El País como El
Ideal Gallego comparan explícitamente ambos casos. En
Meirás, la familia retrasó casi tres años las visitas tras
declararlo BIC, hasta que el Gobierno central llevó el caso a
los tribunales y logró revertir la propiedad en 2020. Ahora, en A
Coruña, vuelven a recurrir a tribunales e informes favorables
propios: el conselleiro de Cultura admitió que los herederos primero
alegaron que la Casa Cornide era “una vivienda” y llegaron a
pedir plazos extra al inicio del expediente sancionador. Solo cuando
la Xunta recogió documentación en una visita ―7 de marzo de 2023―
se constató que el palacio está “sin muebles” y, por tanto, no
puede considerarse domicilio habitual.
La actuación de la familia Franco ha sido el objeto de numerosas
críticas, tanto de políticos como de la sociedad civil y los
grupos de memoria histórica. La Comisión pola Recuperación
da Memoria Histórica (CRMH) de Galicia ha pedido a la Xunta
que adopte “medidas coercitivas más severas, incluida la
penal”, calificando de “contumaz resistencia” la negativa de
los Franco a cumplir la ley. Su portavoz ha señalado que “una
sanción de 3.000 euros por cuatro años de incumplimiento, además
de ser de escasa cuantía, no resuelve la realidad de un BIC
que sigue cerrado al acceso público”. De hecho, colectivos
coruñeses han reiterado que la familia usa su poder económico y un
“gran equipo de abogados” para dilatar sistemáticamente sus
obligaciones legales. El activista Manuel Monge lo resumió con
crudeza: “Los Franco siempre lo retrasan todo porque tienen un
gran equipo de abogados y mucho dinero”.
Por su parte, los socialistas coruñeses han mostrado unidad
crítica contra la inacción de la familia Franco. Inés Rey ha
abogado por agotar todas las vías legales para recuperar el
inmueble. Además de exigir multas mayores, avanzó que el
Ayuntamiento prepara un “recurso de oficio” para anular
los acuerdos municipales de 1962 que permitieron la venta del
edificio al dictador. Con esa anulación, el gobierno municipal
podrá demandar civilmente la reversión del palacio al
patrimonio público. También en la Xunta la conselleira de Cultura,
el nacionalista José López Campos, ha confirmado que
seguirá recordando a los Franco la “obligatoriedad de la apertura”
y que, “de seguir negándose a cumplir con la ley, habrá sanciones
y multas” adicionales. Incluso desde el BNG coruñés se han pedido
medidas firmes: en 2024 su portavoz solicitó al Gobierno gallego que
inste jurídicamente a los Franco a abrir la casa, y denuncia la
“pasividad” de la Xunta ante la situación.
Mientras, los representantes de la familia Franco no han
ofrecido declaraciones públicas. Su actuación oficial se limita
a los recursos legales presentados. Sólo hay constancia de que
argumentan legitimidad en la titularidad. Como recuerda la
investigación citada, los Franco sostienen que la compraron
“legalmente” a través de Barrié de la Maza, y por tanto no
tienen deber de apertura. Pero la documentación histórica refuta
esa versión. En definitiva, en el debate actual sus argumentos
se reducen a considerarse privados de una “propiedad familiar”,
mientras las autoridades y la sociedad les demandan abrir sus puertas
por ser patrimonio común.
La batalla con los Franco continúa
La situación de la Casa Cornide enfrenta a dos posturas
contrapuestas: por un lado, el Ayuntamiento de A Coruña, y
asociaciones de memoria que insisten en el cumplimiento inmediato de
la ley; y por otro, los descendientes de Franco que rehúsan
voluntariamente abrir la mansión, sumando la tibieza de las
sanciones de la Xunta de Galicia. La alcaldesa Rey recuerda que,
tras 40 años de impunidad, ahora “todos somos iguales ante la
ley” y exige eficacia jurídica. La Xunta ha actuado imponiendo
la multa e instando a los Franco a cumplir el calendario de
visitas; la CRMH pide incluso acción penal. El
Ayuntamiento, por su parte, prepara reclamaciones formales para que
el edificio regrese al patrimonio público, pues considera nulos los
acuerdos franquistas de venta de 1962.
Los Franco, en cambio, han mantenido silencio público y
continuado su estrategia legal. Según fuentes del Gobierno
gallego, han propuesto incluso un plan propio de
visitas ―grupos reducidos los lunes y jueves― que ha
sido autorizado sin que la familia aporte un convenio de gastos. Pero
ese gesto no condiciona su responsabilidad principal: hasta ahora no
han abierto la casa según exige la declaración BIC. Mientras la vía
administrativa se ha cerrado con la una simple multa, la vía
judicial permanece abierta. El Ayuntamiento ha advertido que, si
prosperan las reclamaciones, los Franco podrían verse obligados a
devolver la finca al dominio público, de la misma forma que
sucedió con el Pazo de Meirás.
Expertos y afectados consideraban que la sanción actual
es prácticamente simbólica frente al empeño de
los Franco por retener el inmueble. Como ha señalado la propia
prensa, “la tibieza punitiva” permitió a la familia sortear
hasta ahora su obligación. La alcaldesa Rey confía en que se
intensifiquen las multas “incluso de mayor cuantía” si persiste
el incumplimiento, y asociaciones de memoria exigen instrumentos como
la incautación del BIC cerrado. Más allá de lo económico, está
en juego el valor patrimonial y democrático de la Casa Cornide:
que un palacio ilustrado donado a la ciudad siga cerrado es un golpe
a la memoria histórica colectiva.
.jpg)
