Secretismo total con el escrito de la Guardia Civil sobre la
prevaricación prescrita por el chalet del juez Peinado
El denunciante espera una respuesta por parte de
la Fiscalía sobre el inmueble que, considera, no llegará de la
forma que él reclama
ElPlural
Rubén Rozas
28-6-25
El chalet que el juez Juan Carlos Peinado,
magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña
Gómez, disfruta en La Adrada (Ávila), sigue siendo
polémico a pesar del dictamen de la Fiscalía que daba por prescrito
lo relativo a la vivienda.
Tal y como pudo saber ElPlural.com, hace días que el denunciante
respondió al órgano jurídico. En el momento de redacción de estas
líneas, este periódico ha podido confirmar que éste aún no le ha
llegado contestación y que tampoco ha recibido un informe
del SEPRONA (perteneciente a la Guardia Civil) que contiene
el documento respecto de las posibles irregularidades de la
vivienda. “No me ha llegado nada. Lo pregunté, pero
todavía no he recibido ninguna nota”, confirma.
“No me responden y, seguramente, no me van a
responder (como él considera que debería ser). Me
dirán que lo único que tienen obligación de contestar es la
resolución del decreto que cierra el tema”, sitúa. En este
sentido, recuerda que su denuncia no iba contra el juez, sino contra
la actuación del Ayuntamiento de La Adrada. “Y lo que
a mí me responden es colateral a ello”, refrenda.
“Yo denuncié a la alcaldesa del municipio porque habiendo una
acción pública mía registrada y habiendo pasado más de seis meses
no se ha hecho nada”, dictamina en declaraciones a este periódico
mientras lamenta que “habiendo pasado más de seis
meses no se ha hecho nada”. “Esto, bajo mi punto de
vista constituye un delito de prevaricación por omisión
del artículo 320 del Código Penal”,
emite en conversaciones con este medio de comunicación.
Además, vuelve a destacar las actuaciones del arquitecto. En ese
sentido, el firmante de la denuncia cuenta que las labores las llevó
a cabo un arquitecto externo cuando “la incoación de un expediente
sancionador lo tiene que llevar a cabo el alcalde o alcaldesa de
turno y depositarlo en un funcionario”. “Esto
es ilegal y prevaricación”, subraya. “Cuando la Fiscalía me
diga algo, veremos”
El escrito de la Fiscalía
En el escrito de la Fiscalía de Ávila, al que ha tenido acceso
ElPlural.com, se percibe indicios de “criminalidad
urbanística”. El Ministerio Público considera que el
Consistorio del municipio, bajo mandato del Partido Popular, pudo
haber cometido prevaricación al permitir la construcción del
inmueble de manera irregular. Si bien el caso ha terminado
archivándose por la prescripción de los hechos.
El organismo jurídico aduce a “irregularidades apreciadas en la
tramitación del expediente”, las cuales serían pruebas de
“conductas con indicios de criminalidad urbanística”. “Pero
serían delitos prescritos”, define. En cualquier caso,
habla de “uso no permitido”.
En lo que respecta a la actuación del ‘popular’, el
texto menciona que no se pusieron en marcha actuaciones algunas para
cumplir la normativa urbanística pese al informe del arquitecto
local que ya vino advirtiendo de las irregularidades.
A pesar de los indicios que probarían un delito de prevaricación
urbanística, debido precisamente a la prescripción, el Ministerio
terminó por archivar la causa exponiendo que “no contamos con
indicios de que las sucesivas corporaciones municipales hayan tenido
conocimientos de las irregularidades descritas, al no constar nuevas
comunicaciones del promotor al ayuntamiento hasta 2021”.
La Fiscalía recibió la denuncia sobre la construcción del
chalet situando el foco en que el juez Peinado llegó a pedir una
primera licencia de obra mayor a finales de 2004, la cual se
le fue concedida como suelo urbanizable. Eso no es lo mismo
que urbano. Es decir, previamente debería haber
desarrollado un plan parcial que hubiese obligado a la parcela a
hacer cesiones para dotaciones comunes. En ese sentido, la
calificación de suelo urbano no llegó hasta 13 años después,
en 2017, con el domicilio ya terminado y el Ejecutivo
municipal del PP al mando
Inacción del ayuntamiento
El inmueble se levantó en 2004 sobre
lo que se conoce como suelo urbanizable -que, en ningún caso es apto
para la edificación-. No es hasta el momento mencionado unas líneas
arriba cuando se reclasifica como urbano, pero para entonces el
chalet ya estaba levantado.
El informe del arquitecto municipal puso en entredicho la
legalidad del proyecto, pero no se ejecutaron medidas correctivas a
pesar de que las obras se encontraban en curso y había imágenes
aéreas como prueba de ello. La Fiscalía menciona que el Consistorio
podría haber entrado en prevaricación al consentir una “obra
no permitida”.
El chalet estuvo en una especie de limbo legal
durante 13 años. En 2004 se concedió la licencia como
suelo urbanizable, lo cual exigía previamente la aprobación de un
plan parcial que analizara el entorno, posibles daños… pero nada
de esto se hizo. Hasta que en 2017 se levanta la vivienda,
coincidiendo el año con el de recalificación de la parcela como
suelo urbano.
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