Lo que la
OCDE esconde
15/12/2017
Profesor de Filosofía, Universidad Camilo José Cela de
Madrid.
Analista político en Hora 25, en la Cadena SER.
ElHuffPost
La noticia se filtró como una fatalidad en la agenda informativa de la
semana pasada. No mereció grandes análisis ni interpretaciones. De hecho muchos
diarios optaron por reproducir la nota de las agencias, a modo de incontestable
previsión apocalíptica: según la OCDE, España será en 2050 el segundo país más
envejecido del mundo, lo cual implicará una tasa de dependencia de 76 pensionistas por cada 100 personas en
edad de trabajar.
La esperanza de vida aumenta y el número de nacimientos tiende a decrecer:
según la encuesta del Movimiento
Natural de la Población del Instituto Nacional de Estadística, en
2017 hubo 32000 fallecimientos más que nacimientos. Trágica aritmética ante la
que la única reacción posible pareciera pasar (una vez más) por el sacrificio
colectivo: que la edad de jubilación se retrase, que el valor de las pensiones
se estanque o incluso disminuya. Trabajar más años, jubilarnos con menos dinero
es la prescripción de la OCDE. Un abnegado esfuerzo colectivo a la altura de
nuestro inexorable destino demográfico.
¿De verdad
no hay nada más que se pueda hacer? ¿Que el contrato generacional esté en
riesgo depende exclusivamente de la balanza demográfica?
Pero todo fatalismo debe suscitar una sospecha: ¿de verdad no hay nada más
que se pueda hacer? ¿Que el contrato generacional esté en riesgo depende
exclusivamente de la balanza demográfica? Si la pregunta se toma en serio, en
seguida emergen otras variables de carácter político, social y demográfico que
nos permiten cuestionar que el margen de acción de nuestras políticas públicas
sea tan estrecho como se sugiere.
1. En primer lugar, somos un país con
un paro estructural que ronda el 20% y supera el 40% entre los jóvenes. A eso
hay que sumar la tendencia a la precarización de los nuevos puestos de trabajo
generados por el capitalismo cognitivo y la economía de las plataformas:
becarios eternos, falsos autónomos o la uberización voluntaria del sector
servicios reducen los ingresos por cotizaciones al trabajo. Lo que es más: los
efectos de la robotización del trabajo catalizada por los avances de la
inteligencia artificial, las aplicaciones y el "internet de las
cosas" solo están en grado incipiente, pero la previsión es que afectarán
a una creciente diversidad de profesiones, como constata un
reciente informe de la Federación Internacional de Robótica.
2. Nuestro tejido productivo sigue
tozudamente aferrado al tercer sector, particularmente al turismo. Los modestos
salarios y el elevado índice de temporalidad implican contribuciones fiscales
bajas e intermitentes.
3. La inversión en políticas públicas
de primera infancia y dependencia es ínfima. La extensión de la red de escuelas
públicas es una demanda a la que ninguna administración termina de responder, y
las comunidades autónomas se quedaron hace tiempo afónicas de tanto demandar
financiación para aplicar la Ley de Dependencia. Esta ausencia de garantías
sociales es una causa directa de que las familias jóvenes retrasen la edad de
tener hijos (32 años según el último informe del INE, siendo
además España el segundo
país con más madres primerizas a partir de los cuarenta años) y, lo
que es aun más grave, sigue siendo un escollo estructural para la plena
incorporación de la mujer al mercado laboral.
4. El cortoplacismo político de
nuestros partidos es otro mal endémico especialmente sangrante cuando se trata
de una planificación social que solo puede diseñarse a largo plazo. Los votos
de los pensionistas son un valor para los partidos tradicionalmente
gobernantes, PP y PSOE, por un doble motivo: porque ante una pirámide
demográfica invertida este es un sector de población en aumento, y porque es la
franja de edad comprendida entre los 18 y los 35 años donde estos partidos
pierden apoyos electorales de forma sistemática. Como consecuencia, a las
formaciones con capacidad ejecutiva les sale más rentable a corto plazo
focalizar el gasto social en la tercera edad, pese a que, por las razones aludidas,
la sostenibilidad del sistema pasa por una inversión más
equilibrada entre la primera infancia, la población activa y la
tercera edad.
En conclusión: no es verdad que solo trabajando más años y cobrando
pensiones más bajas (cuando, por cierto, ya están por
debajo del índice de precios) podamos compensar nuestra elevada tasa
de dependencia. ¿Por qué entonces esta es la única recomendación que nos regala
la OCDE?
La OCDE crea
un marco discursivo que nos lleva a acatar que las pensiones más bajas y el aplazamiento
de la edad de jubilación sean las únicas soluciones posibles
Mi respuesta es sencilla: por una motivación ideológica. Al insistir solo
en el envejecimiento de la población y la elevada tasa de dependencia, la OCDE
crea un marco discursivo que nos lleva a acatar que las pensiones más bajas y
el aplazamiento de la edad de jubilación sean las únicas soluciones posibles
para salvar el contrato generacional. Me permito poner otro ejemplo de
"marco discursivo" para explicar cómo este mecanismo articula el
consentimiento de la ciudadanía ante medidas que nos pueden perjudicar. Cuando
estalló la crisis financiera de 2008, el marco que se difundió desde las
tribunas institucionales fue el célebre "hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades, ahora nos toca apretarnos el cinturón". Esta
metáfora conllevaba la asunción de una culpa que justificaba el sacrifico que
supondrían las restricciones en materia de salarios y derechos laborales. Todos
pecadores por nuestra codicia, nos tocaba entonces afrontar colectivamente la
pena.
El 15M se explica en buena medida como una impugnación de ese marco
(recordemos: "esta crisis no la pagamos"). De modo análogo,
deberíamos resistir esta forma de afrontar la crisis del sistema de pensiones
como un destino trágico del que solo podemos salir mediante el sacrificio
colectivo. Como en 2011, debemos cívicamente exigir que nuestros representantes
institucionales asuman la responsabilidad de enfrentar políticas públicas
ambiciosas en el largo plazo que contrarresten el paro estructural, la
precarización del empleo y la ausencia de garantías para las nuevas familias.
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