Una herencia sin fin
28/12/2017
ElHuffPost
Consellera de Sanitat Universal
i Salut Pública en la Comunitat Valenciana
Si se entiende la posverdad como la
distorsión deliberada de una realidad hay que admitir que el PP fue pionero de esta tendencia en la Comunitat
Valenciana. Antes de estos modernos calificativos no faltaban sinónimos para
definir la irresponsabilidad política que supone "falsear",
"manipular", "amañar", "trucar" o "trampear"
con las cuentas públicas para engañar a la misma ciudadanía que ahora se ve
abocada a costear las consecuencias del disparate. Vaya por delante que el
gobierno valenciano del cambio, y así lo ha anunciado su president Ximo Puig, va a
hacer lo posible y más para que sean los responsables de este desmán contable
quienes asuman sus actuaciones.
La ratificación por parte del Tribunal de Justicia de la UE
de la multa de 19 millones al Gobierno de España resulta económicamente onerosa
y políticamente insostenible por parte del mismo partido que, no contento con
saquear la Comunitat Valenciana durante su gestión, ocultó su déficit y tergiversó
los datos de gasto pese a las advertencias de la Sindicatura de Cuentas. El
tribunal europeo considera una "negligencia grave" esta artimaña de
quienes hoy, en la oposición, reclaman una transparencia que ya es norma
mientras miran a otro lado cuando afloran a diario las secuelas de sus
actuaciones manipuladas e interesadas. Una herencia sin fecha de caducidad.
Por encima de los
fundamentos jurídicos, la decencia en el uso de los recursos públicos, es
decir, del dinero de las ciudadanas y ciudadanos, exige claridad y, sobre todo,
verdad sin ningún prefijo que la anteceda. Que esta maniobra del PP no sea una
sorpresa no le resta gravedad. No lo es porque, la propia Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública ya tuvo, nada más iniciarse la Legislatura,
que recomponer las listas de espera quirúrgicas que habían sido maquilladas por
el Gobierno anterior del PP para ofrecer datos que no se correspondían con la
realidad. Más de 10.000 pacientes tuvieron que ser incluidos sin que ello sea
óbice para que el PP siga aferrado a sus datos tergiversados para ejercer una
crítica que antepone el partidismo a un tono constructivo que sirva para
mejorar la sociedad. Ese debería ser el objetivo.
Que la comunidad peor financiada (según el último informe
de Fedea) corra el riesgo además de ver mermados sus recursos en 19 millones,
tal y como advirtió por carta Hacienda el pasado 11 de septiembre de 2015, por la
manipulación contable que hicieron otros sería una doble e insostenible
injusticia. Significaría que los servicios o equipamientos que con ese dinero
se pueden poner a disposición de los valencianos y las valencianas se les
hurtan por la irresponsabilidad de quienes, precisamente, debían al frente del
gobierno garantizar sus derechos y redistribuir con equidad los recursos. Todo
lo contrario a lo que hizo el PP. No hay duda de quién tiene que pagar los
platos rotos.
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